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29
Jul
2020
Ayuso aprueba el proyecto de la nueva Ley del Suelo PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMAhora será la Asamblea la que continúe la tramitación

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde al nuevo Proyecto de Ley que, entre otras cuestiones, permitirá suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico con el objetivo de impulsar y reactivar el tejido productivo dañado por el COVID-19. El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación puntual de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid que será remitida a la Asamblea de Madrid para su tramitación.

Este cambio de normativa, que se enmarca dentro del Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la pandemia, permitirá eliminar los trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector. Así, se suprimen las licencias urbanísticas -excepto las estatales-, que hasta ahora eran obligatorias, que serán sustituidas por declaraciones responsables para agilizar los plazos.

Esta medida ayudará a impulsar todos aquellos proyectos, nacionales e internacionales, que posicionen, una vez más, a la Comunidad de Madrid como palanca de desarrollo, generación de riqueza y atracción de talento, teniendo en cuenta como pilares fundamentales la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

El Gobierno regional persigue con esta modificación legislativa animar a que las empresas extranjeras se ubiquen en la región, ya que en España los plazos de obtención de licencias son muy superiores a la media de países de la Unión Europea.

El Ejecutivo autonómico ya modificó el régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas con respecto al comercio minorista y determinados servicios, eliminando la exigencia de obtención de licencia municipal previa de apertura y de actividad, lo que redundó en la mejora del dinamismo comercial y económico de la región.

Al igual que se han arbitrado medidas en la actividad comercial, es necesario ahora reducir el gran número de licencias urbanísticas (de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas…) existentes en la actualidad y que están generando un coste añadido tanto al ciudadano, como al promotor y al ayuntamiento que las tramita, debido al tiempo que tardan en ser otorgadas.

Según datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), la media de concesión de una licencia de obras en la región es de 12 meses. A los costes mencionados habría que sumar el freno al empleo ocasionado por dichos retrasos en el sector de la construcción, que crea más del 6% de la tasa de empleo actual en España.

La dilatación de plazos para la obtención de licencias penaliza la actividad empresarial, ya que no solo elevan el coste que soporta la propia empresa de forma innecesaria, sino que también ahuyenta la inversión.

En ese sentido, se suprimirán las licencias de obras menores que tienen que resolver los departamentos técnicos de los ayuntamientos, y que ocasiona a los particulares una pérdida de tiempo a la hora de realizar una obra de menor calaje. Por ejemplo, una comunidad de vecinos que quiera poner una rampa de acceso para personas con discapacidad dentro del edificio ahora lo podrá hacer a través de una declaración responsable, ahorrándose entre 2 y 4 meses de trámites.

También se suprimirán las licencias para obra nueva o de reforma integral, así como la posterior licencia de primera ocupación. Dependiendo del ayuntamiento, la espera podría oscilar entre los 12 y los 18 meses.

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares, por citar ejemplos concretos.

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

Esta modificación nomativa se tramitará por el procedimiento de lectura única recogida en el reglamento de la Asamblea de Madrid, por lo que se prevé su aprobación en el mismo mes de septiembre, con el objetivo de reactivar a la mayor celeridad la situación económica de la región.

El Consejo de Gobierno ha tramitado de forma urgente el proyecto de Decreto que regulará el teletrabajo en el ámbito de la Administración regional, la modalidad a la que podrán acogerse los empleados públicos que deseen desempeñar su labor desde sus hogares de forma online. Este paso sigue al acuerdo alcanzado la semana pasada entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los sindicatos CCOO, CSIT Unión Profesional, UGT y CSIF, que, de forma unánime, firmaron su adhesión al borrador del Decreto que se ha presentado.

El motivo de esta tramitación urgente es dar continuidad a una fórmula que se ha aplicado con éxito como consecuencia de la crisis del COVID-19 y que concluiría el próximo 21 de septiembre, evitando así interrupciones intermedias innecesarias. Permitirá, además, mantener una dinámica que ha tenido excelentes resultados, como demuestran los más de 3,4 millones de expedientes administrativos gestionados hasta julio desde que se decretara el Estado de alarma.

En este periodo, cerca de 63.000 trabajadores han estado trabajando en remoto, lo que se traduce en uno de cada tres. Este porcentaje se eleva al 72% si se excluye a los trabajadores del ámbito sanitario que desarrollan sus funciones de manera presencial. Otro dato significativo es que se han celebrado cerca de 1.000 videoconferencias a la semana.

Esta nueva modalidad de desempeño está fundamentada en la flexibilidad y la cultura del trabajo por resultados, entre otros aspectos novedosos. El objetivo es dotar de mayor autonomía al empleado público, primando la eficacia y la profesionalidad. Será el trabajador el que pacte con su centro directivo la jornada laboral online siempre que se garantice la prestación del servicio.

Para ello, se va a diseñar un plan individual de teletrabajo que permita medir el cumplimiento de objetivos, así como la implicación del trabajador en alcanzarlos. Además, posibilitará realizar un control y seguimiento del rendimiento basado en resultados. De esta manera, se pretende contribuir a la atracción y retención de talento de los empleados públicos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 25 millones de euros para aumentar el crédito de las ayudas de concesión directa del Programa Impulsa destinadas a los autónomos en dificultades en el año 2020. Con esta nueva ampliación, el programa alcanza los 42 millones de euros -en subvenciones directas de 3.200 euros- para hacer frente a la caída de actividad provocada por la crisis del coronavirus. Se espera beneficiar a 8.000 autónomos que se sumarían a los 5.300 que ya lo han recibido.

Como requisito se ha establecido que los beneficiarios sean autónomos sin empleados a su cargo de la región que hayan visto mermada su actividad durante las últimas semanas, pero que sigan ofreciendo sus servicios. En este sentido, los solicitantes deben estar dados de alta en el RETA (Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos), mantenerse durante, al menos, 12 meses; y adjuntar una declaración que justifique la caída de ingresos provocada por el coronavirus a sus negocios.

Las ayudas del Plan Impulsa son directas, de hasta 3.200 euros, y se transfieren al beneficiario en un pago único. Esta cantidad, que se concederá por orden de solicitud, corresponde al pago de 12 mensualidades de la base mínima de cotización a la Seguridad Social, y el autónomo podrá emplearla en lo que considere necesario y urgente para mantener la actividad de su negocio.

Como consecuencia de la declaración del Estado de alarma, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el pasado 1 de abril un gasto de 4,5 millones de euros para ampliar la dotación inicial de 500.000 euros del Programa Impulsa. El día 17 de abril se amplió en otros 12 millones la dotación de la subvención, hasta los 17 millones de euros, que ha permitido hasta el momento que más de 5.300 autónomos de la Comunidad de Madrid se hayan beneficiado de esta ayuda. Con la presente autorización se amplía el crédito del Programa en 25 millones de euros, alcanzando la cifra total de 42 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 12,5 millones de euros destinado a financiar la concesión directa de subvenciones del programa de incentivos a la contratación indefinida para el año 2020. Estas ayudas están recogidas dentro del Programa Madrid Emplea, una de las medidas contempladas en el Plan Horizonte Empleo 2021 para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tras el coronavirus, presentado el pasado 27 de mayo y con la que se quiere crear o mantener más de 11.000 contratos estables en la región.

Se trata de cinco líneas de subvenciones que buscan incentivar la contratación estable de personas que han perdido su empleo durante la crisis o la recuperación de trabajadores afectados por ERTE, con el fin de aliviar y contrarrestar las dificultades del tejido empresarial madrileño, en especial las pymes, en una situación de crisis que ha obligado a las empresas a adoptar, de forma masiva, mecanismos de ajuste temporal de plantilla. Las ayudas hacen especial hincapié en colectivos vulnerables o de más difícil empleabilidad como mayores de 50 años y jóvenes sin formación.

El primero de los incentivos está orientado a la reincorporación de trabajadores contratados indefinidamente afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. El importe de la subvención para estas líneas se sitúa en 3.000 euros por cada reincorporación a tiempo completo y de 2.000 euros por cada restablecimiento de jornada a tiempo completo. La segunda línea de ayudas se centra en el mantenimiento del empleo de mayores de 50 años contratados de forma indefinida, con una subvención de 3.000 euros. En cuanto a los contratos indefinidos a tiempo parcial que se amplíen a jornada completa, se incentivará con entre 1.000 y 2.000 euros, en función del porcentaje de jornada que se amplía.

Otra de las líneas fundamentales de Madrid Emplea es la orientada a la contratación indefinida de personas que hayan perdido su puesto de trabajo de forma involuntaria durante el Estado de alarma. En este sentido, se subvencionará con un importe de 5.000 euros cada contratación indefinida inicial a tiempo completo realizada a personas desempleadas demandantes de empleo inscritas, al menos el día anterior a su contratación, en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Por último, se incrementa en 500 euros el importe de las ayudas para la contratación Indefinida, en Prácticas y Formación y Aprendizaje de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Para fomentar la empleabilidad de colectivos vulnerables, el importe de la subvención se incrementará en 500 euros cuando la persona contratada sea una mujer o pertenezca al colectivo de personas trans, y en 2.000 euros cuando se trate de la primera contratación realizada por trabajadores autónomos hasta un máximo de 7.500 euros por contrato.

Podrán acogerse a las nuevas ayudas destinadas al mantenimiento del empleo indefinido de personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, de personas de más de 50 años y para ampliación a jornada completa de contratos indefinidos a tiempo parcial, los autónomos, las entidades de carácter privado que no tengan ánimo de lucro y las pymes, con centro de trabajo en la Comunidad de Madrid. Al resto de ayudas podrán acceder las empresas independientemente de su tamaño.

La Comunidad de Madrid va a invertir 50,4 millones de euros hasta 2022 para garantizar la conservación de los más de 2.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica y asegurar, así, que ofrecen las mejores condiciones de seguridad vial. En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado la prórroga del contrato de conservación y explotación de carreteras actual, que vence el próximo 31 de octubre, por un plazo de 23 meses.

Este contrato permite la atención urgente, durante los 365 días del año, ante cualquier tipo de incidente que pueda surgir en las carreteras madrileñas; garantiza los planes de vialidad invernal; las actuaciones ante inundaciones o cualquier inclemencia meteorológica; y la limpieza de calzada, arcenes y márgenes.

También incluye la reposición de señales, tanto verticales como horizontales, y balizamiento; la reposición de barreras de seguridad; la limpieza de drenajes, o las siegas y podas y mantenimiento de plantaciones en el entorno de las carreteras, entre otras actividades.

La conservación y explotación de carreteras es uno de los cinco grandes contratos que forman parte de la Estrategia de Conservación de Carreteras que la Comunidad de Madrid tiene en marcha desde 2018, con unas inversiones previstas de más de 151 millones de euros hasta 2021.

Otro de los capítulos clave de la Estrategia es el relativo al refuerzo y rehabilitación de firmes, al que se destinarán 60,5 millones de euros en el periodo con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad de la circulación de 899 kilómetros de carreteras.

El tercer pilar de la Estrategia tiene que ver con mantenimiento y reparación de estructuras, que permite revisar y dejar en las mejores condiciones los más de 1.120 viaductos, puentes y pasarelas de la red de carreteras de la región, con un presupuesto de 21,7 millones de euros hasta 2021. Por su parte, en el mantenimiento de las instalaciones semafóricas y luminosas de la red se van a invertir otros 11,6 millones.

Por último, la Comunidad va a destinar 2,8 millones al acondicionamiento y conservación de travesías, márgenes e isletas, lo que permite mejorar y mantener en buen estado los márgenes, taludes, áreas adyacentes y glorietas de las vías autonómicas.

La Comunidad de Madrid intensifica la compra de material de protección para los profesionales sanitarios frente al COVID-19 con un nuevo desembolso de 30 millones de euros. Precisamente, la presidenta del Gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la región va a incrementar a 75 días el stock de suministro sanitario gracias al incremento de compras que se están realizando en las últimas semanas.

Al margen de los contratos que se han ido aprobando con tramitación de urgencia para la adquisición de distinto material o para la puesta a punto del hospital temporal de la Comunidad de Madrid instalado en IFEMA, la presidenta Díaz Ayuso se ha centrado también en la compra de suministro procedente de China para garantizar la seguridad de trabajadores sanitarios y pacientes.

Así, desde que comenzó la pandemia, la Comunidad de Madrid ha alcanzado las 1.600 toneladas de material sanitario transportado por vía aérea desde el país asiático gracias a la llegada de 22 aviones gestionados por la presidenta madrileña, con 53 millones de unidades en suministros, desde mascarillas y guantes a trajes de protección EPI, camas hospitalarias o monitores para su uso en UCI.

En esta ocasión, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado hoy de la tramitación con carácter de emergencia, como consecuencia de la situación creada por la pandemia, de la contratación de distinto material sanitario y de protección para la lucha contra el coronavirus por un importe de 29.216.144,68 euros.

De este importe, los contratos específicos para la compra de material sanitario y Equipos de Protección Individual se refieren a una cantidad que asciende a 17.975.627 euros. Además, la Atención Primaria y los Centros de Salud recibirán EPIs y distinto material de protección por valor de 7.975.342,68 euros.

En el caso del contrato de Atención Primaria, el importe de 2.872.919,34 euros se dedicará a material como gafas, mascarillas, geles de solución hidroalcohólica o desinfectantes. Asimismo, la Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 895.349,59 euros para la contratación de obras en la Gerencial Asistencial de Atención Primaria, a raíz también de la situación generada por la pandemia.

El Consejo de Gobierno también ha sido informado de la propuesta de adjudicación a la Clínica Nuestra Señora de la Paz, por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, del contrato de servicios de concertación de 30 plazas de ingreso y 20 plazas de Hospital de Día, en el Hospital de Salud Mental y Tratamiento de Toxicomanías por un importe de 2.918.833,80 euros.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la creación del Registro de solicitudes de acceso a la información pública y reclamaciones y de su reglamento para regular el funcionamiento y la actividad. Con esta decisión, el Ejecutivo regional mantiene su apuesta por la atención a los ciudadanos facilitando su relación con la Administración pública.

Tal y como dispone la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad, la Administración debe contar con un registro de estas características en el que se inscriban y puedan ser consultadas todas las solicitudes de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, así como las reclamaciones que puedan presentarse ante las resoluciones emitidas. La Ley también dictamina que ese organismo ha de ser público y accesible a través del Portal de Transparencia.

En el nuevo Registro, los solicitantes de información podrán hacer un seguimiento de su gestión y del cumplimiento de los plazos de resolución. Por tanto, supondrá una herramienta de transparencia fundamental, no solo para los propios solicitantes sino también para el resto de los ciudadanos, que podrán conocer las preguntas inscritas, las correspondientes resoluciones y el criterio del Consejo de Transparencia y Participación a la hora de resolver las reclamaciones. Este organismo será público siempre que no vulnere datos de carácter personal protegidos por ley.

El Registro ya cuenta con informes preceptivos favorables para su tramitación del área de igualdad, de presupuestos, de protección de la infancia, memoria de análisis de impacto normativo e informe de legalidad. También ha superado el proceso de consulta pública.

La Comunidad de Madrid ha autorizado, en el Consejo de Gobierno un gasto de 1.150.000 euros para financiar la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que se ocupen del mantenimiento de los centros de atención a personas con discapacidad durante el año 2020.

Las entidades podrán incluir gastos de personal y otros gastos corrientes que les haya originado el mantenimiento de centros para personas con discapacidad, incluyendo las plazas residenciales o de atención diurna en residencias, centros de día, centros ocupacionales o pisos tutelados, así como los tratamientos ofrecidos en conjunto o bien individuales de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje o tratamiento psicológico.

El procedimiento de concesión será de concurrencia competitiva, en función del crédito disponible y del importe solicitado o el coste de la actuación, atendiendo a la puntuación obtenida tras la valoración de las solicitudes presentadas para cada centro y al orden de prioridad y los criterios establecidos en la convocatoria. La cuantía no podrá superar el 75% del coste total de la acción subvencionada.

El presupuesto para 2020 supone la misma aportación a estas ayudas que en la convocatoria 2019, cuyo crédito se ha ejecutado casi en su totalidad, con un gasto de 1.149.999,84 euros. Esta cantidad ha permitido atender a 937 personas a través de 69 recursos, siendo 37 las entidades a las que se concedió la subvención el año anterior.

 

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