El TSJM considera que “debe prevalecer el interés general”

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha hecho pública la resolución en la que se deniega la suspensión cautelar del acuerdo de colaboración entre las policías municipales de Madrid y Rivas para actuar en la Cañada Real, oponiéndose así a lo solicitado por la Delegación del Gobierno de Madrid.

La Delegación del Gobierno, que ha sido condenada a pagar las costas del proceso, presentó el pasado junio un recurso para que se paralizara cautelarmente la puesta en marcha de un convenio, firmado el 5 de abril por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el regidor de Rivas, Pedro del Cura. Este acuerdo contemplaba el compromiso de los cuerpos policiales de ambos municipios para coordinar su labor para realizar actuaciones contra situaciones de ilegalidad urbanística y medioambiental en la Cañada Real.

En su resolución, el Tribunal Superior argumenta jurídicamente por qué no cree oportuna la suspensión del convenio y añade que “se considera que debe prevalecer el interés general en la aplicación de un convenio que prevé fórmulas de actuación conjunta a fin de conseguir una mayor efectividad policial al amparo de un precepto legal vigente y expresamente declarado constitucional”.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, el segundo teniente de alcalde y concejal de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha señalado que esta resolución judicial es positiva ya que “abre el camino para una colaboración institucional, que es esencial e imprescindible para resolver los problemas de La Cañada y garantizar los derechos de las personas que en estos momentos viven en esa zona”. “Nos felicitamos porque podemos seguir caminando en la dirección que habíamos apuntado de colaboración institucional para garantizar en este caso derechos relacionados con la seguridad y disciplina urbanística”, ha recalcado Murgui.

El acuerdo entre la Policía Municipal de Madrid y Local de Rivas establece protocolos de cooperación entre los agentes de ambos municipios, de modo que a partir de ahora se atenderán con mayor eficacia las tareas preventivas, de inspección y denuncia en materia de protección de la ordenación del territorio, medio ambiente y urbanismo. Todas estas labores son competencias de los municipios por formar parte de su tarea como policía administrativa.

Desde el Ayuntamiento de Rivas, su alcalde ha criticado a Concepción Dancausa por su intento de judicializar acuerdos entre administraciones que solo buscan aunar esfuerzos para acabar con los vertidos ilegales, las quemas incontroladas y el descontrol urbanístico que reina en algunas zonas de Cañada Real.

"Quiero tranquilizar a la ciudadanía de Rivas y de Madrid porque vamos a mantener la colaboración en el trabajo de nuestras policías con el fin de garantizar que se cumpla la ley y se impida que la mafia de la basura siga haciendo negocio, o que se contamine el medio ambiente".

Por otro lado, Del Cura insiste en invitar a la delegada del Gobierno en Madrid a convocar Comisión de Seguridad sobre la Cañada Real que no se reúne desde marzo de 2016. "En la búsqueda de soluciones para los problemas de la Cañada Real hay mucho que hacer y disponemos de los espacios para llegar a acuerdos". Y añade: "Espero que Concepción Dancausa entienda que el camino que debemos transitar es el de la lealtad entre instituciones".

Rivas ha planteado en repetidas ocasiones a la Delegación de Gobierno la necesidad de poner en marcha de forma urgente medidas policiales que impidan que elementos de la delincuencia organizada, que ahora tienen su sede en Valdemingómez, puedan desplazarse a Rivas tras el desmantelamiento de las infraviviendas de Cañada ubicadas en el sector 6 que refrenda el Pacto Regional y que ha reiterado la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.