Según los socialistas, la alcaldesa impidió que tuvieran acceso al dossier de las ordenanzas fiscales para 2013

El pasado 29 de enero San Martín de la Vega aprobaba sus Ordenanzas Fiscales para 2013, y lo hacía en medio de una tremenda polémica entre la alcaldesa, del PP, y la oposición, polémica que vivía un capítulo más hace unos días, cuando los socialistas decidían interponer un recurso de reposición ante el Ayuntamiento, como primer paso para una demanda judicial ante lo contencioso-administrativo. Las razones, que, según los socialistas, el Gobierno no les dio acceso al dossier del Pleno, con lo que no pudieron saber qué era exactamente lo que se estaba votando.

"El Grupo Municipal Socialista presentó el pasado 29 de enero un recurso potestativo de reposición contra los acuerdos de aprobación definitiva de las modificaciónes de ordenanzas de impuestos, tasas y precios públicos para el ejercicio 2013, debido a que fueron privados de sus derechos legales por la Alcaldesa, Carmen Guijorro (PP), en el Pleno celebrado el pasado 29 de diciembre. Los socialistas consideran que se aprobaron "con alevosía, convocando un Pleno la tarde de un día para las 8:00 horas de la mañana del día siguiente, y sin la información pertinente a la que todos los concejales de la Corporación tenemos derecho" y han declarado que "se trata de una auténtico ataque al Estado de Derecho, una cacicada en toda regla, amparada en la mayoría absoluta que ostenta", explican en un comunicado.

Desde el PSOE han informado que "ante la falta de información, solicitamos un receso con el fin de poder ejercer nuestros derechos. En dicho Pleno, Guijorro no permitió acceder a los concejales socialistas a la consulta de la documentación íntegra de los expedientes incluidos en el orden del día, a los informes y documentación sobre el resultado de la información pública de la exposición de las ordenanzas y se les negó el derecho al preceptivo informe del Secretario para la adopción de los acuerdos así como comprobar el que todos los concejales habían sido notificados (que no lo fueron, en alguno de los casos)".

"Este atropello al ordenamiento jurídico, que se traduce en un desprecio absoluto a los derechos de los concejales y que supone una falta de transparencia ha supuesto el incumplimiento del artículo 23.1 de la Constitución Española, de los artículos 24 y 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del artículo 81 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 y del artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local", asegura Rafael Martínez, Secretario General del PSOE, quien cree que "todas nuestras peticiones fueron rechazadas y además, los acuerdos adoptados prescinden total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados".

Martínez concluye que "presentamos este recurso ya que creemos que existe nulidad de pleno derecho" y que "Guijorro únicamente menciona la transparencia para hacer demagogia y propaganda, por lo que desde el PSOE no vamos a tolerar que se incumpla la Ley y que este Ayuntamiento se convierta en una república bananera".