“No se aplicó a sí mismo lo de no ejercer en su cargo mientras estaba imputado en un procedimiento penal”, afirma el ex policía

“Raúl López Vaquero es un alcalde de conveniencia que aplica la ley del embudo y que no sigue los consejos de sus asesores jurídicos. No se aplicó a sí mismo lo de no ejercer en su cargo mientras estaba imputado en un procedimiento penal ya que él fue imputado por dos delitos graves para un político, tales como la malversación de fondos y la prevaricación y sin embargo no dimitió”. Así comenzaba un incendiario comunicado de Ginés Jiménez enviado pocas horas después de que el Ayuntamiento de Coslada decidiese presentar un recurso para evitar el retorno del ex policía.

“Los asesores jurídicos del Ayuntamiento de Coslada  incluido la secretaria general le han aconsejado que debe de obedecer el auto judicial e incorporar a Ginés, y sin embargo provoca a la autoridad judicial con la correspondiente desobediencia e incumplimiento del auto. Con este hecho quiere hacer política y esta incitando y dando lugar a conflictos escandalosos y cuyo único responsable es él. A la Coordinadora de Vecinos les dijo que sabía que tenía que incorporarle pero que lo iba a retrasar lo máximo posible. Eso es presunta prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial”, afirma Ginés.

“El alcalde está promoviendo y dando lugar al daño irreparable de un funcionario que por más que se empeñe no es cargo político ni depende de las urnas ni de los votos de los ciudadanos para nada, y todo ello sin respetar las decisiones de la administración de justicia que es la que ha decido su incorporación”, continúa el ex policía.

Pero además Ginés va más allá y habla de las consecuencias jurídicas de no cumplir co el mandato judicial: “Los técnicos juristas del Ayuntamiento, a excepción del cargo de confianza política y coordinador de su gabinete, le han informado al Alcalde que el artículo 134.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece que la resolución dictada en la medida cautelar de incorporación de Ginés,  ha de ejecutarse de forma inmediata, y que el órgano administrativo correspondiente dispondrá su inmediato cumplimiento, por tanto es presuntamente un delito grave que a sabiendas no solo continúe desobedeciendo a la autoridad judicial sino además provocando reacciones ante los grupos políticos y ante los medios de comunicación”.

“La Administración de Justicia hace su trabajo, y el alcalde Raúl López Vaquero no puede estar por encima de la Ley ni de las decisiones judiciales”, concluye Jiménez.