Rivas sólo firmará si antes se explicita un Plan de Intervención Social

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, firmó un protocolo de seguridad para la Cañada Real Galiana con la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el alcalde de Coslada, Raúl Lopez, para poner fin a la delincuencia en esta zona, especialmente en el Sector VI, con epicentro en Valdemingómez, donde se sitúa el mayor número de infraviviendas relacionadas con el narcotráfico.

González resaltó que “este sencillo acto supone un paso importantísimo para que, entre todos, solucionemos el problema de la Cañada Real, que lleva más de 50 años enquistado y que, hasta hace muy poco, nadie había querido afrontar”.

Además, destacó que tanto la propuesta de modelo de desarrollo que ha planteado el Gobierno regional como el protocolo de seguridad que acabamos de firmar son fundamentales para alcanzar el Acuerdo Marco de carácter social que exige la Ley de la Cañada Real y lograr así solucionar la problemática existente en la zona, sin que, la solución suponga el traslado de la delincuencia a los municipios vecinos.

El protocolo de seguridad establece las prioridades de la zona para que las Administraciones actúen en el marco de sus competencias y recoge la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las entidades locales así como con los órganos jurisdiccionales competentes y los servicios sociales de la zona.

Asimismo, recoge la creación de una Mesa de Coordinación y una Comisión de Seguridad conjunta que se reunirá cada mes para determinar las actuaciones a desarrollar más inmediatas en el plan de trabajo. Será la Delegación de Gobierno la encargada de convocar dicha Comisión de Seguridad. El protocolo incluye un Plan de Intervención que se divide en tres fases: una primera de diagnóstico en la que se elaborará un mapa común de localización de delincuencia con su correspondiente análisis y la detección de sus posibles efectos a corto, medio y largo plazo; una segunda fase de preparación de propuestas que trabajará desde un punto de vista territorial y funcional; y por último, una tercera fase para el diseño de operaciones que incluye el diseño de la estrategia de intervención policial, la detección de amenazas como consecuencia de esa intervención así como evaluación de las estrategias y operaciones desarrolladas.

El protocolo de seguridad supone un importante avance para la Cañada Real, que se añade a los que ha dado el Gobierno regional, con Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente. “El Protocolo de Seguridad para la Cañada Real Galiana va a contribuir decisivamente a  hacer posible la transformación integral de este ámbito, sumando los esfuerzos de todas las administraciones”, ha afirmado la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, durante la firma de este documento, que han suscrito también el presidente de la Comunidad y los alcaldes de Madrid y Coslada.

Cifuentes ha puesto de relieve que “la Cañada Real Galiana es, sin duda, una asignatura pendiente en el proceso de transformación urbana que ha experimentado Madrid en los últimos años. Este proceso de reequilibrio territorial y social ha supuesto la erradicación de la mayor parte de los núcleos chabolistas y de marginalidad, y el realojo de sus ocupantes, pero nunca hasta ahora se había abordado de manera decidida, coordinada  y coherente,  la recuperación integral de un ámbito tan relevante como la Cañada Real”.

La relevancia de este ámbito se desprende de las cifras que describen a la Cañada, donde residen más de 7.000 personas; se extiende a una superficie superior a las 100 hectáreas; tiene una longitud de casi 15 kilómetros a lo largo de distintos municipios, y en determinadas zonas genera problemas  en lo que se refiere a la seguridad ciudadana.

Para la delegada del Gobierno, “desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico y sociológico, no puede hablarse de la Cañada Real en abstracto. Porque a cada uno de estos efectos existe una diversidad de “cañadas reales”, al tratarse de un ámbito heterogéneo, donde conviven múltiples realidades, diferenciadas en cada uno de los sectores en los que se subdivide”.

Para abordar estas realidades, se requería de una acción integral y conjunta, que se inicia con la ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana, a partir de la cual se aborda un proceso de transformación basado en la cooperación entre todas las administraciones y el diálogo con los vecinos, que se fundamenta en un modelo urbanístico y un acuerdo social.

“Para que ambos planteamientos  puedan ser efectivos –afirmó Cifuentes- se necesita un tercer eje en este proceso de transformación, que es el de la seguridad, sin que ello signifique en modo alguno que el principal problema de la Cañada Real sea precisamente el de la seguridad, que sólo tiene relevancia en determinadas zonas”.

Partiendo de esta premisa, la seguridad se configura como una pieza imprescindible para facilitar la convivencia cotidiana en la Cañada Real Galiana, y así lo ha entendido la Delegación del Gobierno en Madrid, que viene desarrollando una intensa labor a través del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para erradicar las actividades delictivas que generan inseguridad ciudadana.

Desde principios de 2012, según los datos aportados por la delegada del Gobierno,  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 16  grandes operaciones contra los clanes de la droga que operan en la Cañada, se han efectuado 110 detenciones y se han demolido 52 chabolas bunkerizadas.

El Protocolo suscrito por todas las administraciones, que se desarrollará de forma paulatina, establece objetivos y estrategias de actuación conjunta para abordar con eficacia la problemática de seguridad, especialmente en la zona de Valdemingómez, potenciando para ello la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policías Locales, Además, se prevé el desarrollo de medidas  para evitar que la erradicación de focos de delincuencia y marginalidad en la Cañada Real, se transfiera a municipios  y barrios del entorno.

Se trata de desarrollar actuaciones en materia de seguridad ciudadana de manera sostenida, por lo que el Protocolo establece una estructura organizativa que funcionará de manera permanente, compuesta por la Mesa de Coordinación, de carácter institucional,  y  la Comisión de Seguridad Conjunta, de carácter técnico, que será convocada por la Delegación del Gobierno.

Desde el punto de vista metodológico, el Protocolo se desarrollará  a través de  fases sucesivas, centradas en el diagnóstico  de la problemática referida a la seguridad ciudadana, que incluirá un mapa delincuencial preciso, y la preparación de acciones incluyendo un calendario  específico. Asimismo, el Protocolo recoge el compromiso expreso de todas las partes que lo han suscrito para, en el ámbito de las competencias respectivas, facilitar los medios necesarios que permitan alcanzar los objetivos comunes.

“Con la firma de este Protocolo de Seguridad, las administraciones públicas damos un paso más en el proceso que nos va a permitir poner fin a una situación en muchos casos incompatible con el Madrid del siglo XXI y con una sociedad mínimamente equilibrada y solidaria. Porque  sin seguridad no hay libertad, pero además,  en la Cañada Real, y pese a las iniciativas que se tomen en el ámbito urbanístico y social, sin seguridad  tampoco habría posibilidades  de vivir con dignidad”, ha finalizado Cristina Cifuentes.

La Policía Municipal de Madrid va a centrar sus actuaciones en la Cañada Real Galiana en la prevención y en asegurar la convivencia vecinal. El acuerdo, en palabras de Ana Botella, “es una muestra indiscutible del compromiso de todas las Administraciones con la Cañada Real”, cuyo objetivo es mejorar la seguridad en la zona. Los agentes municipales realizarán un patrullaje preventivo las 24 horas del día y controles de alta visibilidad, que tendrán un carácter disuasorio. La pretensión, subrayó la alcaldesa, es evitar nuevos asentamientos o acciones delictivas como la quema de vehículos.

En un acto celebrado en la sede del Gobierno regional, los responsables de las tres Administraciones demuestran con este acuerdo su compromiso de prestar una mayor y mejor atención a uno de los ámbitos “más frágiles” de la comunidad. Ana Botella ha insistido en que la Cañada Real es una “prioridad” en su agenda política.

“Colaboraremos con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en todas las acciones conjuntas programadas en el marco de este acuerdo”, ha constatado la alcaldesa. “Porque la coordinación entre cuerpos policiales y las labores de prevención y mejora de la convivencia vecinal prestadas por la Policía Municipal de Madrid son la mejor herramienta para mejorar la seguridad”.

Además del patrullaje, los agentes municipales acompañarán y protegerán los distintos servicios municipales que trabajan para los vecinos de la Cañada Real Galiana como los de limpieza, Bomberos o Samur-Protección Civil.

Ana Botella ha recordado la importancia de la figura del agente tutor, creada en 2002, cuya funciones principales son el apoyo a la comunidad educativa en los entornos escolares, y la resolución de los problemas de convivencia y el absentismo escolar. Los agentes tutores de la Policía Municipal constituyen una referencia para otros cuerpos policiales, tanto en el ámbito nacional como local, afirmó.

Debido a la elevada presencia de menores en la zona –muchos de ellos sin escolarizar– se reforzará la intervención de los agentes tutores. La alcaldesa ha destacado su trabajo “porque son los encargados de asegurar la escolarización y de concienciar a los padres de la obligación y la importancia de que los niños acudan al colegio.

Con el documento firmado por las tres Administraciones se presta un servicio más en la Cañada Real, que presenta un “déficit” en todos sus aspectos: ambiental, territorial, dotacional, servicios básicos de suministro, seguridad e infraestructuras.

La Ciudad de Madrid, ha declarado Ana Botella, está implicada en la resolución de todos los problemas que afectan a la Cañada Real, “pero nuestras principales prioridades son la asistencia social y velar por la seguridad ciudadana”. Precisamente, el Ayuntamiento de la capital fue el primero en abordar el aspecto social, “el problema que más nos preocupaba”.

Ahora, a las áreas de Urbanismo y Familia y Servicios Sociales se suma la Policía Municipal para reforzar las acciones conjuntas con Delegación del Gobierno, la Comunidad y los ayuntamientos implicados, y mejorar la seguridad en la zona. “Porque –concluyó– sólo con la colaboración, el esfuerzo y el compromiso de todos podremos alcanzar las soluciones integrales al problema de la Cañada Real”.

Para el Alcalde de Coslada, Raúl López, “la firma de este protocolo de seguridad supone un nuevo paso, muy importante, para solucionar un problema que viene desde hace más de 40 años. La zona de Cañada Real que afecta a Coslada, es una zona muy consolidada donde no existen problemas de delincuencia”. El Ayuntamiento de Coslada ha realizado todos los informes específicos de la zona además de la contextualización del marco territorial y normativo de la misma. En Coslada son 927 las personas que se verán afectadas por la nueva Ley de la Cañada Real Galiana.

Pero no todos estuvieron en la firma. El alcalde de Rivas, José Masa, ha visibilizadosu desacuerdo con la Comunidad de Madrid en la forma mostrada al priorizar la vía de solución a la Cañada Real, no asistiendo a la firma del protocolo de seguridad sobre la el asentamiento ilegal. El regidor ripense ha manifestado su voluntad negociadora pero quiere dejar claro que “es prioritario que se consensue antes entre las administraciones un Plan de Intervención Social. Y de esto, la Comunidad todavía no lo ha hablado todavía con nosotros”.

Sí ha estado presente la concejala de Seguridad Ciudadana de Rivas Vaciamadrid, Yaiza García Reca, aunque no se ha sentado en la mesa en la que estaban presentes el presidente de la Comunidad de Madrid, la delegada del Gobierno y la alcaldesa de Madrid y el alcalde de Coslada. García Reca, a preguntas de los periodistas, ha mostrado el firme compromiso de esta localidad en la resolución del problema de delincuencia que sufre el asentamiento ilegal, pero también su desacuerdo con que hasta el momento no se hable de la urgencia respecto al diseño de un Plan de intervención social que responda a los graves problemas de exclusión que sufre gran parte de la población de la Cañada.

“Desde Rivas hemos defendido desde hace años que el problema de la Cañada Real solo se resuelve desde el consenso entre las administraciones implicadas. Sin embargo, entendemos que desde la Comunidad de Madrid se nos impone un orden de prelación erróneo respecto a las prioridades. El Gobierno de Ignacio González prefirió, el pasado 22 de enero, anunciar primero a través de los medios de comunicación un plan urbanístico, y ahora nos invita a firmar un protocolo de Seguridad sin que se haya presentado ninguna propuesta sobre el modo en que se pretende resolver el grave conflicto social que allí se da”, ha afirmado García Reca.

La implicación del Ayuntamiento de Rivas en los grupos de trabajo técnico sobre la Cañada Real, desde su constitución a inicios de 2012, tuvo entre otros resultados la presentación de un borrador sobre el Plan de Seguridad que fue aceptado como bueno, con ligeras modificaciones,  por  Delegación de Gobierno, Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Coslada. “Así las cosas, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con este protocolo de seguridad? La erradicación de la delincuencia y del tráfico de drogas en la Cañada es una de nuestras principales preocupaciones. Por eso la Policía Local de Rivas trabaja desde hace años codo con codo con la Guardia Civil y con Delegación de Gobierno desde hace años”, aclara la edil de Seguridad Ciudadana ripense.

“Desde Rivas defendemos que se hagan las cosas bien desde el principio”, ha aseverado José Masa, alcalde de la localidad madrileña. “Estamos en contacto con la Comunidad de Madrid para que nos cuente el Plan urbanístico que propuso, hace un par de semanas, a través de los medios de comunicación, antes de hacerlo llegar a las administraciones implicadas. Y en esa reunión que tengamos, queremos hacerle llegar de viva voz al consejero de Asuntos Sociales, que es precisamente un Plan de Intervención Social la piedra sobre la que deberemos construir una solución duradera para la Cañada Real. Cualquier intento que no aborde de forma consensuada realojos y medidas de inserción social para los miles de personas en estado de emergencia social, lamento augurar, terminará fracasando”.

El censo realizado por técnicos municipales sobre la parte de la Cañada Real que está asentada en el término municipal de Rivas, arroja una cifra total de 1.132 habitantes, de los cuales 400 son menores de edad. De las 249 edificaciones existentes 65 son chalets y el resto otro tipo de construcciones. Los Servicios Sociales municipales también indican en su informe 100 unidades de convivencia estarían en condiciones de acceder a la Renta Mínima de Inserción.