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12
Sep
2020
La aplicación de rastreo del Ministerio se prueba en Guadarrama PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMComienza el proyecto piloto previo a la extensión del Radar Covid

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha y ha comprobado el funcionamiento de la aplicación para teléfonos móviles Radar Covid en el municipio serrano de Guadarrama. Se trata de una herramienta totalmente gratuita y anónima que permite al ciudadano colaborar en el control de la expansión del virus

Así lo ha manifestado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en su visita a esta localidad madrileña para informar a los vecinos de la implantación de esta APP. “Frenar el COVID está en tu mano. Es tan sencillo como descargarse la aplicación de manera gratuita en el móvil, activar el bluetooth y dejar que funcione de manera anónima”, ha destacado el consejero.

Ruiz Escudero ha estado acompañado en su visita a Guadarrama por la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, y el alcalde del municipio, Diosdado Soto. Todos ellos han colocado carteles en diferentes puntos y distribuido material informativo a los vecinos, animándoles a que se descarguen la aplicación en sus teléfonos móviles.

Escudero ha destacado la importancia de implantar esta aplicación de la Administración central. “Guadarrama es el primer municipio de la Comunidad de Madrid que va a disponer de esta APP. Con su puesta en funcionamiento en periodo de prueba podremos mejorar su puesta en marcha en el resto de localidades, cuestión que haremos progresivamente en próximas semanas”, ha explicado el titular de Sanidad del Gobierno regional.

La aplicación Radar Covid es gratuita, totalmente anónima, consume muy poca batería y en ningún momento compartirá información personal, geolocalización ni el número de teléfono. Con esta aplicación se puede comprobar además el grado de exposición al virus de cada persona.

En caso de haber estado más de media hora y a menos de dos metros de distancia respecto a una persona contagiada por COVID-19, la APP envía una alerta al teléfono móvil. Si se recibe esta alerta de riesgo, la propia aplicación comunica al afectado lo que debe hacer.

El aviso indica la necesidad de ponerse en contacto con el número de teléfono gratuito 900 102 112, desde donde se le facilita una cita de enfermería en su Centro de Salud para realizar un seguimiento profesional y controlado de su exposición al virus.

En el caso de ser positivo por coronavirus, personal de Salud Pública se pone en contacto con el ciudadano y le facilita un código que debe ser introducido en la aplicación para proteger a los posibles contactos con los que ha estado, y que al mismo tiempo se pueda realizar un seguimiento de los mismos por los servicios sanitarios. De esta manera se podrá evitar, entre todos, la propagación del virus.

La aplicación Radar Covid permite conocer el grado de exposición al virus y facilitar el control de los posibles contactos de casos positivos, aun cuando estos son asintomáticos. Además, se debe tener siempre en cuenta estas tres medidas básicas: mantener la distancia de al menos 1,5 metros con los demás; usar siempre la mascarilla, y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

La Comunidad de Madrid ha reunido de manera telemática a representantes de los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, del Colegio de Graduados Sociales, de los servicios jurídicos de patronal y sindicatos y de asociaciones relacionadas con el mundo laboral para dar a conocer y difundir la actividad de la Fundación Instituto Laboral (FIL) en la solución extrajudicial de conflictos laborales. En el encuentro, por parte del Gobierno regional han participado la viceconsejera de Empleo del Gobierno regional, Eva María Blázquez, y el director general de Trabajo, Álvaro Rodríguez de la Calle.

Esta fundación pública sin ánimo de lucro está constituida por la Comunidad de Madrid, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y la patronal CEIM, y tiene como objetivo realizar actividades gratuitas de mediación y arbitraje para mejorar las relaciones laborales de la región, evitando la judicialización de los conflictos entre empresa y trabajadores y facilitando su resolución.

La actividad fundamental de la Fundación es la mediación en conflictos laborales colectivos que puedan surgir entre empresa y trabajadores en negociaciones de convenios, como asuntos relacionados con movilidad geográfica o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Solo el pasado año la FIL realizó 747 mediaciones, que afectaban a 2.427 empresas de la región y a un total de 379.500 trabajadores, alcanzando un índice de acuerdos del 38,4%, casi cinco puntos superior al anterior ejercicio.

El reglamento de funcionamiento de la FIL también le autoriza a realizar mediaciones en conflictos individuales en determinados casos, como pueden ser las reclamaciones de cantidades inferiores a 6.000 euros. Así, si un trabajador reclama, por ejemplo, una indemnización por extinción de contrato que no supere esa cantidad, puede interponer una papeleta de conciliación previa en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) o bien solicitar una mediación a la FIL.

Esta mediación, menos conocida que el trámite que desarrolla el SMAC, sustituye igualmente a la conciliación previa a la que obliga la ley antes de acudir a los tribunales. Para ello las dos partes deben someterse voluntariamente al proceso de mediación, en el que participará un mediador y un secretario que levantará acta, y que podrá acabar sin acuerdo –en cuyo caso las partes podrán acudir ya a los tribunales- o con un acuerdo que tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de que sea ratificado por un juez.

Además de esta actividad, la FIL está trabajando en la creación de una Escuela de Mediación con el objetivo de formar a los mediadores que intervienen en estos procedimientos y promover y difundir los beneficios de la solución extrajudicial en los conflictos de índole laboral que se producen en la región.

La Comunidad de Madrid va a destinar ayudas por valor de 11 millones de euros a 72 ayuntamientos de menos de 2.500 habitantes y 8 mancomunidades de municipios de la región, con las que van poder contratar a 405 desempleados durante 12 meses. Este es el resultado de la convocatoria del Programa de Empleo para Municipios Rurales de la Comunidad de Madrid, que se ha resuelto ayer y ha empezado a comunicarse ya a las entidades locales beneficiarias, que recibirán la orden de concesión de los fondos a partir de la próxima semana.

Este programa, incluido en la Estrategia de Revitalización de los Municipios rurales de la Comunidad de Madrid y dirigido a los 78 municipios de la región cuya población no supera los 2.500 habitantes, ha aumentado este año su dotación un 220%, pasando de 5 millones de euros en la convocatoria 2019 a los 11 aprobados para este año. Este incremento presupuestario ha permitido extender este programa al 93% de las localidades más pequeñas de la región y atender todas las solicitudes presentadas.

Las ayudas del Programa de empleo para Municipios rurales tienen un triple objetivo: fomentar la práctica laboral de las personas desempleadas en la realización de obras y servicios que se ejecuten en municipios rurales; promover la efectiva cualificación profesional adecuada a las necesidades del entorno, y actuaciones de orientación profesional para la prospección de empleo y potenciación del emprendimiento colectivo dirigidas a aquellos beneficiarios de las dos actuaciones anteriores.

Para lograr estos objetivos se subvenciona la contratación durante doce meses de desempleados que trabajarán en obras o servicios de interés general que se desarrollen en el municipio, además de las actuaciones que combinen empleo y formación con el objetivo de que los participantes obtengan un certificado de profesionalidad en distintas especialidades y el desarrollo de acciones de orientación profesional para la búsqueda de empleo y el emprendimiento colectivo de personas desempleadas.

Las ayudas permiten financiar los costes salariales y la cotización a la Seguridad Social de las personas contratadas dentro de cada una de estas líneas, además de los costes de posibles medios de transporte colectivo para los participantes en el programa o de las acciones de formación profesional para el empleo incluidas en el mismo.

La Comunidad de Madrid habilita un hotel para las personas sin hogar y familias en situación de exclusión residencial con sintomatología leve de COVID-19 o asintomáticos, que precisen de un recurso habitacional pasar la cuarentena. El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha recorrido esta mañana las instalaciones del Hotel Holiday Inn Madrid, en compañía del consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero. y ha señalado la necesidad de “dar respuesta desde lo social” a los problemas que plantea un virus “que nos afecta a todos por igual, pero ante el que respondemos de forma diferente en función de variables socioeconómicas”.

“La pobreza y la vulnerabilidad son cómplices de este virus”, ha asegurado, incidiendo en que la pobreza de muchas familias “impide el autoconfinamiento, la adquisición de mascarillas o el acceso a información”, facilitando la propagación del virus. Por este motivo, “la Comunidad de Madrid tiene que actuar y suplir la incapacidad económica, siendo conscientes de que no podemos dejar a nadie atrás”, ha enfatizado.

Además, el vicepresidente del Gobierno madrileño ha agradecido “la disposición y el compromiso” de Cruz Roja y Holiday Inn para trabajar de manera conjunta con la Comunidad de Madrid, y ha resaltado “la importancia” de la colaboración público privada para dar soluciones eficaces y ágiles a la sociedad. Frente a la polarización, Aguado ha expresado que la prioridad del Ejecutivo regional es “ayudar a la gente e impulsar proyectos como éste para salir unidos de la crisis actual”.

Situado en Las Tablas (Madrid), el centro está gestionado por personal especializado de Cruz Roja Comunidad de Madrid, con un equipo multidisciplinar de trabajadores, mediadores sociales, personal sanitario y voluntarios. La financiación corresponderá a la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

El hotel ha entrado esta semana en funcionamiento y acoge ya a las primeras personas derivadas de los servicios sociales municipales. En este recurso cuentan con cobertura de sus necesidades básicas, se realiza un seguimiento de su estado de salud (derivando al sistema público sanitario en caso de requerir una atención especializada) y se les presta una atención social, así como un apoyo de acompañamiento y gestión del tiempo libre.

El espacio acondicionado cuenta con 120 plazas para aquellas personas que necesiten con urgencia un recurso habitacional, de las que se han habilitado 18 plazas específicas para personas con discapacidad. Se trata de personas o familias derivadas por los servicios sociales municipales que no tengan un lugar donde pasar la cuarentena o estén en algún centro residencial o de acogida que carezca de capacidad de aislamiento.

Una vez trascurrido el tiempo necesario de aislamiento, el sistema público de Servicios Sociales garantizará la mejor solución habitacional posterior para las personas atendidas. De esta manera, la Comunidad de Madrid refuerza de nuevo la atención a los colectivos más vulnerables ante la situación de emergencia por el coronavirus, poniendo en marcha nuevos recursos. En este caso, el hotel permitirá descongestionar la red de atención a personas sin hogar y realizar el aislamiento en las condiciones adecuadas para frenar la expansión del virus.

El Gobierno regional cuenta, gracias también a la colaboración de los ayuntamientos madrileños, con una amplia red de actuación para detectar y atender casos de extrema necesidad. Esta red se regula a través de convenios con las entidades locales, que permiten la gestión de los servicios sociales de atención primaria dirigidos a los vecinos de los distintos municipios o mancomunidades, así como la coordinación de las actuaciones en materia de Renta Mínima de Inserción, la promoción de proyectos para la lucha contra la pobreza infantil o el acceso de las personas más vulnerables a prestaciones y servicios con los que puedan mejorar su calidad de vida.

El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha visitado los municipios madrileños de Miraflores de la Sierra y Bustarviejo para conocer sobre el terreno los problemas más acuciantes de sus vecinos y comprobar cómo están afrontando las corporaciones municipales de estas dos localidades la lucha contra el coronavirus. Tras pasear por sus calles y escuchar a los vecinos y comerciantes, el vicepresidente regional ha trasladado el compromiso del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid “para arrimar el hombro” y “mejorar” el día a día de los 179 municipios y sus habitantes, superando la actual crisis sanitaria y económica.

Con esta meta en el horizonte, Aguado ha apelado a dos elementos clave en la lucha contra la pandemia en la Comunidad de Madrid y en España: por un lado, “la unión entre administraciones”, elemento “fundamental” para elaborar una estrategia coordinada y eficaz frente al virus; por otro, “la responsabilidad individual de cada uno de los madrileños en la implementación de hábitos sociales y de salud que garanticen nuestra protección y la de los que nos rodean”. Entre esos hábitos se encuentra el uso de mascarilla, el mantenimiento de las distancias mínimas de seguridad, el lavado frecuente de manos y el respeto del resto de directrices emitidas por Salud Pública.

Canal de Isabel II destina 237.000 euros para la protección de sus empleados ante el COVID-19. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid fue informado -en la reunión celebrada esta semana- de la tramitación, por procedimiento de emergencia, para dotar de Equipos de Protección Individual (EPIs) y material sanitario (mascarillas, la adquisición de test rápidos de detección de anticuerpos del coronavirus.

Se trata de dos contratos cuyo objetivo es la protección de sus más de 3.000 empleados, incluyendo no solo la matriz de la empresa sino el resto de las filiales españolas. Canal de Isabel II presta servicios de abastecimiento y saneamiento en la región, ambos considerados servicios esenciales durante el Estado de alarma.

El primero de los contratos responde a la necesidad de dotar de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico a los trabajadores de la empresa pública, encargados de asegurar la operación de todas las fases del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, y así minimizar el riesgo de contagio por coronavirus.

En ese sentido, se ha tramitado un contrato por un importe de 162.100 euros (IVA excluido) para el suministro de material higiénico y de protección frente a la enfermedad. Esto incluye, por un lado, 30.000 mascarillas autofiltrantes FFP2 desechables para el personal especialmente expuesto como los sanitarios del servicio médico, técnicos analistas de laboratorio y personal de depuración y saneamiento, así como el personal de atención al público.

El contrato también contempla el suministro de 50.000 mascarillas quirúrgicas desechables para todos los trabajadores de Canal; de 4.000 cajas de guantes desechables para protección biológica imprescindibles en atención sanitaria, laboratorios, depuración, saneamiento, atención al público y limpieza de superficies; y de 3000 botes de gel hidroalcohólico para lavado en seco de manos para todo el personal y terceros que puedan acceder a instalaciones y edificios de Canal.

Por otro lado, también se ha cursado un contrato -por un importe total de 75.000 euros- para el suministro de hasta 5.000 test rápidos COVID-19 para la detección rápida de anticuerpos IgG e IgM en sangre. El personal del servicio médico de la empresa ya ha realizado hasta la fecha unos 3.500 test a trabajadores de Canal y de empresas participadas.

Para ello, se comenzó realizando las pruebas a los 1.000 empleados esenciales que estaban prestando servicios en campo. Posteriormente se fueron uniendo a esta cifra los trabajadores que se incorporaban presencialmente a sus puestos tras el fin del Estado de alarma, durante el cual habían prestado el 100% de sus servicios mediante teletrabajo. En la actualidad, se están repitiendo los test a los esenciales que se reincorporan tras un periodo vacacional.

Canal de Isabel II nació hace más de 165 años para abastecer de agua a la ciudad de Madrid. Hoy, sus más de 2.800 empleados prestan servicio a más de 6 millones de personas en la región. Es una empresa 100% pública, innovadora, líder en su sector y reconocida internacionalmente por su gestión del ciclo integral del agua.

Opera 13 embalses; 78 captaciones de aguas subterráneas; 14 estaciones de tratamiento de agua potable; 17.651 kilómetros de red de aducción y distribución; 131 estaciones de bombeo de agua potable y 133 de aguas residuales; 15.317 kilómetros de redes de alcantarillado; 65 tanques de tormenta; 157 estaciones depuradoras de aguas residuales, y 651 kilómetros de redes de agua regenerada.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 1,6 millones de euros en cinco contratos destinados a la compra de material, equipos y vestuario para los Bomberos y Agentes Forestales regionales. Estos equipamientos están adaptados a las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y pretenden mejorar la seguridad y eficiencia del servicio que prestan estos cuerpos.

Con esta decisión tomada en el seno de Consejo de Gobierno celebrado esta semana, el Ejecutivo regional garantiza, por un lado, la adquisición, por 266.000 euros, de nuevos equipos de rescate técnico que permitan asegurar diferentes modalidades de intervención de los bomberos ante repuntes de la pandemia.

Esta inversión permitirá acceder de forma rápida a estancias con potenciales víctimas de la pandemia, llevar a cabo maniobras de corte mecánico, dotar de material eléctrico a los operativos, renovar escaleras para trabajos en altura durante la pandemia con la máxima seguridad, adquirir un equipo de rescate hidráulico completo y comprar material de protección para llevar a cabo los rescates sin riesgo de contagio entre profesionales y víctimas.

Además, el Consejo de Gobierno aprobó también un contrato de 408.000 euros para la compra de uniformes técnicos adaptados a las necesidades relacionadas con el virus. De esta manera, se garantiza la compra de cinco lotes de prendas, que incluyen pantalones, calcetines y polos de verano e invierno, así como botas de invierno y trajes impermeables.

El Gobierno madrileño ha decidido invertir también 44.700 euros para la adquisición de un camión con caja de carga y plataforma elevadora que permita el transporte de equipamiento pesado durante las intervenciones del cuerpo de Bomberos regional. El objetivo es paliar las dificultades relacionadas con la logística y el transporte del ingente material necesario durante las intervenciones de los profesionales en la actual crisis sanitaria.

Además, con esta adquisición se permitirá desplazar con celeridad instalaciones auxiliares destinadas al avituallamiento y descanso de los bomberos, desplegar de manera ágil estaciones de descontaminación, reducir trayectos y, por tanto, tiempos para equipar edificaciones y recursos operativos y mejorar la gestión de residuos, entre otros.

Asimismo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a un contrato por valor de 455.000 euros que debe garantizar el suministro de vestuario técnico para el citado cuerpo de Bomberos. Serán equipos de protección individual de máxima seguridad, amplia polivalencia y uso intensivo con los que se asegurará la protección de los trabajadores frente a fluidos con contaminación biológica y química, así como ante cualquier escenario vinculado a la pandemia.

El quinto contrato, por valor de 445.000 euros, persigue dar seguridad a los bomberos que puedan intervenir durante la crisis sanitaria que atraviesa el país y con el mismo, se garantiza el suministro de equipos de protección individual de riesgo tecnológico.

El uso excepcional e intensivo de equipos durante los últimos meses exige la compra de material de protección para labores no operativas durante la estancia en parques de bomberos, adquisición de equipos de protección respiratoria desechables para los intervinientes en emergencias, compra de equipos para colocar a las víctimas, así como el incremento del stock de guantes, trajes de protección biológica, botas y verdugos, entre otros.

La gestión de la crisis sanitaria por parte de los profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad ha permitido detectar la necesidad de llevar a cabo reformas y ampliaciones en las instalaciones de algunos parques. Por ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado sendos contratos por un valor conjunto de 80.000 euros para la realización de obras en los parques de Alcalá de Henares y Arganda del Rey.

Se trata de obras destinadas a ampliar los parámetros de higiene y distanciamiento social que impida la propagación del virus, estableciéndose, además, separaciones claras entre zonas limpias y sucias en términos de posible contaminación por el COVID-19.

La Comunidad de Madrid va a destinar un total de 1.322.228,60 euros para el cuidado de personas con enfermedad mental grave y duradera, incluyendo la atención, soporte social y rehabilitación laboral por parte de la Fundación Manantial. La prestación de estos servicios será entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, si bien se cambiarán los espacios para su desarrollo, puesto que los locales actuales, cedidos por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, van a adaptarse a otros usos.

La aportación -aprobada durante la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana- se reparte en tres contratos con la Fundación Manantial. Al primero de ellos corresponde una partida de 596.796,20 euros, cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo, y se destina a 55 plazas de rehabilitación laboral. Los centros de atención diurna socio-laboral para personas con trastornos mentales graves favorecen su desarrollo vocacional e inclusión laboral, ya sea mediante el autoempleo o bien gracias a fórmulas de empleo protegido que favorecen su permanencia en el mundo empresarial.

La segunda partida cuenta con 525.201,60 euros, que corresponde a 35 plazas en centros de día para ofrecer soporte social a personas con enfermedad mental grave y duradera. Los centros de soporte social ofrecen actividades para mejorar la autonomía, así como soporte social para aquellos usuarios, derivados desde los servicios de Salud Mental, con mayores niveles de deterioro psicosocial, dependencia y dificultades de integración social.

Por último, una partida de 200.230,80 euros se dedica a la atención en equipos de apoyo social comunitario, especializados en ofrecer atención psicosocial y apoyo en el domicilio y en el propio entorno de las personas con enfermedad mental grave y duradera con mayores dificultades de funcionamiento e integración. Asimismo, les ofrecen acompañamiento y apoyo para su vinculación con la red de centros y servicios que necesiten a lo largo de su vida, tanto de salud mental como de atención social o recursos socio-comunitarios.

La Comunidad de Madrid va a iniciar en los próximos días las obras de construcción de 18 nuevas viviendas en los municipios de Berzosa del Lozoya (10), Horcajo-Aoslos (4) y Puebla de la Sierra (4), con una inversión de 2,7 millones de euros. Con éstas, son ya 45 las viviendas que se van a edificar en la Sierra Norte madrileña. En estos momentos se encuentran ya en construcción las correspondientes a Patones (15), Madarcos (2), La Hiruela (2), Puentes Viejas (4), y Robregordo (4).

Estas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler forman parte del programa del Gobierno regional que, a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS), tiene como objetivo seguir incrementando el parque público de vivienda de estas características a precios asequibles.

“El Gobierno regional contribuye así a armonizar la oferta y la demanda en esta zona de la región, de forma que se moderen los precios para que puedan ser asequibles para aquellas personas que cuentan con menos recursos”, ha destacado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez.

Pérez ha explicado que la puesta en marcha de estas 45 viviendas, en las que el Gobierno regional va a invertir 5,8 millones de euros, forma parte de las 100 medidas de la Estrategia para la Revitalización de los Municipios Rurales de la Comunidad de Madrid, para convertir a estas pequeñas localidades en un polo de atracción para nuevos vecinos, especialmente jóvenes.

La Estrategia para la Revitalización de los Municipios Rurales contempla el reequilibrio territorial y un impulso de los servicios y equipamientos en los pueblos con menor densidad de habitantes de la Comunidad de Madrid. Entre las medidas más importantes se encuentra la instalación de la red de wifi y fibra óptica en los 78 municipios de la región con una población inferior a los 2.500 habitantes antes de que concluya el año.

La promoción de Berzosa del Lozoya contará con diez viviendas adosadas. Siete de ellas tendrán tres dormitorios y otras tres dispondrán de dos habitaciones con unas superficies medias de casi 60 metros cuadrados útiles de media para las de dos dormitorios, y de 87 metros cuadrados para las de tres habitaciones.

La edificación contará con dos bloques rectangulares en una construcción tradicional característica de la zona de la Sierra, de forma que exista una integración volumétrica y espacial dentro del entorno urbano, tanto por sus cualidades estéticas como por las compositivas.

Dispondrá de calderas individuales de pellets en las viviendas de mayor tamaño y de hidro-estufa para calefacción también de pellets, y termo acumulador eléctrico para agua caliente sanitaria en las tres más pequeñas. Todos los pisos tendrán asignada una plaza de garaje y trastero.

 

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