Ayuso anuncia que llevará al asunto ante los tribunales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizó un anuncio significativo en el que se opone a un nuevo real decreto aprobado por el Gobierno de España. Este decreto establece nuevos criterios para la creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en el país, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de Ayuso, quien lo califica como un "golpe" a las universidades privadas.

Durante su intervención en el 'II Foro Líderes con Propósito', Ayuso argumentó que el real decreto "ataca a las universidades privadas". Su crítica se centra en la percepción de que esta normativa representa una arbitrariedad que limita diversas libertades fundamentales, tales como:

Libertad de Empresa: La presidenta considera que el decreto restringe la capacidad de las universidades privadas para operar de manera autónoma y competitiva.

Libertad Educativa: Ayuso sostiene que las nuevas regulaciones afectan la capacidad de las instituciones para ofrecer educación de calidad y adaptarse a las necesidades del mercado.

Libertad de Expresión: Se argumenta que el decreto podría limitar la diversidad de pensamientos y enfoques educativos que las universidades pueden ofrecer.

Ayuso también expresó su preocupación por la "seguridad jurídica" que podría verse comprometida con la implementación de este decreto. Según ella, se atenta contra las competencias legítimas de las comunidades autónomas, lo que podría generar un conflicto entre el gobierno central y las autonomías

La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó al decreto de estar diseñado "a medida de los nacionalistas", sugiriendo que su aprobación responde a intereses políticos que no benefician a la educación superior en la región.

Ante estas preocupaciones, Ayuso anunció que la Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo para impugnar el real decreto. Justificó esta decisión al afirmar que la normativa perjudica a la comunidad y que es necesario "alzar la voz" en defensa de los intereses de Madrid y del Estado de Derecho en general.

Ayuso enfatizó que la Comunidad de Madrid utilizará "sus competencias y herramientas legales" para defenderse de lo que considera abusos por parte del gobierno central. Este enfoque sugiere una intención de movilizar recursos legales para contrarrestar las medidas impuestas por el decreto.

El nuevo real decreto introduce cambios significativos en el proceso de autorización de centros universitarios. A partir de su implementación, se requerirá:

Informe de Evaluación Preceptivo y Vinculante: Este informe deberá ser elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por agencias autonómicas equivalentes.

Informe de la Conferencia General de Política Universitaria: Este informe, que ya era un requisito previo, seguirá siendo necesario.

En la actualidad, España cuenta con once agencias de calidad que son independientes y autónomas, incluyendo la ANECA y diez agencias en las comunidades autónomas. Todas estas agencias forman parte de la Asociación Europea de Agencias de Calidad, lo que indica un marco regulador robusto, aunque Ayuso critica que la nueva normativa podría interferir en su funcionamiento.

El nuevo Real Decreto sobre la creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España entrará en vigor el 28 de octubre. Este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como objetivo establecer requisitos más rigurosos para garantizar la calidad del sistema universitario español.

El Gobierno español ha declarado que la finalidad principal de este nuevo decreto es asegurar que todas las universidades estén comprometidas con la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento. Para ello, se implementarán criterios más exigentes en el proceso de creación y reconocimiento de nuevas universidades.

Una de las nuevas exigencias es que las universidades deben contar con una masa crítica de al menos 4,500 estudiantes. Además, se refuerzan las garantías de solvencia económica, requiriendo un aval bancario o un instrumento legal similar que demuestre la disponibilidad de recursos suficientes para sustentar el proyecto.

El decreto establece que el reconocimiento de las universidades online deberá ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA. Sin embargo, se contemplan tres excepciones a esta norma, que incluyen universidades con precios públicos fijados por cada comunidad autónoma, aquellas que impartan al menos el 50% de su docencia en una lengua cooficial, y las que reciban financiación parcial de la comunidad autónoma.

Al crear o reconocer una universidad, se deberá incluir en la memoria del proyecto un compromiso de proporcionar, dentro de tres años de funcionamiento, un número de plazas de alojamiento equivalente al 10% de los estudiantes. Además, se exige que el 5% del presupuesto se dedique a la investigación y que al menos el 50% de los docentes sean doctores, con un 60% de estos con evaluación positiva.

El nuevo decreto también facilita la expansión de universidades públicas y privadas al extranjero, permitiendo la creación de facultades fuera de España con la autorización de la comunidad autónoma y los informes del Gobierno. Se introduce la figura del centro de altos estudios.

Las universidades existentes y las nuevas que se establezcan tras la entrada en vigor del decreto tendrán un plazo de tres años para cumplir con los requisitos. Las universidades autorizadas en los últimos tres años tendrán un plazo de cinco años, mientras que algunos requisitos, como el número de estudiantes, tendrán plazos más largos de hasta seis o siete años.

En caso de incumplimiento, las universidades deberán presentar un plan de choque para corregir la situación, con un plazo adicional de tres años para solucionar el incumplimiento. Por ejemplo, si no se alcanza el número de 4,500 estudiantes en seis años, se considerará que se está en el camino adecuado si se alcanza al menos el 70% de este objetivo.

A partir de ahora, los títulos universitarios indicarán si se han obtenido en modalidad presencial, virtual o híbrida, lo que proporcionará mayor claridad sobre la naturaleza de la formación recibida.

Los ocho proyectos de universidades privadas cuyo procedimiento de reconocimiento aún no ha comenzado deberán cumplir con los nuevos requisitos establecidos en el decreto. Estos proyectos se localizan en varias comunidades autónomas, y tres de ellos son universidades online. Los proyectos que ya han pasado por la Conferencia General de Política Universitaria se regirán por los criterios anteriores, con algunos recibiendo informes desfavorables.

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) emitió un comunicado en el que solicita al Gobierno español que revoque un Real Decreto que modifica las condiciones para la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades centros universitarios. ACADE argumenta que esta normativa es perjudicial para el sistema universitario privado en España.

ACADE sostiene que el propósito principal del nuevo Real Decreto es restringir la creación y expansión del sistema universitario privado. La asociación califica las exigencias y mecanismos introducidos como "arbitrarios e injustificados", lo que, según ellos, representa un ataque a instituciones que han sido clave para mejorar la calidad educativa y la empleabilidad de los jóvenes en España.

La asociación critica que la nueva normativa impone procedimientos administrativos que consideran excesivamente complejos. Esto podría dificultar la creación y operación de nuevas instituciones educativas.

ACADE señala varios requisitos que considera desproporcionados, entre los cuales destacan:

Mínimo de 4.500 Alumnos: La normativa exige que las universidades cuenten con al menos 4.500 estudiantes, lo que podría limitar la creación de nuevas instituciones.

Alojamiento Estudiantil: Se establece la obligación de proporcionar al menos un 10% de alojamiento para estudiantes, trasladando así la problemática de la vivienda al ámbito universitario.

Cambios Retroactivos: La normativa incluye cambios que afectan a universidades y centros universitarios ya en funcionamiento, lo que genera inseguridad jurídica y operativa para estas instituciones.

Límites a Nuevas Titulaciones: Se imponen restricciones a la ampliación de nuevas titulaciones oficiales, lo que podría limitar la diversidad educativa.

Desde marzo de 2025, ACADE ha advertido sobre el "grave perjuicio" que la entrada en vigor de esta normativa podría causar al sector universitario privado. La asociación teme que estas restricciones afecten negativamente la calidad educativa y la competitividad del sistema universitario en su conjunto.

Aunque el Gobierno ha realizado algunas flexibilizaciones a la norma tras recibir observaciones del Consejo de Estado, ACADE reafirma que el objetivo principal de la normativa sigue siendo limitar el crecimiento del sistema universitario privado. La asociación considera que, a pesar de los, las exigencias siguen siendo arbitrarias e innecesarias.

Finalmente, ACADE hace un llamado al Gobierno para que reconsidere esta medida y adopte un marco normativo que fomente la excelencia y diversidad del sistema universitario español, en lugar de imponer restricciones que podrían perjudicar a las instituciones educativas y a los estudiantes.