Según el informe, reclamó pagos para la trama de mascarillas durante el coronavirus

El secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Alfonso Serrano, exigió la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Esta demanda se fundamenta en las acusaciones de que Torres estaría involucrado en una trama de corrupción relacionada con la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante su mandato como presidente de Canarias.

Serrano se basó en un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO), que sugiere que Torres solicitó "pagos pendientes" a la empresa Soluciones de Gestión. Esta empresa, según el informe, habría recibido contratos de mascarillas de manera irregular. Serrano subrayó que el informe posiciona a Torres como un "elemento fundamental" dentro de esta supuesta trama de corrupción.

El secretario general del PP de Madrid enfatizó que esta situación es especialmente grave, dado que se trata de un contexto en el que muchas personas estaban sufriendo a causa de la pandemia. Serrano afirmó que mientras la población enfrentaba la crisis sanitaria, algunos se beneficiaban económicamente de la situación.

Serrano insistió en que la dimisión de Ángel Víctor Torres es "indispensable". En caso de que Torres no dimita, Serrano cuestionó quién tendría la autoridad para cesarlo, sugiriendo que el presidente del, quien estaría también implicado en la trama, no podría actuar en consecuencia. El secretario del PP también acusó a Torres de haber mentido en el Senado al afirmar que no había tenido relación con la trama corrupta. Este señalamiento busca cuestionar la integridad y la transparencia del ministro en el ejercicio de su cargo.

Serrano hizo mención de otras investigaciones relacionadas con contratos de mascarillas que involucran a figuras como el exasesor Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. Estas referencias se vinculan a una denuncia que el PP de Madrid presentó ante la Fiscalía Anticorrupción hace más de tres años, lo que Serrano considera un motivo de orgullo para su partido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su asombro al cuestionar la inacción de la Agencia Tributaria y la Fiscalía, planteando la pregunta retórica: "¿Dónde ha estado la Agencia Tributaria y la Fiscalía todo este tiempo?" Esta inquietud surge en el contexto de las acusaciones que se han vertido en el informe de la UCO, que sugiere que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, solicitó pagos pendientes durante su mandato como presidente de Canarias para una empresa llamada Soluciones de Gestión. Esta empresa está implicada en la adjudicación irregular de contratos relacionados con la compra de mascarillas.

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha calificado de "vergonzoso" que Torres continúe en su puesto a pesar de las revelaciones del informe de la UCO, que indica una "relación directa" entre el ministro y las empresas implicadas en la trama del 'caso Koldo'. El informe menciona que Torres, cuando era presidente de Canarias, solicitó "pagos pendientes" a la empresa Soluciones de Gestión, la cual habría recibido contratos de mascarillas de manera irregular.

El secretario general del PP ha destacado un mensaje en el que Torres le escribió a Koldo García, sugiriendo que tenía influencia para gestionar esos pagos. Este tipo de comunicación ha sido interpretada como una clara evidencia de la implicación de Torres en actividades cuestionables.

Durante una entrevista en Telecinco, Tellado ha insistido en que Torres debería haber dimitido tras la publicación del informe de la UCO. En su opinión, la situación es insostenible y el ministro no debería estar presente en el Consejo de Ministros que se celebra en Moncloa. Tellado ha afirmado que si Torres no dimite, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería tomar la decisión de cesarle.

Tellado ha subrayado que el informe de la UCO no solo revela la relación directa de Torres con las empresas implicadas, sino que también demuestra que el ministro mintió durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Esta mentira podría tener "repercusiones penales", lo que añade un nivel de gravedad a la situación.

El líder del PP ha expresado que la permanencia de Torres en el Gobierno es una "vergüenza" no solo para España, sino también para el Partido Socialista y el propio Gobierno. Ha señalado que esta situación genera una indignación generalizada en la sociedad española. Tellado ha criticado la "resistencia numantina" de Pedro Sánchez al mantener a Torres en su cargo a pesar de las acusaciones de corrupción que rodean a su partido y su Gobierno. Según Tellado, esta actitud es incomprensible dado el contexto de corrupción que enfrenta el Ejecutivo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe que detalla las irregularidades en las contrataciones de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres. Este documento ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien está investigando el denominado 'caso Koldo'.

El caso gira en torno a la empresa Soluciones de Gestión, que, según las investigaciones, habría recibido contratos de manera irregular para el suministro de mascarillas. Se menciona que Ángel Víctor Torres, en su calidad de presidente de Canarias, solicitó "pagos pendientes" a Koldo García, quien tenía influencia en la administración y estaba vinculado a la trama de corrupción liderada por Víctor de Aldama.

El informe de la UCO incluye mensajes que evidencian la influencia que Koldo García tenía en la Administración. Uno de los mensajes destaca que Torres le comunicó a Koldo que estaba "encima de tu pago" y que el material ya había sido validado, a pesar de los problemas previamente mencionados con las mascarillas.

Se menciona una cena celebrada en Madrid en 2020 entre Ángel Víctor Torres y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El objetivo de este encuentro era desbloquear el pago de las mascarillas adquiridas por el archipiélago a la trama de Aldama.

La UCO especifica que la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a un total de 12.317.580,24 euros. De esta cantidad, la trama logró cobrar inicialmente 2,7 millones de euros por las mascarillas entregadas al Gobierno canario.

El informe también menciona que Víctor de Aldama, presunto líder de la trama, pagaba 10.000 euros mensuales a un asesor de Ábalos, lo que subraya la influencia que ejercía en diversas administraciones, incluyendo el Gobierno de Canarias. Esta influencia fue tal que logró involucrar al presidente de Canarias en la gestión de los pagos pendientes a su empresa.

El Partido Popular (PP) ha exigido la dimisión de Ángel Víctor Torres en respuesta a las revelaciones del informe. Sin embargo, fuentes cercanas al ministro han defendido su inocencia, afirmando que no ha cometido ningún delito relacionado con la explotación sexual, la corrupción o el narcotráfico.

En el informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Leopoldo Puente, se ha destacado la "influencia" de Koldo García, quien se desempeñaba como asesor de José Luis Ábalos. Este informe revela cómo García utilizó su posición para facilitar la validación de mascarillas que el Gobierno canario, liderado por Ángel Víctor Torres, pretendía adquirir de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama. La situación ha generado un revuelo político, implicando a altos funcionarios y ministros del Gobierno español.

Koldo García, en su papel como asesor de José Luis Ábalos, tuvo un papel crucial en la adquisición de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias. Su influencia se extendió a diferentes organismos públicos, lo que permitió que las mascarillas de Soluciones de Gestión fueran validadas para su uso. Esto ha llevado a la UCO a investigar más a fondo las conexiones y posibles irregularidades en este proceso de adquisición.

El informe sugiere que la implicación de García alcanzó a varios ministros, incluyendo a los de Transportes y Trabajo, lo que sugiere una red más amplia de complicidad en el proceso de validación de las mascarillas. Esta situación ha puesto en tela de juicio la transparencia y la ética en la gestión de compras públicas durante la crisis sanitaria.

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, ha exigido la dimisión de Ángel Víctor Torres, a quien ha calificado de "conseguidor" dentro de la trama relacionada con Koldo García. Durante la sesión de control al Gobierno, García no solo apuntó a Torres, sino que también insinuó que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, podría estar involucrada en el escándalo, aludiendo a su papel en la certificación de las mascarillas.

García expresó su indignación, afirmando que la situación es una "vergüenza" y que tanto Torres como Díaz deberían renunciar o ser destituidos. Su acusación se basa en el contenido del informe de la UCO, que, según ella, compromete la integridad de ambos funcionarios.

En respuesta a las acusaciones, Yolanda Díaz ha criticado al PP, acusándolos de convertir el Senado en un "circo". En su intervención, Díaz se refirió a las tácticas del PP como un "esperpento", sugiriendo que su enfoque es más político que basado en hechos. También hizo referencia a la designación del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, como senador, lo que considera un acto adicional de deslegitimación del trabajo legislativo.