Vencían en dos años, y ahora lo harán dentro de seis

La Comunidad de Madrid garantiza la libertad de elección de más de 360.000 alumnos madrileños y eleva de 6 a 10 años la duración de los conciertos educativos, con lo que se mantiene, de manera efectiva, la libertad de elección de las familias en la región. El Consejo de Gobierno, en su reunión de este miércoles, ha aprobado este Decreto que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid –BOCM-.

Ante la reciente aprobación de la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), y su próxima entrada en vigor, el Ejecutivo autonómico ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada extendiendo la duración de los conciertos.

Según se establece en la Ley Orgánica de Educación y en la normativa autonómica madrileña, los conciertos educativos tienen una duración de 6 años, pero se permite que las comunidades autónomas cambien el tiempo de los mismos. En el caso de la Comunidad de Madrid, los conciertos que actualmente están vigentes en la región vencerían dentro de dos años.

La duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía. Con este futuro cambio, los conciertos se renovarán dentro de 6 años.

Esta medida ha sido adoptada ante la disconformidad del Ejecutivo regional tras la decisión del Gobierno de la nación de reducir el papel de la educación concertada como una red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la demanda social, la cesión de terrenos y la educación diferenciada. En la actualidad, en la Comunidad de Madrid, el 29% de las familias ha optado este curso escolar por educación concertada, lo que se traduce en más de 360.000 alumnos.

La libertad de elección de centro es uno de los pilares del sistema educativo madrileño, como demuestra que en la Comunidad de Madrid el 94% de los padres ha conseguido la primera opción de centro para sus hijos, el mejor porcentaje registrado en la región en toda la serie histórica. La región ha pasado de contabilizar un 80,5% de alumnos que obtuvieron plaza el  colegio elegido como primera opción en el curso 2006/07, -el primer año del que se tiene registros de este tipo-, al 94% de este curso 2020/21. Además, el Gobierno regional lleva cinco años consecutivos mejorando estos porcentajes de libertad educativa.

La tramitación del Decreto para elevar la duración de los conciertos se suma a otras medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para reforzar la libertad de elección de las familias. El pasado 4 de diciembre el Ejecutivo madrileño publicó las instrucciones para este proceso dirigido a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial.

De esta manera, Madrid ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar estas instrucciones, una circunstancia que permitiría continuar como hasta ahora con la admisión de alumnos. Esto obedece a que la nueva ley educativa contempla que los procesos de admisión de alumnos para el curso 2021/22  aprobados antes de su entrada en vigor, puedan desarrollarse conforme a la normativa vigente.

Esta resolución conjunta permite disponer de tiempo suficiente para realizar los trámites normativos necesarios y retrasar un año la aplicación de los cambios en materia de admisión en la región. Como consecuencia, en el próximo proceso de admisión se mantiene el distrito único en cada municipio, por el cual se garantiza la igualdad de condiciones para todas las familias para la elección de centro en su municipio, independientemente de donde residan.

La Comunidad de Madrid apuesta por la formación como vía para impulsar el sector industrial en nuestra región. Para ello, el Gobierno madrileño ofreció una intensa oferta formativa a lo largo de 2020, orientada tanto a trabajadores como desempleados, con 368 cursos en 31 municipios y con la presencia de más de 7.000 alumnos.

En los cursos dirigidos a trabajadores desempleados participaron un total de 4.394 alumnos, mientras que otros 2.663 lo hicieron en las actividades y jornadas técnicas dirigidos a trabajadores ocupados que han querido mejorar su cualificación, adaptándose así a los cambios tecnológicos del tejido productivo con el fin de progresar en sus actuales empleos.

Todos estos cursos fueron impartidos en entidades acreditadas e inscritas para impartir formación profesional el ámbito laboral -gracias a las convocatorias del Gobierno regional-, como en los centros propios de Formación Profesional para el Empleo con que cuenta la Comunidad de Madrid.

El 60% alumnos que pasa por estos centros, todos ellos de referencia nacional en sus respectivas especialidades, encuentra trabajo en los seis meses posteriores a la finalización de su formación, un porcentaje que alcanza el 100% en algunas especialidades.

En las especialidades destinadas al sector industrial, destaca la actividad formativa del Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica, ubicado en Leganés, cuyo índice de inserción laboral en 2019 alcanzó el 75%, llegando al 100% en el caso concreto del curso Embellecimiento y Decoración de Superficies de Vehículos, o el de Pintura de Vehículos.

Por su parte, el Centro de Formación en Tecnologías de Frío y Climatización, situado en Moratalaz, contó en 2019 con una inserción laboral media del 62,5%, con especialidades que superaban el 80% como Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial; Instalador Mantenedor de Instalaciones Térmicas en Edificios; y Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja tensión.

En cuanto al Centro de Formación en Edificación y Obra Civil, en Paracuellos de Jarama, registró en 2019 una inserción laboral del 51% entre sus alumnos, dato que asciende hasta el 100% en cursos como Fábricas de Albañilería.

Todas estas acciones formativas están contempladas en el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020/25, dotado con 514 millones de euros, que cuenta con la potenciación de la formación y el empleo en la industria como uno de sus objetivos fundamentales. Para ello, se han destinado 163 millones de euros hasta 2025. Las actuaciones propuestas en el Plan están encaminadas a cerrar la brecha existente entre las necesidades de las empresas industriales y la oferta educativa y formativa actual.

Los centros propios de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad de Madrid ofrecen cursos eminentemente prácticos en distintas especialidades, están calificados como Centros de Referencia Nacional (CRN) en cada una de las familias profesionales que imparten, lo que los convierte en lugares de innovación y experimentación y actúan como una institución al servicio de los sistemas de formación profesional, para facilitar su competitividad y calidad. Asimismo, sirven de referente al conjunto del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional para el desarrollo de la formación profesional.

La red de centros propios está integrada por el Centro de Formación en Edificación y Obra Civil, en Paracuellos de Jarama; el Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica, en Leganés; el Centro de Formación en Tecnologías de Frío y Climatización, en Moratalaz; el Centro de Administración, Seguros y Finanzas, en Fuencarral; y el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Getafe.

La Comunidad de Madrid da un paso más en la rehabilitación del barrio de la UVA de Hortaleza, en la ciudad de Madrid, con la firma por parte del consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, y el director gerente de la Agencia de Vivienda Social, Jorge Urrecho, del convenio regulador de las condiciones de gestión del Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUR).

Este convenio sienta las bases de gestión para llevar a cabo la tercera fase de la remodelación de la UVA de Hortaleza, donde se van a edificar 272 viviendas con un coste total de 35.170.352 euros para una actuación sobre 115.263 metros cuadrados, en el área que limita al norte por la calle Abizanda, al sur por las calles Abárzuza, Virgen del Carmen, Miranda de Arga, al este con las calles Mar de las Antillas y Alfacar, y al oeste con la calle Capitán Cortés.

También se van a llevar a cabo distintas obras para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano que incluyen la urbanización, reurbanización y mejora del entorno urbano, tales como consolidación, pavimentación, jardinería, infraestructuras, instalaciones, servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro energético, alumbrado, recogida, separación y gestión de residuos, telecomunicaciones y utilización del subsuelo. El objetivo es lograr que el barrio sea completamente accesible en sus espacios públicos y eficiente ambientalmente en el uso del agua, energía materiales, gestión de residuos y protección de la biodiversidad.

De los 42,2 millones de euros que suponen el coste total de la inversión, 35,1 se destinarán a la demolición y edificación de nuevas viviendas; 4,3 millones a sufragar las obras de reurbanización de la zona, y 2,7 millones para hacer frente a los gastos del equipo técnico de gestión. En total 34.174.575,69 euros serán aportados por la Comunidad de Madrid y el resto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La línea de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018/21 financia actuaciones conjuntas sobre ámbitos delimitados que comprenden obras de demolición y construcción de edificios y viviendas, urbanización o reurbanización de espacios públicos y ayudas para el equipo técnico de gestión. Se trata de pilares fundamentales para que la actuación conjunta prospere, ya que se encargan del planeamiento, información, gestión y acompañamiento social relacionados con las actuaciones subvencionables.

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, desde su creación en 1984, es la entidad responsable de la rehabilitación de determinados barrios y la renovación del parque residencial de vivienda de promoción pública social como el barrio de la UVA de Hortaleza.

La UVA de Hortaleza se construyó en 1963 para resolver los graves problemas de vivienda y chabolismo en los alrededores de la capital debido al éxodo rural que se produjo por la actividad industrial. Las edificaciones se concibieron con carácter temporal, para no más de cinco o diez años, por lo que se levantaron con materiales de menor calidad y se construyeron en un tiempo récord de tres meses, a cargo de un equipo de arquitectos e ingenieros dirigidos por Fernando Higueras y Antonio Miró.

Este barrio contaba con 1.104 viviendas, además de algunas equipaciones urbanas. Su original concepción, inspirada en el espíritu y los valores de la arquitectura popular meridional, los materiales utilizados y los equipamientos sanitarios, junto a su propio diseño y organización influidos por las ideas racionalistas, hicieron de la UVA de Hortaleza un conjunto muy singular en la arquitectura y el urbanismo madrileño de la época.

La Comunidad de Madrid lidera un proyecto de investigación que recibirá una ayuda de 11,7 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación durante los próximos seis años. El instituto IMDEA Nanociencia del Gobierno regional coordina un consorcio integrado por el Instituto Politécnico de Milán, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid que intentará descubrir los procesos que suceden cuando la luz y la materia orgánica interactúan durante un attosegundo, que es una unidad de tiempo increíblemente pequeña equivalente a la trillonésima parte de un segundo. Su trabajo podría tener importantes aplicaciones para el diseño de materiales avanzados, con nuevas funcionalidades, o para sistemas de interés biológico.

La ayuda europea forma parte de un programa de subvenciones otorgadas por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) a prestigiosos proyectos elaborados por grupos de investigación que trabajan en campos complementarios. El objetivo es apoyar la colaboración estrecha entre instituciones que trabajan en disciplinas diferentes, capaces de producir resultados innovadores en problemas de gran relevancia científica.

Las cuantías se adjudican tras un proceso extremadamente competitivo, por lo que la concesión supone en sí misma un importante reconocimiento. De hecho, las propuestas presentadas al ERC se evalúan con el único criterio de la excelencia científica, la capacidad de romper las barreras del conocimiento y el efecto que los fondos pueden proporcionar a los solicitantes.

La escala de tiempo del attosegundo es extremadamente relevante. En ella se producen algunos procesos fundamentales para la naturaleza como la fotosíntesis, principal fuente de oxígeno en la atmósfera. Los científicos llevan años investigando cómo producir materiales sintéticos de carácter orgánico o híbrido capaces de reproducir la fotosíntesis y otros procesos similares de transferencia electrónica que pudieran abrir el camino hacia nuevos dispositivos y aplicaciones. Sin embargo, el desarrollo de estas tecnologías se ha visto limitado hasta el momento porque los procesos suceden en apenas unos attosegundos, unas unidades de tiempo que son fugaces.

La alianza liderada por IMDEA Nanociencia, TOMATTO, toma su nombre de la escala de tiempo del attosegundo. El desarrollo de esta investigación proporcionará un conocimiento con el que se podrían diseñar materiales moleculares con propiedades mejoradas, cargas más eficientes, rápidas y de mayor alcance. El proyecto no se podría realizar sólo por un único grupo o investigador, ya que nadie tiene el conocimiento requerido para cubrir todos los aspectos necesarios.

El equipo de TOMATTO está integrado por Mauro Nisoli, físico láser y pionero en la generación y aplicación de pulsos ultracortos del Instituto Politécnico de Milán; Nazario Martín, catedrático de Química de la Universidad Complutense de Madrid, director adjunto de IMDEA Nanociencia y reconocido experto en la síntesis de nuevos materiales orgánicos; y Fernando Martín, catedrático de Química de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador de IMDEA Nanociencia y desarrollador de nuevos métodos computacionales, que lidera el consorcio como investigador principal. Todos ellos han visto reconocidos sus trabajos previamente por el Consejo Europeo de Investigación. Además, tanto Fernando Martín como Nazario Martín han sido galardonados con el Premio Rey Jaume I en Investigación Básica.

Madrid, región líder en la investigación de nanociencia
IMDEA Nanociencia es un centro internacional especialmente diseñado para desarrollar investigación de frontera en Nanociencia y Tecnología, un área científica y tecnológica transversal que es fundamental para el desarrollo económico.

En este instituto de investigación de la Comunidad de Madrid trabajan más de 200 físicos, químicos, biólogos, médicos e ingenieros reclutados en convocatorias globales y seleccionados por un comité científico internacional.

Este equipo multidisciplinar contribuye a solucionar problemas y retos sociales de gran importancia estratégica para empresas y otras instituciones públicas, ya que permiten comprender mejor los fenómenos que ocurren en escalas muy pequeñas.

La Comunidad de Madrid pone en marcha un año más un programa de talleres gratuitos orientados a promover la ocupación activa del tiempo libre, la participación social y la convivencia de las personas mayores de 60 años de la región. Estos talleres de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Infancia y Natalidad, que se desarrollan desde 2008 en colaboración con la fundación La Caixa, ofrecen en esta edición distintos cursos relacionados con temáticas como la salud, el desarrollo personal o la adquisición de competencias digitales.

Así, los mayores podrán: aprender ejercicios de equilibrio, fuerza y potencia muscular para mejorar su condición física con los talleres En forma y Entrena;  participar en tertulias literarias y en charlas sobre la pandemia y sus consecuencias emocionales, o conocer los distintos programas y posibilidades de comunicación que ofrecen aplicaciones como como Zoom, Teams o Whatsapp.

Estos cursos, al igual que el año pasado, se desarrollarán en formato online,  aunque podrán impartirse presencialmente siempre que las circunstancias de la pandemia lo permitan. Los talleres forman parte del Programa de Envejecimiento Activo de la Comunidad de Madrid, dirigido a mejorar el bienestar de las más de 1,4 millones de personas mayores de 60 años que viven en la región, en los que cada año participan más de 13.000 mayores.

Además, durante este mes el Gobierno regional va a desarrollar cursos formativos online orientados a familiares y cuidadores profesionales de mayores con alzheimer.  Esta actividad, desarrollada a través del Centro Alzheimer Reina Sofia, ha programado dos sesiones para familiares que, bajo el título Hablemos de la enfermedad de Alzheimer: diagnóstico, síntomas, fases y datos de interés, ofrecen información sobre el desarrollo de esta enfermedad y su repercusión en el entorno familiar, con el objetivo de responder a las dudas e inquietudes más frecuentes que genera en el entorno de las personas que la sufren.

Por su parte, los cuidadores profesionales podrán participar en dos sesiones del taller Conozca mejor la enfermedad de alzheimer, que ofrecerá las claves para mejorar los cuidados profesionales que requieren estas personas y abordará asuntos como la neurodegeneración que provoca la enfermedad. Todos los interesados pueden solicitar más información en el área de Asuntos sociales de la página web de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid).

La Comunidad de Madrid ha realizado trabajos para la recuperación de dos zonas verdes situadas en Fuenlabrada, con el doble objetivo de integrar ambas en Arco Verde –gran proyecto de infraestructura verde del Gobierno regional–, y aumentar la biodiversidad de este municipio del sur madrileño.

Para ello, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad ha acondicionado 1.300 metros lineales y tres metros de ancho de la vía pecuaria que transcurre paralela al arroyo Culebro, a su paso por La Pollina, para facilitar su conexión con Bosquesur, y, por otro, para crear un parque periurbano de uso público en 66 hectáreas situadas en el Cerro de La Cantueña.

“De esta manera”, tal y como ha explicado la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, “el Ejecutivo madrileño sigue avanzando en este gran proyecto verde para mejorar la conectividad de los espacios ecológicos de la región y, a la vez, para la regeneración de los hábitats de muchas especies de flora y fauna que forman parte del entorno natural de la Comunidad de Madrid”.

Los trabajos realizados en el Cerro de La Cantueña se centran en la creación de un parque periurbano de uso público que formará parte de Arco Verde. Para ello, se han colocado 150 metros de talanquera de madera de cara a preparar este espacio para el disfrute de los madrileños, así como la señalización adecuada para garantizar la seguridad de los visitantes.

Alternativamente, y para mejorar las condiciones del hábitat de la flora y fauna típicas de la zona y lograr los parámetros adecuados de biodiversidad, se ha recuperado una lámina de agua existente que no mantenía el caudal adecuado fuera del periodo de lluvias.

Además, para paliar los efectos de un incendio producido este pasado verano fuera del parque periurbano, pero que se propagó con rapidez en el Cerro de La Cantueña, la Comunidad ha retirado los árboles quemados sustituyéndolos por 100 ejemplares de distinto tamaño y por 200 arbustos, entre los que destacan madroños, majuelos, endrinos, enebros, retamas y romeros.

Entre los ejemplares arbóreos plantados hay olmos resistentes a la enfermedad de la grafiosis, fresnos, álamos y sauces que se han repartido entre la zona más próxima a la vaguada y al estanque existentes. En este caso, las especies elegidas favorecen la biodiversidad y dificultarán también la propagación de futuros incendios.

En el caso de La Pollina, y de cara a conectar este especio verde emblemático con la gran zona verde del Sur de Madrid, Bosquesur, se ha recuperado un área que se encontraba totalmente intransitable, con numerosos desniveles en el trazado y completamente desprovista de vegetación arbórea.

De ahí que los trabajos realizados por los técnicos a lo largo de la vía pecuaria se hayan centrado en la plantación de 600 ejemplares de árboles de las especies Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Celtis australis y Populus alba, además de Pistacia lentiscus, Cistus albidus, Retama sphaerocarpa y Mirtus comunis, con un tamaño de entre 10 y 12 centímetros de diámetro.

Además, para la protección de los ejemplares se ha procedido a la realización del correspondiente alcorcado y se ha instalado un sistema de riego interno. Con todo ello, se consigue la regeneración de la ribera procurando la conexión de esta nueva vegetación con el arroyo Culebro.

En definitiva, todas estas actuaciones tienen como finalidad la recuperación de espacios verdes emblemáticos del sur de la región que con su incorporación al proyecto Arco Verde compaginarán el uso público con la mejora de la biodiversidad y la conectividad ecológica de los espacios naturales con las zonas periurbanas.

La Comunidad de Madrid invierte en Alcorcón más de dos millones de euros del Programa de Inversión Regional -PIR-, para desarrollar actuaciones en beneficio de este municipio. Esta localidad, que cuenta con un presupuesto del PIR de 10,4 millones de euros, ha destinado 2,6 millones a financiar gasto corriente municipal, cantidad que ya ha sido ya aportada en su totalidad. A ello hay que sumar 1,6 millones de euros adicionales como parte de la ampliación del gasto corriente solicitado por el Ayuntamiento, con lo que la cifra total aportada por el Gobierno regional ascenderá a 4,2 millones de euros en esta materia.

La iniciativa más importante que se va a realizar en Alcorcón es la creación de nuevas áreas deportivas y de juego, por un importe de casi un millón de euros. También se encuentra en fase de tramitación administrativa la renovación del parque informático del Consistorio, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y permitirá mejorar la atención a los ciudadanos y el trabajo del personal.

También servirá para la adquisición una ambulancia para el servicio municipal de Protección Civil, y otros vehículos de mantenimiento que contribuyen a la renovación de la flota municipal, además de tres nuevos coches destinados a la Policía Local. Asimismo, se pondrán en marcha varios puntos de recarga de vehículos eléctricos, lo que asciende a un total de 631.929 euros de inversión.

Por otra parte, gracias a la inversión del Ejecutivo madrileño en Alcorcón se van a llevar a cabo diversas obras de mejora, acondicionamiento, reparación y mantenimiento en el CEIP Párroco Don Victoriano, consistentes en la impermeabilización de la fachada del pabellón 2 del polideportivo Los Cantos y la remodelación de varias calles en el polígono Urtinsa, además de la construcción de una rotonda en la intersección de las calles Industria y Fábricas con el objetivo de mejorar el tránsito rodado.

La iluminación del municipio es otro punto de mejora, que persigue el ahorro energético y la reducción de las emisiones con la sustitución de luminarias por tecnología led. Se van a ampliar además las infraestructuras de la red metropolitana municipal y se llevará a cabo la remodelación del Parque de la Paz.

El Programa de Inversión Regional 2016/19 ha dispuesto de un presupuesto de más de 700 millones de euros. Se encuentra prorrogado para que los ayuntamientos puedan finalizar los proyectos que están desarrollando en estos momentos. Un nuevo PIR para el periodo 2021-2025 –presentado a finales de diciembre por el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez tras su aprobación por el Consejo de Gobierno-, dará continuidad a éste que ahora termina y dotará a los municipios de mayor autonomía y agilidad a la hora de llevar a cabo sus proyectos.

Alcorcón también se podrá beneficiar del Plan Vive, una medida puesta en marcha por el Gobierno madrileño para facilitar la vivienda en alquiler, y que en el caso de este municipio madrileño podrá contar con más de 900 viviendas. El objetivo es que el arrendamiento sea entre un 40% y un 50% inferior al precio de mercado, y que los jóvenes y otros colectivos preferentes sean los más beneficiados de esta iniciativa.

El Plan Vive de la Comunidad de Madrid supondrá la construcción de 25.000 nuevas viviendas que se incorporarán al mercado inmobiliario en los próximos ocho años, 15.000 de ellas a lo largo de la presente legislatura, mediante la fórmula de colaboración público-privada.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de los Premios de Calidad de la Vivienda, con el objetivo de contribuir al estímulo, promoción y fomento de la calidad de las construcciones destinadas a un fin residencial y, así, de las condiciones de vida de los ciudadanos. Con estos galardones se pretende también fomentar el análisis y el estudio de los distintos aspectos, factores y agentes de carácter cultural, socioeconómico, artístico, técnico y profesional, que forman parte del complejo proceso para facilitar una vivienda.

Se podrán presentar a estos galardones todas las obras concluidas en el periodo que se indique en las bases de convocatoria, que se hayan realizado en el ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid y que puedan destacar por su significación y valoración en la ejecución, por la expresión de competencia y pericia profesional o por la creatividad innovadora aplicada al fomento de la calidad residencial.

Los destinatarios de los premios serán los profesionales, empresas, organizaciones, fundaciones, administraciones públicas, entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro y todos los agentes que, en general, participan en el proceso edificatorio. Además podrán ser premiados profesionales o empresas que hayan realizado trabajos de investigación o cualquier medio de comunicación que haya participado en la difusión o divulgación del conocimiento en materia de vivienda de la región.

Los Premios Calidad de Vivienda Comunidad de Madrid tendrán un carácter exclusivamente honorífico y se convocarán en las categorías de: Mejores iniciativas promotoras tanto públicas como privadas en obra nueva y en rehabilitación; Mejor proyecto arquitectónico tanto de obra nueva como de rehabilitación; Mejor ejecución de edificación en estas dos mismas categorías; Mejor conservación y mantenimiento: Mejor trabajo de investigación, divulgación y comunicación; y Mejor Trabajo de investigación.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, el gasto de algo más de 100.000 euros destinado al refuerzo de la limpieza y desinfección de instalaciones. Corresponden a trabajos realizados durante el segundo semestre de 2020 en el marco de la prevención del COVID-19.

Se han llevado a cabo de parques de bomberos y oficinas comarcales del Cuerpo de Agentes Forestales de la región, así como de las sedes del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) y las instalaciones sede de la Dirección General de Emergencias.

Ésta no es la única medida que la Comunidad de Madrid ha adoptado a lo largo de los últimos para reforzar la protección contra el COVID-19 de sus efectivos de Seguridad y Emergencias. Así, se han invertido 400.000 euros en la adquisición de equipos de descontaminación por riesgo nuclear, biológico y químico (NBQ) destinados al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y en la renovación del vestuario que utilizan sus efectivos dentro de los propios parques de bomberos.

A esta cifra se suman los más de 82.000 euros destinados a uniformes para los operarios del Centro de Coordinación Operativa Municipal ante Emergencias de la Comunidad de Madrid (CECOM) ante las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado de distintas inversiones realizadas por la Consejería de Sanidad por un total de 12.966.798,57 euros para hacer frente a necesidades derivadas de la pandemia por COVID-19 en hospitales, como equipos de diagnóstico, material de protección individual, camas de larga estancia y servicios de transporte.

Así, el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid ha contratado, por vía de emergencia, distinto equipamiento para el tratamiento y detección del COVID-19 por 1.193.588,5 euros. Se trata de dos equipos de radiología convencional, un equipo de radiología digital telecomando (fundamental en las radiografías de tórax para el diagnóstico de la enfermedad), cuatro respiradores de ventilación mecánica invasiva y un equipo de tomografía computarizada que permite la exploración de distintos órganos que pueden verse afectados por el SAR-COV-2.

Este centro de la red pública de la Comunidad de Madrid también ha adquirido reactivos IGG e IGM para la detección de anticuerpos del virus y filtros absorbentes de citoquinas, que filtran los componentes inflamatorios que se producen en el organismo.

Por su parte el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha dedicado 964.864,61 euros en implantar y dotar la UCI-2. Se ha llevado a cabo la instalación a todo el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento, desde camas y grúas de movilización a monitores, electrocardiógrafos y la central de monitorización. Este hospital también ha precisado reactivos para la detección del COVID-19, mascarillas, guantes y batas resistentes a aerosoles que, entre septiembre de 2020 y abril de 2021 han supuesto un gasto de 6.052.129,18 euros.

La Consejería de Sanidad también ha informado al Consejo de Gobierno de la adquisición, durante el mes de diciembre de 2020, de material de protección individual (EPIs) por valor de 3.922.880 euros y para la protección de pacientes y profesionales sanitarios.

Además, se ha dado cuenta de la contratación, por parte de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, de los servicios de vehículos con conductor que atendieron las necesidades de los Centros de Salud en los pasados meses de mayo y junio, por un importe total de 801.791, 76 euros.

Por último, la Consejería de Sanidad precisó contratar entre los meses de marzo y mayo, camas de media estancia para pacientes que requirieron cuidados en un centro especializado; el importe ascendió a 31.544,52 euros.

La Comunidad de Madrid va a agilizar la gestión pública con la tramitación urgente, aprobada por el Consejo de Gobierno, de un proyecto de Decreto Omnibus. Con ello se pretenden eliminar cargas administrativas innecesarias u obsoletas exigidas en normas reglamentarias de diferentes consejerías, creando un marco de seguridad jurídica y mejorando la relación entre la Administración y los agentes socioeconómicos.

Las reformas previstas contemplan, en algunos casos, la sustitución del régimen de intervención administrativa previa mediante autorizaciones por otro centrado en un sistema de intervención posterior mediante la técnica de las declaraciones responsables Igualmente, plantean la eliminación de trámites que han perdido su función inicial o que ya resultan innecesarios; y, por último, fomentan la digitalización de los procedimientos administrativos para que los ciudadanos puedan comunicarse con la Comunidad de Madrid de forma más ágil.

La norma proyectada, que se inscribe en el marco del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis del COVID-19, es fruto de los primeros trabajos de revisión y evaluación normativa realizados en el seno de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas administrativas y la Simplificación Normativa, adscrita a la Consejería de Presidencia, y creada por acuerdo de Consejo de Gobierno el pasado 26 de agosto.

En estrecha coordinación con todas las consejerías, la Comisión ha realizado un primer análisis, identificando las necesidades de actualización, simplificación o derogación de algunas de las normas vigentes en la Comunidad de Madrid. Como resultado de esta primera revisión se modifican quince decretos y se derogan doce.

En el ámbito económico, se modifican tres normas que afectan a los decretos que regulan la venta ambulante, el registro de actividades artesanas y el reglamento de protección de los consumidores.

En estos casos se suprime, por ejemplo, la obligación de aportar determinados documentos como el DNI o el alta en el IAE para obtener la inscripción en el registro como artesano o vendedor ambulante. En materia de consumo, se suprime el registro de entidades a las que la administración suministra hojas de reclamación que ahora podrán descargarse electrónicamente.

En el ámbito educativo se actualiza la norma que regula los requisitos mínimos que deben reunir los centros de educación de adultos, para que los cambios en la estructura organizativa de la administración educativa no afecten a la disposición normativa.

Para la Consejería de Sanidad, se modifica el reglamento de tatuajes para regular la inscripción en el registro correspondiente mediante declaración responsable, siguiendo la pauta de las directivas europeas sobre libre acceso a las actividades de servicios.

En materia de medio ambiente, actividad forestal y ganadería se modifican cinco decretos que afectan a los decretos que regulan las labores de podas en fincas pobladas de encinas, las cortas en montes bajos o al que declara como zonas de especial conservación las cuencas de los ríos Alberche y Cofio. En estos casos las modificaciones consisten, principalmente, en permitir la realización de determinadas actividades sin necesidad de acreditar algunos requisitos previos, como el de presentar un plan técnico para efectuar podas en ramas de determinada longitud, cortes en montes bajos o en zonas especiales como las de las cuencas de los ríos Alberche y Cofio.

También se modifica el decreto que regula el registro de explotaciones ganaderas, simplificando el trámite de inscripción al sustituirse el régimen de autorización por declaración responsable y el decreto que establece normas sobre valoración de la contaminación y aplicación de tarifas por depuración de aguas residuales.

En materia de juego se modifican cinco reglamentos sectoriales. Son los decretos que regulan los reglamentos de registro del juego, apuestas hípicas, casinos, apuestas y máquinas recreativas y de juego. En general, se sustituye en ellos el régimen de autorización previa por el de declaración responsable, y se suprimen determinadas obligaciones, como la de tener las empresas un domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid o constituir determinadas fianzas para la inscripción en un registro.

Se trata de requisitos que suponen barreras a la actividad económica que conviene suprimir conforme a lo establecido en la Ley Garantía de Unidad de Mercado (LGUM). La exigencia del domicilio resulta innecesaria y las fianzas exigidas por la mera inscripción en un registro están ligadas exclusivamente al acceso del operador a la actividad y no responden a su ejercicio, por lo que resultan redundantes y contrarias al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en la dicha ley.

Junto a las modificaciones referidas, el decreto incluye dos disposiciones adicionales. La primera afectará a la protección de las edificaciones catalogadas o protegidas, que trata de aclarar el régimen de las licencias y declaraciones responsables urbanísticas establecido en la reciente Ley 1/2020, de 8 de octubre, cuando la actuación urbanística se realiza sobre edificaciones protegidas.

La otra disposición se refiere a la habilitación en materia tributaria al consejero competente en Hacienda para poder fijar las condiciones y plazos de presentación de tributos gestionados por la Comunidad de Madrid para las declaraciones y autoliquidaciones tributarias realizadas con carácter presencial (hasta ahora esta posibilidad se contemplaba sólo para las telemáticas).

En aras de garantizar los principios de buena regulación y seguridad jurídica, se derogan de forma expresa 12 decretos. Tres relacionados con la actividad industrial (talleres de reparación de vehículos, tanques de almacenamiento de productos petrolíferos y registro de instalaciones de distribuidores y comercializadores cualificados), que han quedado obsoletas y ya no son necesarias porque los aspectos que regulan se contemplan en normas nacionales.

Un decreto relacionado con vivienda, relativo a la acreditación de los laboratorios de control de calidad de la edificación, norma que igualmente ha quedado obsoleta porque hace referencia a un Real Decreto en el que se regula un procedimiento de acreditación sustituido ya por declaración responsable.

Cinco decretos relacionados con el medio ambiente, actualmente en desuso como el registro de establecimientos intermediarios de alimentación animal y registro de actividades económico-pecuarias por ser normas superadas, alguna ya derogada parcialmente. También, la eliminación del que regula los residuos procedentes de fuera de la Comunidad de Madrid y el de gestión de pilas, por ser normas desactualizadas que, además, contravienen la normativa básica estatal. Y el que establece el registro de pequeños productores de residuos tóxicos, norma también desactualizada e innecesaria ya que la ley básica estatal exige la tramitación electrónica del procedimiento.

Se elimina además un decreto del ámbito sanitario sobre manipulación de alimentos porque la norma que justificó su desarrollo está derogada. Igualmente, se derogan dos decretos sobre radiodifusión, por tratarse de normas que como consecuencia de la aprobación de normativa básica estatal han quedado obsoletas y no resultan de aplicación.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado de la propuesta de adjudicación por parte de Canal de Isabel II del contrato para el suministro, desarrollo, instalación e integración del sistema unificado de gestión de activos que componen la tecnología operacional en la empresa pública. El contrato cuenta con un importe de adjudicación de 2.930.727,63 euros, IVA excluido, y tiene un plazo de duración de dos años.

Desde la década de los años 80, Canal supervisa y controla sus infraestructuras con un sistema de telecontrol basado en un conjunto de sensores situados estratégicamente que recogen las variables más significativas y que, mediante varias redes de autómatas, recogen los datos en un sistema central.

En los últimos años, este sistema de supervisión y control ha crecido de forma exponencial tanto en cantidad y variedad como en complejidad, aportando un alto valor añadido a la explotación, supervisión y control del proceso de las infraestructuras que opera la empresa en toda la Comunidad de Madrid.

Así pues, el objeto del contrato es monitorizar el estado de todos los componentes del sistema de telecontrol: más de 30.000 sensores, 2.000 estaciones remotas, redes industriales y comunicaciones. Canal dispondrá de un sistema de monitorización en tiempo real que permitirá unificar la información recibida desde todos sus equipos electrónicos de telecontrol, y así facilitar su mantenimiento y maximizar su disponibilidad.

De este modo, gracias a la tecnología que se instalará, Canal será capaz de conocer en todo momento el estado de los equipos electrónicos que vigilan, monitorizan y controlan a distancia el estado de las instalaciones de la empresa. El nuevo sistema permitirá recoger la información de estado de los equipos de telecontrol para que el personal de mantenimiento pueda realizar las correcciones o reparaciones pertinentes, ya sea de manera remota, cuando sea posible, o presencialmente: por ejemplo, cambios de batería, reemplazo de sensores, actualizaciones de programas, etc.

La supervisión en tiempo real de los elementos de telecontrol no solo permite mejorar el control y gestión de estas instalaciones, sino también reforzar la ciberseguridad industrial de estos equipos.

Canal de Isabel II dispone desde hace más de tres décadas de un sistema de telecontrol que ha ido creciendo año a año hasta ser uno de los más completos e innovadores de su sector, especialmente su Centro de Control, situado en Majadahonda. Gracias a sus instalaciones de telecontrol, Canal conoce en tiempo real la situación hidráulica de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, el estado de la calidad de las aguas, las captaciones de aguas subterráneas y otros parámetros.

El análisis de la información que recaban todos los sensores y estaciones, así como la acción conjunta de estos sistemas de telecontrol con los de telemando, telecomunicaciones y localización geográfica, permiten a la empresa pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid realizar una gestión eficiente de los recursos hídricos y de las infraestructuras.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de un registro de funcionarios públicos habilitados en el manejo tecnológico y digital, con el objetivo de asistir al conjunto de la ciudadanía en su contacto y relación con la administración.

Esta iniciativa permitirá que, con la ayuda proporcionada por el personal de la administración, aquellos ciudadanos que carecen de medios electrónicos suficientes puedan contactar con el Ejecutivo regional y llevar a cabo todo tipo de trámites.

Concretamente, el registro dará cuenta de los funcionarios capacitados para operar en procesos de identificación y firma electrónica de los ciudadanos, así como en la presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y en la obtención de copias auténticas.

A través de esta herramienta, la Comunidad de Madrid sigue trabajando con el objetivo de garantizar la asistencia y el apoyo de la administración pública a las personas que así lo requieren y necesitan, especialmente en casos de falta de recursos y de conocimientos electrónicos. De esta forma, se suprimen las barreras a las que se enfrentan los ciudadanos en su día a día en el manejo de medios digitales.

La puesta a punto del registro incluye una garantía de seguridad sobre los derechos de usuarios y del personal de la Administración de la Comunidad de Madrid. También se implementan los sistemas tecnológicos en los que ha de sustentarse el funcionamiento del propio registro y la gestión diaria que realicen los encargados de dar asistencia a la ciudadanía.

Únicamente podrá ser inscrito en este registro el personal funcionario de la Comunidad de Madrid que, en el momento de solicitarse el alta, se encuentre en situación de servicio activo y de prestación efectiva de funciones en dicha Administración, debiendo mantener ambos requisitos mientras permanezca inscrito.

El registro de habilitados cumple con el principio de eficiencia, ya que carece de impacto económico sobre las arcas madrileñas. Precisamente, no genera ningún tipo de gasto y su funcionamiento se asume con funcionarios de la Comunidad de Madrid y con aplicaciones y tecnología proporcionadas por Madrid Digital.

En aras de asegurar su eficacia y comprobar sus actuaciones, el registro estará guiado por la exigencia de operatividad y conexión con los organismos correspondientes de las restantes administraciones.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el importe que va a solicitar destinada a operaciones de endeudamiento a largo plazo durante 2021, y cuya cifra alcanza los 3.090 millones de euros. Se trata de 1.325 millones menos que los aprobados el año pasado, en el que de manera excepcional se incluyeron los costes de refinanciación de dos préstamos del Fondo de Facilidad Financiera estatal, cuyos costes financieros resultaban elevados teniendo en cuenta las condiciones de los mercados en ese momento.

En 2021 se van a llevar a cabo amortizaciones ordinarias por un monto total de más de 2.568 millones. Se trata de refinanciaciones de la deuda ya existente y que no conllevan ningún tipo de endeudamiento adicional. A ello habría que añadir otros 416 millones destinados a amortizar un préstamo a largo plazo.

A esta cifra se suman los más de 55 millones de la liquidación negativa del ejercicio de 2009, es decir, una devolución aplazada de la mayor financiación estatal concedida en aquel ejercicio y que se viene pagando cada año por el mismo importe hasta la liquidación de la deuda.

A todo ello hay que incluir operaciones de deuda a largo plazo por un monto de 42 millones de euros para financiar la parte pendiente de autorizar de la desviación de los objetivos de estabilidad correspondiente a 2019.

Por último, la Comunidad de Madrid va a tomar el endeudamiento de la Agencia de Vivienda Social (8,9 millones de euros) para refinanciarlo en mejores condiciones por la mayor facilidad de acceso a los mercados financieros de la Administración regional. Una vez realizadas las operaciones, la Comunidad de Madrid transferirá los fondos obtenidos al presupuesto de la Agencia, que será la que haga frente a los vencimientos.

La Comunidad de Madrid es la región española sin ningún tipo de régimen especial con menor deuda en relación a su PIB, concretamente del 15,8 %, según los últimos datos de deuda referidos al tercer trimestre de 2020. Además, el incremento de su deuda ha sido el menor de todos desde 2008, con 10,1 puntos, frente al incremento medio nacional que se sitúa en el 19,6 %.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado ante más de 500 personas de 250 entidades la nueva Factoría Digital, un “proyecto de futuro” basado en un espacio de colaboración público-privada que canalizará el talento de grandes corporaciones, empresas de consultoría, pymes, startups o emprendedores digitales para aplicarlo en la digitalización de la Administración. El objetivo es contar con la colaboración de la iniciativa privada para que la Comunidad de Madrid llegue a ser una Administración 100% digital.

La presidenta regional ha admitido cómo “muchas veces, la Administración por ser garantista, es excesivamente burocrática y no siempre se adecúa a las necesidades de los tiempos”. “Necesitamos cada vez más flexibilidad y adaptación a las nuevas realidades”, ha indicado Díaz Ayuso, para destacar que, aunque se ha avanzado mucho duranta la pandemia, o en situaciones como la actual nevada, con el teletrabajo y las clases telemáticas en los centros educativos, “hay mucho que mejorar”.

En este sentido, la jefa del Gobierno regional ha señalado que Madrid ya es un referente internacional en este campo, pero que quiere que sea la “región mejor digitalizada, no del sur de Europa sino de Europa”. “Porque en Madrid hacemos las cosas a lo grande”, ha destacado, para hacer un llamamiento a todas las ideas innovadoras, originales y necesarias”.

Acompañada por la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, y el viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, Miguel Ángel García, Díaz Ayuso ha clausurado hoy la jornada virtual de presentación de este proyecto, donde ha destacado la Factoría Digital como una iniciativa que nace con la vocación de seguir avanzando para que la Administración madrileña sea cada vez más cercana y ágil.

Se trata de una apuesta por la innovación, incorporando para ello las tecnologías más avanzadas para lograr una relación fluida, rápida y sencilla con los ciudadanos, a través de cualquier dispositivo y sin perder cercanía y humanidad en el proceso.

La jornada de hoy ha tenido por objetivo presentar la Factoría Digital de la Comunidad de Madrid a todo el sector tecnológico y explicar de qué manera podrán formar parte del proyecto. Todas las empresas interesadas en adherirse a esta iniciativa deberán presentar sus ofertas conforme a los pliegos que publicará en los próximos días la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, Madrid Digital.

La Factoría Digital se va a articular a través de un modelo de contratación basado en los Acuerdos Marco. Este permite facilitar la concurrencia y la competencia porque no estará limitado a un número determinado de empresas tecnológicas o de consultoras, lo que supone que todos los que cumplan los requisitos mínimos establecidos podrán participar de forma dinámica en el proceso de digitalización de la Administración pública.

Además, ofrecerá reducir los plazos de adjudicación de los proyectos que sean innovadores y agilizará la relación entre la Comunidad de Madrid y todas aquellas empresas que quieran participar.

El proyecto contará con una duración inicial máxima de cuatro años, dos años prorrogables, y un presupuesto estimado superior a los 16 millones de euros, que se podrá ampliar en función de las necesidades.

La Factoría Digital incluye también la creación de un Laboratorio de Ideas que canalizará las mejores prácticas y soluciones innovadoras que las empresas y los emprendedores de la Factoría Digital puedan desarrollar. De esta forma, se podrá adjudicar directamente el desarrollo de una solución cuando cumpla con tres características básicas: sea innovadora de base tecnológica, no exista una alternativa equivalente en el mercado y cubra una necesidad pública.

El Laboratorio de Ideas fomentará la innovación y protegerá los derechos de propiedad intelectual de la empresa que presenta un servicio o desarrollo que no tenga equivalente en relación calidad-precio en el mercado.

Por otra parte, todos los que formen parte de Factoría Digital podrán participar también en el Centro de Innovación Digital de la Comunidad de Madrid Digitaliza Madrid, que se ha puesto en marcha recientemente y que tendrá su sede física, desde finales de año, en la calle Embajadores de la capital, el espacio donde la presidenta ha clausura hoy la jornada.

La Factoría Digital va a permitir también reducir la burocracia y simplificar los procedimientos. De esta forma, se mejorará la eficiencia de la Administración con la incorporación de la analítica avanzada de datos y la automatización robótica de procesos, lo que permitirá tomar mejores decisiones y optimizar los recursos públicos, al tiempo que el trabajo de los empleados públicos se pueda destinar a aquellas tareas de mayor valor añadido.

Además, se seguirán abordando soluciones para ayudar a combatir la pandemia del COVID-19, y aplicando la tecnología y la innovación para mejorar la prestación de servicios públicos como la sanidad, la educación, el transporte público, la justicia o los servicios sociales. El uso de la tecnología está siendo fundamental estos últimos meses marcados por la pandemia a la hora de dar una rápida respuesta a situaciones complejas que no tenían precedente.

En este sentido, el Gobierno regional ha adquirido y distribuido desde Madrid Digital más de 70.000 dispositivos, la mayoría de ellos ordenadores portátiles, y 170.000 licencias de herramientas colaborativas y de trabajo en remoto para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid que han realizado una media de casi 1000 vídeo-reuniones al día.

También en 2020 se han recibido más de 1.400.000 solicitudes electrónicas de distintos servicios por parte de los ciudadanos, lo que representa un 44% más que en 2019; se han gestionado más de 425.000 expedientes electrónicos, lo que supone un incremento del 61%; y se han efectuado más de 725.000 notificaciones electrónicas, un 59% más.