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30
Ene
2019
La justicia obliga a los concejales del Gobierno de Aranjuez a devolver el sueldo cobrado en 2015 PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Aranjuez
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Foto cedida por Ayuntamiento de AranjuezEl Gobierno se defiende explicando que, tanto el Interventor como el Secretario, los consideraron legales

El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Aranjuez ha ejecutado ya la sentencia relativa a los decretos salariales de 2015, declarados nulos por el TSJM en junio de 2018, en base a los informes emitidos por la Secretaría General, el Letrado Consistorial, la Jefa de Recursos Humanos y la Intervención Municipal. A tenor de la sentencia del TSJM, el concejal delegado de Hacienda, Luis Javier Benito, emitió un decreto por el que se requería a los concejales afectados el reintegro en el Ayuntamiento de Aranjuez las cantidades percibidas en concepto de salario entre junio y noviembre de 2015, fecha en que la Corporación Municipal alcanzó un acuerdo en relación al régimen de retribuciones de sus miembros.

Los concejales afectados presentaron sus correspondientes escritos de alegaciones, en base a la necesaria retroactividad de sus retribuciones económicas como contraprestación a su trabajo en el Ayuntamiento de Aranjuez en régimen de exclusividad y en base al enriquecimiento ilícito de la administración como consecuencia de un trabajo prestado y que, tras la sentencia, queda sin remunerar.

Ante esos documentos de alegaciones, todos los informes emitidos por los funcionarios municipales, que velan por el cumplimiento de la legalidad en la administración, reconocen ambos preceptos e instan al concejal delegado de Hacienda a compensar la deuda que estos siete concejales tienen con el Ayuntamiento con la deuda que el Ayuntamiento mantiene con ellos.

La Jefa de Recursos Humanos certifica en su informe que todos los afectados por la sentencia “han venido prestando servicios en régimen de dedicación exclusiva, desde las fechas indicadas en el punto primero [junio de 2015], y existe constancia de su asistencia diaria a las dependencias municipales para el desempeño de sus funciones, a través de documentos firmados, decretos y asistencia órganos colegiados…”

Por su parte, el Letrado Municipal deja claro en su informe que “los distintos tribunales han venido admitiendo el carácter retroactivo a los actos declarados nulos de pleno derecho”, como es el caso, y explica que “el Tribunal Supremo ha admitido [mediante sentencia de 1 de diciembre de 1995] la validez del efecto retroactivo de este tipo de acuerdos”.

“En definitiva –dice el informe del Letrado– en virtud del acuerdo del Pleno de la Corporación Local de 13 de noviembre de 2015, puede entenderse eficacia retroactiva a todos los efectos en los decretos declarados nulos que fueron dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia”.

En relación a la figura del enriquecimiento, el informe del Letrado Municipal asegura que “en el supuesto de no producirse el pago relativo a las retribuciones por la dedicación exclusiva por parte de esta Administración Local, podríamos hallarnos ante un enriquecimiento injusto al cumplirse los requisitos para su apreciación”, establecidos en una doctrina que mantiene la jurisprudencia y que impide que nadie se beneficie injustamente y sin causa a costa de otro y que no tiene que ver solo con una merma patrimonial sino con la ausencia del ingreso patrimonial que tendría que producirse de no existir ese enriquecimiento ilícito. “La falta de pago del servicio prestado supondría un claro abuso por parte de esta Administración”, concluye el informe del Letrado Municipal.

En la misma línea se mueve el informe emitido por la Secretaría General, que incide en que “es claro que el reintegro de los salarios percibidos por los concejales comporta un enriquecimiento de la Corporación Local que trae causa de un empobrecimiento de los mismos al tener que abonar unos importes teniendo una expectativa segura y legítima de obtener un lucro cierto y positivo por el desempeño de sus tareas como cargos electos”.

La Intervención Municipal hace uso de los informes de RRHH, del Letrado Municipal y de la Secretaría General para proponer los importes del enriquecimiento ilícito de los siete concejales afectados y avanza, además, el ingreso en las arcas municipales de 56.079,98 euros procedentes del Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores, Directivos y Sociedad con que cuenta el Ayuntamiento de Aranjuez.

El Gobierno municipal ha denunciado la nueva manipulación de la realidad de la que ha hecho gala la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aranjuez, María José Martínez, y le ha pedido que deje de ensuciar el trabajo que hacen los trabajadores municipales. El equipo de gobierno ha recordado que aquellos decretos se firmaron con los informes favorables de la Intervención y de la Secretaría General del Ayuntamiento de Aranjuez y ante la situación de bloqueo a la que los 18 concejales de la oposición habían llevado al consistorio.

Todos ellos se oponían a la propuesta que hacía el equipo de Gobierno, en la que se planteaba una reducción del sueldo de los concejales liberados de un 10% y de un 15% en los cargos de confianza del Gobierno, que se reducían en número en un 25%. En definitiva, se estaba planteado un ahorro de 500.000 euros para toda la legislatura.

Esta propuesta no salió adelante porque el sueldo se les reducía a todos, al Gobierno y a los concejales liberados de la oposición, y ante eso, se pusieron de acuerdo para que el Gobierno no pudiera bajarse el sueldo.

Ante la situación de ingobernabilidad que se abría, el Gobierno municipal buscó una salida que permitiera solventar el trámite hasta que se alcanzara un acuerdo de pleno, toda vez que había concejales que ya habían obtenido sus excedencias en sus puestos de trabajo.

Así, los decretos que se firmaron en relación a los salarios de los concejales de la Corporación Municipal se basaron en el último acuerdo de pleno relativo a esta circunstancia, que eran los de 2011.

Y se hicieron en base a dos informes: uno del Secretario Municipal, que certificaba la vigencia del acuerdo, y otro del Interventor Municipal, que establecía que el acuerdo no solo estaba vigente, sino que además había sido ratificado en el Presupuesto General de 2015 y contaba con esas retribuciones en las bases de ejecución.

Así, el sueldo que se estableció para la alcaldía y para los seis concejales el nuevo equipo de gobierno era idéntico al que habían venido cobrando hasta la fecha María José Martínez y sus 14 concejales liberados. En el caso de la Alcaldía, el salario vigente era de 55.000 euros.

Sin embargo, la alcaldesa y los siete concejales del equipo de Gobierno estuvieron donando el 10% de su sueldo a la partida de Emergencia Social del Ayuntamiento de Aranjuez, cumpliendo así con su voluntad de reducirse el salario en esa cantidad.

En todo caso, los siete concejales que conformaban entonces el equipo de gobierno estuvieron trabajando desde el primer día y en régimen de dedicación exclusiva, asumiendo la responsabilidad de dirigir una ciudad como Aranjuez y ante una oposición que ha hecho del bloqueo y del cuanto peor mejor su única estrategia política.

 

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