La Comunidad recurrirá ante la Audiencia Nacional, que puede paralizarlos con medidas cautelares

La partida de ajedrez que están jugando Gobierno y Comunidad con cinco millones de madrileños como rehenes vivía ayer varios capítulos nuevos que vuelven a situar la situación en el campo de la justicia. Así, a primera hora, y tal y como había anunciado por la noche, el BOE publicaba la Orden Ministerial (en realidad una Resolución) por la que instaba a la Comunidad de Madrid a confinar los diez municipios más poblados de la región antes del viernes por la noche.

El texto, que, en esencia reproducía el acuerdo de la Comisión Interterritorial de la tarde anterior contra el que votó la Comunidad madrileña, fija en las once de la noche de este viernes el límite del tiempo que tiene la Comunidad para aprobar los confinamientos. momento en que entrarán en vigor los confinamientos perimetrales, los cierres anticipados de hostelería y comercio, y las limitaciones de aforo.

La publicación del Boletín sorprendía a Ayuso en medio del Pleno de la Asamblea, y la presidenta no dudaba en utilizar la tribuna para anunciar que “acatará” las medidas, pero las recurrirá ante la justicia. Así la Comunidad cambiaba la versión que daba la noche anterior, en que Escudero anunciaba que no iban a acatar la medida al suponer una clara invasión de las competencias sanitarias en manos de la Comunidad Autónoma.

Ayuso decía que acataría, pero lo que no contaba es el as que se guardaba bajo la manga, y que se desvelaría a lo largo de la tarde: si bien, desde este viernes pueden establecerse controles perimetrales en las ciudades confinadas, las medidas no tendrán validez legal hasta que sean publicadas en el BOCM, algo que debe aprobar el Consejo de Gobierno y que, por lo tanto, puede demorarse, al menos, una semana.

Pero además, cuando se publiquen oficialmente las medidas, tampoco entrarán en vigor de forma automática, pues, al restringir derechos fundamentales, deberá ser el TSJM el que valide, o tumbe definitivamente, los confinamientos que quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez.

Eso sí, es posible que este mecanismo no llegue a ponerse en marcha, pues, ya por la noche, la Comunidad daba otro volantazo, anunciando que, esta misma mañana, interpondrán recurso contra la Resolución de Illa ante la Audiencia Nacional pidiendo medidas cautelarísimas que eviten la entrada en vigor de los confinamientos.

Y es que lo que está en juego es, al menos, tan importante como el control de la epidemia. Según CEIM, cada semana de confinamiento le costará a la región seiscientos millones de euros, y, si se prolonga durante quince días, podría hacer caer el PIB regional un 15% adicional al más de veinte que ya calló durante el primer confinamiento. Miles de puestos de trabajo perdidos, más rebrotes, ruina económica y empobrecimiento social son el resto de consecuencias que prevé la patronal.