García Ortiz responde por un presunto delito de revelación de secretos

Este lunes se inicia un juicio sin precedentes en la historia de España, en el que Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, se enfrenta a acusaciones de revelación de secretos. Este caso ha captado la atención tanto del público como de los medios de comunicación, dado que es el primer juicio de este tipo contra un Fiscal General en el país.

García Ortiz está acusado de haber filtrado información confidencial contenida en un correo electrónico que fue enviado por el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este acto se considera una violación de la privacidad y la confidencialidad que deben regir en el ejercicio de la función pública.

El juicio se desarrollará en el Tribunal Supremo, donde García Ortiz será el último en declarar, tal como lo ha solicitado su defensa. Antes de su declaración, se espera que declaren alrededor de 40 testigos, lo que incluye a figuras clave como la pareja de Ayuso, su jefe de gabinete, el ex secretario general del PSOE de Madrid, y la ex asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. También se presentarán testimonios de fiscales y periodistas que tuvieron acceso al contenido del correo electrónico en cuestión.

Tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como el Gobierno han optado por guardar silencio ante el inicio del juicio. Esta falta de comentario puede interpretarse como una estrategia para evitar tomar una postura que podría influir en el desarrollo del caso.

Por otro lado, el Partido Popular (PP) ha expresado su descontento con la situación, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar las instituciones y la justicia con fines partidistas. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha instado a García a dimitir argumentando que su permanencia en el cargo arrastra al Ministerio al banquillo de los acusados y pone en tela de juicio su credibilidad ante la sociedad.

Gamarra ha señalado que la semana en curso está marcada por la corrupción institucional y el control de los instrumentos del Estado al servicio poder. Ha calificado los hechos como de "máxima gravedad" y ha advertido que García Ortiz tiene la oportunidad de evitar una crisis de credibilidad en el Ministerio Fiscal si decide dimitir.

Este juicio, que se desarrollará durante dos semanas, marca un hito en la historia judicial del país, ya que es la primera vez que un fiscal general se enfrenta a un tribunal como acusado. Álvaro García Ortiz está acusado de haber filtrado un correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de la pareja de Díaz Ayuso. En este correo, se reconocía la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente, en un intento de negociar un acuerdo que podría reducir la pena. El Tribunal Supremo ha indicado que existen pruebas suficientes para considerar que la filtración de este correo fue una acción "coordinada e impulsada" por García Ortiz.

El correo en cuestión, enviado por el abogado Carlos Neira, contenía información confidencial que supuestamente fue divulgada a la 'Cadena SER'. Según el instructor del caso, Ángel Hurtado, García Ortiz utilizó información previamente publicada por 'El Mundo' para iniciar un "frenético intercambio de comunicaciones" con el fin de obtener la cadena de correos entre el fiscal del caso, Julián Salto, y Neira, que finalmente se filtró.

El juez Hurtado sostiene que la conducta de García Ortiz constituye un delito de revelación de secretos, ya que facilitó información confidencial a los medios de comunicación. Además, se sugiere que antes de la difusión pública del correo, este fue enviado a Pilar Sánchez Acera, quien ocupaba un cargo en Moncloa, lo que añade una capa de complejidad al caso. Un aspecto relevante en la investigación es el borrado del móvil de García Ortiz, lo que el juez considera un indicio de su implicación en la filtración.

García Ortiz ha negado categóricamente haber filtrado información reservada, afirmando "rotundamente no" a las acusaciones. Se muestra seguro de que ningún fiscal bajo su mando participó en la divulgación de datos confidenciales. La Abogacía del Estado argumenta que García Ortiz actuó dentro de su derecho, solicitando los correos para proporcionar información veraz. Se sugiere que existe una campaña orquestada por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, para desviar la atención y presentar un "relato alternativo" sobre el caso.

Las acusaciones particular y popular, que incluyen a la pareja de la presidenta y una asociación de fiscales, han solicitado penas de entre 4 y 6 años de prisión, así como hasta 12 años de inhabilitación para García Ortiz. El juicio se llevará a cabo en el Tribunal Supremo, donde García Ortiz se sentará en estrados junto a sus abogados. Se espera que una representación de fiscales asista en apoyo a su superior. Hasta cuarenta testigos, incluyendo políticos, fiscales, y periodistas, serán llamados a declarar.

A pesar de la importancia del juicio, el Tribunal Supremo no ofrecerá una transmisión en directo del proceso, permitiendo únicamente que más de 200 periodistas acreditados informen sobre los acontecimientos a través de extractos de las sesiones. El Tribunal que juzgará a García Ortiz compuesto por siete magistrados, cuatro hombres y tres mujeres, está presidido por Andrés Martínez Arrieta. La defensa del fiscal general estará a cargo de abogados del Estado, mientras la acusación estará representada por varios letrados de distintas asociaciones y del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien ocupa el cargo de consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y actúa como portavoz del Gobierno autonómico, abordó un tema de gran relevancia política. La atención se centró en el juicio que comenzará el lunes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

García Martín no dudó en calificar el juicio de "bochornoso", señalando que es un acontecimiento sin precedentes en la historia de España, especialmente en el contexto de una democracia que se considera homologable a la española. Esta afirmación subraya la gravedad que el consejero atribuye a la situación.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. García Martín lo acusó de haber introducido "la corrupción de Estado" en el país, lo que implica un nivel de corrupción institucional que, según él, no había sido visto anteriormente.

García Martín acusó directamente a García Ortiz de haberse "saltado la ley que juró proteger". Esta afirmación sugiere que el fiscal general ha actuado de manera contraria a los principios que debería defender, lo que, en la opinión del consejero, lo convierte en un "eslabón de una cadena de ataques" que se originan en el Palacio de La Moncloa.

El consejero argumentó que estos ataques están dirigidos a "desgastar a un adversario político", refiriéndose específicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta declaración implica que el juicio no solo tiene implicaciones legales, sino que también forma parte de una estrategia política más amplia.

García Martín insistió en la necesidad de que Álvaro García Ortiz dimitiera de su cargo. En su discurso, expresó la esperanza de que el fiscal sea juzgado y que, de alguna manera, pueda rendir cuentas ante la justicia por lo que él considera un "presunto delito de revelación de secretos". Esta demanda de rendición de cuentas refuerza la postura del Gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto a la integridad del sistema judicial.

El Tribunal Supremo (TS) comenzará a juzgar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, en relación con Alberto González Amador, quien es el novio de Isabel Díaz Ayuso. Este juicio se produce tras una investigación de ocho meses, durante la cual se ha trazado una línea temporal de los eventos que llevaron a la situación actual del fiscal general.