80 propuestas para reformar la Justicia

La Comunidad de Madrid ha concluido el informe sobre el estado de la Justicia en la región, en el que se proponen un total de 80 medidas para mejorar su funcionamiento consensuadas con los máximos responsables de la judicatura madrileña (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Fiscalía de Madrid, Juez Decano, Audiencia Provincial y Secretarios Judiciales).

Según recordó el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, el estudio fue encargado por la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, al comprobar que el importante esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno regional, que se ha incrementado desde 2003 en un 82%, no se corresponde con la opinión que los ciudadanos tienen de la Justicia madrileña. “Por eso, además de realizar el análisis de la Justicia, hemos decidido avanzar actuaciones necesarias para mejorar, que tienen como principios básicos la eficiencia y eficacia”, añadió.

Entre las situaciones que necesitan una rápida intervención se encuentra la alta litigiosidad de los juzgados madrileños, que con una tasa de 216 asuntos ingresados por cada 100.000 habitantes, se han convertido en los segundos con mayor número de casos, muy por encima de la media nacional (191).

En este sentido, la Comunidad de Madrid va a apoyar las reformas legislativas planteadas por el Ministerio de Justicia, las tasas judiciales o la despenalización de faltas; así como la extensión de los juicios rápidos al orden civil, el impulso a modelos de resolución extrajudicial como el arbitraje o la mediación, y la intervención notarial en expedientes de mutuo acuerdo en materia civil o mercantil.

Asimismo, el Gobierno regional plantea una reforma global de la planta judicial y reorganizar el personal que participa en la justicia. En el primero de los ámbitos, se pretende superar el actual concepto de partido judicial (Madrid cuenta actualmente con 22) para realizar una división del territorio en partidos más amplios que se complementarían con Juzgados de Base. También se quiere facilitar la jurisdicción entre civil y penal, replantearse el papel de los juzgados de paz, realizar una programación bianual de las necesidades de planta y una modificación de los juzgados de guardia. Refiriéndose al personal, el estudio analiza tanto la situación de los jueces, como fiscales, secretarios judiciales y el propio personal de la Administración de Justicia, sobre el cual se plantean el mayor número de propuestas al ser competencia propia de la Comunidad de Madrid. Además, mientras en el número de magistrados, fiscales o secretarios judiciales, la región siempre se encuentra por debajo de la media nacional, en el ámbito de los funcionarios es la Comunidad con una de las ratios más altas de Europa y la mejor de España, con casi 10 funcionarios por juez.

Por este motivo, la Consejería de Presidencia, que dirige Regina Plañiol, va a realizar un estudio de cargas de trabajo para la reordenación de efectivos. Al mismo tiempo ya está implantando el control del tiempo de trabajo y prevé concentrar los permisos por vacaciones en los períodos inhábiles. Asimismo, se ha solicitado al Estado que a la hora de convocar las plazas de empleados públicos se permita la movilidad de destino para sedes o unidades más genéricas y se formará de forma adecuada al personal que se incorpore por nuevo ingreso, traslado o cambio de jurisdicción. Por supuesto, se prevé la reducción al máximo de interinos, teniendo en cuenta que la media actual es del 22% del total de los empleados públicos de Justicia.

El informe dedica un apartado único a Justicia gratuita, debido a su importancia en volumen de expedientes y presupuesto que abarca, ya que uno de cada siete euros del presupuesto total dedicados a Justicia se destinan a este tipo de asistencia. La Comunidad de Madrid renueva su compromiso para ofrecer este derecho a todos aquellos que son merecedores del mismo, pero considera que es necesario la introducción de medidas que eviten el abuso del mismo por personas a las que no les corresponden o ante pretensiones insostenibles. Con este objetivo es básico potenciar los instrumentos telemáticos, además de impulsar la reforma de la Ley 1/1196 y la modificación del actual Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en nuestra región.

No obstante, la apuesta por las nuevas tecnologías se extiende a todos los ámbitos de la Justicia, de tal forma que en 2015 se prevé la plena Administración Judicial Electrónica en Madrid. Entre otras cuestiones, se generalizará la firma electrónica, se realizará comunicación directa de los órganos judiciales con los centros penitenciarios, se sustituirán los sistemas Libra y Minerva, por un sistema de información judicial común a todos los órganos judiciales, se extenderá el sistema procesal Lexnet, incluyendo secretario y procuradores, entre otras iniciativas.

Además, la Comunidad de Madrid sigue apostando por la creación de una Ciudad de la Justicia con colaboración de la iniciativa privada, un proyecto respaldado por toda la Judicatura madrileña con un carácter más austero que el anterior Campus de la Justicia. Y mientras esta iniciativa se hace realidad, el informe apoya la concentración de sedes entorno a Plaza Castilla y el eje Princesa-Gran Vía. Además se pone en marcha la Junta de Expurgo y un sistema ágil para la devolución de documentos.

Para finalizar, el vicepresidente quiso hacer hincapié en el capítulo de financiación, donde la auditoría señala la necesidad de establecer tarifas fijas para peritaciones, una gestión más eficaz y eficiente de los servicios, la implantación de la factura judicial informativa y la decisión de destinar ingresos derivados de la Administración de Justicia a la mejora y modernización de la misma.