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03
Jul
2020
PP, VOX y Cs piden más medidas para evitar rebrotes en Barajas PDF Imprimir E-mail
Otras Noticias - Comunidad de Madrid
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Foto cedida por CAMEspaña reabre fronteras con países extracomunitarios

Parece que el calor también ha llegado a la Asamblea de Madrid, que este jueves dejaba un Pleno mucho más tranquilo que los anteriores. Así, en lugar de reproches, la sesión se centró en la situación de las residencias y Barajas cuando se reabren fronteras con terceros países. Y eso que, de nuevo, la actualidad política de los días previos no hizo más que subir la tensión.

El miércoles los diputados creaban la Comisión de Reconstrucción, y lo hacían con sorpresa, pues la derecha se quedaba sin la presidencia tras la abstención de VOX, que mantuvo la postura defendida en el Pleno de que con la izquierda “no se puede reconstruir nada”. Sin embargo, ese veto acabó por entregarle la presidencia a los socialistas, en concreto a Carlos Carnero, que junto al naranja Enrique Martínez y Alberto Oliver, de Más Madrid, compondrán la Mesa.

El portavoz del GPP en dicha Comisión, Pedro Muñoz, ha lamentado que, “con su abstención, Vox haya permitido que PSOE y Más Madrid controlen la mesa”. Para el diputado popular, esta es una Comisión es “muy importante” y tiene como objetivo la “reactivación económica, la generación de empleo y la consolidación de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid”. “Queremos que expertos y profesionales nos ayuden a identificar y afianzar unas propuestas y principios básicos”, ha añadido.

Muñoz ha recordado que desde el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid se ha propuesto “la habilitación de sesiones adicionales en julio para que haya reuniones tanto por las mañanas como por las tardes”. “Gracias a las sesiones adicionales podrán comparecer algo más de 20 personas durante este mes”, ha asegurado.

Para concluir, el portavoz adjunto del GPP ha aseverado que desde su formación tienen muy claro que los principios en los que deben basarse las conclusiones de esta Comisión. “Una desregulación y flexibilización de nuestro marco jurídico de la economía y administración, un escenario lógico de consolidación fiscal donde no gastemos más de lo que ingresemos; no hay que subir impuestos y a ser posible, intentar bajarlos y, por último, generar confianza y seguridad jurídica”, ha finalizado

Con este caldo de cultivo llegaba el Pleno, y lo hacía con algún reproche entre PP y VOX, pero de baja intensidad, tanto es así que unían sus votos para dos asuntos de enorme importancia: junto a Cs solicitaban medidas más estrictas en Barajas para detectar posibles rebrotes; y por unanimidad daban luz verde a una propuesta de UP pidiendo la medicalización urgente de las residencias.

El Gobierno ha decidido levantar, de manera progresiva, las restricciones de acceso de viajeros a través de las fronteras exteriores de España a los residentes de los quince países extracomunitarios recomendados por el Consejo de la Unión Europea (UE) el pasado 30 de junio. En el caso de China, Marruecos y Argelia, la reapertura de fronteras queda supeditada a que estos países actúen de manera recíproca y reabran a su vez sus fronteras a los residentes en España.

Así lo recoge la orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor a las 00:00 horas de este sábado 4 de julio (medianoche entre hoy viernes y mañana sábado). A partir de ese momento, la reapertura de las fronteras exteriores será efectiva para los residentes de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay.

La aplicación del criterio de reciprocidad con Argelia y Marruecos se enmarca en la necesaria coordinación en las fronteras con dos países vecinos y con los que habitualmente compartimos un elevado flujo de entrada y salida. Por lo tanto, la reapertura para los residentes de Argelia y Marruecos se producirá en el marco de un proceso coordinado cuando reabran sus fronteras.

El Consejo de la UE recomendó el pasado 30 de junio levantar la restricción temporal de los viajes no esenciales a los residentes en una lista de quince países extracomunitarios considerados seguros: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.

En cumplimiento de esa recomendación, el Gobierno ha analizado para cada uno de esos países cuáles son las condiciones necesarias para considerar viable el tráfico normal de personas entre ellos y, una vez se cumplan, permitir la entrada y salida de viajeros.

En el caso de China, el Consejo de la UE recomendó supeditar la apertura de las fronteras de los estados miembros a la confirmación de la existencia de un régimen de reciprocidad por parte del país asiático, y así lo recoge la orden de Interior.

Respecto de Argelia y Marruecos, cualquier futura decisión sobre un posible levantamiento de las restricciones fronterizas deberá tomar en consideración que ambos países mantienen cerradas sus fronteras, así como el considerable volumen habitual de desplazamientos entre España y cada uno de esos países africanos.

Mientras tanto, se mantiene también el cierre temporal de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.

La orden publicada en el BOE mantiene las restricciones en las fronteras exteriores de la UE en España para los residentes en el resto de los países no incluidos en la lista elaborada por el Consejo de la UE.

En cuanto a las categorías de personas exentas de restricciones independientemente de su lugar de procedencia, se incluyen algunas adicionales o se amplía el alcance de las contempladas hasta el momento en las sucesivas órdenes relativas a las fronteras exteriores.

Por lo tanto, los nacionales de terceros países distintos a los incluidos en la lista comunitaria siguen sin poder entrar en España salvo las siguientes excepciones:

a) Residentes en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano (Santa Sede) o San Marino

b) Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen.

c) Trabajadores transfronterizos.

d) Profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios, y profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral.

e) Personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.

f) Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.

g) Estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o Estados asociados Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado.

h) Trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España. Estas circunstancias se deberán justificar documentalmente.

i) Personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados.

j) Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios.

k) Trabajadores de temporada del sector agrícola.

Tanto las restricciones como las categorías exentas se refieren a nacionales y residentes de terceros países distintos a los incluidos en la lista comunitaria, dado que, con la entrada en vigor el 1 de julio de la Orden INT/578/2020, de 29 de junio, los ciudadanos de la Unión y sus familiares, y los demás beneficiarios del derecho a la libre circulación, ya quedaron fuera del ámbito de aplicación de las restricciones temporales en las fronteras exteriores españolas

Esta nueva normativa de controles fronterizos permanecerá en vigor hasta las 24:00 horas del 31 de julio de 2020, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito la Unión Europea o de futuras prórrogas. Y no será de aplicación en la frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar.

Desde el 1 de julio, se han sumado 650 profesionales a las tareas de control de llegada de viajeros. Las personas que llegan a España se someten a tres controles primarios. El formulario de control sanitario de viajeros, conocido como Passenger Location Card (PLC), se ha digitalizado, desde el 1 de julio, para agilizar el tránsito de viajeros, que se prevé aumente en las próximas semanas por el inicio de las vacaciones.

Este documento ya se usaba durante el estado de alarma para las personas que podían entrar en España. Incluye datos de localización de la persona así como información sobre si ha pasado el Covid-19 y en qué circunstancias. Hasta el momento, se cumplimentaba en el avión y se entregaba en mano una vez el viajero llegaba al destino.

Ahora, el formulario destinado al control sanitario de los pasajeros se podrá rellenar a través de la web www.spth.gob.es o descargando la aplicación Spain Travel Health-SpTH. Ya está disponible en la página web y en Android y próximamente lo estará en Apple.

La opción de rellenar el formulario impreso se mantendrá para aquellas personas que no dispongan de medios para cumplimentarlo de forma digital. Este formulario es uno de los tres controles primarios a los que se someten las personas que llegan a España. Además, como se viene haciendo desde el pasado 15 de mayo, se seguirá realizando el control de temperatura. Éste se realiza ya con cámaras termográficas para facilitar un tránsito fluido por los aeropuertos.

Finalmente, se efectúa un control visual por parte de los profesionales de Sanidad Exterior. Con ello, se busca detectar a aquellos pasajeros que por su estado pueden ser sospechosos de padecer Covid-19 como alguna otra enfermedad trasmisible. Si uno de esos tres controles no es superado, un médico examina a la persona y se la deriva a los servicios asistenciales de la comunidad autónoma de destino.

Refuerzo de personal Además, desde el día 1, se ha realizado un refuerzo muy importante para reforzar el personal de todos los aeropuertos de España: se han sumado 650 profesionales a los 600 que ya estaban trabajando en Sanidad Exterior. En función de las necesidades en las próximas semanas, se seguirá contratando a más médicos, enfermeras y auxiliares para las tareas de control de llegada de viajeros.

Este refuerzo se sumará al que ya se realizó el pasado 21 de junio, al abrirse las fronteras interiores con la UE y el Espacio Schengen. Los equipos de Sanidad Exterior se reforzaron con un primer contingente de 100 personas, procedentes de empresas auxiliares y otras que prestan servicios en puertos y aeropuertos, gracias a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

España ha trabajado en el marco de la Unión Europea en la ampliación a terceros países que puedan entrar en nuestro país, después de que el pasado 21 de junio se abrieran las fronteras a ciudadanos de la UE y del Espacio Schengen.

En todo momento, se garantiza la seguridad tanto de las personas que llegan a España como de los ciudadanos de nuestro país. La decisión de a qué terceros países se abrirán las fronteras se ha tomado en base a criterios epidemiológicos. La situación de éstos deberá ser igual o mejor que en los países miembros.

La Comunidad de Madrid ha reivindicado el papel fundamental que ha desempeñado la sociedad civil durante la crisis del COVID-19, cuando ciudadanos particulares y empresas se han volcado para ayudar a nuestra región.

Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la consejera de Presidencia del Gobierno regional, Eugenia Carballedo, ha subrayado que “las grandes crisis ponen a prueba a las instituciones y a los gobiernos, pero también a las sociedades”, para añadir a continuación que el coronavirus ha puesto de manifiesto la fortaleza, la madurez y la solidaridad de la sociedad civil madrileña.”

Tal y como ha explicado la consejera, la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria ha centralizado la atención de casi 2.400 ofrecimientos de ayuda directa de la sociedad civil para hacer frente al coronavirus. Gracias a ello, se han podido distribuir 8 millones de unidades de material sanitario; más de 1.800 toneladas de agua y alimentos; más de 1 tonelada de productos de higiene y limpieza; más de 5.000 unidades de equipamiento en instalaciones como aire acondicionado, extractores, mamparas y fontanería; y más de 20.000 unidades de tecnología, móviles, tabletas o cargadores. La Comunidad de Madrid ha contado también con la ayuda de 7.000 voluntarios, 3.000 de ellos profesionales.

“Vamos a seguir manteniendo una posición firme contra el virus y exigiendo al Gobierno de la nación que actúe,” ha asegurado Eugenia Carballedo, quien ha confirmado que el liderazgo ejercido durante la crisis del COVID-19 por el Ejecutivo regional seguirá manteniéndose a lo largo del tiempo.

“Estuvimos solos, sin la compañía del Gobierno central en la gestión de la pandemia, pero acompañados por la sociedad civil madrileña. Miles de personas anónimas, asociaciones, entidades, pequeñas y grandes empresas, pusieron su colaboración en nuestras manos”, ha enfatizado Carballedo, que ha calificado esta ola de solidaridad como “inédita”.

En este sentido, la titular de Presidencia ha destacado “el compromiso solidario de tantos madrileños con sus convecinos”, que en su opinión “es también una forma de colaboración público-privada, para la que ha sido crucial que los donantes vean en la Comunidad de Madrid una Administración fiable, segura y propicia para este tipo de iniciativas”.

La red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid retomará la atención presencial en sus instalaciones a partir del próximo lunes, 6 de julio, con las máximas garantías sanitarias y de seguridad para trabajadores y usuarios. Así lo ha confirmado en la Asamblea de Madrid el consejero de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno regional, Manuel Giménez, en respuesta a sendas preguntas planteadas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Vox.

Giménez ha recordado que las 42 oficinas de empleo que forman la red regional han prestado servicio de manera ininterrumpida durante la crisis sanitaria del COVID-19 a través de medios telefónicos y telemáticos. Ahora, tras decaer las medidas de cierre de instalaciones impuestas por el Estado de alarma, la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid ha coordinado la fecha de reapertura con los sindicatos y con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con el que comparte oficinas y que tiene las competencias exclusivas de tramitación de las prestaciones por desempleo y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La vuelta a la actividad de las oficinas de empleo va a combinar la atención presencial con el mantenimiento de los servicios telemáticos, que se han seguido prestando en todo momento. Así, desde el próximo lunes, 6 de julio, las 42 oficinas de la red y el Punto de Empleo de Rivas-Vaciamadrid abrirán sus puertas al público entre las 8.30 y las 14.30 horas, regulando el acceso de usuarios con un sistema de cita previa que asegure el estricto cumplimiento de todas las medidas de control de aforo y distancia social.

La apertura de las instalaciones se va a realizar con las máximas garantías sanitarias, de seguridad y de prevención e higiene tanto para trabajadores como para usuarios. Para ello se han instalado mamparas y biombos separadores de metacrilato en todos los puestos de trabajo, se han organizado turnos en las plantillas de las diferentes oficinas para asegurar la necesaria distancia física y se ha duplicado el personal destinado a medidas de protección en las instalaciones.

Además, el personal de las oficinas va a alternar la actividad presencial en su puesto con el teletrabajo, lo que va a posibilitar la atención telefónica y telemática a todos los usuarios entre las 7.00 y las 20.00 horas de los días laborables.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado que el Gobierno regional va a estar “al lado de la educación concertada” y que “siempre va a defender la libertad sobre la que se fundamenta la mejora del sistema educativo”. Así lo ha trasladado durante una videoconferencia que ha mantenido esta tarde desde la Real Casa de Correos con las principales patronales del sector, en la que el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, les ha comunicado la planificación del próximo curso. La presidenta madrileña ha reconocido que “estamos ante un momento de gran incertidumbre con un ataque a las familias y alumnos para elegir el modelo educativo que ellos prefieren”. “Son siempre modelos complementarios y nunca enfrentados, que es como políticamente muchas veces nos lo visten y por ello vamos a dar nuevamente la batalla en Madrid”, ha señalado.

Para la presidenta madrileña, es fundamental que cada familia elija la educación que entiende que más conviene a sus hijos y que, por ello, el Ejecutivo autonómico reforzará su apuesta por la educación pública pero también respaldará la concertada y privada. Díaz Ayuso ha criticado, además, que la nueva ley educativa que prepara el Gobierno central va a “quitar a los alumnos que se esfuerzan la oportunidad de seguir creciendo”. “Creemos en la igualdad de oportunidades, pero no en la igualdad de resultados y todos los aspectos que, de manera emboscada, lleva esta Ley hay que sacarlos a la luz y pelearlos”, ha resaltado, para destacar también que los “principios de mérito, esfuerzo y la autoridad del profesor son pilares de la educación”.

El diputado del GPP, Jaime de los Santos, ha asegurado en la Asamblea de Madrid durante su intervención que “generando riqueza se combate la pobreza” ha afirmado. De los Santos ha recordado como el Gobierno de Zapatero generó más pobreza que ningún otro, “enviando al paro a 3,5 millones de españoles, situándonos como el país de la OCDE en el que más crecía la desigualdad”. Además, los ingresos reales de los más desfavorecidos disminuyeron entre 2007 y 2011 un 13 % anual. Combatir la pobreza y la exclusión “necesita del esfuerzo de todas las administraciones y de toda la sociedad para ser erradicado de forma definitiva”, ha señalado.

De los Santos ha destacado como el Gobierno de la Comunidad de Madrid “lleva 25 años comprometido a combatir la pobreza, más de dos décadas de trabajo ininterrumpido en los que se ha reforzado todo el sistema de servicios sociales”. En este sentido, ha recordado como la Renta Mínima de Inserción fue regulada en 2001, “y aprobada únicamente con los votos del Partido Popular”. La RMI en la Comunidad de Madrid tiene carácter indefinido, “ y su presupuesto aumentó la pasada legislatura un 80 % hasta alcanzar los 772 millones de euros”.

Además, el popular ha enumerado otras medidas que ayudan a luchar contra esta lacra, como “la tarifa social del agua, la inclusión en el cupo especial de la Agencia de Vivienda Social o la reducción del 75 % del precio del menú escolar”.

El Ingreso Mínimo Vital “surge de la coyuntura y sin embargo debería ser parte de un plan mucho más ambicioso”, ha asegurado el popular. “Las políticas estructurales de inclusión deben estar siempre dirigidas al empleo”, ha añadido.

“Las políticas del PSOE son las políticas que generan pobreza”, ha asegurado. En este sentido ha hablado de un dato determinante, la tasa Arope, que en 2018 bajó en la Comunidad de Madrid hasta los 19 puntos, seis por debajo de la media nacional y 25 por debajo de algunas comunidades gobernadas históricamente por el PSOE. “Este dato, aunque no nos satisface, evidencia como se hacen unas políticas y otras en función qué lugares”.

Para finalizar, de los Santos ha reconocido la labor solidaria de la Comunidad de Madrid, que aporta cada año 4.000 millones de euros al fondo de solidaridad, “un fondo que también contribuye a la lucha contra la desigualdad”, ha concluido.

El diputado del GPP, Enrique Núñez, ha preguntado al Ejecutivo autonómico por cómo valora la firma de los convenios de colaboración en materia de emergencia con las comunidades de Castilla la Mancha y Castilla y León.

Núñez ha señalado que “en materia de extinción de incendios forestales, actuar en los primeros 30 minutos demuestra que, en más del 90% los incendios quedan solo en conatos”. Por ello, El Gobierno regional ha destinado esta temporada al plan INFOMA, un presupuesto de 38,4 millones de euros, 200.000 euros más que el año pasado, empleando a más de 5000 profesionales, “convirtiéndose nuestra comunidad en la región de Europa que más invierte por hectárea en materia forestal”, ha señalado.

Además, con esta inversión queda reflejado el aumento de efectivos, una cifra récord en esta temporada, pues supone casi un centenar más que el año pasado. De este modo, estarán disponibles al día casi 600 efectivos para la tarea de prevención y extinción de incendios.

Pero “lo importante es que exista coordinación”, ha explicado el popular. Por ello, ha celebrado que se haya  firmado el convenio entre las tres comunidades limítrofes, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con un protocolo que establece una Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales de 5 kilómetros de terreno a ambos lados de la línea divisoria entre ambas regiones. “Se trata de una zona en la que, por sus características, una demora en el tiempo de respuesta ante un siniestro puede acarrear consecuencias graves para la vida, los bienes y el medio ambiente”, ha señalado.

“El objetivo es extremar la eficacia en intervenciones en materia de protección y asistencia ciudadana que tengan lugar tanto en el interior como en el entorno de estas infraestructuras de alcance nacional”, ha finalizado Núñez.

El diputado del GPP, David Erguido, ha intervenido en la Asamblea de Madrid durante la iniciativa presentada para ampliar las medidas de control en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Erguido ha recordado que la competencia del Aeropuerto de Madrid-Barajas depende exclusivamente del Gobierno de la Nación. El popular ha resaltado este asunto porque “luego si pasa algo, que desgraciadamente, hay muchos riesgos, querrán una vez más echar la culpa a la Comunidad de Madrid, ¡pues no, esta moción que es de sentido común va dirigida a quien tiene las competencias: el Gobierno de la Nación!”, ha afirmado.

“No se puede asumir el mando único porque los mayores me pueden mejorar mi imagen, fracasar dolorosamente y ahora cargar la responsabilidad precisamente en aquellos a los que se desplazó”, ha señalado.

Sin embargo, Erguido ha agradecido al Gobierno regional adelantarse al de la Nación una vez más y colaborar para su solución. “Una buena voluntad que nunca es correspondida, pero que nos ha llevado a ofrecer la presencia del SUMMA 112, 24h 7 días a la semana, para servir en Barajas, por cierto sin éxito hasta ahora, en fin, el Gobierno regional siempre poniendo la otra mejilla”.

El popular ha insistido en adelantarse ante del riesgo real de rebrotes, “y si no lo estuviéramos, en nada nos haría mal que extremásemos la prudencia”. Sin embargo, lo que el diputado no entiende es “la cerrajón del Gobierno a tomar medidas y a extender la prudencia”.

Por todas las alertas que hacen los expertos, Erguido ha preguntado en la Cámara “por qué tenemos que confiar ciegamente en los mismos expertos que decían que habría uno o dos contagios aislados y por qué tenemos que permitir que Barajas se convierta en el 8-M de la segunda oleada”. “Somos excelentes en turismo, seámoslo también en seguridad sanitaria”, ha finalizado el popular.

El diputado del GPP, Diego Sanjuanbenito, ha intervenido durante la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, y ha asegurado que “simplificar los requisitos que complican los cambios de uso de suelo no protegido es clave para dinamizar la actividad económica en Madrid”.

Durante la comparecencia, la consejera ha explicado que desde el Gobierno regional proponen “un modelo abierto, que facilita la actividad económica, flexible, ágil, que genera oportunidades, que da mayor autonomía al ciudadano, a la pyme, a la empresa, apoyamos a aquellas personas que quieren crear empleo en nuestra región”. Además, ha señalado que “no podemos quedarnos apalancados en actitudes intervencionistas, conservadoras de lo que no funciona, con un urbanismo planificado hace 15 años, ustedes están anclados en una foto fija, en el inmovilismo que conduce a la degradación”.

El Gobierno regional aprobó hace unas semanas un Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid que contempla un total de 30 medidas para alcanzar un triple objetivo: activar la economía y el empleo, ayudar a las personas más vulnerables y devolver a la normalidad la prestación de los servicios públicos de la región afectados por la crisis sanitaria y las medidas de excepción iniciadas en marzo. “El Gobierno Regional ha vuelto a poner a Madrid al frente de todas las regiones en cuanto a la adopción de medidas”, ha señalado Sanjuanbenito.

En este Plan está contemplada una medida “fundamental” para la recuperación de la región, “reducir trabas burocráticas de tipo urbanístico y flexibilizar los usos del suelo no protegido para que los espacios urbanizados puedan reconvertirse de forma sencilla y rápida en función de las cambiantes circunstancias que impone la actual demanda”, ha asegurado.

Sanjuanbenito ha explicado que una norma elaborada en el año 2000 “no está aportando nada a esa exigencia de dinamismo, veinte años son mucho tiempo como para seguir cerrando los ojos ante una legislación obsoleta que constriñe cualquier tipo de desarrollo urbanístico, incluso los más insignificantes”.

En este sentido ha comparado la situación de la región con respecto a hace 20 años, con más de 1,3 millones de habitantes más, un quinto de la población actual. Además, el popular ha explicado que no se está siguiendo lo que dispone la legislación nacional y europea en cuanto a los procedimientos de autorización de trámites urbanísticos. “Frente al mandato de la Directiva Europea, sometemos cualquier actuación a un procedimiento de licencia largo y complejo, incluso cuando se trata de pequeñas actuaciones que no tienen más impacto que el de ayudar a un pequeño empresario a progresar en su negocio”, ha señalado.

Como anunció la presidenta Díaz Ayuso hace escasas semanas, “el Gobierno Regional, está trabajando en una modificación puntual de la Ley del Suelo con la que se va a beneficiar a los ciudadanos, al ahorrarse tiempo y dinero, y a facilitar la actividad económica en este momento de extrema gravedad”, ha afirmado.

“Hay que impulsar un cambio profundo en nuestra manera de enfocar el desarrollo urbano, y desechar la idea de la ventanilla de la administración como una trinchera frente a los proyectos vitales de los madrileños”, ha afirmado el popular. Por ello, ha explicado, el Gobierno regional está trabajando en una nueva Ley del Suelo “en la línea de agilizar operaciones de cambio de uso”, ha concluido el popular.

El portavoz del GPP, Alfonso Serrano, ha preguntado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre las previsiones del Gobierno para incentivar el impulso de las zonas rurales de nuestra región a raíz del impacto del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Serrano ha asegurado que “los 179 municipios de la región tienen un Gobierno autonómico que está a su lado y que actúa, especialmente en los 78 menos poblados”.

Serrano ha recordado como su grupo registró hace unos meses una Comisión de Estudio en este sentido que han aceptado postponer por los trabajos de la de recuperación e impulso de la Comunidad. “Pero cada día queda más claro que debe ser una prioridad, por eso ya les anunciamos que solicitaremos a la Mesa de la Asamblea que al inicio del nuevo periodo de sesiones se constituya esta comisión que creo honestamente que es más necesaria y sin duda más útil que otras”, ha afirmado.

Sin embargo, Serrano ha criticado que desde la Federación Madrileña de Municipios, su presidente, el alcalde socialista de Arganda “ha estado ausente en esta crisis, no se conoce alguna acción de apoyo a los pequeños municipios”. En este sentido, ha destacado la labor del consejero de Vivienda y Administración Local, que ha llevado a cabo acciones como establecer un Plan para atender sus necesidades, “por no hablar de de todo el operativo social, sanitario y de emergencias que se ha llevado a cabo desde el Gobierno regional”. El popular ha lamentado que “el sr. Hita haya estado más escondido que Pablo Iglesias con el Caso dina”.

Serrano ha señalado que había otra administración que podía haber arrimado el hombro en la región, la delegación de Gobierno, y ha lamentado que lo único que recuerdan los alcaldes del delegado es que un domingo por la noche les hizo ir a todos a una nave de Alcalá, para recoger mascarillas para al día siguiente repartirlas en los puntos de salida de transporte público.

Además, Serrano ha recordado que el delegado del Gobierno, como el presidente de la FMM, se dedica a usar la institución y ponerla al servicio del PSOE y conocimos como pedía a compañeros de partido retorcer el drama de los fallecidos en residencias y tratar de que se imputara a la presidenta para tratar de romper el Gobierno. “¿Es ese su plan?”, ha preguntado Serrano. “¿Buscar algún juez afín que les tramite alguna denuncia orquestada por ustedes mismos o escondidos detrás de una entidad o plataforma?”, ha cuestionado mirando hacia la bancada de la izquierda. Por todo ello, el GPP ha vuelto a registrar la propuesta de reprobación cumpliendo con el reglamento y las observaciones de la Mesa.

El popular ha finalizado asegurando que su grupo seguirá trabajando por el bien de los madrileños, y mientras, “unos usando la FMM y la Delegación para fines de partido y otros como el Gobierno de la Comunidad de PP y CS tomando medidas para reducir el impacto económico y social de esta terrible pandemia”, ha concluido.

 

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