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03
Oct
2020
Los Centros de Salud realizarán tests de antígenos desde esta semana PDF Imprimir E-mail
Otras Noticias - Comunidad de Madrid
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Foto cedida por CAMLa Comunidad compra dos millones de test por diez millones de euros

La Comunidad de Madrid ha incorporado esta semana en los centros de salud de la región los nuevos test rápidos de antígenos para el diagnóstico del COVID-19, que se realizarán principalmente a pacientes con síntomas sospechosos de la enfermedad y a población vulnerable. Este método diagnóstico supone un gran avance en la detección temprana del virus y, por lo tanto, en la adopción de medidas de aislamiento y estudio de contactos, ya que el resultado se ofrece en un tiempo estimado de 15 a 20 minutos, y está equiparada a la PCR.

El Gobierno regional ha adquirido en total cinco millones de pruebas, dos de los cuales se destinan a Atención Primaria. La técnica rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 Panbio COVID-19 Ag es una técnica fiable en nuestro medio con sensibilidad (capacidad para detectar el antígeno) superior al 93 % y especificidad (tipo específico de antígeno, y en este caso de COVID-19) superior al 99 %. Desde hace dos semanas se está aplicando en las urgencias de hospitales y en la estrategia de diagnóstico en las zonas de mayor transmisión de la región.

Los test de antígenos están indicados para personas con síntomas sospechosos de COVID-19 con cinco o menos días de evolución y en determinados contactos estrechos, como son convivientes y personas vulnerables. No hay que realizar la prueba ni el aislamiento, si el paciente cuenta en los últimos tres meses con una
PCR positiva o el resultado de una prueba positiva de Ig-G.

La Comunidad de Madrid ha decidido utilizar estos test en su estrategia de diagnóstico y control de casos y contactos, para lo cual se han elaborado unos algoritmos de utilización de los mismos en Atención Primaria, Urgencias y centros socio-sanitarios, así como en el cribado poblacional que se realiza en las zonas
de mayor incidencia de COVID-19. En la elaboración de los mismos han participado diversos especialistas implicados en la atención de estos pacientes.

A su vez, existe un Procedimiento para el manejo de los test de detección antigénica Sars-CoV-2 en Atención Primaria, en el que se especifica cuando está indicada la utilización del test y las diferentes posibilidades una vez realizado. Al igual que en la toma de muestras para la realización de la PCR, el test será
realizado por las enfermeras de Atención Primaria.

Los profesionales de los centros de salud de la región han desempeñado desde marzo un papel crucial en la contención de la pandemia, con el diagnóstico de casos y la atención de pacientes positivos o contactos estrechos mediante seguimiento telefónico, consulta presencial o en el domicilio del ciudadano. Al mismo tiempo, han simultaneado este trabajo con las actuaciones habituales que se llevan a cabo desde del centro de salud, y en especial el seguimiento al paciente crónico, vacunaciones y atención a la salud materna e infantil.

En total, durante los últimos siete meses los centros de salud han llevado a cabo una media diaria de 234.00 consultas que suman en total 23.177.992 actuaciones
(23 de marzo a 23 de septiembre). Éstas se distribuyen en 10.953.908 consultas presenciales de medicina, enfermería, pediatría y otras categorías; 542.666 visitas en domicilio o atención domiciliaria y 11.681.418 intervenciones de atención telefónica para el seguimiento sanitario de casos y contactos, así como otros problemas relacionados con la salud.

Desde que se inició la realización de PCR a todo caso sospechoso y a sus contactos estrechos, se ha registrado un aumento progresivo del número de pruebas, con una media diaria de más de 22.000 tomas de muestras y un pico máximo de 26.308 PCR (el 21 de septiembre). El seguimiento domiciliario de las PCR positivas durante ese periodo ha requerido de media 12.633 consultas diarias.

Por otra parte, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha llevado a cabo un plan de adaptación de las infraestructuras COVID-19. Este plan tiene como objetivo la normalización de la situación, adaptándonos a la convivencia con el coronavirus SARS-CoV-2, la creación de un nuevo escenario y la homogenización de la atención, que debe dar respuesta a nuestra población de una forma equitativa.

Los aspectos incluidos son mamparas en la Unidad de Atención al Usuario o zona de triaje; cartelería y señalética; seccionamiento; obras en ejecución y climatización así como la seguridad en la consulta de Odontología. La Gerencia realiza un seguimiento periódico de la situación en cada centro. Esta reordenación y la dotación de los recursos para garantizar la adecuada atención han repercutido en la actividad de los centros y su accesibilidad. No obstante los 266 centros de salud están abiertos y tan solo nueve consultorios locales permanecen cerrados por la reorganización.

La Comunidad de Madrid aprobó la semana pasada el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria para reforzar este ámbito clave en la lucha contra el COVID-19, con objeto de reconocer de forma remunerada el trabajo de sus profesionales y hacer de este escalón asistencial un espacio atractivo para los futuros médicos de familia, pediatras y enfermeras que están en formación.

En el marco del Plan, el Gobierno regional equiparará las retribuciones de los profesionales especialistas de Atención Primaria -medicina de familia y pediatría y del SUMMA 112 con las de los facultativos especialistas de Atención Hospitalaria, una medida que beneficiará de forma lineal a unos 5.000 trabajadores y que supondrá un incremento salarial anual de 5.757 euros.

Por otro lado, para los puestos de difícil cobertura y fomentar así la elección de algunos puestos de trabajo en determinadas categorías, dada la complejidad de
encontrar profesionales para su contratación, ya sean plazas vacantes, sustituciones o ausencias, es necesario hacerlos más atractivos y compensar económicamente la elección de los mismos. Esta medida supondrá un incremento retributivo para puestos de difícil cobertura que supone una inversión de 10,6 millones de euros.

Además, se considera necesaria la modificación del modelo de abono de la tarjeta sanitaria de enfermería, adaptándola al modelo de médicos de familia y pediatras.

Este Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria cumple el Acuerdo de Gobierno suscrito para la presente Legislatura y está enfocado a la modernización y reorientación de la Atención Primaria madrileña para ofrecer unos servicios más accesibles y orientados a los ciudadanos, con mayor tiempo de atención al paciente y con el reconocimiento e implicación de los profesionales que la hacen posible

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha visitado este viernes un punto de pruebas COVID en El Pozo del Tío Raimundo, en Puente de Vallecas, para conocer la labor de coordinación de los servicios sociales municipales con los servicios sanitarios en la atención a las familias más vulnerables que tienen dificultades para realizar cuarentena.

Acompañada del delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, la vicealcaldesa ha destacado que desde este punto, en el que Madrid Salud y SUMMA 112 realizan tests para la detección de COVID-19, existe un cauce de coordinación con los servicios sociales municipales para atender las necesidades de las personas que tengan dificultad para realizar un aislamiento por no poder teletrabajar. “Estamos trabajando de forma perfectamente coordinada para realizar pruebas a la vez que detectamos casos de personas que deben realizar una cuarentena y necesitan ayuda social para salir adelante”, ha explicado Villacís.

Programa de respuesta social

Además, durante su visita, Villacís ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid se encuentra en la calle a través de distintos puntos de información COVID itinerantes para prestar apoyo a los vecinos de las zonas afectadas por las restricciones de movilidad e informarles de los distintos servicios de atención social que tienen a su disposición.

Enmarcados dentro del programa ¿Puedo ayudarte? Respuesta social en calle, los puntos de información COVID se instalan cada día en carpas ubicadas en los barrios afectados por las restricciones de movilidad y están atendidas por personal del SAMUR Social, trabajadores sociales del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social y participantes en el programa Voluntarios por Madrid. Su finalidad es informar de los recursos municipales con los que cuentan los ciudadanos de los distritos afectados, además de detectar casos de extrema vulnerabilidad y remitirlos de forma inmediata a los servicios sociales para que puedan ser atendidos

La Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de Consejo de Gobierno más de 10 millones de euros para adquirir 2.070.000 millones de test rápidos para la detección de la infección por SARS COV-2. Se trata del mismo modelo que el Gobierno regional utilizará en su estrategia serológica para hacer pruebas a los vecinos de las zonas con mayor número de contagio.

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la tramitación de distintos contratos para la adquisición de material para hacer frente a la situación creada por el COVID-19. Así, se ha dado cuenta de la compra de estos primeros test rápidos que ya se están aplicando en las urgencias de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y en otros centros sanitarios y que en los próximos días se generalizarán en la Atención Primaria. En total, la Comunidad cuenta ya con 5 millones de test rápidos.

La Consejería de Sanidad adquirió por vía de urgencia dos tipos de tests, uno de ellos de antígenos (dos millones de unidades) y un segundo de detección de anticuerpos IgM/IgG (70.000 unidades). El coste total de estas pruebas es de 10.015.000 euros.

El Consejo de Gobierno ha sido igualmente informado de la adquisición de material de protección individual y de pruebas nasofaríngeas para los centros del Servicio Madrileño de Salud por un total de 26.881.735 euros; así como de 1.300.000 unidades de material de trasporte de muestras biológicas relacionadas con el COVID-19 por un valor de 1.447.160 euros.

A todos los contratos de las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19 les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con la presidenta de Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, Pilar Roy, a la que ha mostrado su voluntad de colaborar próximamente de cara a las necesidades de carácter social que se planteen en el dispositivo de los test masivos que está realizando el Gobierno regional a todos los vecinos de las zonas con más contagio por COVID-19. Estas ayudas se trasladarán también a las cuarentenas que serán preciso guardar en el caso de que los resultados de las pruebas den positivo.

Por su parte, los responsables de Cruz Roja Española Comunidad de Madrid han hecho balance de la actuación de la organización durante los meses de pandemia y se han puesto a disposición de la Administración regional para seguir colaborando en programas e iniciativas que contribuyan a reducir el impacto social de la crisis sanitaria. Asimismo, Díaz Ayuso ha acordado con la organización dar el impulso definitivo a algunos convenios pendientes, en materia de emergencias sociales, donación de sangre y evacuación y traslado de lesionados. En el encuentro también han estado presentes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero.

La Comunidad de Madrid informará a los inquilinos de las viviendas sociales sobre las nuevas medidas aprobadas para frenar la trasmisión del COVID-19 en los municipios y barrios afectados por restricciones de movilidad y de actividad, a través de la oficina móvil del Servicio de Asistencia Vecinal (ASIVECAM).

La Agencia de Vivienda Social (AVS) ha reforzado su labor de asistencia vecinal en las comunidades que gestiona, incluidas dentro de las zonas restringidas, para seguir concienciando a los vecinos de la importancia del cumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19 establecidas por las autoridades sanitarias. En total, dentro de estas zonas, la AVS trabaja con 82 comunidades de vecinos, que se traducen en 1.222 viviendas.

La oficina móvil de ASIVECAM recorre desde el pasado fin de semana las 45 áreas de salud situadas en los distritos madrileños de Ciudad Lineal, Vicálvaro, Carabanchel y Villa de Vallecas y los municipios de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio. El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha podido comprobar in situ la tarea informativa y de apoyo que se realiza con los inquilinos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) en la lucha contra la pandemia para mejorar las relaciones sociales y personales entre los vecinos residentes en estas comunidades.

El equipo de la oficina móvil de ASIVECAM está compuesto por una furgoneta serigrafiada y una carpa informativa con mesa y sillas. El personal que atiende oscila entre 2 y 4 técnicos, dependiendo del tamaño de la comunidad de vecinos, y la campaña de prevención se completa con carteles informativos en los portales, además del buzoneo de folletos con el mensaje: Por mí, por ti, por todos. Ante la Covid-19 Protégete.

La oficina móvil de ASIVECAM informa a los inquilinos de viviendas sociales en municipios y barrios sometidos a restricciones sobre las limitaciones especiales tanto en entrada y salida si no es para acudir a asistencia médica, obligaciones laborales, legales y educativas, el cuidado de personas o causas de fuerza mayor. También recuerda la prohibición de reuniones con más de seis personas,  así como la recomendación de no realizar movimientos que no sean imprescindibles en toda la Comunidad de Madrid.

Este recurso proporciona también las herramientas necesarias para la resolución de posibles conflictos de convivencia, siempre en el marco de la Agencia de Vivienda Social, que cuenta con un parque de más de 23.200 viviendas repartidas por toda la región. También se atiende cualquier duda que los adjudicatarios puedan tener, como reducciones de renta, reclamaciones o mediaciones ante conflictos.

“El objetivo es mejorar y acercar la asistencia a los vecinos de nuestro parque de vivienda social en una situación tan difícil como ésta, especialmente a aquellas personas o familias que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, ha explicado el consejero.

Este punto de información itinerante visitará todas las comunidades y mancomunidades de la Agencia de Vivienda Social, donde además de la información básica sanitaria sobre la pandemia, se darán a conocer a sus vecinos los pasos a seguir a la hora de realizar trámites y gestiones relacionadas con la AVS, así como cualquier otro tipo de ayuda o información, como dónde poder dirigirse y qué documentación presentar ante cualquier tipo de trámite o solicitud.

La Comunidad de Madrid exige al Gobierno de España que establezca unos criterios objetivos de reparto entre las comunidades autónomas del Fondo de Reconstrucción aprobado por la Unión Europea para que los países miembros puedan hacer frente a las consecuencias del COVID19. El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha lamentado que después de varios meses desde la aprobación de este Fondo, el Estado no haya informado a los gobiernos autonómicos sobre las cantidades que van a recibir, ni tampoco sobre las características que tienen que reunir los proyectos para poder ser financiados a través de dicho recurso.

En el transcurso de una rueda de prensa telemática celebrada en la Consejería de Hacienda y Función Pública, Fernández-Lasquetty ha recordado que España va a recibir 140.000 millones de euros en base a los parámetros de distribución que ha establecido la Unión Europea: en función de la población, el impacto en el PIB de la crisis sanitaria y los niveles de desempleo de los países receptores.

En este sentido, el consejero ha reclamado al Gobierno de España que adopte igualmente criterios claros para repartir los fondos entre las comunidades autónomas, “porque lo que no puede ser es que se repartan los 140.000 millones de manera aleatoria en un despacho de la Moncloa, es decir, que la decisión se tome de manera unilateral sin tener en cuenta la realidad de cada territorio”.

Además del desconocimiento sobre la cuantía que recibirá cada región, el consejero ha criticado que tampoco se haya concretado de qué manera participarán los gobiernos autonómicos en la “cogobernanza” del Fondo de Reconstrucción, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno, ni quiénes podrán presentar los proyectos subvencionables.

“Hay que recordar que España tiene que enviar a la Unión Europea el Plan Nacional de Proyectos a partir del 15 de octubre y las comunidades autónomas estamos a ciegas”, ha señalado Fernández-Lasquetty. A pesar de ello, el titular de Hacienda del Gobierno regional ha avanzado que la Comunidad de Madrid va a comenzar a trabajar y diseñar proyectos e iniciativas que ayuden a reactivar la economía, poniendo especial atención en aquellos sectores más castigados por la crisis sanitaria.

A este respecto, el consejero madrileño ha considerado “imprescindible que el diseño y ejecución del Plan de Recuperación de España que será enviado a la Comisión Europea en el marco del Fondo Next Generation EU sea elaborado en coordinación con las comunidades y ciudades autónomas, diputaciones y ayuntamientos”.

La Comunidad de Madrid ha donado, a lo largo del año 2020, 15.000 kilos de alimentos a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid como muestra de su compromiso con la labor social que realiza esta organización benéfica.

A través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, se han donado un total de 3.300 litros de aceite y 12.175 kilos de frutas y hortalizas procedentes del excedente de producción que no se utiliza para la investigación agroalimentaria desarrollada en la finca experimental La Isla, situada en Arganda del Rey.

En concreto, la Fundación ha recibido 800 kilos de tomates, 3.035 de sandías, 140 de pimientos, 5.200 de patatas, 2.600 de melones y 400 de calabacines, todos ellos productos tradicionales de la región, de altísima calidad, desaparecidos de los campos madrileños durante años y recuperados por los investigadores del IMIDRA. Además, el aceite donado es producto del cultivo de la aceituna que se lleva a cabo en diferentes fincas gestionadas por la Comunidad de Madrid para el desarrollo de este sector madrileño.

La Comunidad de Madrid realiza, desde hace años, aportaciones periódicas al Banco de Alimentos con cada cosecha del IMIDRA que contribuyen a facilitar la situación a los ciudadanos más vulnerables. Como consecuencia de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, estas donaciones han aumentado en lo que va de año en un 20%. Precisamente a finales del pasado mes de septiembre, el gerente del IMIDRA, Sergio López, hizo entrega de los últimos 575 kilos de producto de temporada de verano recogidos en las parcelas de La Isla y de 300 litros de aceite a la directora del Banco de Alimentos, Gema Escrivá.

La Comunidad de Madrid, dentro del plan de apoyo al campo madrileño, donó el pasado mes de abril, a través del IMIDRA, 451.000 plantones de diferentes especies hortícolas para que los agricultores pudieran optimizar la producción de sus plantaciones (200.000 de cebolla, 132.600 de tomates autóctonos de la región, 100.000 de pimientos, 12.000 de berenjena y 6.600 de melón) destinados al consumo.

Además, aportó más de 100 kilos de alimentos a la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) para la elaboración de menús solidarios con los que se pudieron elaborar más de 400 menús, entre desayunos, comidas y cenas para más de 1.200 familias, y paliar los efectos de la crisis en plena pandemia.

El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) forma parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid y tiene como objetivo la investigación agroalimentaria, agroforestal, agroambiental, producción animal y aplicada para potenciar el entorno rural y cuidar de nuestro entorno.

Cuenta con ocho fincas experimentales repartidas por toda la región en las que se realizan distintos proyectos de investigación relacionados con el campo madrileño y que pasan por la  recuperación de variedades hortícolas tradicionales de Madrid; el desarrollo de productos lácteos o cárnicos; el conocimiento científico de los alimentos de Madrid y su mejor aplicación culinaria; la mejora de las razas de ganado y conservación de las autóctonas que están en peligro de extinción; la potenciación de la agricultura sostenible y de cercanía y de los circuitos cortos de comercialización; el desarrollo de proyectos para mejorar la calidad del medio ambiente; la custodia de bancos para preservar el patrimonio genético, o el cuidado y conservación de la flora silvestre de la región, entre otros.

El Instituto cuenta con casi 400 trabajadores entre investigadores, técnicos y operarios, todos ellos en contacto directo con agricultores, ganaderos y empresas del sector rural madrileño. Estos son, precisamente, los destinatarios del resultado de todas las investigaciones que se llevan a cabo y de los servicios que les presta el IMIDRA.

Desde el punto de vista científico, el Instituto madrileño goza de un gran prestigio nacional e internacional en varios ámbitos de investigación, gracias a la proyección y calidad de sus investigadores.

La Comunidad de Madrid ha renovado la gestión integral de 85 plazas en El Laurel y El Lavadero, dos de los seis centros que la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) tiene en la región. El Gobierno autonómico va a asignar 13,5 millones de euros durante los próximos dos años a estos centros destinados a la ejecución de medidas judiciales de internamiento para estos menores y jóvenes.

El objeto de este contrato, acordado en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado esta semana, es garantizar la gestión integral de estas 85 plazas, 45 en El Lavadero y 40 en El Laurel, para ejecutar las medidas judiciales de internamiento impuestas por los Juzgados de Menores, en los regímenes cerrado, semiabierto, abierto, terapéuticos y de fin de semana.

El Centro El Laurel está especializado en maltrato familiar ascendente, es decir de hijos a padres, así como en violencia de pareja. Durante el pasado año por sus instalaciones pasaron 75 menores y jóvenes infractores. Por su parte, el Centro El Lavadero dedica, al menos, 15 de sus 45 plazas a la intervención terapéutica en desintoxicación de drogas y abuso de sustancias tóxicas. En sus dependencias 112 menores y jóvenes infractores fueron tratados en 2019 a través de sus diferentes programas.

Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó en su última reunión destinar 1,6 millones de euros para prorrogar hasta diciembre del año 2022 un recurso especializado destinado al cumplimiento de medidas judiciales de convivencia en grupo educativo y un programa de apoyo a la inserción sociolaboral.

El programa de apoyo a la inserción sociolaboral está dirigido a menores y jóvenes infractores que cumplan medidas en régimen de medio abierto o de internamiento que tengan autorizadas salidas para realizar actividades socioeducativas y de inserción. El pasado año participaron en este programa 522 jóvenes.

También se ha renovado el grupo educativo de convivencia, un recurso residencial mixto para menores y jóvenes infractores que no están privados de libertad y que han de convivir, por resolución judicial, con otras personas, familia o grupo educativo. En 2019, catorce menores participaron en este programa de convivencia.

La Comunidad de Madrid continúa siendo la región española con la tasa más baja de infracciones penales cometidas y de menores condenados por cada 1.000 jóvenes con edades comprendidas entre los catorce y los diecisiete años.

Según los datos publicados la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al 2019, la tasa de menores condenados en nuestra región es de 4,6 menores por cada 1.000 jóvenes, mientras que la de infracciones penales es de 7 por cada 1.000 menores, un 37,8% y un 48,5% menos que la media nacional, respectivamente, que se sitúa en un 7,4 y de 13,6 por cada 1.000 menores.

Además, según los datos de la memoria de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, en 2019 la Agencia atendió a 2.845 de menores y jóvenes en cumplimiento de 3.436 medidas judiciales.

La Comunidad de Madrid ha reducido la deuda de la Agencia de Vivienda Social en un 97,98%, el equivalente a 570 millones de euros, durante el periodo comprendido entre 2012 y 2019. Gracias a ello, la deuda contraída ha pasado de 583 millones de euros a tan solo 12,9.

Esta importante amortización de capital corresponde a las cuotas de capital satisfechas que han sido establecidas en los calendarios de amortización de los préstamos que el Gobierno regional tenía formalizados, a lo que hay que sumar la decisión de no formalizar nuevos préstamos y realizar cancelaciones anticipadas de préstamos hipotecarios.

Anualmente, la Agencia de Vivienda Social solicita los fondos necesarios para hacer frente a los pagos de capital de acuerdo con el calendario de amortizaciones establecido en los contratos de préstamo personal e hipotecario que tiene formalizados.

En el presente ejercicio de 2020, se va a llevar a cabo la misma actuación, habiéndose enviado el pasado mes de noviembre la correspondiente solicitud de financiación por el importe correspondiente de la anualidad de 2020.

En cuanto al número de préstamos, la Agencia de Vivienda Social ha pasado de tener en su cartera hasta 88 préstamos en el año 2012 (24 préstamos personales y 64 préstamos hipotecarios) a únicamente 13 préstamos en la actualidad (5 personales y 8 hipotecarios).

En el año 2017, con la introducción de la normativa sobre prudencia financiera y las condiciones de rentabilidad mínima exigidas por las entidades financieras, se apreció una clara dificultad en la obtención de financiación, por lo que se decidió solicitar a la entonces Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la inclusión de la necesidad de la AVS de contar con financiación en su previsión anual de endeudamiento y la posterior transferencia de recursos al Organismo.

La Comunidad de Madrid cuenta con un parque inmobiliario superior a las 23.200 viviendas, lo que convierte a la región en líder nacional en cuanto a vivienda pública protegida destinada a uso social.

El compromiso del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso pasa por no solo mantener, sino en incrementar el número de viviendas destinadas a uso social. Así durante la presente legislatura se construirán 1.500 nuevas viviendas, 400 de las cuales iniciarán sus trámites de construcción este otoño.

La Comunidad de Madrid continúa adquiriendo material de protección ante el coronavirus y, en esta ocasión, ha destinado 154.026 euros a la adquisición de equipos de protección individual (EPI) para el personal de atención directa a los usuarios de los centros de menores de la región. Esta semana se ha informado al Consejo de Gobierno de esta contratación por tramitación de emergencia, en el plazo de los 30 días máximo que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Esta inversión, en total, permitirá el suministro de 268.683 mascarillas quirúrgicas, 1600 mascarillas KN95, 2.304 batas impermeables y 4.671 unidades de gel. Los centros ya han recibido las primeras entregas, estando prevista la entrega total para la primera semana de octubre.

Esta actuación se enmarca dentro de las medidas preventivas que, una vez finalizado el Estado de alarma, se continúan aplicando para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Están dirigidas al personal y a los usuarios de los centros de atención social de cara a constituir un stock suficiente de equipos de protección individual.

El Gobierno regional cumple así con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, que encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que, en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores. En la Comunidad de Madrid dichas funciones están atribuidas a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

 

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