El PP perdió cuatro de las votaciones de mociones

El pasado lunes se celebraba en Coslada el último Pleno de la temporada, un Pleno ordinario en el que, de nuevo, volvieron a girar las tornas de la gobernabilidad: la oposición sacó adelante todas sus mociones, a excepción de una, que tumbaron los votos de PP e IU. En el otro lado, el que interesa a los ciudadanos, el Pleno aprobó las modificaciones de tres ordenanzas, lo que permitirá poner en marcha la licencia express.

“El Real Decreto-Ley 19/2012 de “medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios”, elimina la licencia municipal previa, para la apertura de los establecimientos comerciales minoristas con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. También se elimina la licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial, cuando no requieran la redacción de un proyecto de obras. La Comunidad de Madrid ha suprimido, desde el pasado 15 de julio, las  licencias urbanísticas que eran exigibles conforme a lo previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, para aquellas actividades que se recogen en su anexo”, explicaban desde el Consistorio.

El Alcalde de Coslada, Raúl López, señaló que “la medida que hemos adoptado en Coslada permitirá a todas aquellos emprendedores que quieran poner un negocio en nuestra ciudad que lo hagan inmediatamente, en 24 o 48 horas, con sólo rellenar un documento sin tener que esperar a que se tramite toda la documentación requerida”.

Para Raúl López, “es de vital importancia en tiempos de crisis, favorecer la creación de pequeños y medianos establecimientos ya que nos permitirá reactivar la economía local, crear puestos de trabajo y favorecer el consumo en Coslada”.

En la parte de control del Pleno, el partido del gobierno perdió cuatro de las cinco mociones presentadas. Así, PSOE e IU sacaron adelante su rechazo a la Ley de Modificación de los Presupuestos madrileños; IU, además, consiguió que el Pleno se opusiese a la subida de tasas en Educación Infantil; y UPyD sacó adelante su propuesta de racionalización de sueldos públicos.

Lo que no consiguieron los magenta fue que el Pleno aprobase su moción sobre Caja Madrid, y es que UPyD pedía la renuncia de los dos concejales que forman parte de la Asamblea de la Caja, el alcalde, Raúl López, y el líder de la oposición, Ángel Viveros. La moción decaía con los votos del PP y de un sorprendente IU que votó en contra a pesar de estar a favor. Aunque para sorpresa la de la posición del PSOE, que votó a favor de la propuesta, algo que propiciaba que los magenta pidiesen “que el Sr. Viveros sea consecuente y dimita voluntariamente de su puesto en la Asamblea General, ejemplo que debe tomar el alcalde Raúl López”.

Según Emilio Fayos, portavoz de UPyD en Coslada, “las formaciones políticas del PP e IU- Los Verdes han vuelto a retratarse defendiendo que no se deben pedir dimisiones en CAJA MADRID, ni se debe instar a la Comunidad de Madrid a iniciar expedientes de investigación y sanción para dirimir responsabilidades como pedía la moción”.

“Curiosamente – explica Fayos-, el Portavoz de IU Pedro San Frutos defendía su posición de que políticos y sindicatos deben pertenecer a los órganos de administración de las Cajas de Ahorro, demostrando una vez más su capacidad para hacer oídos sordos a las peticiones de los ciudadanos y al propio sentido común”.

Desde UPyD no dejaron pasar la oportunidad para recordar que cada vez que esta Asamblea se reúne sus miembros perciben más de 1.200 € en concepto de dietas, sin embargo aseguran que “más allá de lo que cobren, lo más importante es la profesionalización de las Cajas, el poder político debe intervenir en el sistema financiero a través de la regulación y el control, pero no con su presencia en las entidades financieras”.

Y fuera de programa se quedó una moción que no se votó, ni llegó a presentarse, pero que estuvo planeando durante toda la sesión: ARCO iba a pedir que se tomasen medidas contra Fernando Barahona, tras asumir toda la responsabilidad por el caso López.

Sin embargo, el sentido común consiguió que no llegase a debatirse una moción que, de salir, adelante, podría suponer un serio problema para el Consistorio, que no aceptaría, de facto, la resolución judicial que daba por caso juzgado y cerrado la imputación del alcalde, y consideraba, entre otras muchas cosas, que en ningún momento se produjo prevaricación en la actitud de nadie.