El 10% prometido por Sánchez no cubre ni las subidas de precios de los dos últimos años

El Gobierno ha presentado una propuesta de incremento salarial del 10% para los empleados públicos que abarcaría el periodo de 2025 a 2028. Esta propuesta fue discutida en una reunión celebrada en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, donde participaron representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Esta reunión tenía como objetivo abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público, dado que el anterior acuerdo expiró en 2024.

El Gobierno, liderado por el ministro Óscar López, ha planteado un aumento fijo del 10% en los salarios de los empleados públicos. Este incremento se enmarca dentro de un intento por establecer un nuevo acuerdo que regule las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector público para los próximos años.

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han rechazado la propuesta del Gobierno, considerándola insuficiente y poco ambiciosa.

CCOO: Ha calificado el incremento como "inaceptable" y un "insulto" a los empleados públicos. Además, han exigido una propuesta más ambiciosa y han advertido que, de no recibir una respuesta favorable, podrían convocar una huelga general en diciembre.

CSIF: Este sindicato ha señalado que la oferta inicial no cubre el aumento de precios previsto para 2025 y 2026. Han manifestado su intención de continuar negociando para alcanzar un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

UGT: Aunque comparten el rechazo a la propuesta, UGT ha optado por no hablar de movilizaciones en este momento, prefiriendo centrarse en la negociación.

Durante la última reunión, el Gobierno mostró disposición para revisar la tasa de reposición de las plantillas de la Administración. Los sindicatos han instado al Ejecutivo a eliminar las restricciones actuales que limitan la reposición de efectivos en el sector público.

La tasa de reposición es un aspecto crucial en la gestión de recursos humanos dentro de la Administración, ya que determina cuántos puestos de trabajo pueden ser ocupados nuevamente tras la salida de empleados. La eliminación de restricciones en este ámbito podría facilitar la mejora de las condiciones laborales y la atención al público.