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07
Jul
2016
IUCM Coslada denuncia ante Anticorrupción el servicio de cafetería de las Pistas de Tenis de “La Cañada” PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Coslada
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Foto cedida por Ayuntamiento de CosladaSegún explican, el servicio debería haber salido a concurso el pasado mes de noviembre

"El grupo municipal de IUCM-LV en el Ayuntamiento de Coslada, ha presentado escrito de denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, por un supuesto delito de prevaricación en la prestación del servicio de cafetería en las instalaciones deportivas conocidas como Pistas de Tenis “La Cañada”", según afirma el partido en un comunicado.

"El servicio de cafetería y restaurante en las pistas de tenis se venía prestando por una concesión administrativa que se adjudicó en el año 2007. En 2011, y previo acuerdo entre la empresa concesionaria y el Patronato de Deportes, se ejerció el derecho de prórroga que finalizaba el 7 de noviembre de 2015. Al no existir más posibilidades de prórroga se debería haber publicado un nuevo concurso para adjudicar el contrato antes de su finalización, y de no hacerlo la prestación del servicio debería haber finalizado obligatoriamente a partir del 7 noviembre. El 5 de octubre de 2015 el Patronato de Deportes firma un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio, con el objeto de que continúe con la prestación del servicio hasta que se adjudique el nuevo concurso que debe tramitarse. El inicio de la tramitación del nuevo concurso no se produce hasta mediados de febrero, 4 meses después de haber finalizado el contrato, y al día de hoy todavía no se ha publicado el concurso", explican .

Según informan desde IUCM-LV, en un informe del propio secretario municipal de 31 de mayo de 2016 se manifiesta: “De los datos obrantes en este departamento consta que se está prestando un servicio de Bar-Cafetería de las pistas de tenis municipales sin el procedimiento de contratación legalmente establecido”.

Para IUCM-LV la situación que se ha provocado con la continuidad del servicio puede ser constitutita de un delito de prevaricación porque no se ha respetado la legalidad, no se ha convocado el nuevo concurso, se firmó un acuerdo de continuidad con la empresa concesionaria nulo porque ni el que lo firma tiene capacidad ni la ley contempla esta posibilidad de prórroga, el servicio de cafetería no es un servicio esencial que la Ayuntamiento tenga obligación de prestar, se ha impedido que pudieran optar a la concesión otras empresas o particulares, y se ha podido causar un daño al patrimonio municipal porque en un nuevo concurso probablemente se hubiera obtenido un canon superior al que actualmente abona la empresa que presta el servicio. En opinión de este grupo municipal, además concurre la circunstancia que tanto el Presidente del Patronato (El Concejal de Deportes) como el Director del organismo conocían la obligación de elaborar y publicar un nuevo concurso de adjudicación desde meses antes de su finalización, y que además fueron avisados por el departamento de contratación del Ayuntamiento con el tiempo suficiente para su tramitación, sin embargo no lo hicieron y lo que hicieron fue prorrogar ilegalmente la concesión a la empresa que estaba prestando el servicio.

El Portavoz del grupo municipal de IUCM-LV en el Ayuntamiento, Pedro San Frutos, ha declarado después de presentar el escrito de denuncia en la Fiscalía Especial Anticorrupción “que nos hemos visto obligados a presentar esta denuncia porque en nuestra opinión no estamos ante un simple error administrativo, estamos ante un acción premeditada que viola de forma flagrante, y yo diría que grotesca, la legislación y los principios constitucionales que deben regir la administración pública. El contrato del servicio de cafetería había finalizado sin posibilidad de prórroga, y sin embargo se inventan un acuerdo absolutamente ilícito para que continúe la actividad, pero curiosamente la tramitación del nuevo contrato no se inicia hasta cuatro meses después de haber finalizado y a día de hoy ni tan siquiera se ha publicado. Tenemos la sensación que todo formaba parte de un plan para beneficiar a la empresa que venía prestando el servicio desde 2007, ahora será la Fiscalía la que determine si nos encontramos ante un ilícito administrativo o penal y quién son los responsables de ello.” Por último el portavoz de IUCM-LV en Coslada añadió “lamentamos esta situación pero si entendemos que puede haber una actividad ilegal estamos en la obligación de denunciarlo. La denuncia ante la Fiscalía no impide que también hablemos de las responsabilidades políticas, y estas parecen muy claras.”

 

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