Para protegerlas, y hacerlas compatibles con otros usos

La Comunidad de Madrid reforzará la protección y conservación de los más de 4.000 kilómetros de vías pecuarias de la región a través de un nuevo reglamento. El Consejo de Gobierno ha aprobado el texto que contempla la conservación del patrimonio natural y cultural de estos caminos, así como su protección y gestión para hacerlos compatibles con sus usos públicos.

El nuevo reglamento, que viene a desarrollar la Ley 8/1998, de 15 de junio de Vías Pecuarias, tiene un doble objetivo: por un lado, se pretende remarcar la protección, defensa y conservación de las vías pecuarias, que son patrimonio histórico de todos los madrileños, y por otro preservarlas para darles, además de un uso ganadero, una utilidad pública y de ocio sostenible.

El uso prioritario de las vías pecuarias es la trashumancia estacional, pero también se incluyen los usos comunes compatibles y complementarios con esta actividad. Para este año, el Ejecutivo regional tiene previsto invertir 1,5 millones de euros en la conservación de las vías pecuarias.

El reglamento, que consta de 63 artículos, cinco títulos, dos disposiciones transitorias y una disposición final, tiene tres ejes fundamentales que pasan por la regulación de las actuaciones administrativas para garantizar el principio de seguridad jurídica y racionalización de los recursos públicos.

En segundo lugar, se simplifican los procedimientos administrativos para dar mayor agilidad y que se cumplan los distintos fines que tienen asignadas las vías pecuarias, así como la duración máxima de los procedimientos administrativos, y los sancionadores. En el caso de los administrativos están referidos a la clasificación, deslinde, amojonamiento, desafectación de terrenos, enajenación, cesión, permuta de las vías pecuarias y recuperación de oficio. También están incluidas las modificaciones de trazados, los cruces por obra pública, recuperación de oficio y las ocupaciones temporales.

Por último, el tercer eje está referido a uso y disfrute de estos enclaves naturales para los ciudadanos, así como a su conservación. También incluye las medidas para proteger y conservar sus valores naturales, culturales y tradicionales.

Este documento es fruto de un amplio proceso de participación, con aportaciones de asociaciones e informes preceptivos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, así como las diversas consideraciones de los técnicos especializados de la Comunidad de Madrid.

Las vías pecuarias cuentan ya con numerosas medidas de protección que ha ido implementando el Gobierno regional y que van encaminadas a su uso equilibrado, compatible siempre con su sostenibilidad.

La Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas con mayor densidad de vías pecuarias. Dispone de un total de 4.109 kilómetros que ocupan una superficie de 13.285 hectáreas y que representan el 1,6% del territorio de la región.

Las vías pecuarias están clasificadas en cañadas (75 metros de anchura), cordeles (hasta 37,5 metros), veredas (hasta 20 metros), coladas (cualquier vía de menor anchura) y descansaderos y abrevaderos (que son ensanchamientos importantes de las vías pecuarias).

En la actualidad la Comunidad de Madrid cuenta con 1.768 vías pecuarias clasificadas: 533 deslindadas, 325 amojonadas y 23 declaradas de interés natural, ubicadas en Lozoya y Chapinería. Además, hay 73 rutas señalizadas, entre las que destaca la Senda de las Merinas en Prádena del Rincón o la ruta que une Soto de Viñuelas con Montejo de la Sierra en cinco etapas.

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la tramitación de la Ley de Mercado Abierto, una norma anunciada por la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, en el último Debate sobre el Estado de la Región, y que será pionera en España para la apertura del mercado regional a operadores de otras comunidades autónomas. Este anteproyecto, aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno, eliminará trabas administrativas injustificadas e innecesarias que dificultan el progreso económico y social de la región.

De este modo, el Ejecutivo madrileño pretende que, con carácter general, todo operador económico establecido legamente en el territorio nacional pueda desplazarse libremente a la Comunidad de Madrid para ejercer su actividad sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica.

Esto contribuirá a reducir trabas y regulaciones innecesarias, potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar la actividad económica de la región mediante la libre circulación de bienes y servicios y el reconocimiento automático de licencias, para que empresas y profesionales de todo el territorio nacional puedan operar en la región.

La nueva Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid busca acabar con la fragmentación de la unidad de mercado, el exceso de regulación sobre los operadores económicos y las cargas administrativas que suponen un inconveniente para el desarrollo económico.

En este sentido, la actividad económica de la región necesita de un entorno institucional que permita incentivar una cultura emprendedora y abierta a todos los operadores económicos que, tanto en los mercados de bienes como de servicios, cumplen sus respectivas normativas en cualquier lugar del territorio nacional.

Así, el Gobierno regional creará un marco regulatorio eficiente que simplifique la legislación existente, elimine las regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas.

De este modo, esta iniciativa legislativa pretende renovar y reinterpretar los objetivos originales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Además, el impulso en la apertura de mercados permite luchar contra la crisis económica y fomenta el desarrollo, lo que a su vez posibilita la financiación de los servicios públicos. Por ello, en el marco de crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19, urge reactivar todo el potencial emprendedor de la región, con la mayor protección legal posible, dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid invertirá un total de 9.896.774,97 euros en la recuperación de 48.000 metros cuadrados para la construcción de un nuevo parque en el Tercer Depósito de la empresa pública Canal de Isabel II en Madrid. Las obras de este nuevo espacio verde, que estará situado en una parcela de 12 hectáreas, se prevé que comiencen en el primer trimestre de este año y tienen un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el importe destinado a la construcción del nuevo equipamiento enclavado en el distrito de Chamberí, recuperando para ello los 48.000 metros cuadrados que abarcaban un campo de prácticas y de lanzamiento de golf. Este proyecto, en el que se han tenido en cuenta las demandas de los vecinos del distrito de la capital, supondrá la remodelación de las antiguas instalaciones que fueron demolidas.

Esta remodelación tiene tres objetivos: incrementar las zonas verdes, dar preferencia a deportes que no necesiten instalaciones específicas y crear espacios para el desarrollo de programas lúdicos y culturales.

Con la recuperación de estos terrenos, el parque contará con más de 55.000 metros cuadrados de zonas verdes, aumentando en un 40% la superficie arbolada con un total de 800 árboles y 100 arbustos nuevos. Estos elementos crearán una barrera vegetal para amortiguar el ruido del tráfico y reducir la contaminación, así como una zona de estancia junto al monumento al héroe de Filipinas José Rizal.

Las zonas deportivas se ampliarán en cerca de 11.000 metros cuadrados. Así, además de las pistas ya existentes de fútbol y pádel, se construirán otras multiusos para la práctica de vóley playa, hockey, patinaje, baloncesto, voleibol, balonmano.

También está previsto construir un espacio cubierto para la práctica de deportes, así como circuitos con recorridos diferenciados para andar y correr. Por último, habrá una nueva zona de actividad física con circuito bio-saludable, parque de calistenia y pistas para jugar a la petanca y, además, se estudiará la ubicación de un rockódromo.

En cuanto a la creación de espacios abiertos, se habilitarán 21.000 metros cuadrados en torno a una gran plaza en la que podrán desarrollarse conciertos, espectáculos y otras actividades lúdicas y culturales.

Esta no es la única actuación llevada a cabo por el Gobierno regional para poner a disposición de los madrileños parte de los terrenos de la empresa pública Canal de Isabel II.

Así, hace dos meses el Ejecutivo regional inauguró el Parque Bravo Murillo, situado en la calle del mismo nombre y junto a las oficinas centrales de la compañía, que cuenta con 3.745 metros cuadrados de superficie. Dos años atrás, entró en servicio el parque de Ríos Rosas, un espacio de 2.500 metros cuadrados en la calle de Santa Engracia, junto al Primer Depósito Elevado de la empresa.

Estas tres instalaciones suponen conjuntamente la activación de más de 123.000 metros de espacios de Canal de Isabel II en Chamberí para uso y disfrute de los ciudadanos, y a todos ellos se suma también el Parque IV Depósito, en Plaza de Castilla, inaugurado en 2004 y que cuenta con una superficie de más de 45.000 metros cuadrados.

La Comunidad de Madrid reducirá a casi la mitad el tiempo de la tramitación de sus disposiciones normativas gracias al Decreto que ultima la Consejería de Presidencia y cuyo proyecto ha sido validado por el Consejo de Gobierno con su envío a la Comisión Jurídica Asesora. Esta nueva normativa autonómica permitirá establecer un procedimiento propio para la elaboración y la aprobación de disposiciones de carácter general.

El texto del Decreto supondrá agilizar la tramitación de las normas al pasar de una media de 125 hábiles a unos 70 debido, fundamentalmente, a la reducción de los plazos de emisión de informes, la simultaneidad de algunos de ellos, la supresión de trámites innecesarios o duplicados y a la normalización de documentos.

Igualmente, establecerá un procedimiento de urgencia que baja los plazos a la mitad y un procedimiento simplificado para el caso de las disposiciones normativas de carácter organizativo. En ambos casos se aligera la tramitación y se aminoran dichos plazos.

El procedimiento para la elaboración y aprobación de normas no se encuentra regulado actualmente de una manera completa y sistemática en la Comunidad de Madrid, por lo que se ha de recurrir con carácter supletorio al ordenamiento estatal, sin perjuicio de algunas especialidades dispersas en el ordenamiento autonómico.

Esta norma, enmarcada dentro de las medidas del Plan de Reactivación frente a la COVID-19 y responde a la necesidad de racionalizar y simplificar la gestión pública y mejorar la eficacia de la Administración.

Además, el Decreto conllevará también establecer un Plan Normativo plurianual, en lugar de un Plan Anual como hasta ahora, lo que mejorará la planificación normativa del Gobierno regional. No obstante, con el fin de ajustar su contenido a las necesidades y circunstancias del momento, se contempla la posibilidad de introducir con carácter anual las modificaciones que resultaran necesarias.

El Decreto da carácter permanente a la Comisión Interdepartamental para la reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid, creada en el marco del Plan de Reactivación frente a la COVID-19, involucrándola especialmente en las labores de planificación y evaluación normativa.

El Decreto introduce, también, la denominada huella normativa que es el conjunto de documentos y contenidos que deberán publicarse en el Portal de Transparencia en relación con el procedimiento de elaboración de normas, permitiendo el conocimiento de los expedientes de los proyectos normativos.

Asimismo, en el marco de las políticas de transformación digital de las administraciones públicas, se impulsarán los trabajos necesarios para la gestión electrónica de los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general, en colaboración con la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha aprobado, en la reunión del Consejo de Gobierno, un gasto de 257.000 euros correspondiente a la segunda prórroga del contrato para el transporte de personas con discapacidad intelectual al Centro Ocupacional Ángel de la Guarda. Este acuerdo permite garantizar la continuidad del servicio, que se viene prestando desde 2017, durante los próximos doce meses, desde el próximo 1 de febrero hasta el 31 de enero de 2022.

Los centros ocupacionales son equipamientos sociales destinados a la atención diurna de personas con discapacidad, cuya finalidad consiste en la habilitación profesional, el desarrollo personal y la inclusión social de los usuarios. Estos centros incorporan actividades para el desarrollo normal de las personas cuya discapacidad les impide, de forma provisional o definitiva, su inserción laboral y social.

Las prestación de este servicio es esencial ya que, al tratarse de centros de día y por lo tanto no residenciales, los usuarios de estos recursos necesitan tener a su disposición un medio de transporte que les permita trasladarse con seguridad desde sus hogares hasta el centro en el que están recibiendo atención y que, una vez terminada la jornada, les devuelva a sus domicilios.

Los contratos autorizados hoy incorporan una nueva modalidad de plazas de apoyo y seguimiento laboral, pensadas especialmente para responder a las necesidades individuales de las personas con alto perfil de empleabilidad. Así, estas plazas les van a permitir mantener el vínculo con su centro ocupacional al compatibilizar su empleo con las actividades complementarias que desarrollan estos recursos.

La empresa adjudicataria de este contrato (Daivel S.L.) ha prestado el servicio de forma satisfactoria y con estricto cumplimiento de las condiciones pactadas, por lo que el Consejo de Gobierno ha decidido prorrogar el contrato vigente durante un año más.

La Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto para la creación de los Registros de Entidades de Formación Profesional para el Empleo y de Formadores de la región. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a su puesta en marcha con el objetivo de mejorar la calidad en la formación para el empleo y, en consecuencia, las posibilidades de acceso al mercado de trabajo y a la promoción profesional de los trabajadores madrileños.

Con la creación de estos Registros, la Comunidad de Madrid continúa apostando para lograr un sistema de formación profesional para el empleo eficaz, que contribuya a la buena marcha de la economía y que mejore la competitividad de las empresas madrileñas.

El Decreto constituye un instrumento para la planificación y ordenación de las entidades, centros y formadores en el ámbito de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá el conocimiento actualizado de los recursos existentes en nuestra región en materia de formación profesional para el empleo.

De este modo, estarán acreditadas y/o inscritas en el Registro de Entidades de Formación Profesional para el Empleo aquellas entidades, públicas y privadas, que pretendan impartir cualquiera de las especialidades incluidas en el Catálogo de Especialidades formativas, según la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Por otra parte, el Registro de Formadores se conforma como un sistema transparente, dotado de seguridad jurídica, que servirá para verificar que estos profesionales cumplen con los requisitos necesarios para llevar a cabo su labor.

Así, se garantizará que los formadores de la Comunidad de Madrid están al día de los conocimientos y las técnicas necesarias a la hora de impartir los módulos o programas formativos de su competencia. La inscripción en este Registro será de carácter voluntario, ofreciendo un marco claro y estable para los formadores.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, ha iniciado la formación de todos los directores y responsables de la Red de Oficinas de Empleo de la región en materia LGTBi+ con el fin de fomentar la inclusión laboral de este colectivo. En este sentido, la viceconsejera de Empleo, Eva Mª Blázquez, ha participado en una jornada, organizada por el Gobierno regional junto a myGwork, en la que se han analizado la diversidad y la inclusión LGTBi+ en el ámbito del trabajo.

Durante su intervención, Blázquez ha insistido en la necesidad de que estos profesionales adquieran conocimientos específicos en este ámbito, porque “el conocimiento y la formación son las bases sobre las que construir una sociedad abierta, diversa e inclusiva, en la que todos sumemos y trabajemos en libertad”, a lo que ha añadido “el firme compromiso de la Comunidad de Madrid con este colectivo, y la necesidad de emprender más acciones en materia de diversidad e inclusión LGTBI+ tanto en el ámbito de la empresa privada como de las instituciones públicas”.

A lo largo de la jornada se han dado a conocer los datos del estudio ADIM en el marco del Proyecto Europeo Avanzando en Gestión de la Diversidad LGBT en el Sector Público y Privado. Según esta investigación, el 72% de estos trabajadores no ha revelado su orientación sexual o identidad de género en su ámbito profesional. Los motivos esgrimidos por estos profesionales son el miedo a perder oportunidades laborales (en el 21% de las ocasiones), al rechazo o aislamiento (18%) y a quedarse sin empleo (7%). Así, los trabajadores LGTBi+ encuestados ocultaban su orientación sexual o identidad de género, entre otros motivos, para evitar estereotipos o prejuicios (en el 43% de los casos) y para que no cambiara la valoración que se tiene de ellos como profesionales (24%).

Por otro lado, en la sesión de trabajo se mostraron también las acciones llevadas a cabo por empresas como Oracle o la Fundación 26 de Diciembre para la inclusión de personas Trans y el Programa LGTBI+ de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha presentado en la plaza de toros de las Ventas el Curso Práctico de Periodismo y Comunicación Taurina, una iniciativa privada que cuenta con el patrocinio del Centro de Asuntos Taurinos y que tiene como objetivo incidir en la especialización sobre información taurina de los futuros profesionales de la comunicación.

El viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, Miguel Ángel García, ha sido el encargado de la presentación de este curso, que está dirigido a todas aquellas personas que deseen profundizar en el mundo de la tauromaquia, licenciados en comunicación, profesionales del sector como periodistas, fotógrafos y aficionados a los toros tanto del mercado español como de Latinoamérica o Francia. Se iniciará en marzo y se impartirá en la sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas.

La tauromaquia, patrimonio histórico y cultural de nuestro país, es además una industria que en circunstancias normales genera un impacto económico anual superior a los 1.500 millones de euros; crea, solo en la región, unos 12.000 empleos, entre directos e indirectos; y es el segundo espectáculo de masas, con más de siete millones de espectadores que asisten cada año a festejos taurinos. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha sido la causa de un fortísimo descenso en su actividad, con pérdidas en el campo bravo que, según estimaciones de los expertos, ascenderían a 100 millones de euros.

La Comunidad de Madrid ha contribuido a paliar las tremendas pérdidas de este sector, demostrando con ello su apoyo incondicional al mundo del toro y a todos aquellos colectivos que lo conforman. Así, entre otras acciones, ha creado una línea de ayudas, por importe de 4,5 millones de euros, destinadas al apoyo de los criadores madrileños de toro de lidia; ha protegido la tauromaquia como patrimonio cultural, a través de la firma de un protocolo con el Ayuntamiento de Madrid; y ha recuperado las instalaciones municipales de la Venta del Batán para la Escuela de Tauromaquia José Cubero.

El Curso Práctico de Periodismo y Comunicación Taurina tiene un carácter eminentemente práctico y se estructura en cuatro bloques que abordan todas las perspectivas del mundo del toro: los valores culturales y la historia de la tauromaquia, así como todos los conocimientos teórico-prácticos imprescindibles para la comunicación taurina, tanto para prensa escrita como para radio, televisión y medios digitales.

Asimismo, los alumnos tendrán la oportunidad de conocer las instalaciones de la Plaza número uno del mundo, el ruedo, los corrales, la enfermería, la biblioteca y el museo, de la mano del presidente de Plaza 1 (actual empresa gestora de Las Ventas), Rafael García Garrido.

El curso aportará a los participantes una titulación y una formación específica para especializarse y poder acceder a la oferta laboral de comunicación taurina, gracias a la bolsa de prácticas para todos los alumnos que tendrán la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación.

La Comunidad de Madrid está reforzando la coordinación entre su Servicio de Emergencias Sociales y el Samur Social del Ayuntamiento de Madrid, para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables de la capital. Así lo ha señalado el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo, que junto al delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, José Aniorte, ha visitado hoy la sede del Samur Social, donde ha agradecido a los trabajadores su incansable trabajo de las últimas semanas para paliar los efectos del temporal, o la hora de evacuar y trasladar a los mayores de la residencia afectada por la explosión del edificio de la calle Toledo.

Luengo ha destacado la intensa actividad de ambos servicios ante las últimas emergencias que ha sufrido la región, en las que la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición del Ayuntamiento más de 100 plazas para personas sin hogar en sus recursos de Atocha, Usera y la localidad de Collado Mediano. Una colaboración que se ha reforzado esta semana con la apertura en Alcobendas de un nuevo recurso para personas y familias sin hogar con síntomas leves de COVID-19, cuyas plazas también ha puesto a disposición del servicio de emergencias de la capital para posibles derivaciones. Toda esta cooperación se formalizó el pasado mes de diciembre con la firma de un convenio entre Comunidad y Ayuntamiento para el refuerzo de la actuación con personas sin hogar y situaciones de emergencia social.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido el compromiso de los universitarios con el voluntariado, coincidiendo con la reunión que ha mantenido con el presidente de VOLUNFAIR, Ignacio García. Esta organización, impulsada por alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, promueve una feria de voluntariado universitario que se celebra a mediados de febrero, durante dos jornadas completas.

En este espacio, desde sus inicios, en el 2015, miles de jóvenes han podido conectar con los proyectos solidarios que realizan más de 60 ONGs y entidades sociales por todo el mundo. A la reunión, celebrada en la Real Casa de Correos, han asistido también el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, y la vicepresidenta de VOLUNFAIR, María Lanzuela. Con el lema ¡Desgasta tus zapatillas!, la próxima edición de la feria de voluntariado se celebrará el 10 y 11 de febrero en formato online. En esta ocasión, espera contar con el compromiso, inquietudes e ilusión por ayudar de más de 3.500 jóvenes.

La Comunidad de Madrid está ultimando con las patronales del sector y los sindicatos el nuevo acuerdo marco que fijará las condiciones de la atención que deben recibir los mayores de la región en las plazas de residencias financiadas, de manera parcial o total, por el Gobierno madrileño. Este nuevo texto, que sustituirá al vigente desde 2017 y sumará 58 millones de euros anuales extra a esta partida, “va a suponer una mejora sustancial en la calidad de los servicios que reciben nuestros mayores y un paso decisivo hacia el modelo de atención social centrada en la persona que estamos implantando”.

Así lo ha señalado el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Javier Luengo, durante su intervención ante el Pleno de la Asamblea, donde ha desgranado algunas de las características principales de este nuevo modelo.

Las condiciones fijadas establecen las características (régimen económico, criterios de adjudicación, prescripciones técnicas, etc.) de los contratos de servicios que licite el Ejecutivo regional para el mantenimiento de plazas públicas en las residencias de mayores de la región. Unas plazas cuyo precio pasará de los 54,51 euros diarios del acuerdo marco vigente a los 74,88 euros al día del nuevo, lo que supone un incremento del 37,4%.

La consecuencia inmediata de esos casi 20 euros diarios más por plaza será un incremento de cinco puntos en el ratio de personal de atención directa (en el que se incluyen médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o psicólogos), que pasa de 0,42 a 0,47 por residente. Se fijarán además ratios para gerocultores (0,33) y para la suma de todos los profesionales encargados de la limpieza, manutención y mantenimiento (0,15) que hasta ahora no estaban determinados.

Otra de las grandes novedades de este texto es que, por primera vez, los criterios de calidad en la atención van a primar sobre la oferta económica en la adjudicación de los contratos. Aspectos como el desarrollo de talleres de terapia recreativa (ludoterapia, jardinoterapia…); la contratación de fisioterapeutas o animadores socioculturales; la existencia de planes de formación continuada para todos los trabajadores, o la disponibilidad de mayor número de habitaciones individuales son algunos de los criterios de calidad que se podrán valorar con hasta 51 puntos, dejando el peso de la oferta económica en un máximo de 49 puntos frente a los 70 que establecía el acuerdo vigente.

Para incrementar las garantías de buen servicio a los usuarios, el nuevo texto endurecerá el régimen sancionador ante posibles incumplimientos –por ejemplo, los problemas de limpieza en habitaciones, ropa y demás espacios pasan a ser considerados faltas graves en lugar de leves- y ampliará los supuestos que permiten a la Administración rescindir los contratos con los adjudicatarios. Así, entre estas causas estará la imposición de tres penalidades muy graves en un año o cinco muy graves o graves a lo largo de la ejecución del contrato, o el incumplimiento de los compromisos de calidad en la atención ofertados en la licitación.

El nuevo modelo también incorporará novedades para mejorar la manutención de los residentes, que deberán disfrutar de menús variados en los que primen los productos frescos y de temporada que aseguren una dieta equilibrada. Para fomentar la participación y la adquisición de buenos hábitos nutricionales entre los residentes, los centros deberán crear una Comisión de menús, que estará integrada por los responsables de la elaboración de estos menús y por tres mayores residentes o familiares de los mismos. Esta comisión garantizará la participación de los residentes en el diseño de los menús y se reunirá al menos una vez al mes para aportar sus sugerencias, propuestas de mejora y opiniones recabadas del resto de usuarios.

El acuerdo también señala que los adjudicatarios solo podrán subcontratar con terceros la realización de prestaciones accesorias al contrato (limpieza, cocina, lavandería…) y en ningún caso se podrá subcontratar personal de atención directa salvo profesionales de enfermería.

La Comunidad de Madrid dirigió más de 5.000 actuaciones de sus servicios de emergencia durante la gestión de la borrasca Filomena, tal y como ha detallado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López en la Asamblea regional, donde ha defendido la coordinación del Gobierno regional con el resto de administraciones a la hora de hacer frente a la emergencia provocada por el paso del temporal.

En su balance del Plan de Inclemencias Invernales, López ha destacado que, entre el 8 y el 24 de enero, fecha en la que se fijó la alerta en nivel 0, la Comunidad, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), 4.000 de estas acciones fueron del Cuerpo de Bomberos regional y 258 de los retenes forestales en un total de 168 municipios. Por su parte, el Cuerpo de Agentes Forestales realizó 668 intervenciones en 125 municipios, entre traslados de profesionales sanitarios y pacientes a centros hospitalarios; suministro de sal a instalaciones críticas, y rescates de personas.

Asimismo, el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) llevó a cabo un total de 69 intervenciones en 25 municipios, entre las que destacan la asistencia a vehículos atrapados, la limpieza de nieve y hielo, logística y avituallamiento. Por su parte, desde la Dirección General de Carreteras se realizaron 231 intervenciones ante incidencias en las carreteras madrileñas.

A estas acciones de los servicios públicos madrileños hay que sumar la gestión de las intervenciones de los recursos ofrecidos por el Gobierno de España. En este caso, ASEM112 coordinó las 221 intervenciones de la UME en 113 municipios, 109 de ellas en la ciudad de Madrid, así como las 912 acciones de Carreteras del Estado en vías madrileñas.

Por su parte, el teléfono 112 recibió un total de 255.690 llamadas: 894 originadas por accidentes de tráfico; 5.638, por alteraciones del tráfico y 3.782 por caídas y resbalones de ciudadanos debido a las placas de hielo. Y desde la ASEM112 se gestionó el reparto de 425 toneladas de sal a 129 municipios que habían agotado sus reservas y también para los trabajos de recuperación de la accesibilidad realizados por Agentes Forestales, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real, SUMMA, centros de Atención Primaria, parques de Bomberos y la Agencia de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

López ha subrayado la “previsión, decisión, prudencia y esfuerzo” demostrados por todos los profesionales del ASEM112, así como del resto de integrantes del dispositivo que, también a nivel nacional y municipal, se enfrentaron al impacto del temporal de nieve y al posterior episodio de bajísimas temperaturas.

Como ha descrito el consejero, desde el pasado 8 de enero la región vivió una “auténtica catástrofe natural”, la más virulenta del último siglo, provocada por la caída de más de 2.000 millones de metros cúbicos de nieve en todo su territorio, y que, en apenas 24 horas, se transformaron en 200 millones de toneladas de hielo.

Pese a que “no hay medallas que colgarse ni éxitos que celebrar”, Lopez ha elogiado una gestión que permitió “hacer posible lo necesario”, y que logró “encauzar, gestionar y doblegar una situación muy compleja” gracias a la “responsabilidad y máxima cooperación institucional”.

Tras reconocer las molestias generadas a los madrileños por el temporal, López ha recordado que Madrid no sufrió cortes energéticos significativos, que en ninguna de las operaciones se registraron daños personales de importancia y que en un tiempo récord se garantizaron las comunicaciones básicas por carretera, así como los suministros hospitalarios y alimentarios.

A juicio del consejero, este balance da cuenta de la coordinación, eficacia y eficiencia de todos los profesionales q8ue participaron en el dispositivo y ha reconocido que ese logro se debió también al “civismo demostrado por los madrileños, que dieron una lección de prudencia, solidaridad y paciencia ante las limitaciones que sufrieron” como consecuencia de los efectos de la tormenta.

Asimismo, López ha subrayado la “transparencia” con la que actuó en todo momento el Ejecutivo regional, ofreciendo información y recomendaciones a los medios de comunicación y a los ciudadanos desde el 4 de enero, y celebrando ruedas de prensa diarias y entrevistas de los responsables regionales y portavoces del dispositivo de emergencias.

En su intervención, López ha defendido la necesidad de que los ayuntamientos, especialmente aquellos con más de 20.000 habitantes, elaboren su propio Plan Municipal de Protección Civil –tal y como exige el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) y la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil-, así como el correspondiente Plan de Actuación ante Inclemencias Invernales.

López ha recordado que el Ejecutivo madrileño ha colaborado en la elaboración de estos planes con 25 municipios de menos de 20.000 habitantes, y los ha calificado como instrumentos de gestión que mejorarían la coordinación entre las administraciones en caso de producirse otro temporal de estas características.

Asimismo, tras recordar que el Gobierno regional está a punto de culminar una Ley autonómica de Protección Civil, López ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España impulse y adapte la actual Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para que sea una “gran Ley Nacional de Emergencias”.

Como ha explicado López, esta norma debe, sin abusar del Estado de alarma, fijar de forma clara los distintos niveles de las emergencias, clarificar la declaración del interés nacional de un episodio de este tipo y ofrecer a las autonomías garantías para la suspensión de la movilidad o de algunas actividades cuando se declare una emergencia.

En este ámbito de mejora, el Gobierno regional considera positivo también que a través de la modificación pendiente de la actual Ley General de Telecomunicaciones, las comunidades autónomas puedan lanzar a la población alertas públicas ante grandes catástrofes o emergencias, con todas las garantías y el debido autocontrol.

Por último, López ha defendido la necesidad de que los vehículos de los retenes forestales que durante la gestión de la borrasca Filomena dieron apoyo a los municipios, cuenten a partir del próximo año con equipos ligeros de vialidad invernal, que permitan auxiliar a dichos municipios si es necesario en futuras emergencias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado Madrid 5e: Currículo digital integrado, una herramienta que el Gobierno regional ha puesto este curso al alcance de los alumnos, desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, con materiales digitales para las asignaturas troncales, con más de 300.000 contenidos curriculares tanto en castellano como en inglés.

Esta plataforma, como ha señalado la presidenta, forma parte de una transformación digital que se ha visto acelerada por la pandemia y representa la “educación y la formación del futuro, una nueva forma de trabajar” donde no habrá que perder de vista las dificultades que puede generar el individualismo para que las nuevas generaciones sepan que “tienen que formar parte de un proyecto común que es su país”.

Díaz Ayuso ha explicado que para el Gobierno de la Comunidad la educación es prioritaria, una educación “de calidad”. “Siempre hemos defendido que sea una educación que mantiene las esencias de la escuela tradicional, del esfuerzo, del mérito, de la superación y del respeto del profesor, pero con las esencias del futuro y de las nuevas tecnologías”, ha subrayado.

La presidenta regional ha presentado esta mañana la iniciativa que ha sido desarrollada por Inetum y Grupo Planeta en un acto en la Real Casa de Correos, donde ha asistido también el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio, y han participado el presidente de Grupo Planeta, José Creuheras, y el director general de Inetum Iberia-Latam, Carlos Muñoz.

La herramienta está ya disponible para los más de 2.000 centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad. En concreto, está dirigida a 150.000 alumnos de Primaria, 260.000 en Secundaria y 72.000 en Bachillerato.

Los docentes recibirán una formación específica para poder desarrollar esta nueva herramienta, al tiempo que la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los centros un servicio de atención para resolver dudas e incidencias, todo ello, con el fin de sacar el máximo provecho a este servicio.

Según las estimaciones, en el curso 2021-2022, casi tres de cada cuatro docentes empleará en sus clases estos recursos digitales en algún momento. Asimismo, el 20% de los profesores hará un uso constante de los mismos, introduciendo un cambio metodológico que contribuirá al desarrollo de competencias digitales de docentes y alumnos.

La Comunidad de Madrid ha establecido planes educativos estratégicos para conseguir que la vuelta a las aulas fuese no solo segura, sino también un medio para seguir evolucionando en la educación digital.

La presidenta regional se ha referido al esfuerzo realizado por el Ejecutivo autonómico para adquirir dispositivos electrónicos con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos. Durante el primer trimestre del curso 2020-2021, ha invertido más de 83 millones de euros para hacer posible esta transformación digital; con los que se han obtenido más de 110.000 dispositivos para docentes y alumnos, se han establecido convenios con empresas tecnológicas, y se ha reforzado EducaMadrid.

Los Centros de Educación para Adultos (CEPA) de la Comunidad de Madrid que estén ubicados en áreas básicas de salud y municipios donde se hayan establecido restricciones de movilidad por la evolución del COVID-19 podrán impartir clases online. Así se les ha comunicado desde la Consejería de Educación y Juventud a los equipos directivos de los CEPA, que pueden optar por desarrollar su actividad lectiva a distancia mientras duren las mencionadas restricciones, según las recomendaciones que recoge la nueva Orden publicada hoy por la Consejería de Sanidad.

En la Comunidad de Madrid existen un total de 84 CEPAS, de los cuáles la mayoría (76) son públicos, mientras que 8 son privados. En cuanto al número de alumnos, durante el curso 2019/2020, hubo 39.931 matriculados, de los cuales el 97,6% (38.989) cursaron las enseñanzas en centros públicos, concentrándose especialmente en Centros Públicos de Educación de Personas Adultas (69 centros dependientes de la Consejería de Educación y Juventud y 7 centros de titularidad municipal).

Dentro de la oferta educativa para personas adultas, la adquisición de los conocimientos propios de una formación inicial, como Educación Básica (7.906 alumnos) y, sobre todo, Educación Secundaria de Adultos (14.064 alumnos, que incluyen los matriculados en IES) fue la que mayor número de estudiantes concentró, seguida del acceso a estudios terciarios, que incluye la Universidad (1.257 alumnos) y los Ciclos Formativos de Grado Superior (1.831, incluyendo los alumnos en IES).