Cuenta con sesenta plazas de atención a personas con discapacidad intelectual grave

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la propuesta de adjudicación a la Fundación Ande del contrato de gestión del Centro Residencial y Centro de Día de Coslada, para la atención a personas adultas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, que garantiza el mantenimiento de 60 plazas por un importe de 3.917.910 euros.

El expediente de contratación ha sido promovido por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, tramitándose por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Este centro de atención a personas con discapacidad intelectual, cuya titularidad es de la Comunidad de Madrid, cuenta con 32 plazas residenciales y 28 plazas de centro de día.

Los usuarios atendidos en el centro de Coslada son personas adultas con grandes necesidades de apoyo y discapacidad intelectual de carácter profundo, severo o moderado, con trastornos graves asociados, que así lo tengan determinado como modalidad de intervención más adecuada en su Programa Individual de Atención (PIA) del sistema de Dependencia.

La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma de toda España que ofrece atención social gratuita a personas con discapacidad o enfermedad mental de su región, contando con una red compuesta por más de 23.000 plazas.

La atención a las personas con discapacidad es una de las prioridades de las políticas del Gobierno regional, con el objetivo de defender sus derechos y libertades, fomentar la autonomía personal y la plena inclusión de estas personas en la sociedad.

En este sentido, la Comunidad de Madrid está trabajando en la elaboración de una nueva Estrategia de Atención a Personas con Discapacidad, que abordará diversos ámbitos que afectan a estas personas como atención social y sanitaria, autonomía personal y vida independiente, accesibilidad, educación, empleo, participación e inclusión en la sociedad o igualdad de oportunidades, entre otros.

Para la elaboración de esta Estrategia se cuenta con la participación y aportaciones de las distintas administraciones públicas, entidades y asociaciones representativas del Tercer Sector de la Discapacidad, agentes sociales y personas con discapacidad y sus familias.