Chinchón ha abierto expedientes de infracción a más de 240 viviendas

El mayor impulso de los últimos 20 años. Así define el Ayuntamiento de Chinchón su lucha contra la proliferación de construcciones ilegales en la vega del Tajuña. Se han abierto más de 240 expedientes de restablecimiento de la legalidad y ya se ha conseguido el derribo de la primera de las viviendas levantadas en suelo rústico.

Una labor sancionadora en la que la concejalía de Urbanismo y Disciplina Urbanística del Consistorio trabaja en coordinación con la Comandancia de la Guardia Civil y la fiscal de Medio Ambiente para continuar, como ya ha hecho con estos expedientes, poniéndolos en manos de la Justicia para conseguir una orden de entrada en las propiedades para su posterior demolición.

Una tarea que, tal y como reconoció la propia delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes Fernández, durante su visita a la zona afectada el pasado mes de diciembre “supone un esfuerzo arduo y complicado que involucra a todas las Administraciones”. En este sentido, desde el Ayuntamiento se trabaja también de forma coordinada con la dirección general de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid, con la que se mantendrán una reunión el próximo martes, para continuar estudiando las posibilidades de actuación de cara a evitar nuevos asentamientos.

Un “efecto llamada” que, como afirmada el alcalde, Javier Martínez Mayor, “se combate, entre otras acciones, con una difusión firme en los medios de comunicación por parte del Ayuntamiento de las consecuencias económicas y penales”, pero que, tras años de inacción, ha provocando no sólo la degradación de los terrenos agrícolas, sino también un importante impacto ambiental por vertidos incontrolados y la inseguridad para los propios agricultores, a los que desde el Consistorio se insta a que siga denunciado posibles intentos de construcciones ilegales, tal y como estaban realizando hasta su manifestación del pasado mes de abril. Una falta de comunicación por parte de la Asociación de Agricultores y Regantes que se hace especialmente evidente tras la su última convocatoria, y que el Ayuntamiento califica de “sorprendente” al no haber recibido ninguna petición de diálogo pese a que recalca que existe una “total disponibilidad” para sentarse con los convocantes de la manifestación con el objetivo de aclarar sus inquietudes y explicarles todo lo que se ha hecho para atajar esta problemática.

“Este es el único Equipo de Gobierno que ha conseguido demoler una vivienda y el que más expedientes de infracción urbanística ha abierto en la Vega en los últimos 20 años”, subraya el concejal de Urbanismo y Disciplina Urbanística, Miguel Ángel Montero.

Además de la intensa labor de los agentes de la Benemérita y de la Policía Local, próximamente, los servicios técnicos municipales van a ver incrementada su plantilla con la incorporación de un arquitecto interino y de un arquitecto de apoyo, quienes, junto con el nuevo refuerzo jurídico, continuarán implementando la estricta vigilancia de la normativa urbanística en esta zona de la localidad y estudiando las diferentes vías legales para su cumplimiento.