Como el juez que tumbó las medidas cautelares, considera que está amparado por la libertad de expresión

Era previsible que ocurriese. Lo que no era tan previsible es que la decisión judicial llegase antes de abrirse las urnas, pero así ha sido: la jueza de Madrid encargada de decidir si existía delito de odio en el cartel electoral de VOX en que el partido comparaba el gasto en MENAs con el coste de una pensión de viudedad, decidía archivar la denuncia al considerar que no existen indicios de delito.

En un durísimo auto la jueza reproduce prácticamente los mismos argumentos que llevaron a otro tribunal a anular las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía. Así, la jueza considera que los carteles “no tienen la intensidad necesaria” para ser considerados delitos de odio, por lo que están totalmente amparados en el ámbito de la libertad de expresión.

Exactamente igual que su compañera del juzgado encargado de las cautelares, la jueza entiende que no es un asunto penal discernir si los datos que se aportan son reales o no, ya que sólo sirven como apoyo para trasladar una idea plasmada en un programa electoral; “los hechos denunciados constituyen el desarrollo, la forma de expresión en campaña electoral de la política de inmigración de Vox, así como la política sobre el delito de usurpación y otras cuestiones”, explica la jueza.