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15
Oct
2020
Illa reconoce la mejora de los datos de Madrid y descarta prolongar el Estado de Alarma PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Congreso de los DiputadosEl Ministro dio cuenta de la aprobación del pasado viernes

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, 15 de octubre, los reales decretos-leyes sobre la prórroga de los ERTE, la regulación del trabajo a distancia y del teletrabajo en la Administración Pública y de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Además, ha aprobado y enviado al Senado la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
La sesión ha comenzado este jueves, 15 de octubre, a las 9:00 horas, con la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para informar de la declaración de estado de alarma en 9 municipios de la Comunidad de Madrid aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes 9 de octubre.
Esta comparecencia se ha producido de acuerdo con el artículo 116.2 de la Constitución, según el cual "el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración".
Y durante la comparecencia saltaba la sorpresa, pues, después de meterse con la gestión sanitaria de la Comunidad, el Ministro reconocía que la evolución de la crisis era buena en la región, por lo que daba por hecho que el Estado de Alarma se levantará el sábado de la próxima semana a las cinco de la tarde. Illa también explicaba que a partir de ese momento las restricciones podrán ser aplicadas a través de la Ley de Sanidad de 1986, en lugar de recurrir a la intervención estatal.
Una vez concluida la intervención del ministro de Sanidad, han tomado la palabra los representantes de los Grupos Parlamentarios de mayor a menor. Así, han intervenido la portavoz del Partido Popular, Concepción Gamarra; Juan Luis Steegmann, diputado de Vox; Rafael Mayoral, del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem- Galicia en Común; el portavoz de Más País, Íñigo Errejón; el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal; Aitor Esteban, por el Grupo Parlamentario Vasco; y dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria; Sergio Sayas, de UPN; e Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias. La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha cerrado las intervenciones de los grupos parlamentarios.
Tras esto, se ha debatido la convalidación o derogación de cuatro reales decretos-leyes. El primero, que ha quedado convalidado con 293 votos a favor, 1 en contra y 54 abstenciones, ha sido el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, cuyo texto otorga a las personas trabajadoras a distancia los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en los locales de la empresa y se fundamenta en la voluntariedad y el acuerdo de personas trabajadoras y personas empleadoras. La norma considera trabajo a distancia regular aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. También se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia.
Seguidamente, se ha decidido sobre el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuyo objetivo principal es configurar un marco normativo básico suficiente para que todas las administraciones públicas puedan desarrollar sus instrumentos normativos propios reguladores del teletrabajo, considerando también la competencia estatal sobre la legislación laboral en el caso del personal laboral. La iniciativa ha sido convalidada por 196 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones.
También en materia de empleo, el Pleno ha decidido sobre el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que contiene la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este real decreto ha sido convalidado por 345 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Según lo acordado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con sindicatos y patronal, esta norma contiene también la extensión de medidas extraordinarias "de escudo social" de los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad.
Por último, se ha debatido el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, que ha quedado convalidado con 187 votos a favor, 154 en contra y 7 abstenciones. Se trata de un paquete de medidas para facilitar la contratación de docentes que cumplan con todos los requisitos pero que aún no hayan cursado el máster específico, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras durante el curso 2020-2021. La cobertura de estas plazas, de carácter excepcional y temporal, podrá llevarse a cabo para las materias en las que se agoten las listas de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad y de demandantes de empleo que estén en posesión del citado máster.

Finalmente, la sesión del jueves se ha cerrado con el debate del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Una vez votado el dictamen de la Comisión, que ratificó el informe de la ponencia, la propuesta se ha sometido a una votación de conjunto, quedando aprobado por unanimidad. y continuará su tramitación en el Senado.
Esta proposición de ley, procedente del Senado y cuya toma en consideración fue aprobada por la Cámara Alta el pasado mes de marzo, modifica el artículo del 156 del Código Penal para eliminar el segundo párrafo, en el que se establece que "no será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil".
Esta reforma añade una disposición que establece que "en el marco de la legislación básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones recibirán los mismos siempre en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada".

El Pleno de esta semana comenzó el martes, 13 de octubre, a las 15:00 horas, con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. La iniciativa ha sido aprobada con 208 votos a favor, 53 en contra y 89 abstenciones.
Esta Proposición de Ley añade un artículo, el 4 bis, sobre "el papel moneda y otros signos fiduciarios incautados por el régimen franquista", y una disposición adicional, la novena, sobre ¿incautaciones durante la Guerra Civil amparadas en disposiciones de la República¿.
La sesión continuó con la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, aprobada con 309 votos a favor, 35 en contra y 6 abstenciones. Esta ley pretende establecer ciertos aspectos que garanticen una organización y funcionamiento homogéneos en el conjunto del Estado, y facilite, a su vez, las labores de coordinación en materia de gestión de emergencias, ofreciendo un marco regulador común para los servicios de bomberos en el ámbito estatal y autonómico.

Durante la sesión del martes, el Pleno también debatió dos proposiciones no de ley. La primera de ellas, la Proposición no de Ley presentada por Foro Asturias, formación integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a "la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo". Esta iniciativa, que ha sido votada en los términos de la enmienda de adición firmada por el propio grupo proponente y el Grupo Parlamentario Popular, ha sido aprobada con 165 votos a favor y 182 abstenciones.
El martes concluyó con el debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso con la convivencia democrática y el rechazo del odio y el fanatismo, por la que se condena "la difusión de mensajes y videos en los que se desea o simula la muerte de una persona por motivos políticos, que más allá de amenazar a personas concretas, agreden nuestra democracia y erosionan nuestras aspiraciones de serenidad y concordia". La iniciativa se ha votado en los términos de la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista, quedando aprobada con 167 votos a favor, 90 en contra y 91 abstenciones.

El Pleno del Congreso reanudó la sesión el miércoles, 14 de octubre, a las 9h., con la Sesión de Control al Gobierno, con la formulación de 17 preguntas y 4 interpelaciones urgentes. En esta ocasión las preguntas fueron dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
A continuación, fue el turno de la diputada Carolina España, del G.P. Popular "para que el Gobierno explique las medidas fiscales que está barajando para hacer frente al fuerte incremento de gasto anunciado", interpelando a la ministra de de Hacienda, María Jesús Montero.

Tras la Sesión de Control se debatieron tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera, que defendió Pablo Cambronero, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, trata la "grave crisis abierta en el seno de la Guardia Civil por las últimas destituciones ocurridas en el citado Cuerpo, por la política general de destituciones y nombramientos llevadas a cabo por el Ministro del Interior y, en general, por las órdenes emanadas del Gobierno hacia los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante esta crisis sanitaria". Esta moción, votada en sus propios términos, ha sido rechazada por 152  votos a favor, 169 en contra y 27 abstenciones.
La siguiente moción que debatió el Pleno es sobre "la gestión política del Gobierno, la defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional", y ha sido defendida por Guillermo Mariscal, del Grupo Parlamentario Popular. Esta moción, votada en los términos de una enmienda del Grupo Parlamentario VOX, ha sido rechazada por 154 votos a favor, 188 en contra y 6 abstenciones.
Finalmente, la jornada del miércoles concluyó con la moción planteada también por el Grupo Parlamentario Ciudadanos "para valorar la ausencia de medidas puestas en marcha por parte del Gobierno para asegurar la supervivencia de los negocios y empleos en el sector de la hostelería y otros sectores relacionados con el turismo en España", que ha defendido Mª del Carmen Martínez, y ha sido votada en los términos de una enmienda transaccional de los grupos Ciudadanos, Popular y Vox, quedando rechazada por 156 votos a favor, 166 en contra y 26 abstenciones.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha destacado que la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas es fruto del consenso, fruto del diálogo del Gobierno de España con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también de un amplio acuerdo con los sindicatos que conforman la Mesa General de Negociación.

"Es un buen ejemplo de lo que, a mi juicio, es la mejor forma de hacer política", ha afirmado Carolina Darias, que ha defendido en el Congreso la convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre. En este sentido, ha señalado que, para lograr que nuestro país progrese, uno de los objetivos es conseguir un mínimo común de entendimiento.

La ministra ha subrayado la necesidad de regular esta modalidad organizativa, dados los tiempos que vivimos, porque hasta ahora la realidad en el trabajo a distancia ha ido por delante de una regulación legal y era absolutamente necesario establecer su ordenación en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), configurando un marco de regulación básica aplicable al personal de todas las administraciones públicas.

El proceso de esta regulación se inició el 11 de junio en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, donde el Gobierno de España, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias compartieron la necesidad de regular de manera conjunta el teletrabajo. Se creó un grupo de trabajo, en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, que elaboró una propuesta desde el diálogo, ratificada por la Conferencia Sectorial.

La ministra ha recordado el importante papel de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que firmaron el 21 de septiembre el acuerdo, y a quienes ha reconocido su plena disposición para el diálogo y el consenso.

"Es una norma pionera", ha indicado la ministra, que introduce la regulación integral de una nueva modalidad en la prestación del servicio público. Supone la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, introduciendo un artículo 47 bis, que afectará aproximadamente a 2,5 millones de empleadas y empleados públicos, como norma básica aplicable tanto al personal funcionario como al personal laboral al servicio de todas las administraciones públicas.

Este Real Decreto-ley, acordado en el marco común para todas las administraciones públicas, tendrá que ser desarrollado ahora por cada Administración pública en un plazo de seis meses, adaptándolo a su territorio y a su normativa. Durante su intervención, la ministra ha resaltado algunas de las singularidades de esta regulación básica del teletrabajo en las administraciones públicas:

- Objetivo: regulación del teletrabajo en todas las administraciones públicas, constituyendo una nueva forma de organización y de estructuración del trabajo, para prestar un mejor servicio a los intereses generales y asegurar el normal funcionamiento de las administraciones públicas.

- Modalidad de trabajo fuera de las dependencias: modelo de organización, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

- Modalidad de trabajo que no se considera ordinaria ni absoluta: cada Administración determinará la manera de combinar presencialidad y teletrabajo y se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.

- Carácter voluntario y reversible: salvo situaciones excepcionales, debidamente justificadas, pero siempre la voluntariedad y la reversibilidad son dos vectores que califican a esta nueva modalidad de organización del trabajo en las administraciones públicas.

- Tareas susceptibles de poder ser realizadas mediante teletrabajo: Además, la empleada o empleado público debe tener las competencias digitales necesarias para poder realizar la prestación del servicio.

- Mismos derechos: la empleada o empleado público tiene los mismos derechos y deberes sea cual sea la modalidad de trabajo que desempeñe.

- Medios tecnológicos: las administraciones públicas deben proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para que las empleadas y empleados públicos puedan desarrollar la actividad y será cada Administración pública la que concrete los medios para el desempeño.

- Autorización: la prestación del servicio ha de ser expresamente autorizada a través de criterios objetivos para el acceso y compatible con la modalidad ordinaria presencial. Y en ningún caso, el teletrabajo puede suponer un incumplimiento ni de la jornada de trabajo ni del horario.

- Mejor organización del trabajo: se establece expresamente que el teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento y ha de para la mejor consecución de los objetivos de la Administración pública en su servicio a los intereses generales.

-Garantizar la prestación de los servicios públicos: sin perjuicio de su voluntariedad, su utilización deberá venir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos y, en todo caso, habrá de asegurarse el cumplimiento de las necesidades del servicio.

Carolina Darias ha reiterado que este Gobierno abre el camino hacia una Administración del Siglo XXI: "Una Administración pública que, como anunció el presidente en la presentación del Plan España Puede, forma parte de una de las 10 políticas palanca y que va a significar un punto de inflexión, y confiemos también en un punto de no retorno, para recuperar el valor de lo público".

Un punto de inflexión, ha continuado la ministra, para avanzar también en la modernización de la administración pública, "que debe contribuir activamente al logro de las grandes transformaciones que necesita España y que encuentra en el teletrabajo una de sus piezas fundamentales".

Carolina Darias también ha defendido las medidas sanitarias que, por razones de urgente necesidad, aparecen recogidas también en el Real Decreto-ley. Son medidas transitorias, ha recordado la ministra, para ampliar y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante la pandemia: "Medidas excepcionales en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, aplicables a todo el territorio nacional, para la contratación de profesionales sanitarios, tanto facultativos como no facultativos, ante la sobrecarga del sistema y de la presión asistencial".

El Gobierno da respuesta, ha recalcado la ministra, a una demanda de las comunidades autónomas por la falta de personal, porque "creemos en la cogobernanza". Más de 13.000 profesionales de la Sanidad estarán a disposición de las CCAA, con la posibilidad que les abre el Gobierno, respondiendo a su llamada, para nuevas contrataciones: por un lado, médicos que han aprobado el MIR pero no han obtenido una plaza en la convocatoria 19-20, y en segundo lugar, a médicos especialistas fuera del ámbito de la Unión Europea, siempre y cuando el comité de evaluación haya emitido el informe propuesta, es decir, estén en la primera fase de tramitación del expediente.

También incluye la posibilidad de que las CCAA puedan disponer que tanto el personal médico como de enfermería puedan atender a aquellas unidades en los centros hospitalarios u otras áreas con déficit de personal. Al mismo tiempo, se modifica la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias para que algunas pruebas se realicen de manera telemática y por medios electrónicos.

 

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