29
Sep
2018
El juez mantiene imputados al exconcejal de Urbanismo y el alcalde de Coslada por la concesión de la licencia del Corte Inglés Imprimir
Zona Este - Coslada
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Foto cedida por Ayuntamiento de CosladaLas diligencias previas terminan con la desimputación de toda la Junta de Gobierno Local

Siete meses después de iniciar el proceso, el juzgado de Instrucción número 3 de Coslada terminaba las diligencias previas del caso que investiga la concesión de la licencia al Corte Inglés para construir en el lugar donde tiempo antes estuvo ubicado el yacimiento de El Calvario, y lo hacía con un resultado sorprendente. Así, el juez desimputaba a los miembros de la Junta de Gobierno Local manteniendo la imputación sobre el alcalde, Ángel Viveros; el exconcejal de Urbanismo Antonio Murillo; el secretario y el arquitecto municipal.

Todos ellos se enfrentan a un delito contra el patrimonio histórico por conceder la licencia de construcción al supermercado sin que hubiera un informe de la Dirección General de Patrimonio que lo autorizase. Tras la declaración el juez desimputaba al también ex alcalde Raúl López, portavoz del PP en el Consistorio; y al actual concejal No Adscrito, y portavoz de IUCM en el momento investigado, Francisco San Frutos. Además, dejan de estar investigados los concejales del gobierno socialista actual Iván López Marina, Mª Del Rosario Arroyo Lázaro y Mª Teresa González Ausín, y dos exconcejales que ya no están en la Corporación, como son Ana Belén Guillén Pablo, y Manuel Torrús Castilla.

Tras conocer la noticia, Somos Coslada emitía un comunicado en el que pedía la celebración urgente de un Pleno Extraordinario para que se den explicaciones: "El juzgado de Instrucción número 3 de Coslada ha decidido, tras el fin de sus diligencias previas, que el alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE) continúe en calidad de investigado –anteriormente tipificado como imputado- al ser “indiciariamente responsable” de un delito contra el Patrimonio Histórico en relación a la concesión en el año 2010 de la licencia de construcción de El Corte Inglés sobre el yacimiento El Calvario. Por este motivo, Somos Coslada exige a Viveros que dé la cara delante de todos sus vecinos y vecinas en un Pleno extraordinario en horario de tarde y que muestre toda la documentación al respecto", afirman.

“Queremos conocer todos los intereses que oculta el PSOE, ya que votó en contra de que se constituyera una Comisión de Investigación sobre la construcción de El Corte Inglés propuesta por Somos Coslada en el Pleno del mes de enero”, manifestó la portavoz de Somos Coslada, Viky Robles. “La ciudadanía de Coslada merece conocer porqué el actual Alcalde concedió la licencia a sabiendas de que no existía ningún informe de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid a pesar de que este organismo advirtió de que si se hacía esta obra se necesitaba una autorización por su parte”, expresó Robles. “Ahora -prosigue la portavoz-, no sólo tenemos desde hace unos años un socavón en medio del recinto ferial, que es un foco de mosquitos y de ratas, sino al actual alcalde imputado por este motivo y unas consecuencias económicas desastrosas para nuestro municipio”.

El asunto comenzaba cuando la Fiscalía de Medio Ambiente anunciaba su intención de investigar indicios de responsabilidad penal en la destrucción de un yacimiento arqueológico en la parcela de 30.000 metros cuadrados junto al Recinto Ferial, una parcela conocida como yacimiento “El Calvario”, que tenía la petición de protección BIC desde 1991.

En aquel año, la localidad, gobernada por IU, decidía pedir la declaración BIC del importantísimo yacimiento arqueológico, en el que, según explicaban por aquel entonces, había relevantes vestigios del neolítico y del paleolítico en la zona de “El Calvario”. Y es que el yacimiento de “El Calvario”, además de ser uno de los más importantes de la zona centro de España, contenía pinturas rupestres, y ya aparece documentado en un trabajo del geólogo Estéban Márquez Triguero fechado en 1965.

Pero a los pocos años el proyecto sufrió un importante revés: en 1995 el Ayuntamiento, todavía controlado por IU, aprobaba un nuevo PGOU, vigente en la actualidad, en el que se abría la puerta a destinar la parcela a otros usos distintos a los de protección cultural. La Comunidad, al aprobar el PGOU, se mostró tajante: para cualquier movimiento de tierras en esa parcela sería indispensable un informe de la Dirección General de Patrimonio.

No obstante, el Ayuntamiento hizo caso omiso de la advertencia, y aprobó, en Junta de Gobierno, el movimiento de tierras pedido por los propietarios de la parcela, provocando la destrucción del yacimiento. Mucho tiempo después, en 2004, comenzaba el proyecto de construcción de El Corte Inglés en esa misma parcela, un proyecto que ha sufrido varias modificaciones durante estos once años.

En 2012, y como corresponde a un bien en proceso de ser declarado BIC, Patrimonio Histórico envió a un inspector a la parcela para ver la situación en que se encontraba el yacimiento, y el inspector se encontró con la dramática sorpresa de que había sido destruido en su totalidad.

Un año después, y antes las irregularidades administrativas detectadas, la Comunidad abrió expediente al Ayuntamiento, un Expediente que concluía con el traslado de las actuaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente, que detectó las posibles responsabilidades penales y abrió el proceso judicial que acaba de comenzar.