Es la primera Ley que pone en marcha el Gobierno de Ayuso

Si no fuera porque esta noche cinco millones de madrileños pasarán a estar confinados, la noticia del día sería para lo ocurrido en la Asamblea de Madrid, donde PP, Cs y VOX daban luz verde a la nueva Ley del Suelo de la Comunidad, que elimina la petición de licencias previas sustituyéndolas por declaraciones responsables, y liberalizando por completo el sector.

Eso sí, esta primera Ley aprobada por Ayuso desde su llegada al poder llegaba envuelta en la polémica, porque los tres partidos de izquierda consideraban que la Cámara no tenía el quórum necesario para aprobarla. Y es que el Reglamento es claro: el voto del Diputado autonómico es “personal e indelegable”, por lo que las restricciones de aforo impedirían la aprobación de cualquier Ley mientras dure la situación de crisis.

El Presidente de la Asamblea no tomaba en cuenta las críticas de las izquierdas que, anunciaban, estudian tomar acciones legales contra lo que consideran una votación “fraudulenta”.

Por la mañana los focos se los llevaba Ayuso que, además de hablar largo y tendido sobre los confinamientos, no dudó en comparar la situación con la catástrofe de Chernobyl. El rifirrafe lo comenzaba Perpinyá, líder de Más Madrid, al afirmar que “la Puerta del Sol era el Chernobyl de Europa”. Ayuso le respondía que “Chernobyl no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió en un lugar gobernado por ustedes”, lo que provocaba una enorme polémica en la que participaba hasta el creador de la serie de HBO que ha vuelto a poner de moda el desastre nuclear de los 80. Craig Mazin contestaba a Ayuso, a través de Twitter, que “está claro que no ha entendido la serie”.

La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de ley que, entre otras cuestiones, permitirá suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico con el objetivo de impulsar y reactivar el tejido productivo dañado por el COVID-19. Se trata del último trámite tras su aprobación y remisión por parte del Consejo de Gobierno a la Asamblea madrileña el pasado mes de julio.

La modificación de la Ley del Suelo aprobada se enmarca dentro del Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid y contempla la eliminación de la mayoría de licencias urbanísticas -excepto las estatales-, que hasta ahora eran obligatorias. Éstas serán sustituidas por declaraciones responsables para agilizar los plazos. De esta manera, las licencias que se otorgaban en una media de 12 meses se podrán hacer de inmediato con el beneficio que conlleva para los ciudadanos y ayuntamientos, encargados de tramitarlas, y el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.

“Se trata de una iniciativa que no solo va a generar empleo y contribuir al bienestar de los madrileños, sino que va a suponer un antes y un después en el desarrollo de un urbanismo sostenible en nuestra región. Si promovemos un contexto óptimo para las empresas, estaremos generando las oportunidades necesarias para que puedan seguir siendo un foco generador de riqueza y empleo”, ha destacado la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín.

La consejera ha señalado también que, a través de esta modificación puntual, se eliminarán los trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual, para poder ir avanzando en su recuperación. En ese sentido, se priorizará el mecanismo de declaración responsable con el objetivo de aumentar la competitividad y productividad en los sectores que favorecen la creación de empleo y para garantizar una mayor eficiencia en la
administración pública que interviene en estos procesos.

“Se trata de contar con normas eficientes y trámites simplificados y, en este sentido, se considera necesario poner el acento en aquellas reformas legislativas que mejoren la competitividad del tejido productivo”, ha explicado la consejera. Así, se pondrán cauces para minimizar las dificultades por las que está atravesando el sector ante este escenario de crisis sanitaria.

Esta medida ayudará a impulsar todos aquellos proyectos nacionales e internacionales, que posicionen, una vez más, a la Comunidad de Madrid como palanca de desarrollo, generación de riqueza y atracción de talento, teniendo en cuenta como pilares fundamentales la sostenibilidad y el respeto al medio
ambiente.

La aprobación de esta modificación legislativa animará a que las empresas extranjeras se ubiquen en la región, ya que en España los plazos de obtención de licencias son muy superiores a la media de países de la Unión Europea. Esta medida tendrá un impacto muy positivo en el tejido empresarial de la región favoreciendo la creación de empleo y reduciendo los efectos derivados del contexto actual en el que nos encontramos.

El sector de la construcción supone el 20% del empleo en la Comunidad de Madrid y presenta un mayor efecto multiplicador en términos de PIB ya que influye directa e indirectamente en el resto de sectores económicos. Por ello, reactivarlo es esencial en estos momentos dado que ha sido uno de los más perjudicados por la actual crisis.

El Gobierno regional ya modificó el régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas con respecto a las actividades de comercio minorista y determinados servicios, eliminando la exigencia de obtención de licencia municipal previa de apertura y de actividad, en un gran número de actividades comerciales, lo que redundó en la mejora del dinamismo comercial y económico de la región.

Al igual que se han arbitrado medidas en la actividad comercial, es necesario ahora reducir el gran número de licencias urbanísticas (de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas…) existentes en la actualidad que están generando un coste añadido tanto al ciudadano, como al promotor y al ayuntamiento que las tramita, debido al tiempo que tardan en ser otorgadas.

Según datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), la media de concesión de una licencia de obras en la región es de 12 meses. A los costes mencionados se suma además el coste que supondría el freno al empleo ocasionado por dichos retrasos en el sector de la construcción, que crea más del 6% de la tasa de empleo actual en España.

La dilatación de plazos para la obtención de licencias penaliza la actividad empresarial, ya que no solo elevan el coste que soporta la propia empresa de forma innecesaria, sino que también ahuyenta la inversión. Por ello se suprimirán las licencias de obras menores que tienen que resolver los departamentos técnicos de los ayuntamientos y que hace que los particulares pierdan demasiado tiempo para esperar a realizar una obra de menor calaje. Por ejemplo, una comunidad de vecinos que quiera poner una rampa de acceso para personas con discapacidad dentro del edificio ahora lo podrá hacer a través de una declaración responsable, ahorrándose entre 2 y 4 meses de trámites. También se suprimirán las licencias para obra nueva o de reforma integral, así como la posterior licencia de primera ocupación. Dependiendo del ayuntamiento, la espera podría oscilar entre los 12 y los 18 meses.

En ese sentido, esta modificación ayudará a eliminar trámites innecesarios u obsoletos para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando el mecanismo de declaración responsable. Éste garantizará que la actuación urbanística cumple con los requisitos, tanto urbanísticos como medioambientales, exigidos por la ley.

Además, esta medida repercutirá en la eficiencia de las administraciones locales que intervienen en este proceso, lo que será un factor determinante del buen funcionamiento de las actividades productivas y por tanto, del crecimiento y del desarrollo económico de la región.

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica, la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares, por citar
ejemplos concretos.

Igualmente, no tendrán necesidad de contar con licencia previa, ni presentar declaración responsable, todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de
menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de
puertas y ventanas, entre otros.

La Comunidad de Madrid aprobó también antes de verano el proyecto Madrid Nuevo Norte cumpliendo así con uno de nuestros compromisos estratégicos de
la legislatura, que tiene como objetivo seguir impulsando la economía de la región.

En su apuesta por los valores ambientales, Madrid Nuevo Norte proyectará 400.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, que vertebrarán la trama urbana, destacando un corredor lineal verde, que conectará el Parque Central con los parques del norte de la región, o los 13 kilómetros de carril bici, que
incluyen la unión con los barrios vecinos, el Anillo Verde Ciclista y la conexión de éste con el Carril de Colmenar.

Este proyecto supondrá, además: 250.000 nuevos empleos durante los próximos años; la construcción de 10.500 viviendas, de las que al menos el 20% serán viviendas de protección; la construcción de equipamientos sanitarios, educativos, sociales y deportivos; la ampliación de la red de transporte público, con tres nuevas estaciones de Metro, y la ampliación y renovación de la Estación de Chamartín, clave para la Alta Velocidad española, entre otros aspectos positivos destacables.

La Comunidad de Madrid da un impulso a la futura Ley de Movilidad Sostenible regional, cuyo borrador está previsto que esté finalizado en el primer trimestre del año que viene. Una vez trabajado con el resto de consejerías, los principales ayuntamientos de la región y diversos actores clave en la movilidad, el objetivo es poder iniciar su tramitación parlamentaria inmediatamente después.

Así lo ha avanzado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, en la Asamblea de Madrid, donde ha dado detalles de los trabajos para la elaboración de la nueva ley, que establecerá un marco regulatorio para la mejora de la movilidad en la Comunidad de Madrid.

“Esta ley no sólo nos permitirá una mejor coordinación en la planificación de la movilidad a escala regional sino, también, la ejecución de nuevas inversiones. Además, en colaboración con los ayuntamientos, facilitará la renovación del parque de vehículos y el desarrollo de la movilidad eléctrica”, ha apuntado.

Garrido ha explicado cómo hace un año se formó un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por representantes de todas las áreas de la Consejería de Transportes, así como de Metro de Madrid y del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. “Una implicación que pone de manifiesto la importancia
que esta ley tiene para nosotros y nuestro compromiso de sacarla adelante en esta legislatura”, ha señalado.

Este grupo de trabajo no ha interrumpido sus tareas “ni siquiera durante el Estado de alarma, con el firme objetivo de elaborar un documento que refleje las
necesidades legislativas de la Comunidad de Madrid en materia de movilidad sostenible”, ha añadido.

En este sentido, el consejero ha subrayado la necesidad de hacer partícipes en el proceso de elaboración de la ley a los principales actores involucrados en la
movilidad de la Comunidad de Madrid, tanto públicos como privados.

En esta línea, y en paralelo al trabajo realizado por el grupo de la Consejería, se han mantenido reuniones con diferentes actores del sector, empresas y asociaciones de movilidad, asociaciones de transporte de viajeros por carretera y de transporte de mercancías, consultoras y empresas de otros sectores. Todo ello con el fin de recabar información de primera mano de los principales conocedores de los retos que afrontan en cada una de las áreas y para aprovechar su conocimiento en dichas materias.

“Para la elaboración de esta ley, contemplamos cuestiones tales como el cambio climático, la calidad del aire y la sostenibilidad económica, por lo que también se están formando grupos de trabajo interdepartamentales con otras consejerías con claros intereses en la materia”, ha explicado Garrido, que ha citado, como ejemplo, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad o la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. El
objetivo es incorporar aquellas ideas y necesidades que en materia de movilidad sostenible puedan aportar.

El consejero también ha señalado que para el desarrollo de la norma se tendrá en cuenta el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible estatal en el que está
trabajando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que podría publicarse en breve. De este modo, se prevé dedicar el primer trimestre de 2021 a revisar la propuesta del Gobierno central para tratar de evitar posibles incoherencias o contradicciones entre ambos textos.

“Seguimos trabajando intensamente para hacer de la Ley de Movilidad Sostenible una realidad y, con ello, disponer de una herramienta eficaz para el logro de una movilidad segura y sostenible”, ha concluido.

La Comunidad de Madrid combate la transfobia a través de la campaña de sensibilización Respeta, Valora, Incluye por una Comunidad de Madrid sin Transfobia, que busca la participación ciudadana a través de las redes sociales. El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, ha destacado esta acción comunicativa que supone “el primer paso de muchos que aún tenemos que dar por los derechos de las personas trans”.

El Gobierno regional puso en marcha esta campaña dirigida al público en general, centrada en visibilizar la realidad de las personas trans que viven, sienten, trabajan y forman parte activa de nuestra sociedad, para así erradicar toda forma de discriminación hacia este colectivo y promover su inclusión social.

Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, Reyero ha explicado que “el Gobierno regional pretende con esta acción sensibilizar, combatiendo prejuicios y estereotipos relacionados con la identidad de género y fomentar el respeto efectivo para que la participación en la sociedad se dé en
condiciones de igualdad”.

Por ello, desde la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de las leyes de igualdad LGTBI ha puesto en marcha esta campaña, difundida a través de medios de comunicación online, entrevistas, cuñas de radio y pantallas situadas en estaciones de Cercanías e intercambiadores de transportes.

Esta acción comunicativa ha contado con el hashtag #MadridSinTransfobia que permite que cualquier ciudadano se pueda adherir a este movimiento de una forma activa a través de sus redes sociales. “Seguimos animando a los ciudadanos a que se unan, tal y como han hecho las entidades LGTBI madrileñas”, ha explicado el consejero, que ha valorado como “enormemente positivo” el impacto de la campaña y ha mostrado su intención de seguir trabajando en este sentido, “hasta erradicar cualquier tipo de discriminación”. Reyero ha concluido reafirmando el compromiso “nítido, rotundo e incuestionable de la Comunidad de Madrid por los derechos de las personas LGTBI y, en concreto, de las personas trans”.

La Comunidad de Madrid ha destinado hasta ahora un total de 1.787,4 millones de euros procedentes del Fondo COVID a la lucha contra la pandemia. Sanidad es el área que ha recibido mayor dotación con 839 millones, pese a que el gasto realizado hasta este momento asciende ya a 1.200. El resto se ha empleado en Educación (292 millones), Transportes (100), Cultura y Turismo (55), Políticas de Empleo (53,3), Economía (38,6) y otras políticas (51,7).

Así lo ha detallado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, durante su intervención en la Asamblea de Madrid, donde ha desglosado el reparto de fondos procedentes del Estado para combatir la crisis del COVID-19 y que, hasta el próximo 31 de diciembre, ascenderán a 3.422,4 millones de euros.

De las cantidades destinadas al área sanitaria destacan, entre otras, los 300 millones empleados en la compra de material de protección (24 aviones con casi 2.000 toneladas de material); la contratación de más de 10.000 profesionales sanitarios y de 1.100 técnicos y personal de enfermería para el seguimiento de casos y contagios; el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria; o la construcción del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Está previsto que los fondos para Sanidad a final de año estén el entorno de los 1.300 y los 1.500 millones de euros.

En materia educativa, Fernández-Lasquetty ha destacado que los gastos derivados del inicio del curso escolar ascienden a 370 millones de euros, una cantidad muy superior a la recibida por parte del Estado a través del Fondo COVID (292 millones), y se prevé un gasto total hasta final de año de 425 millones. En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha contratado 10.630 docentes, se han realizado más de 100.000 test serológicos al personal docente y se han llevado a cabo obras de adecuación de los centros.

Los planes destinados al impulso del sector turísitico, ayudas para empresas y autónomos, o la adecuación del transporte público a las recomendaciones de las autoridades sanitarias han sido otras de las actuaciones principales sufragadas con estos fondos estatales.

La Comunidad de Madrid ha logrado reducir a 18 la ratio de alumnos de Segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y de Primaria, mientras que en 1º y 2º de ESO se ha disminuido hasta 20. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid.

Esta histórica bajada de ratios comprometida por el Gobierno regional tras la evolución del COVID-19 se ha podido llevar a cabo gracias al “extraordinario trabajo de los equipos directivos, junto a la Dirección General de Infraestructuras, las direcciones de área territorial y los ayuntamientos, que han encontrado espacios para albergar las nuevas aulas, un total de 7.500”, ha explicado Ossorio.

Además, la Comunidad de Madrid está procediendo a la instalación de aulas prefabricadas en el colegio Héroes del 2 de Mayo, en Colmenar Viejo; La Garena en Alcalá de Henares, y en el Madre Teresa de Calcuta de Parla, unas labores que se extenderán hasta el próximo mes de noviembre. Adicionalmente se han repartido 2.000 mamparas para uso individual en aulas y otras 20.000 para proteger a los alumnos en el comedor.

Respecto a la contratación de personal para el curso escolar, hasta la fecha se han incorporado al sistema cerca de 10.000 docentes (7.300 en centros públicos y 2.662 en concertados). “Parecía misión imposible, pero lo hemos conseguido”, ha subrayado Ossorio, quien ha recordado que “la educación pública nunca antes había contado con más de 60.000 docentes”, con un incremento superior al 15% respecto al curso pasado. El consejero también ha informado de la cobertura de bajas y vacantes, que en septiembre han dado lugar a más de 3.500 sustituciones.

Durante su intervención, el titular de Educación se ha referido a los más de 100.000 test serológicos que se han realizado al personal docente y no docente antes del inicio del curso escolar, de los que “solamente un 0,07% resultaron ser positivos en coronavirus”. De igual manera, se ha procedido a la realización de PCR a alumnos y personal de los centros de Educación Especial, habiéndose realizado 3.741 pruebas a un colectivo de especial vulnerabilidad, y donde la Comunidad ha mejorado la seguridad con el desdoble de 90 de las 190 rutas de transporte existentes.

El consejero ha destacado también el cumplimiento de la distribución de 650.000 litros de gel hidroalcohólico, más de 3.100 termómetros y de 9 millones y medio de mascarillas a los centros sostenidos con fondos públicos. Ossorio también ha informado de que el Gobierno regional tramita 160 subvenciones -por valor de 5,6 millones de euros- para los colegios o casas de niños cuyo mantenimiento depende de los ayuntamientos.

Sobre el incremento de medios tecnológicos para hacer frente a las dificultades que el coronavirus está ocasionando en este inicio de curso, Ossorio ha subrayado que la Comunidad cuenta con un stock de 750 ordenadores, cuya distribución se está priorizando en las zonas con movilidad restringida. Asimismo, ha avanzado que en los dos próximos meses se recibirán otros 40.000, a los que se sumarán otros 1.500 donados por la Fundación AGH.

La Comunidad de Madrid también dotará a los directores de los centros educativos de 1.500 teléfonos corporativos, 2.500 ordenadores portátiles a los equipos directivos y 5.000 ordenadores de sobremesa para que los puedan utilizar los profesores en caso de confinamiento. Ossorio también ha informado de que en los próximos 15 días se distribuirán 4.000 cámaras que se instalarán en las clases para facilitar las clases a distancia.

Por último, el titular de Educación ha resaltado las mejoras en la plataforma EducaMadrid, que cuenta “con una web totalmente renovada, más intuitiva y moderna, y adaptada a todos los dispositivos móviles”. Entre ellas, Ossorio ha destacado que la capacidad de comunicaciones se ha multiplicado por 10, así como el nuevo sistema de aulas virtuales; los nuevos contenidos en la Mediateca, con vídeos interactivos o mapas mentales; el nuevo curriculum online de las materias troncales, del que se beneficiarán 700.000 alumnos entre 5º de Primaria a 2º de Bachillerato, y la puesta en marcha de MadREAD sin límites, un plan integral de lectura digital y de aprendizaje.

El portavoz adjunto de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, Carlos Izquierdo, ha explicado que “la Comunidad de Madrid ha ejecutado el Fondo No reembolsable del COVID-19 atendiendo fundamentalmente a las necesidades sanitarias y educativas de los madrileños”.

Así lo ha indicado durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en donde ha dejado claro que se trata de una demanda que, al igual que la utilización de los superávits municipales, se venía exigiendo desde marzo al Gobierno de Pedro Sánchez un Fondo No Reembolsable para hacer frente a los gastos producidos por la pandemia.

En este sentido, el dirigente popular ha aclarado que, de los 3.416 millones de euros asignados a la Comunidad de Madrid, se han recibido 1.787,4 millones. Por el momento ya se han gastado 1.635 millones en 80 millones de unidades de material de protección; 2 millones de test de antígenos; 1 millón de PCRs; más de 10.000 sanitarios; más de 1.000 rastreadores; más de 10.600 docentes; más de 500 actuaciones en centros educativos; más de 70.000 dispositivos digitales; 30 millones € en ayudas directas a PYMES, entre otros.

En este punto, Izquierdo se ha dirigido a la bancada de la oposición para recalcar que “hoy deberían agradecer la gestión de los Consejeros porque en un tiempo récord la Consejería de Hacienda ha conseguido destinar los fondos a las necesidades de los madrileños”.

Para concluir, el diputado regional ha recordado que, según un medio de comunicación, el Gobierno ha creado un grupo de expertos para acabar con el régimen fiscal madrileño. “Es una persecución más a Madrid, lo que pedimos es que desde el Gobierno se dediquen a lo importante, que es a la salud de los madrileños”.

La diputada del GPP, Lorena Heras, ha intervenido en el Pleno de la Asamblea donde ha recordado que ningún inicio de curso ha sido tan complicado como el de este año, y por ello ha trasladado su reconocimiento y gratitud a los equipos directivos y a los docentes madrileños. Asimismo, ha agradecido el trabajo realizado desde la Consejería de Educación, que presentó el 25 de agosto su Estrategia de Inicio de curso, con medidas como un calendario de inicio escalonado y medidas de seguridad e higiene para los alumnos y los profesores.

Asimismo, Heras ha recordado que la Comunidad de Madrid ha incrementado de forma extraordinaria el personal de los centros educativos, “con la contratación de 10.610 nuevos docentes y 150 enfermeros”, ha detallado. “También ha establecido medidas de flexibilización de horarios, con incremento de las rutas escolares, escalonamiento de entradas y salidas o fomento de plataformas educativas, entre otras medidas”, ha añadido.

Heras ha destacado el programa que comienza hoy, “un programa estrella y más necesario que nunca, la Comunidad está destinando más de 7,2 millones de euros al refuerzo extraescolar en Primaria y Secundaria, que se va a desarrollar durante el primer trimestre del curso escolar en horario no lectivo”, ha detallado. Se trata de actuaciones que están dirigidas a aquellos alumnos de centros públicos que presentan desfase curricular o no pudieron seguir la actividad lectiva durante el confinamiento.

En cuanto al trabajo realizado desde el Ministerio de Educación, Heras ha lamentado que “la falta de liderazgo y confianza, de criterios y de protocolos que ha demostrado el Gobierno de la Nación ha tenido que ser paliada con la iniciativa del Gobierno regional”.

“Señorías, podría haber hablado de que una cosa es la delegación de competencias y otra la dejación de funciones, y no lo he hecho porque son momentos de demostrar lo que los ciudadanos nos exigen: construir frente a destruir”, ha afirmado.

“Y este inicio de curso ha sido posible gracias al compromiso, al apoyo y a la colaboración de todos los implicados: docentes, alumnos, familias, Ayuntamientos, administraciones educativas; de todos excepto de los partidos de la oposición en esta Asamblea”, ha finalizado la popular.

El diputado del GPP, Eduardo Raboso, ha intervenido en el Pleno de la Asamblea durante la comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Raboso ha criticado que “el Ministerio de Sanidad, que no ha hecho nada por establecer un filtro serio en Barajas o en las estaciones de Ave, ahora está muy preocupado por Madrid”.

Raboso se ha referido a como hace unos días el Ministerio estaba “satisfecho” con las medidas sanitarias implementadas en Madrid “y en 48 horas, han dado un giro y esas mismas medidas no sirven para nada y organiza una acción torpe y prevaricadora contra los madrileños”. El motivo de este cambio, cree Raboso, “es que las medidas implementadas en Madrid están surtiendo efecto y están funcionando, y no podían permitir que Madrid saliera a flote de ninguna de las formas”, ha asegurado.

El portavoz de Sanidad popular ha señalado que las medidas que se han implementado en Madrid también se han establecido en otros municipios de Baleares, por ejemplo. “En algunos barrios de Baleares se han implementado medidas como las que se han implementado en la Comunidad de Madrid, y han funcionado, y por ello las hemos puesto aquí, y el factor común de estos barrios es que son los más pobres de Palma de Mallorca”, ha explicado. “Mientras aquí la izquierda decía que esto era discriminatorio y se trataba de un ataque a los barrios pobres, mientras que hacían lo mismo en Baleares”, ha criticado.

“Esta especie de golpe de estado sanitario se basa, por una parte, en el número de pacientes infectados, y resulta que Madrid hace más de 150.000 Pcr a la semana”, ha señalado Raboso. Por ello, el popular cree que “se castiga a la comunidad que hace Pcr, aunque sea a costa de detectar más positivos”, ha criticado.

En cuanto al número de infectados, las propias tablas del Ministerio aseguran que ha disminuido el número de pacientes infectados, “hay una disminución franca, y el Ministerio lo sabe”, ha señalado. “Si en septiembre hemos tenido unas semanas de incremento, y ahora estamos en fase de descenso, ¿por qué nos intervienen cuando estamos en descenso?”, ha cuestionado el popular. “Esto tiene una clara intencionalidad política”, ha afirmado con rotundidad. “El Gobierno Central no podía asumir bajo ningún concepto que el Gobierno de Madrid estuviera teniendo éxito en su combate contra el virus”, ha señalado.

Raboso ha acusado a la izquierda de falta de creatividad para resolver problemas, “ustedes siempre actúan igual, hay que estrangular la economía y emparedar a la población, ustedes siempre lo resuelven todo igual, no se imaginan otras soluciones”.  Sin embargo, ha destacado que los gobiernos del Partido Popular “creen que hay otras soluciones que facilitan más la vida a los madrileños”, ha concluido.

El portavoz del GPP, Alfonso Serrano, ha afirmado hoy durante el Pleno en la Asamblea de Madrid que “lejos de alegrarnos todos, dentro de la preocupación compartida y la no relajación necesaria, es lamentable como algunos cuestionan datos objetivos, como si les molestara, como si el hecho de que a Madrid le vaya algo mejor, empeora su estrategia de acoso y derribo permanente”.

Serrano ha iniciado su intervención repasando los datos de Covid en la Comunidad de Madrid de la última semana, ayer había 3.142 ingresados por COVID en los hospitales madrileños, “en una clara tendencia a la baja en los últimos días, 1.205 nuevos casos confirmados ayer”, ha afirmado. En cuanto al número de contagios, ha recordado que “los contagios diarios han caído un 75 % con respecto a la media del mes de septiembre”.

Con todo esto, tal y como Sanidad ha informado recientemente al Centro Europeo de Control de Enfermedades, no hay transmisión comunitaria en la región, “la cuestión es porque aquí Illa dice lo contrario”, ha preguntado Serrano.

“Pero es evidente que los datos de los últimos días reflejan un cambio de tendencia”, ha afirmado. “Tengo ganas de ver cómo explican que limitar movimientos en determinadas zonas de Vallecas, de Fuenlabrada, Getafe o Alcobendas es segregar, pero encerrar a esos pueblos es progresista”, ha criticado el portavoz.

En este sentido, Serrano ha señalado que esto va, además de salvar vidas, de salvar proyectos de vida, personales, familiares, profesionales y “lo que pretende el Gobierno de España echando la mano al cuello de la Comunidad es asfixiar a los madrileños, especialmente a los más vulnerables”, ha afirmado.

Serrano ha recordado que tanto el Gobierno regional como su grupo siempre han tenido claro que esto se trata de una batalla contra el virus, pero “quienes han convertido esta batalla en política ha sido la izquierda madrileña y el Gobierno de España”, ha criticado.

Para finalizar, Serrano ha asegurado que “o se está con los madrileños o se están contra ellos, y aquí hay un Grupo Parlamentario que lo tiene claro, estamos con nuestra presidenta, con el Gobierno de coalición y con los madrileños”, ha concluido.