Se estudiará dentro del currículum de Geografía e Historia

La Comunidad de Madrid ampliará los contenidos sobre el judaísmo y su legado dándoles mayor presencia en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a partir del curso que viene. Hasta ahora la referencia a este tema era mínima, y se reducía al estudio de la expulsión de los judíos en la época de los Reyes Católicos y al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, sin que se incluyeran expresamente la envergadura y las consecuencias que tuvo la presencia de los judíos en la Península Ibérica.

El Gobierno regional ya ha dado luz verde al Decreto para la modificación del currículo de Educación Secundaria que permitirá poner en marcha esta medida. Los nuevos contenidos se añadirán a la materia troncal de Geografía e Historia en los cursos 2º, 3º, y 4º de ESO. De esta manera se cumplirá con el objetivo de que estos estudios estén presentes en todos los centros.

Así, los estudiantes conocerán los orígenes judíos, su presencia en la Península, las principales aportaciones a la literatura, el arte, la ciencia y a tantas otras ramas del saber, así como la importancia de su legado cultural y patrimonial. Gracias en gran medida a los intelectuales judíos se pudieron transmitir muchos de los conocimientos y los autores clásicos grecorromanos y musulmanes.

El Ejecutivo regional también ha aprobado la implantación de la tercera hora de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria, una iniciativa que finalmente se pospone hasta el curso 2021/22, debido a las circunstancias actuales y sobrevenidas por la crisis del COVID-19 y la repercusión para la organización del próximo curso escolar 2020-2021.

La Educación Física pasará de 2 a 3 horas semanales en todas las etapas de ESO. Para que esta medida sea una realidad, se procederá a sustituir una hora de las asignaturas específicas opcionales y las de libre configuración autonómica. No obstante, dentro de la normativa que regula su autonomía, los centros podrán mantener voluntariamente las 2 horas de esas materias, en función de la disponibilidad horaria y de sus recursos.

Esta ampliación está incluida en el acuerdo de Gobierno y responde a la necesidad de reducir los niveles de obesidad y sedentarismo entre la población infantil y juvenil. De hecho, la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda a los escolares la práctica de un mínimo de 60 minutos diarios de ejercicio físico para mejorar el estado de salud y reducir las enfermedades que conlleva el exceso de peso entre niños y jóvenes.

Con este mismo objetivo, el Ejecutivo regional ya aprobó la introducción de la Educación Física en los estudios de Formación Profesional Básica a partir del próximo curso 2020/21. Además, este aumento de la Educación Física se extenderá a la Educación Primaria de manera coordinada con los centros, para que sean estos los que aprueben un plan específico que permitirá incrementar la actividad física y el deporte antes del comienzo de las clases y durante los recreos, y no modificar así la carga lectiva.

La Comunidad de Madrid es la región que más aporta a la solidaridad interterritorial, con con el 68% del total (4.093 millones), frente al 25,5 % de Cataluña y el 6,6 % de Baleares, que son las otras dos autonomías que también ofrecen un saldo negativo. Así lo ha destacado el consejero de Hacienda y Función Pública del Ejecutivo madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, durante la presentación de los datos de liquidación del Ministerio de Hacienda referidos al Sistema de Financiación Autonómica de 2018 y que se han conocido en el mes de julio.

Fernández-Lasquetty ha señalado que “cada madrileño ha aportado 614 euros a garantizar la prestación de servicios en otras regiones”, y que esta aportación al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales se ha incrementado en un 12 % (430 millones) durante 2018. Además, desde 2013, la aportación de la Comunidad al Fondo de Garantía ha aumentado un 52%.

Hay que recordar que el Fondo de Garantía tiene como objetivo poner a disposición de las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para que puedan financiar de forma homogénea los servicios públicos fundamentales que prestan a sus ciudadanos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Durante su intervención, el consejero también ha manifestado el “orgullo de los madrileños por pertenecer a la región más solidaria de España”. Y es que, pese a que Madrid es la comunidad que más ha recaudado por grandes impuestos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales –IIEE-) con un total de 84.431 millones en 2018, tan sólo ha retenido 19.110 millones (el 22,6%) para financiar los servicios públicos propios.

“Estos datos demuestran la absoluta falsedad de determinados argumentos utilizados para acusar de forma reiterada a la Comunidad de Madrid de aprovecharse de un presunto efecto de capitalidad para hacer un supuesto dumping fiscal al resto de España”, ha afirmado Fernández Lasquetty.

En este sentido, el consejero ha matizado que la realidad demuestra “todo lo contrario, ya que, lejos de aprovecharse, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid están financiando buena parte de los servicios públicos de las demás Comunidades Autónomas gracias al dinamismo económico de nuestra región, a facilitar el emprendimiento y eliminar trabas burocráticas y a su política de bajos impuestos”.

La Comunidad de Madrid ha descubierto una deuda por un total de 302 millones de euros procedentes de contribuyentes que han intentado eludir sus responsabilidades tributarias, como reflejan los datos desprendidos del balance del Plan de Lucha Contra el Fraude en la Comunidad de Madrid 2019, que ha sido presentado por el consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno regional, Javier Fernández-Lasquetty.

Se trata de una cifra un 1,5% menor que la registrada el año anterior, lo que demuestra la eficacia de las actuaciones encaminadas al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, así como de los controles llevados a cabo por el Ejecutivo madrileño, que desincentivan el fraude.

Durante una rueda de prensa en la sede de la Consejería de Hacienda y Función Pública, Fernández-Lasquetty ha destacado los datos que se desprenden de este balance del plan, apelando asimismo a la responsabilidad tributaria de los ciudadanos. Además, ha constatado “lo complejo y contraproducente que resulta intentar no cumplir con las obligaciones fiscales”, gracias en buena medida a la “excelente labor de los técnicos e inspectores de la Dirección General de Tributos”.

Los objetivos de esta campaña son, entre otros, favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, detectar y prevenir el fraude y recuperar las cantidades defraudadas en los tributos que gestiona la Comunidad de Madrid: sucesiones y donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados e imposición sobre el juego.

Se trata de unos controles de suma importancia para incrementar los recursos con los que cuenta la región para sufragar los servicios públicos, ya que estos 302 millones suponen el 13,7% de los 2.212 millones que recauda la Administración regional por los tributos que gestiona. Esta eficacia se debe, entre otros factores, a que los técnicos de la Consejería de Hacienda y Función Pública revisan y comprueban el 100% de los documentos presentados por los contribuyentes a la hora de declarar sus impuestos, que alcanzaron la cifra de 730.685 durante 2019, un 1% más que en el ejercicio anterior.

Los impuestos de sucesiones y donaciones copan el 62% del fraude detectado, con 188 millones de euros en total. Le siguen transmisiones patrimoniales, con 42 (un 13,7% de la deuda) y juego, con 17 millones (el 5,71%). En total, han sido 41.770 el número de deudas descubiertas, la mayoría de ellas vinculadas a transmisiones patrimoniales (22.510) y sucesiones y donaciones (11.087).

En cuanto a los principales motivos de los intentos de fraude, destacan las sucesiones y donaciones no declaradas; las sucesiones y donaciones en las que se omiten algunos bienes o derechos; y las transmisiones declaradas en IVA, que deben tributar por transmisiones patrimoniales onerosas.

La Comunidad de Madrid retoma las actividades de ocio y deporte destinadas a fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual que asisten a los cinco centros ocupacionales con residencia gestionados por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y que, por sus circunstancias personales, no pueden disfrutar de vacaciones durante el mes de agosto.

Este año, debido a las medidas de precaución ante el COVID-19, se han remodelado las actividades habituales para evitar el uso de polideportivos y piscinas, dando prioridad a espacios al aire libre. De este modo, las personas con discapacidad psíquica que participen en este programa se desplazarán a las áreas recreativas de Las Presillas (Rascafría), La Panera (El Espinar, Segovia) y Los Chorros, en Navafría. Se plantean también visitas al municipio segoviano de Pedraza y al Hayedo de Montejo, espacio natural Patrimonio de la Humanidad en la Sierra Norte de Madrid. Además, disfrutarán de otras actividades de ocio durante todo el mes de agosto, como salidas al cine y a la bolera.

Este año, como novedad, los residentes permanecerán en sus centros ocupaciones con residencia de Carabanchel, Juan de Austria, Barajas, Ángel de la Guarda y Ciudad Lineal, y realizarán actividades en dos grupos reducidos y con diferentes destinos, para evitar agrupaciones numerosas y poco recomendables para la protección ante el COVID-19.

La propuesta de ocio consta de actividades con un enfoque lúdico y aprovechamiento del tiempo libre, con los beneficios físicos y psíquicos que conlleva la salida de los centros, la realización de una actividad física, la convivencia, el fomento de la inserción social y la ruptura de la rutina.

Este programa vacacional de la Agencia Madrileña de Atención Social se inició en 2015 para que los residentes que permanecían en el único centro abierto durante los meses estivales, pudieran disfrutar de diferentes actividades culturales, deportivas y de ocio.

La Agencia Madrileña de Atención Social trabaja de forma continuada para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y lograr su inserción social plena. Para ello, desarrolla múltiples programas de atención especializada, programas de autogestión y actividades deportivas y culturales. Asimismo, potencia la empleabilidad y visibilidad social de las personas con capacidades diferentes, apoyando su esfuerzo personal para lograr sus objetivos y su deseo de superación ante todas las barreras.

AMAS es actualmente la mayor Agencia Social Pública de España, con 129 centros y cerca de 9.126 profesionales. Para el año 2020 cuenta con un presupuesto de 389 millones de euros.

La Comunidad de Madrid garantiza la continuidad del servicio de televisión digital terrestre (TDT) en todos los municipios de la región, especialmente en aquellos más alejados o con menos recursos. Para ello, la Consejería de Presidencia ha prorrogado -hasta agosto de 2021- el contrato formalizado en 2019 con la entidad que resultó adjudicataria, RETEVISIÓN I, S.A.U., por un importe de 201.204 euros

Esta prórroga va a permitir que los vecinos de 22 localidades de la región de menos de 10.000 habitantes puedan seguir manteniendo la sintonización de la TDT ante el denominado segundo dividendo digital, que se desarrollará a lo largo de este año. En este sentido, la Unión Europea obliga a que parte de la banda de frecuencias que ocupa actualmente la Televisión Digital Terrestre pase a ser ocupada por la telefonía móvil para la implantación del sistema 5G.

Para ello, será la propia Comunidad de Madrid quien se haga cargo directamente de la adaptación de los equipos trasmisores, a través de la empresa adjudicataria, en aquellos municipios que precisarían de medidas adicionales y, por ello, de los costes derivados. La empresa realizará las adaptaciones técnicas precisas en los repetidores que dan soporte a estos municipios, de tal manera que las comunidades de vecinos estarán en igualdad de condiciones que el resto de madrileños, debiendo adaptar únicamente sus antenas colectivas y resintonizar los canales.

Ahora, y gracias a esta nueva prórroga, el Gobierno regional garantiza la recepción de la señal de televisión a los municipios más vulnerables por su situación económica, geográfica y poblacional sin coste alguno, alcanzándose un porcentaje de cobertura para los ciudadanos de la región superior al 99%.

Los ciudadanos pueden encontrar más información a través de la web   http://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/tv-digital-guia-adaptacion-antenas-comunitarias y en el teléfono 012.

La empresa pública de la Comunidad de Madrid Canal de Isabel II renovará los accesos de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Colmenar Viejo. El Consejo de Gobierno regional ya ha sido informado por la empresa pública de la propuesta de adjudicación del contrato relativo a estas obras de acondicionamiento, por un valor de 2.801.974,25 euros (IVA excluido). El plazo de ejecución será de 14 meses.

Actualmente, a la ETAP de Colmenar Viejo se accede directamente desde la M-607 sin que exista un carril de desaceleración y aceleración. Con la actuación prevista se consigue adaptar el acceso a la normativa actual, permitiendo la ejecución en fases posteriores de la nueva estación de tratamiento del municipio que se construirá ocupando parcialmente las instalaciones existentes.

De este modo, además de adecuar el propio acceso a la ETAP, las obras incluyen, entre otras actuaciones, el soterramiento de la línea eléctrica aérea de 20 KV que alimenta a la ETAP y el retranqueo de las conducciones de impulsión de 500 y 600 mm del depósito de El Pinar que se verán afectadas por las obras.

Estas obras preceden a las que se ejecutarán para renovar integralmente esta estación de tratamiento, la mayor de la región y la más grande de España, que empezó a funcionar en 1976 y suministra agua a más de 3 millones de personas cada día.

Dado el carácter estratégico de esta infraestructura ubicada en Colmenar Viejo, la construcción de la nueva ETAP se acometerá en tres fases para seguir garantizando la operatividad del servicio. La primera fase será licitada este año con un presupuesto de licitación (IVA excluido) de 173.500.792,92 euros y un plazo previsto de 66 meses, incluidos 12 meses de redacción del proyecto constructivo y 6 meses de puesta en marcha.