26
Dic
2020
Madrid recibe este fin de semana las primeras 1.200 vacunas Imprimir
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Foto cedida por CAMLa primera vacunación, con 400 dosis, se producirá en Guadalajara

La Comunidad de Madrid comenzará a vacunar contra la COVID-19 este próximo domingo, 27 de diciembre, con las primeras 1.200 dosis de Pfizer que recibirá la región ese mismo día. Así lo han explicado el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y la directora de Salud Pública, Elena Andradas, en una comparecencia para detallar el operativo de vacunación que empezará por los centros socio-sanitarios.

El Ministerio de Sanidad ha trasladado a la Comunidad de Madrid que el domingo llegarán las primeras 1.200 dosis. Después, a partir del lunes 28 y cada semana también el lunes, a la región se le entregarán partidas de 48.750 dosis. Esto es, cada siete días la región obtendrá 50 bandejas de vacunas de la farmacéutica Pfizer, con 975 dosis en cada una.

Con las primeras 1.200 dosis, el domingo se comenzará a vacunar en tres residencias de la capital que han sido seleccionadas por su tamaño, y que acogen a un mayor número de personas. Se trata de la Residencia para personas mayores Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS); la Residencia La Azaleas, del Grupo ASISPA, en Ciudad Lineal; y la Residencia para mayores Parque Almansa, del Grupo Ballesol, en Moncloa Aravaca.

A partir del lunes la vacunación se extenderá a más centros socio-sanitarios con un calendario planificado y por criterio asistencial para ir suministrando las dosis in situ a los residentes y al personal que los atiende.

Para ello, la Dirección General de Salud Pública ya ha formado a 46 equipos de Enfermería que se desplazarán a las residencias: 14 de Atención Primaria, 2 de la Agencia Madrileña de Atención Social, 12 de Cruz Roja y 18 de los centros socio-sanitarios concertados y privados. Asimismo, hay otros 22 equipos de reserva pertenecientes a los hospitales de la red pública y de Atención Primaria que recibirán la formación en los próximos días.

La formación consiste en conocer cómo hay que hacer el proceso para reconstituir la vacuna antes de administrarla, es decir, su preparación para poder ponerla correctamente, así como la grabación en las bases de datos de la información necesaria para asegurar la trazabilidad de los vacunados. Esta vacuna se administra en dos dosis: una primera y, a los 21 días, la segunda. La inmunidad se adquiere siete días después de la segunda dosis.

Con la información de las dosis que previsiblemente irá recibiendo la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Salud Pública ha planificado las vacunaciones para tener en reserva el stock suficiente de vacunas. Transcurridos los 21 días, todos los madrileños que hayan recibido la primera dosis tienen que disponer de la segunda, para que el proceso de vacunación sea completamente efectivo.

En total en la región hay 651 centros socio-sanitarios -449 de mayores, 175 de discapacidad y 27 de enfermos mentales- con 47.354 residentes y 13.777 trabajadores.

En cuanto se complete este ámbito, la Consejería de Sanidad comenzará el operativo para la vacunación al personal sanitario, formado por 140.000 profesionales incluidos los de los hospitales y clínicas privadas, de los que 94.500 forman parte de la red pública. En primer lugar, se vacunará al personal sanitario que se encuentre en primera línea frente al coronavirus.

El Consejo de Gobierno, y con carácter de emergencia, ha aprobado la contratación del suministro de jeringas con agujas para la administración de la vacuna para inmunización de la población frente al virus, por un importe total de 229.900 euros (IVA incluido).

El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación y apoya al Gobierno en materias científicas relacionadas con el COVID-19 y sus consecuencias futuras.

El informe presentado recoge las evidencias existentes sobre la dinámica de la respuesta inmunitaria en la infección por SARS-CoV-2 para, teniendo en cuenta que el limitado tiempo de evolución de la pandemia condiciona el resultado de cualquier análisis, apuntar las conclusiones más relevantes que se pueden extraer hasta ahora en esta materia.

Entre otras cosas, la información disponible lleva a considerar que la respuesta inmunitaria se mantiene entre los seis y los nueve meses y que una primera infección confiere protección frente a una segunda.

El informe sobre 'inmunidad protectora y reinfección en Covid-19' parte de la evidencia de que en la mayor parte de las personas infectadas con SARS-CoV-2 se produce una activación del sistema inmunitario, con producción de anticuerpos neutralizantes y activación de linfocitos T. Los datos disponibles, explican los autores, es que los anticuerpos se van reduciendo con el tiempo, decreciendo a partir de los tres meses, aunque pueden persistir a niveles bajos durante al menos 6 meses, mientras que los linfocitos T de memoria pueden mantenerse durante más tiempo.

Esta protección generada por la respuesta inmunitaria tras la infección por el nuevo coronavirus se ha puesto en duda por un número reducido de casos de reinfección aparecidos en los últimos meses. Sin embargo, el informe explica que, teniendo en cuenta las decenas de millones de personas que ya se han infectado con el SARS-CoV-2, la evidencia de reinfecciones puede considerarse muy escasa y de poca transcendencia clínica a nivel global.

Dicho esto, los autores consideran que, dado que no se conoce aún la duración de la protección conferida por la primera infección, ni la que ofrecen los diferentes tipos de vacuna que se están ensayando, es un aspecto que debe tenerse muy en cuenta, especialmente para vigilar la aparición y consecuencias clínicas de reinfecciones en personas mayores y otros grupos de la población más vulnerables o con comorbilidades.

De hecho, una vez analizada la información disponible sobre la dinámica de las respuestas inmunitarias humoral y celular en la infección por SARS-CoV-2 y las evidencias sobre reinfecciones, el documento plantea algunas de las preguntas más relevantes que están aún sin respuesta, empezando por el grado y la duración de la protección tras una primera infección, Además, y teniendo en cuenta la heterogeneidad que se ha detectado en la respuesta inmunitaria al virus, los autores apuntan que se desconoce cómo va a influir este extremo en la respuesta a la vacuna, entre otras cuestiones por resolver.

Hasta la fecha el SARS-CoV-2 ha causado 68 millones de casos y 1,55 millones de muertos, además de la fractura del sistema económico y social, solo tenemos, a día de hoy, las medidas de prevención no farmacológica para romper la trasmisión. Este 22 de diciembre la Comisión Europea (CE) prevé tomar su decisión sobre el permiso para poner en el mercado europeo la primera vacuna (BioNTech y Pfizer) contra el coronavirus, tras el dictamen favorable de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

En este contexto, el Comité Científico sobre la COVID-19 del Colegio de Médicos de Madrid ha elaborado un informe que contiene las principales recomendaciones sobre la vacuna frente a la COVID-19. Una de las conclusiones de este texto advierte que, pese a la alta efectividad esperada de la vacuna, se tardará mucho en conseguir la tasa estimada de población inmune necesaria para batir la pandemia. En este sentido, el órgano asesor del ICOMEM argumenta, “hay que considerar que la vacuna no la recibirá toda la población, parte por razones técnicas, médicas, poblacionales y geográficas; que la eficacia de la vacuna en la población general será inferior a las altas tasas de eficacia que se han mostrado en los ensayos, tal y como ocurre en cualquiera otra vacuna ensayada; que la inmunidad inducida puede desvanecerse; que puede mutar el virus, hasta ahora estable y perder la eficacia de las vacunas conseguidas. Por todo ello, queda un largo camino y mucho tiempo para conseguir una vuelta a la normalidad y será imprescindible no abandonar las medidas de prevención establecidas, no frenar el desarrollo de otras vacunas; de antivirales efectivos y de otros fármacos que ayuden al control de la enfermedad”.

En referencia a la estrategia de vacunación, este Comité Científico considera que es fundamental la protección a los más débiles en orden a la mortalidad y a los más expuestos en orden a la transmisibilidad. Y puntualiza que la prioridad debe decidirse sobre criterios científicos y de equidad, considerando los ámbitos sanitario, social y económico. “Pueden establecerse estrategias que prioricen reducir la enfermedad grave y la mortalidad o reducir la transmisión del virus. Dado que las vacunas han demostrado eficacia sobre el desarrollo de enfermedad grave, pero aún desconocemos su efecto sobre la transmisión, puede ser razonable elegir la primera estrategia”

Por tanto, concluyen que cualquier propuesta de priorización debe ser flexible y escalable debido a la incertidumbre relacionada con la evolución de la pandemia, los datos emergentes sobre seguridad y eficacia de las vacunas, y las circunstancias locales o de logística. Atendiendo a estos criterios establecen que los grupos a priorizar las vacunas frente a la COVID-19, en un primer momento, deberían de ser:

1.-Personas mayores y personas con discapacidad residentes en instituciones.

2.-Personal sanitario y socio-sanitario que atiende a personas institucionalizadas

3.-Personal sanitario de primera línea.

4.-Personas mayores de 70 años no institucionalizadas.

5.-Personas menores de 70 años con comorbilidades (enfermedades crónicas graves, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, etc.).

6.- Otros profesionales sanitarios y otros trabajadores esenciales y de industrias críticas o con dificultad para mantener distancia social.

7.-Grupos socioeconómicos vulnerables y otros de alto riesgo.

En el momento actual, existen casi 60 vacunas frente a la COVID-19 en diferentes fases de ensayos clínicos y 200 en investigación preclínica. Aunque las compañías implicadas en el desarrollo de las vacunas han hecho públicos sus resultados de eficacia y seguridad, es cierto que se han publicado pocos ensayos clínicos, la mayoría de fase I y II, y solo alguno de fase II/III. Según el informe del Comité Científico sobre la COVID-19 del ICOMEM, aún con las reservas que la escasez de ensayos plantea, parece claro la capacidad inmunogénica y la seguridad de estas vacunas; ya que, aunque la incidencia de efectos adversos no es despreciable, la mayoría son reacciones locales o sistémicas leves.

La mayoría de ensayos se han realizado en personas de 18 a 49 años aparentemente sanas y sin comorbilidades importantes. Recientemente, se han incluido también pacientes con HIV y adultos mayores de 65 años, y se están incluyendo adolescentes. Más adelante se incorporará a los niños. En el futuro, se incluirán personas con mayor riesgo de COVID-19 grave, como los que tienen comorbilidades importantes y las mujeres embarazadas.

Desde el Comité Científico sobre la COVID-19 se advierte que, dado que habrá limitaciones en la cantidad de vacunas disponible en la primera fase de vacunación, “las vacunas de mayor efectividad se deberían administrar a las personas en mayor riesgo de COVID-19 grave, para lograr en ellas una protección individual, incluso antes de conseguir la inmunidad de rebaño. También es razonable que, en la medida de lo posible, las vacunas de mejor tolerabilidad (menores reacciones locales, fiebre, etc.) se les administren a ellos. Asimismo, las vacunas de una sola dosis se deberían priorizar en las personas en riesgo de exclusión social o que, por cualquier otra razón, pueda resultar difícil captarlas para administrar una segunda dosis”.

Por último, este documento advierte sobre la existencia de una normativa legal sobre la obligatoriedad de la vacunación en situaciones de necesidad, al tiempo que señala que es importante informar correctamente a la población sobre los beneficios en la salud individual y colectiva, así como el conocimiento de los graves riesgos sanitarios y socioeconómicos. “Desde la ética de la responsabilidad se comprende que la vacuna no se administra sólo en beneficio personal, sino también para lograr la protección de todo el entorno. Se trataría de un acto de solidaridad individual y colectivo donde cada persona vacunada protege a las demás. Este hecho, vacunarse, es de particular relevancia en el caso de los profesionales sanitarios que, aunque no exigible, es aún mayor al contribuir así con un debate público en términos prudentes y razonables como camino necesario para fortalecer la confianza social”

La Federación Internacional de Hospitales (IHF) ha reconocido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como una de las 103 instituciones en todo el mundo que han trabajado Más allá del deber frente al COVID-19, destacando, además, la excelencia del sistema diseñado por la Dirección General de Gestión Económico-Financiera y Farmacia para asegurar el suministro continuado de EPI de calidad a los profesionales que los necesitaban, especialmente aquellos que tratan el COVID-19 en primera línea.

Entre los 103 proyectos seleccionados de todo el mundo, el de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se encuentra entre los 15 que, además, ha sido distinguido con el reconocimiento especial de publicar el desarrollo del trabajo en el volumen especial de la revista del IHF: Programa de reconocimiento de la Federación a la respuesta frente al COVID (The IHF COVID Response Recognition Program – An IHF specil feature), distribuido entre todos los  miembros de la Federación con fecha 15 de diciembre.

La IHF ha concedido este año este reconocimiento especial “por haber mostrado iniciativa, agilidad y una increíble capacidad para innovar en circunstancias extraordinarias”. El proyecto de la Consejería de Sanidad, que se inició en primavera, refleja el trabajo realizado para solventar los problemas de abastecimiento y reparto de EPI de calidad que se produjeron las primeras semanas de atención a la pandemia en Madrid. Para ello, se diseñó un método con dos objetivos: proporcionar apoyo técnico a los centros sanitarios sobre los materiales que usaban y facilitar el acceso a equipos adecuados a los profesionales que estaban en primera línea.

El Gobierno regional localizó, a través de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), proveedores de reconocido prestigio que podían aportar EPI en el espacio más corto de tiempo, consiguiendo aumentar la lista de proveedores seguros que podían proporcionar equipamiento más rápidamente sin perder calidad. Y, además, creó un grupo de trabajo con técnicos de Prevención de Riesgos Laborales para la elaboración de los pliegos técnicos que debían cumplir los distintos EPI.

Asimismo, en la Consejería de Sanidad se elaboraron guías visuales para validar los materiales de protección, contando con el Centro Nacional de Medios de Protección, que validó los EPI que carecían de información técnica, testando las muestras y remitiendo información en tiempo real a los hospitales madrileños.

Desde la puesta en marcha de este sistema, la Consejería recibió una gran cantidad de peticiones de información -desde hospitales, centros de salud o servicios de prevención- y resolvió sus dudas sobre los EPI disponibles con información técnica sobre los mismos. La colaboración entre todos estos centros permitió realizar un seguimiento de los distintos materiales con garantías, pese a la situación de emergencia.

Tal y como premia la IHF con el reconocimiento Más allá del deber frente al COVID-19, tras la crisis de los primeros meses de la pandemia, la Comunidad de Madrid ha conseguido un sólido sistema de provisión de material sanitario y está mejor preparada para los rebrotes de la enfermedad, asegurando un stock suficiente de EPI de calidad en la región.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración la Ley que podría convertir a España en el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en garantizar la seguridad en la atención sanitaria a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera o enfermero en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios.

Tras su debate en el Pleno de la Cámara Baja, la Ley de Seguridad del Paciente, impulsada por el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha obtenido el respaldo mayoritario de los grupos políticos para ser tomada en consideración y continuar así su tramitación parlamentaria en la Comisión de Sanidad,  abriendo un espacio de presentación de enmiendas con la intención de consensuar y aportar mejoras al texto de la norma.

Una vez conocido el resultado de la votación, SATSE ha mostrado su gran satisfacción porque el empeño y esfuerzo realizado por cientos de miles de personas haya permitido el debate de la norma en el Congreso y ha querido agradecer a los grupos políticos su respaldo para que esta ley, la primera de sus características en la historia de la sanidad española, pueda seguir su tramitación parlamentaria y convertirse en realidad en próximos meses.

“El paso dado en el Pleno del Congreso demuestra que profesionales sanitarios, representantes políticos y ciudadanía buscan el mismo objetivo de mejorar y reforzar nuestro sistema sanitario, garantizando por ley que cualquier persona, independientemente de la comunidad autónoma en la que resida o de si acude a un centro público o privado, recibirá unos cuidados y una atención sanitaria mejor y más segura. Los pacientes y ciudadanos en general serán los más beneficiados al ser los que más necesitan estas garantías”, apunta SATSE

La norma tomada en consideración establece unas líneas claras mínimas para que los pacientes dispongan de un número suficiente y adecuado de enfermeras y  enfermeros en todos los hospitales, centros de salud o centros sociosanitarios, evitando así que el actual deficit estructural de plantillas que existe en nuestro país pueda seguir perjudicando la atención que reciben los pacientes y ciudadanía y que provoca, incluso, más fallecimientos, como constatan numerosos estudios nacionales e internacionales.

En concreto, y en  lo que respecta a los hospitales, la Ley de Seguridad del Paciente establece que se asigne un máximo de seis-ocho pacientes por cada enfermera, y en el caso de los centros de salud, la asignacion de población por cada enfermera o enfermero no deberá superar nunca los 1.500 habitantes. La realidad actual es que en muchos de nuestros hospitales hay entre 15 y 20 pacientes  por cada enfermera, y en  los centros de salud, la asignación de pacientes por enfermera/o es de entre 1.600 y 2.000 personas

“Se trata de una norma necesaria, justa  e igualitaria que beneficia a todos y todas, y de manera especial a los pacientes, que responde también al compromiso consensuado por los partidos políticos en la Comisión para la Reconstrucción Social y Economía de nuestro país de mejorar y reforzar el Sistema Nacional de Salud a través de una dotación adecuada de las plantillas de enfermeras y enfermeros”, señala.

Al respecto, la organización sindical recuerda que España tiene una ratio de cinco enfermeras/os por 1.000 habitantes, mientras que la media en la UE es de casi nueve enfermeras/os por 1.000 habitantes, lo que le situa en el “farolillo rojo” en todos los análisis y estudios, habiendo, además, países que superan las 15 y 17 enfermeras/os por 1.000 habitantes.

La Ley Seguridad del Paciente entró en el Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular una vez que logró el pasado año cerca de 700.000  firmas de ciudadanos y profesionales sanitarios, además de contar con el apoyo de organizaciones de pacientes y usuarios, personalidades de la sociedad española  (comunicación, cultura, deporte…) y asociaciones enfermeras de todo el mundo.

CCOO Sanidad Madrid ha presentado denuncia contra el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) por poner en riesgo grave a los profesionales del Hospital Enfermera Isabel Zendal, pero también a los profesionales de los servicios del resto de los hospitales madrileños en donde la autoridades han reducido las plantillas para trasladar trabajadores/as al nuevo hospital. Acusa a la Consejería de Sanidad de inobservancia de las propuestas realizadas a nivel preventivo y de una conducta general de incumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.

En su denuncia ante la Inspección de Trabajo CCOO alega que la Consejería de Sanidad no ha tenido en cuenta, en ningún momento, las necesarias medidas de seguridad y salud previstas para poder realizar las tareas que se requieren para la actividad en el hospital “de las que únicamente tenemos información por los medios de comunicación”.

Añade el escrito que, en la construcción del hospital de pandemias, consta que tuvo lugar un accidente mortal por caída en altura, y al que se hace mención porque esa falta de información, formación y, en definitiva, de toda la preceptiva actividad preventiva inicial que debe tenerse en cuenta, no ha sido llevada a cabo en ningún momento, desde el principio del proyecto, hasta su puesta en marcha como hospital de referencia para traslado de pacientes COVID.

El pasado 24 de noviembre, la responsable de Salud Laboral de CCOO Sanidad Madrid, Rosa Muelas hizo llegar un escrito a la Subdirección General de Relaciones Laborales y Actuaciones Jurídicas del SERMAS, en la que se reclamaba los planes y las medidas de seguridad y salud laboral previstas en la normativa y alertaba de los posibles incumplimientos de la legalidad vigente.

Ante el silencio por respuesta de las peticiones y sin disponer, tres semanas después, desde la inauguración del Hospital Enfermera Isabel Zendal de ningún documento que acredite que existe la evaluación de riesgos del centro, los planes de evacuación y emergencias, la evaluación de puestos de trabajo o la vigilancia de la salud de los profesionales, entre otras exigencias. CCOO ha procedido a presentar denuncia.

Asimismo, el sindicato considera que esta situación de peligro grave afecta no solo a los trabajadores/as del nuevo hospital sino también a los que permanecen en aquellos servicios de los otros hospitales que se han visto mermados por los traslados que la Consejería de Sanidad ha ordenado. Ocurre que no se han cubierto las vacantes que han dejado los trasladados y esa sobrecarga de trabajo de los que se quedan, puede contribuir a incrementar su estrés y otras patologías poniendo en riesgo su salud y también la seguridad de los usuarios de los centros.

El Comité de Profesionalismo de ICOMEM hace pública su posicionamiento sobre la aplicación del Real Decreto Ley 29/20 y propone a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid que eleve al gobierno de la nación y de la Comunidad Autónoma de Madrid, la determinación de hacer partícipe siempre a la profesión médica de las medidas que afectan al funcionamiento del sistema sanitario y al ejercicio profesional. En el documento emitido hoy, considera que es no es aceptable que se promulgue esta norma sin haber sido estudiada y acordada con este colectivo, al tiempo que solicita que se establezcan mecanismos para que los Comités de Evaluación valúen las competencias de los profesionales que se contraten por esta vía excepcional. Además, inciden en la participación efectiva de los responsables de las unidades y servicios para determinar las necesidades de profesionales, definir las competencias profesionales necesarias, seleccionar a los profesionales más adecuados y evaluar su desempeño.

La postura del Comité de Profesionalismo Médico de ICOMEM frente a la publicación del Real Decreto Ley 29/20 se basa en un análisis que desarrolla en el documento difundido hoy. En el mismo manifiesta que las medidas que se adopten serán más adecuadas, si se tiene en cuenta el conocimiento experto de los profesionales médicos; por lo que se debe contar con ellos en la toma de decisiones futuras.

Con respecto al apartado 2.1.a. de la norma, el Comité Científico asegura que no debe autorizar para ejercer una especialidad a profesionales que carecen de título de especialista, y los médicos contratados bajo estas condiciones deben estar incluidos como personal médico en formación, con todas las limitaciones y supervisiones que tienen los médicos durante el periodo de formación especializada postgraduada.

Para este órgano asesor del ICOMEM deberían ser los Comités de Evaluación quienes evaluaran la idoneidad de las competencias profesionales, y los responsables de los servicios y unidades quienes determinaran las necesidades de recursos humanos que eventualmente se puedan derivar de la crisis de la COVID-19, incluyendo sus perfiles profesionales.

En relación con el artículo 3 del Real Decreto Ley 29/20, sobre la movilidad geográfica entre centros, y a la permeabilidad entre especialidades, este Comité cree que no se debe imponer a los profesionales, que han dado sobradas muestras de compromiso con el sistema sanitario público. Proponen que sean los responsables de servicios y unidades quienes las analicen para prestar la mejor calidad asistencial en estas circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia.

Por último, acerca del artículo 3.2, en el que parece habilitar al personal de enfermería de centros hospitalarios para desarrollar actividades propias de médicos de atención primaria, el Comité del Profesionalismo Médico del ICOMEM considera que está en abierta contradicción con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias y conllevaría riesgos para la seguridad del paciente.

Este mismo órgano hace publica su declaración de intenciones en otro documento en el que dice asumir el concepto de profesionalismo adoptada por la American Board of Internal Medicine (ABIM) Foundation, la American College of Physicians Foundation y la European Federation of Internal Medicine: “Medical Professionalism in the New Millennium: A PhysicianCharter”.

Asimismo, aclara que basará su funcionamiento en una serie de principios fundamentales como primacía del bienestar del paciente, su autonomía, la justicia social, cuando esas decisiones estén en consonancia con la prácica ética; mientras que establece una relación de responsabilidades por parte de los profesionales como:

 

 El compromiso con la competencia profesional.
 El compromiso de honestidad con los pacientes.
 El compromiso de confidencialidad.
 El compromiso de mantener relaciones apropiadas con los pacientes.
 El compromiso con la mejora de la calidad de la asistencia.
 El compromiso con la mejora en la accesibilidad a la asistencia.
 El compromiso con la justa distribución de unos recursos finitos.
 El compromiso con el conocimiento científico.
 El compromiso con el mantenimiento de la confianza mediante la gestión de los conflictos de interés.
 El compromiso con las responsabilidades profesionales. Como miembros de una profesión, se espera que los médicos trabajen en colaboración para maximizar la atención al paciente y participar en los procesos de autorregulación.

La Comunidad de Madrid ha adquirido 125.000 dosis más de la vacuna conjugada trecevalente frente al neumococo, por un importe de 5.152.712,50 euros. Este suministro adicional se ha realizado ante el incremento de la vacunación contra el neumococo y en el marco de la estrategia de la Dirección General de Salud Pública de minimizar las enfermedades respiratorias de los mayores, que son el principal grupo de riesgo de COVID-19. En concreto, se ha autorizado la adjudicación del contrato a la empresa Pfizer mediante un procedimiento de emergencia, negociado sin publicidad por exclusividad.

Esta vacuna está incluida dentro del Calendario de Vacunación de la Comunidad de Madrid: La vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos se administra a la población infantil con una pauta de tres dosis: a los dos, a los cuatro y a los 11 meses de edad, mientras que para las personas de 60 años se introdujo en el calendario en mayo de 2016, siendo Madrid la primera región en administrarla en esa franja de edad.

La vacuna neumocócica previene de la bacteria del neumococo que provoca, como enfermedades más habituales, neumonía, otitis y meningitis y distintas infecciones respiratorias. La incidencia de la infección es elevada en neonatos y niños menores de 2 años, disminuye en adolescentes y adultos jóvenes y aumenta de nuevo en adultos de mayor edad.

El Calendario de Vacunación de la Comunidad de Madrid contempla la administración de la vacuna frente al neumococo de 13 serotipos a población infantil, a grupos de riesgo de todas las edades, a las personas que cumplan 60 años y a personas mayores de esta edad que no han sido vacunadas previamente. Dentro de esta estrategia de vacunación, en tan sólo un mes se han administrado 80.000 dosis de la vacuna contra el neumococo.

Además de vacunar frente al neumococo, desde la Dirección General de Salud Pública se ha incidido en el refuerzo de la vacunación frente a la gripe estacional. La campaña de vacunación aún no ha finalizado, y hasta el 20 de diciembre 1.475.903 madrileños han recibido la vacuna antigripal. Está siendo una labor desarrollada principalmente desde las consultas de enfermería de Atención Primaria. Se trata del mayor número de vacunas administradas de todas las temporadas, en concreto un 32% más con respecto a la campaña anterior, superándose las coberturas de vacunación en todos los grupos de edad

La enfermería ha vacunado frente a la gripe desde el pasado 14 de octubre, inicio de la campaña, tanto en los centros de salud como en los consultorios locales del Servicio Madrileño de Salud -SERMAS-, y también en su domicilio a las personas frágiles o inmovilizadas. Además, han administrado la vacuna a los mayores en las residencias que no cuentan con servicio médico.

Sanidad ha adquirido para la campaña de vacunación de la gripe de esta temporada un total de 1.300.000 dosis y además, ha contado con un stock del Ministerio de Sanidad para cubrir posibles incrementos de la demanda, tal y como ha ocurrido. En total, se han invertido 7.807.155,20 euros.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado de la inversión de 5.303.200,35 euros para distintas actuaciones y contratación de servicios en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que desde principios de mes acoge a pacientes con COVID-19. A todos los contratos de las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19 les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.

El Hospital completó sus obras de urbanización con una inversión de 1.911.612,05 euros para nuevas unidades de obra. A su vez, ha prorrogado los servicios de asistencia técnica, de coordinación de seguridad y salud por 130.377,50 euros.

Junto a estos dos capítulos, el Consejo de Gobierno ha sido informado también hoy de la ampliación del contrato de redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa correspondiente a los módulos Central de Instalaciones y Centro de Usos Múltiples, cuyo importe total asciende a 946.726,92 euros.

Además de los datos sobre la redacción, ejecución y desarrollo de la obra, así como la construcción, se ha informado de la adquisición de material sanitario en el centro para la atención de los pacientes ingresados. Han sido adquiridos 20 nuevos respiradores de diferentes características y un equipo portátil de radiología por un importe total de 246.395 euros.

También se contrataron los servicios de lavandería para atender las necesidades tanto de los enfermos como de los profesionales de este Hospital, único en España, por un importe de 907.241,11 euros. El servicio quedará cubierto desde la puesta en funcionamiento el 1 de diciembre de 2020, hasta finales del próximo mes de mayo.  El servicio de alimentación y vending ha sido otro de los aspectos por los que se ha informado al Consejo de Gobierno en el día de hoy. En total se establece una partida para este servicio de alimentación de 1.160.847,77 euros hasta el próximo mes de junio.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal, perteneciente a la red pública de hospitales de la Comunidad de Madrid, atiende a 65 pacientes a día de hoy desde que recibió al primero el pasado 11 de diciembre. Tiene una superficie de 80.000 metros cuadrados; cuenta con tres pabellones de hospitalización compuestos por 1.008 camas de hospitalización convencional y 48 camas de UCI, de las cuales 32 son de cuidados intermedios y 16 de cuidados intensivos, con puestos individuales con capacidad de presión negativa.

Se trata de un centro diseñado y construido para evitar los contagios cruzados, para lo que se le ha dotado de sistemas adicionales de seguridad para el paciente y los profesionales sanitarios, como accesos y circulaciones diferenciadas para el tránsito de pacientes, sanitarios, logística y suministros.

Cuenta, además, con un pabellón para almacenamiento y logística de 8.000 metros cuadros y un edificio de usos múltiples sanitarios que albergará un Centro de Coordinación del SUMMA112, un centro coordinador de la Consejería de Sanidad, y el nuevo Laboratorio Regional de Salud Pública.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado de la inversión de un total de 1.011.613.734,05 euros en distintos contratos que se han realizado por el procedimiento de emergencia, para asegurar en la sanidad pública madrileña la protección de pacientes y profesionales frente al COVID-19, su tratamiento, así como para concienciar e informar a la población.

El Servicio Madrileño de Salud -SERMAS- ha contratado con un plazo de ejecución de un año, mediante procedimiento centralizado, en distintos lotes, equipos de protección individual (EPIs), materiales y medios de seguridad para el uso de personal sanitario por 997.631.000 euros. También se ha contratado para sus centros dependientes material de protección individual, con un plazo de ejecución de un mes, por 871.200 euros.

Por su parte, varios hospitales de la Comunidad de Madrid han seguido invirtiendo para garantizar la atención frente al COVID. El Hospital Universitario de Getafe ha precisado ventiladores, respiradores, monitores, ecógrafos, máquinas de anestesia, pruebas serológicas, reactivos microbiológicos, y, entre otro equipamiento, material de protección por 4.384.623,1 euros.

El Hospital Universitario de Fuenlabrada ha invertido 1.125.634,69 euros en monitores, respiradores y batas, así como en aumentar la presencia del servicio de limpieza en el centro. El Hospital Universitario Príncipe de Asturias ha tramitado distintos contratos para mantener la atención sanitaria frente a esta enfermedad, como, por ejemplo, con medicamentos, además de respiradores, pulsioxímetros, ecógrafos o camas, por 3.947.015,93 euros.

El Hospital Universitario Ramón y Cajal ha precisado 355.500 euros para, entre otras cosas, el servicio de reparto de medicación a domicilio y el Hospital Universitario de La Princesa ha contado con un equipo de ortopantomografía 3D que ha supuesto una inversión de 54.450 euros. Además, el Hospital Universitario de Móstoles ha recibido distinto mobiliario por 64.310,32 euros.

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria, tal y como ha conocido el Ejecutivo autonómico hoy en su reunión del Consejo de Gobierno, ha destinado 656.130,80 euros para la contratación de vehículos con conductor para los centros de salud y se han contratado con Cruz Roja la gestión de un dispositivo para la realización de test de antígenos por 92.030,52 euros.

Por último, el Consejo de Gobierno ha sido informado de la contratación del plan de medios para la compaña informativa y de concienciación de las medidas preventivas frente al COVID-19 en la Comunidad de Madrid en los meses de noviembre y diciembre por 3.149.999,74 euros.

La Comunidad de Madrid ha sido beneficiaria de una ayuda, de hasta 9,2 millones de euros, concedida por la Unión Europea para cubrir los gastos derivados de la compra de material de protección individual durante la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. La solicitud de estas ayudas, vinculadas al Instrumento de Apoyo a Emergencias (ESI) de la UE, fue tramitada por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, en coordinación con la Consejería de Sanidad.

El procedimiento de solicitud de ayudas se inició el pasado mes de mayo, habiéndose logrado el reconocimiento por parte de la autoridad europea de unas ayudas que cubren los gastos derivados de la compra de materiales que fueron puestos a disposición de agrupaciones de Protección Civil y del personal sanitario madrileño.

La ayuda del instrumento europeo es una de las acciones establecidas por la UE, dirigida a resarcir a los Estados miembros por los gastos de transporte de artículos con destino médico en los que se haya incurrido desde finales del mes de abril, hasta comienzos del mes de julio.

Para su tramitación, desde ASEM112 se creó un grupo de trabajo coordinado por la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Consejería de Presidencia, en el que también participó la autoridad sanitaria. Estas ayudas, directamente relacionadas con la emergencia por el COVID-19, suponen un gran apoyo financiero por parte de la UE para la Comunidad de Madrid.

Una vez reconocida la ayuda, la UE traspasará los fondos directamente a la Tesorería del  Ejecutivo regional, compensando de este modo el gasto afrontado por la Comunidad de Madrid en las operaciones de transporte de material médico durante la crisis sanitaria.