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24
Jun
2020
Comienza la tramitación del nuevo Hospital de Valdebebas PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMAprobado por urgencia en el Consejo de Gobierno de la Comunidad

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación para tener lista la parcela en Valdebebas donde se construirá el nuevo Hospital de Emergencias, un centro público que seguirá el modelo abierto por el Gobierno regional en IFEMA para pacientes COVID-19 y que contará con tres pabellones que sumarán más de 23.000 metros cuadrados. El proyecto anunciado este mes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ampliará los recursos asistenciales de la sanidad pública madrileña aportando hasta 1.000 nuevas camas y supondrá una inversión de alrededor de 50 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha acordado dar luz verde a este proyecto declarado de urgente y extraordinario interés público en aplicación del artículo 161 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de anticiparse y empezar a construir el nuevo centro sanitario próximamente. La Comunidad quiere que pueda ser utilizado en otoño, atendiendo a la previsión de posible rebrote de la enfermedad.

Además, el Consejo de Gobierno ha conocido el anteproyecto de este nuevo hospital que permitirá al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) iniciar las obras de construcción del centro hospitalario público en la parcela seleccionada en Valdebebas. El terreno, de titularidad autonómica, está ubicado en la Ciudad de la Justicia, junto a IFEMA y el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

El recinto tiene fácil acceso por las vías A-2, M-40, M-11, M-12, M-13 y R-2 y también se puede llegar mediante transporte público, puesto que cuenta con la estación de Cercanías de Valdebebas, a 9 minutos a pie. Además, el Instituto de Medicina Legal quedará integrado como morgue en el proyecto del nuevo hospital.

El objetivo de este nuevo Hospital de Emergencias es seguir reforzando el sistema sanitario madrileño con un nuevo centro público frente a posibles rebrotes de coronavirus COVID-19 u otras enfermedades. Esta nueva infraestructura contará con más de 1.000 camas, estará dotado de las tecnologías médicas más avanzadas y preparado para ser un nuevo centro de referencia en materia de enfermedades contagiosas.

El éxito experimentado en el Hospital temporal de la Comunidad de Madrid instalado en IFEMA para pacientes COVID-19 hace recomendable seguir el mismo modelo para la construcción del nuevo Hospital de Emergencias. Para poder ser capaz de atender cualquier tipo de epidemia/pandemia en el futuro, el hospital será polivalente, basado en pabellones sectorizables desde el punto de vista de instalaciones y modulación (para habilitar únicamente la parte necesaria), y capaz de adaptarse a cualquier plan funcional diseñado por las direcciones asistenciales.

La superficie total del nuevo Hospital de Emergencias alcanzará más de 45.000 metros cuadrados organizados en tres pabellones de 7.800 metros cuadrados cada uno, un centro logístico/ Almacén Central del SERMAS, de 7.900 metros cuadrados; una avenida peatonal, un edificio de usos múltiples que integrará el centro regional de coordinación de epidemias, una central de instalaciones, un memorial para las víctimas del COVID-19 y un monumento dedicado a los profesionales sanitarios.

Este centro público dispondrá de más de un millar de camas. En concreto, contará con hasta 20 unidades de hospitalización de 48 camas cada una, que suman un total de 960 organizadas en torno a controles de enfermería. También habrá un total de 48 puestos de UCI y Cuidados Intermedios. Asimismo, habrá áreas de Diagnóstico por imagen (salas convencionales y portátiles de rayos X, un equipo de TAC, una reserva de ecógrafos, etc) y un laboratorio.

A diferencia del Hospital de IFEMA, tendrá salas polivalentes de curas, que podrán habilitarse como quirófanos, zonas de CMA (cirugía mayor ambulatoria) o sencillas salas de curas, para poder practicar intervenciones menos complejas.

También es esencial para evitar contagios diferenciar las circulaciones entre pacientes y profesionales, entre circuito de limpio y de sucio, entre altas e ingresos y entre logística/aprovisionamiento y pacientes. Además, se habilitará un sistema de compuertas para el acceso controlado de personas a determinadas zonas de seguridad por riesgo de contagio o exposición a carga vírica.

Como en el Hospital de IFEMA, dispondrá de un gran espacio de almacenamiento de material sanitario, EPIs, mobiliario de reserva, electromedicina, fungibles y suministros necesarios. Este almacén funcionará de forma habitual como Almacén Central del SERMAS, desde el que se suministrará material a toda la red de centros del Servicio Madrileño de Salud.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña para informar a los usuarios del nuevo modelo de atención de los centros de salud, en el que prima la consulta no presencial, para reducir al máximo los riesgos de contagio del coronavirus.

La campaña incluye carteles informativos que se distribuirán, entre otros lugares, los centros sanitarios y oficinas de Farmacia de la región en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, además de la edición de un vídeo informativo y la difusión de mensajes en las redes sociales, canal YouTube y cuenta de Twitter @SaludMadrid

La Comunidad de Madrid solicita a los usuarios que, siempre que sea posible, contacten previamente con su Centro de Salud para que los profesionales valoren si se precisa atención presencial, en domicilio o el motivo de consulta puede ser resuelto por teléfono.

Para facilitar la atención no presencial, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha -mediante cita previa- la consulta telefónica con el médico de familia, pediatra y enfermera del Centro de Salud. La consulta telefónica se puede concertar llamando al Centro de Salud, mediante la web oficial de la Comunidad de Madrid https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/cita-sanitaria y, en breve, con la aplicación móvil Cita Sanitaria Madrid.

Asimismo, en caso de que se precise realizar un trámite administrativo (tarjeta sanitaria, Libre Elección, etc.), el usuario debe llamar igualmente al Centro de Salud, donde la Unidad de Atención le informará sobre cómo proceder.

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria recuerda que, en caso de que el paciente sea atendido en su domicilio, los miembros presentes deben llevar mascarilla, mientras que la zona en la que los sanitarios asistan al paciente tiene que estar limpia, desinfectada y libre de objetos.

En caso de que el paciente tenga cita en el Centro de Salud, o acuda por una consulta que no pueda esperar, deberá ir solo -salvo que acompañe a un menor o a una persona que necesite ayuda-, acudir a la hora indicada y llevar puesta la mascarilla. En la entrada al Centro de Salud se le comprobará la temperatura y si presenta síntomas compatibles con el coronavirus. Utilizará gel hidroalcohólico y mantendrá la distancia social recomendada. Los usuarios deberán informar en cualquier caso si han sido diagnosticados de COVID-19 o han estado en contacto con algún enfermo.

La Comunidad de Madrid invertirá 37.150.000 euros para los cheques guardería el próximo curso 2020/21, lo que permitirá que se beneficien 33.800 niños madrileños de entre 0 y 3 años, 800 más que el curso anterior por el aumento de 500.000 euros en su dotación Esta iniciativa tiene como objetivo extender la Educación Infantil en todas sus etapas, para satisfacer la demanda escolar existente, contribuyendo a garantizar el disfrute del derecho a la educación y el derecho a la igualdad de oportunidades, haciendo que la conciliación de la vida laboral y familiar sea una realidad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de las becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada. Las cuantías serán de 100 o de 160 euros mensuales en función de la renta y beneficiarán fundamentalmente a las familias en las que trabajen ambos cónyuges, con el objetivo de fomentar la conciliación familiar y laboral.

Está previsto que la convocatoria de los cheques guardería se realice a lo largo del próximo mes de julio. El Gobierno regional, por su parte, aprobó desde el pasado curso 2019/20 la escolarización gratuita en las escuelas infantiles públicas.

Estas ayudas están destinadas a las familias cuyos hijos hayan nacido o esté previsto su nacimiento antes del 1 de noviembre de 2020 y estén matriculados o tengan reserva de plaza, en el curso escolar 2020/21 en el primer ciclo de Educación Infantil en un centro de titularidad privada autorizado por la Comunidad de Madrid.

Para obtener estas ayudas, la renta per cápita familiar no podrá superar el límite de 25.000 euros con el objetivo de favorecer que alcancen al mayor número de personas que lo necesiten. De esta forma, por ejemplo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos que supere los 100.000 euros de renta anual no podrá acceder a la beca.

La principal novedad de esta convocatoria es que los solicitantes con contrato laboral de fijo discontinuo a jornada completa se computarán a jornada completa en el criterio de situación laboral, mientras que antes se consideraba jornada parcial. Además, los hijos no nacidos computarán por primera vez como parte de la unidad familiar a la hora de calcular la renta per cápita para la concesión de la beca.

Tendrán 7 puntos las familias en las que los padres trabajen a jornada completa, cuando exista un solo progenitor; y también trabaje todo el día o cuando uno de los padres o tutores esté a tiempo completo y el otro tenga un impedimento para atender a su hijo. Las mismas situaciones anteriores se valorarán con 5 puntos si es a tiempo parcial. También se puntuará a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad y las situaciones socio familiares justificadas por los Servicios Sociales.

Además, el Gobierno madrileño dará más facilidades para acceder a las ayudas a las familias con víctimas de violencia de género. Además, podrán optar a ellas de forma excepcional los niños mayores de 3 años que deban estar escolarizados un año más en el primer ciclo de Infantil por tener necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido un informe elaborado por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas por el que se eleva a consulta pública la modificación de la Ley del Juego, así como la aprobación de un Decreto de Planificación que permitirá endurecer el régimen sancionador previsto en la norma y ordenar el crecimiento futuro de esta actividad regulada.

El informe supone retomar la tramitación de las reformas en el sector del juego anunciadas por el Ejecutivo regional antes del inicio de la crisis sanitaria. La intención de la Comunidad de Madrid es mejorar la normativa existente y combatir los efectos nocivos de una actividad que, aun siendo legal, puede generar problemas de salud pública.

De este modo, se va a iniciar la fase de consulta pública del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 6/2001, del Juego en la Comunidad de Madrid y el Decreto del Consejo de Gobierno de planificación de los establecimientos de juego en el territorio de la Comunidad de Madrid.

Respecto al Anteproyecto de Ley, propone cambiar la regulación del régimen de publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de juego, estableciendo restricciones proporcionadas, con la finalidad de evitar que la publicidad del juego y apuestas pueda incitar o fomentar a los potenciales jugadores a su participación o resulte perjudicial para la infancia, adolescencia y la juventud.

Además, el Gobierno madrileño pretende reforzar la prevención y sanción de aquellas conductas permisivas por parte de los operadores y titulares de los establecimientos de juego con respecto al acceso de menores de edad y de personas que tienen prohibido el acceso al juego, endureciendo el régimen sancionador contenido en la ley.

En lo referente al nuevo Decreto de Planificación, se busca corregir las disfunciones que produce el crecimiento desmesurado y desordenado de este tipo de locales. Para ello, se hará una evaluación de la oferta actual de juego y de las razones de interés general afectadas, dentro de un marco de libertad de empresa, y de manera acorde con una política de juego responsable.

El objetivo principal es garantizar la salud, el orden y la seguridad pública, protegiendo especialmente a aquellos colectivos más vulnerables como la infancia, la adolescencia y la juventud, y aquellas personas que tienen problemas con la práctica del mismo, adoptando medidas que velen por el equilibrio de los intereses de las partes.

Estos cambios normativos complementarán la aplicación del Decreto aprobado en mayo que, entre otras cuestiones, fijó una distancia de, al menos, 100 metros entre los nuevos locales de apuestas y los centros educativos de la región, estableció la obligatoriedad de instalar sistemas avanzados de control de accesos en los locales, y ordenó la publicidad de las fachadas de estos establecimientos.

Además, para poder llevar a cabo los cambios normativos de una manera ordenada, la Comunidad de Madrid ha suspendido desde el pasado 29 de noviembre la concesión de autorizaciones de apertura de nuevos locales, con el objetivo de elaborar el citado Decreto de Planificación cuyo diseño ahora se retoma.

Por otra parte, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas retomará el Plan de Inspecciones iniciado en el mes de febrero, que tuvo que suspenderse como consecuencia del cierre de estos locales por la crisis del COVID-19. Una vez ordenada la reapertura de estos establecimientos desde el pasado lunes, la subdirección del Juego de la Comunidad seguirá trabajando para comprobar que cumplen con la normativa vigente.

Este Plan prevé examinar la totalidad de los salones de juego y locales de apuestas de la región y comprobar la correcta instalación y ubicación de los sistemas de control y admisión de usuarios en los términos recogidos en el Decreto 42/2019 de mayo.

Está estructurado en tres fases. La primera incluye la inspección de la totalidad de los locales de apuestas existentes. En la segunda, se incluirán visitas más selectivas para comprobar que las infracciones detectadas en la primera fase han sido subsanadas. Por último, la tercera fase incluirá un control específico en locales con infracciones reiteradas.

Igualmente, el Plan pretende asegurar que los sistemas de control instalados evitan la presencia en los locales de colectivos especialmente protegidos y vulnerables como son menores y personas adscritas al Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 22,3 millones de euros destinado a la concesión de subvenciones para mejorar la calidad del parque de viviendas de la región, especialmente en cuanto a accesibilidad, seguridad y eficiencia energética. Esta cantidad permitirá reformar aproximadamente 9.700 viviendas en la región en unas 500 comunidades de vecinos, lo que generará hasta 11.000 empleos.

La región cuenta actualmente con casi tres millones de viviendas de las que aproximadamente 1,7 millones hay que adaptarlas a la normativa vigente, ya que son anteriores a la normativa de 1981, sobre todo, en materias como la edificación y conservación, sustituyendo y modernizando los aislamientos e instalaciones para mejorar su sostenibilidad ambiental.

Del presupuesto hoy aprobado, 4,8 millones de euros se destinarán a mejorar la eficiencia energética de las viviendas y 17,5 millones de euros para el Programa de conservación, mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad de las mismas. Estas ayudas corresponden al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que cofinancia el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al 87,5% y la Comunidad de Madrid al 12,5%, que se hace cargo además de toda la labor de gestión y tramitación.

En 2019 se solicitaron 2.670 ayudas en estos programas que están permitiendo ejecutar 378 obras de mejora. Con el presupuesto actual, serán hasta 500 las comunidades de vecinos las que podrán ver mejoradas sus instalaciones. El plazo para ejecutarlas es de 24 meses, aunque en este ejercicio se ha prolongado excepcionalmente a 26 meses debido a la parálisis causada por el Covid-19.

La Comunidad de Madrid cuenta, además, con un Plan Estratégico de Subvenciones para la Recuperación Urbana Integrada de cascos viejos en pueblos de menos de 2.500 habitantes, que entre otras materias aborda la promoción de la eficiencia energética.

Asimismo, está llevando a cabo proyectos para la mejora de la eficiencia energética de edificios públicos de la Comunidad de Madrid con fondos FEDER y participa en el proyecto europeo REZBUILD, financiado por el programa Horizonte 2020.

La rehabilitación es otro de los aspectos en los que se trabaja desde la Consejería de Vivienda y Administración Local, a través del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras (CPAySB), donde la eliminación de las barreras arquitectónicas y la adaptación a la normativa vigente es una de sus prioridades. Este tipo de actuaciones de mejora de la accesibilidad, se encuentran entre las más solicitadas por parte de las comunidades

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto por el que crea el Observatorio de Víctimas del Delito, órgano de carácter consultivo que tendrá como objetivo la protección de todas las víctimas en general y, en particular las del terrorismo, las de delitos de odio y hechos violentos. Además, tendrán una especial protección los colectivos más vulnerables como son las víctimas menores de edad.

Entre las funciones de este nuevo organismo, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, destaca la de asesorar a los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Madrid en materia de atención integral y protección a las víctimas de delitos. También se le atribuye la capacidad de analizar los datos estadísticos recopilados por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, así como la memoria anual elaborada por estas. El Observatorio podrá impulsar estudios técnicos sobre las actuaciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y sobre la red de coordinación.

Asimismo, promoverá la elaboración de protocolos de actuación en su ámbito competencial y se encargará de actualizarlos de acuerdo con la normativa nacional e internacional.  Igualmente, elaborará la guía de recursos y servicios de las víctimas y propondrá mecanismos de coordinación de las actuaciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas con los diferentes órganos y entidades competentes que prestan asistencia a las mismas.

Por último, se encargará de proponer pautas encaminadas a la elaboración de un protocolo básico de actuaciones en los casos en los que las víctimas menores de edad se convierten en infractores o los supuestos en los que los infractores menores de edad se convierten en víctimas, con el fin de armonizar criterios de actuación y de evaluación.

La presidencia de este órgano recaerá en el consejero de Justicia, Interior y Víctimas; la vicepresidencia será asumida por la viceconsejera, y los tres vocales designados serán el director general con competencia en Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito; el de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) y la Gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Por último, la secretaría recaerá en el Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid.

El Observatorio se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez cada seis meses   y cuando lo convoque la presidencia a través de la secretaría de manera extraordinaria. La pertenencia a este órgano o la asistencia a las reuniones no dará lugar a remuneración ni a indemnización alguna.

La Comunidad de Madrid ha aprobado en su Consejo de Gobierno el Plan Anual de Cooperación para el Desarrollo 2020 con una inversión total de 4.325.000 euros. Esta dotación económica permitirá poner en marcha proyectos de cooperación técnica y financiera, así como contribuir a la acción humanitaria en los países en desarrollo.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan General de Cooperación para el Desarrollo 2017-2020 del Gobierno regional, que en este cuatrienio ha querido establecer unas bases sólidas para recuperar una ayuda al desarrollo acorde con la importancia de la economía madrileña.

El Plan 2020 se articula en torno a los ámbitos temáticos de lucha contra la pobreza y la desigualdad; derechos humanos y libertades fundamentales; servicios sociales básicos, en especial educación y salud; y protección medioambiental. Además, en el fortalecimiento económico y empresarial, igualdad de género, cooperación universitaria, voluntariado, población refugiada o acción humanitaria.

En cuanto a las prioridades geográficas, se mantienen las establecidas en el Plan General 2017-2020, es decir, Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), Caribe (República Dominicana y Haití), Sudamérica (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay) y África (Marruecos, Senegal, Níger, Malí y población saharahui). Además, se incorporan aquellos países en los que se ubiquen campos de personas refugiadas y desplazadas.

El Plan Anual de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2020 incluye la convocatoria pública de subvenciones a proyectos impulsados por ONGD en los ámbitos del desarrollo, la educación para el desarrollo y la ciudadanía global y la ayuda humanitaria, así como la posibilidad de formalizar convenios para acciones de cooperación directa o indirecta y convenios con universidades públicas. Se fomentará también el voluntariado internacional universitario y de cooperación, así como la aplicación de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Plan Anual establece la interlocución con la Red de ONGD de Madrid, como entidad representativa de las ONGD madrileñas en cuestiones relacionadas con la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones de cooperación al desarrollo de la región.

Entre otras acciones previstas para el año, se indica que se posibilitará el normal funcionamiento del Consejo de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid y se prorrogará el convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y otras comunidades autónomas, para la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria.

Por último, respecto a los instrumentos que se utilizarán para lograr los objetivos marcados, el Plan señala la cooperación financiera en los proyectos, la ayuda de emergencia, y la educación e Investigación para el desarrollo.

La Comunidad de Madrid mantiene su apoyo a la promoción nacional e internacional de la moda española y, en esta línea, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar 334.229 euros a una subvención a favor de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). El Gobierno regional continúa de esta forma con su compromiso con este sector, que actúa como motor económico en la región, pero también como hecho cultural y expresión artística.

Esta subvención permitirá a ACME el desarrollo de los muestrarios para las pasarelas madrileñas, entre ellas, la célebre Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid). Además, gracias a estos fondos se organiza el evento Madrid es Moda y se apoya a jóvenes diseñadores emergentes o en formación, entre otras iniciativas.

Fundada en 1998, esta entidad sin ánimo de lucro reúne a personalidades del mundo de la moda de nuestro país como Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser, Custo Barcelona, DelPozo, Devota & Lomba, Francis Montesinos, Hannibal Laguna, Javier Larrainzar, Juanjo Oliva, Pedro del Hierro, Purificación García, Roberto Torretta, Roberto Verino, Ulises Mérida y Victorio & Luchino, entre otros.

En el marco de subvenciones que ofrece, destaca la dirigida a la creación y desarrollo, en la que se engloban cuatro ayudas a proyectos de moda como disciplina creativa que actualmente están abiertas, con un plazo que finaliza el 29 de junio. Asimismo, existen otras anuales para entidades culturales privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades relacionadas con la moda.

La Comunidad de Madrid cuenta, asimismo, con un programa de exposiciones dedicado a la moda como expresión artística y patrimonio cultural, fomentando y difundiendo la figura de grandes creadores españoles.

Hasta el 26 de julio, la Sala Canal de Isabel II acoge la exposición dedicada a David Delfín, una visión global de la trayectoria de este creador, en la que se analizan sus claves a la hora de diseñar y plasmar sus ideas en las prendas, a través de sus influencias, su inconfundible estilo, su gama cromática y su cuidado patronaje.

Jesús del Pozo fue el primero de estos maestros a los que la Comunidad de Madrid rindió homenaje en 2016, a través de una exposición en la Sala Canal de Isabel II. En 2017, la figura de Manuel Pertegaz fue el centro de otra muestra en la misma sala; y en 2018 abría allí sus puertas Modus. A la manera de España, un recorrido por la historia de la moda española a través de las creaciones más representativas de los diseñadores más relevantes.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación del registro de empleados públicos habilitados, que tiene como fin asistir a los ciudadanos en sus relaciones electrónicas con la administración pública autonómica. En concreto, la creación y regulación de este registro y del régimen de habilitaciones facilitará la relación y el contacto entre los diferentes niveles administrativos del Ejecutivo regional y aquellos usuarios que declaren carecer de medios electrónicos suficientes.

La Comunidad de Madrid sigue trabajando con el objetivo de garantizar la asistencia y el apoyo de la Administración pública a todas las personas que lo requieran, incluyendo los procesos de contacto y relación con la propia Administración.

El registro dará cuenta de los empleados públicos capacitados para operar en todos los procesos referidos a la identificación y firma electrónica de los ciudadanos, a los que asistirán en la cumplimentación de solicitudes en procedimientos administrativos, recepción o rechazo de notificaciones telemáticas, seguimiento de expedientes de procedimientos en los que tengan la condición de interesados, expedición de copias auténticas y obtención de certificados y licencias a través del servicio de respuesta inmediata, entre otros.

Para garantizar y salvaguardar los derechos de usuarios y del personal de la Administración de la Comunidad de Madrid, se habilitarán los canales de acceso necesarios, incluyendo el desarrollo de sistemas y aplicaciones. Por tanto, se aplicarán los sistemas tecnológicos en los que ha de sustentarse el funcionamiento del propio registro y la gestión diaria que realicen los encargados de dar asistencia a la ciudadanía.

En este sentido, y en aras de asegurar su eficacia y máxima inmediatez en sus actuaciones, el registro estará guiado por la exigencia de interoperabilidad e interconexión con los organismos correspondientes de las restantes administraciones.

Tras la declaración del Estado de alarma como consecuencia de los efectos ocasionados por el coronavirus, la agilidad a la hora de tramitar este proyecto permitirá culminar su aprobación en el último trimestre de 2020.

La Comunidad de Madrid destina cerca de 3,1 millones de euros a distintas medidas orientadas a luchar contra la siniestralidad laboral que llevarán a cabo los sindicatos CCOO de Madrid y UGT de Madrid y la Federación Española de Detallistas de la Carne (Fedecarne). Con esta dotación se van a financiar acciones previstas en los convenios de colaboración a los que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy y que están enmarcados en el V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.

Con estos fondos, ambas organizaciones sindicales (que recibirán 1.514.000 euros cada una) y Fedecarne (que dispondrá de 62.691 euros) deberán asesorar a empresas y trabajadores, elaborar y distribuir material divulgativo y realizarán formación y jornadas de sensibilización. Habrá medidas específicas para los distintos sectores de actividad y, además, se prestará especial atención a las actuaciones dirigidas a evitar los riesgos laborales asociados al coronavirus y garantizar una vuelta segura tras finalizar las medidas incluidas en el estado de alarma.

Los tres convenios autorizados hoy se suman a los cinco que se aprobaron en el Consejo de Gobierno del pasado 27 de mayo con la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y cuatro de las asociaciones que la integran: la Asociación de Empresas Detallistas de Pescados y Productos Congelados de Madrid (ADEPESCA), la Asociación de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM), la Asociación Empresarial de Alimentos de la Comunidad de Madrid (ASEACAM) y la Asociación de Empresarios de las Industrias del Mueble, Carpintería y Afines de la Comunidad de Madrid (AFAMID).

Además, ya en junio el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó otros dos convenios de las mismas características con la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) y la Asociación de Empresas de la Construcción (AECOM), también integradas en CEIM.

En total, el Gobierno regional va a destinar este año más de 4,5 millones al desarrollo de acciones de formación y sensibilización en prevención de riesgos laborales a través de estos convenios con patronal y sindicatos.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a una inversión de 12,5 millones de euros para la renovación de la plataforma vía del tramo comprendido entre las estaciones de Manuela Malasaña y Conservatorio de la línea 12 de Metro (conocida como Metrosur). Está previsto que las obras se desarrollen durante el último trimestre del año y tengan una duración aproximada de dos meses y medio.

El objetivo de estos trabajos, que dan continuidad a otras actuaciones ya ejecutadas, es mejorar la seguridad, fiabilidad y calidad de la infraestructura. Además, aumentará la eficiencia del mantenimiento y la vida útil de los sistemas de vía. También optimizará la atenuación del ruido y las vibraciones y mejorará el sistema de drenaje.

Las obras se llevarán a cabo a lo largo de 12 kilómetros de plataforma de vía, lo que implicará la suspensión del servicio en el tramo afectado. Los trabajos incluyen la reparación de la plataforma de hormigón de la vía mediante inyecciones y zanjas transversales y la reparación de los canales. Asimismo, se llevará a cabo la sustitución de tacos elásticos por placas de fijación directa.

Con estas mejoras se van a evitar los problemas que generaba agua en la plataforma. Además, se implantará un sistema de sujeción de vía actualizado y moderno, que va a mejorar la velocidad y el confort del viaje.

Con el objetivo de minimizar todo lo posible las molestias de estas obras para los viajeros y reducir su impacto, se trabajará en varios turnos durante los siete días de la semana, las 24 horas del día.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid garantizará la movilidad en la zona con la puesta en marcha de un servicio especial de autobuses, sin coste adicional para el usuario y que cubrirá el tramo mientras duren los trabajos de renovación.

Con estas obras, Metro de Madrid culmina la renovación de la vía en los 40 kilómetros de la línea 12 (Metrosur), que recorre el trayecto entre Puerta del Sur (Alcorcón) y San Nicasio (Leganés).

La Comunidad de Madrid está trabajando en el desarrollo de un Plan de Empleo y Discapacidad que incluirá distintas medidas orientadas a impulsar la plena inserción laboral de los trabajadores con discapacidad de la región con empleos estables y de calidad, tanto en el denominado mercado protegido (formado por los Centros Especiales de Empleo) como en empresas del mercado laboral ordinario. Así lo ha señalado hoy el consejero de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno regional, Manuel Giménez, durante su visita a Gráficas y Manipulados, uno de los Centros Especiales de Empleo que gestiona la Asociación de Familias Afanias, organización sin ánimo de lucro que trabaja en favor de las personas con discapacidad intelectual.

Giménez ha recorrido las instalaciones de este centro, dedicado a la impresión y el manipulado de materiales, cuyos 48 trabajadores con discapacidad han fabricado piezas para respiradores manuales y automáticos y más de 20.000 caudalímetros (reguladores de aire) imprescindibles para equipar hospitales como el que abrió sus puertas en IFEMA durante la crisis sanitaria del COVID-19. Además de este centro, Afanias gestiona otros dos CEE, dedicados a limpieza y jardinería y catering, en los que trabajan un total de 239 personas con discapacidad.

“Hay que felicitar a centros como los de Afanias, no solo por el esfuerzo que sus trabajadores han realizado estos meses, sino por la labor que desarrollan desde hace años para que las personas con discapacidad tengan empleos estables y de calidad, un objetivo que para el Gobierno regional es ahora más prioritario que nunca”, ha señalado Giménez. En este sentido, el consejero ha explicado que las medidas del Plan en el que está trabajando el Ejecutivo madrileño tendrán muy en cuenta la actual situación del empleo en la región, provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la puesta en marcha de acciones especializadas de formación para el empleo dirigidas específicamente a trabajadores con discapacidad intelectual. Estos cursos de formación a medida se adaptarían a las necesidades y el ritmo de aprendizaje de estas personas, contribuyendo a su acceso y permanencia en el mercado laboral y al desarrollo de su carrera profesional, mediante la adquisición de nuevas competencias que mejoren su empleabilidad. Entre las especialidades que podrían incluirse en esta iniciativa están la formación en hostelería, labores de archivo o auxiliar de jardinería y cocina.

Otra de las medidas que se barajan es la puesta en marcha de un protocolo específico de orientación para las personas con discapacidad que acudan a la red de oficinas de empleo de la región. Este protocolo tendría en cuenta las necesidades de estos trabajadores según su tipo de discapacidad (intelectual, auditiva, física o sensorial) para facilitar que puedan aprovechar todos los recursos y servicios que ofrecen las oficinas de empleo de la Comunidad.

Las medidas de este Plan se coordinarán con los distintos programas de ayudas orientados a la inserción laboral de este colectivo que ya desarrolla el Gobierno regional. Entre ellos destacan los 50 millones de euros aprobados recientemente para financiar la convocatoria de ayudas dedicadas a fomentar la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en los 219 Centros Especiales de Empleo  de la región durante este año. Estos centros son empresas de economía social en los que, al menos, el 70% de la plantilla está formada por trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%. Gracias a este programa, los tres centros de Afanias recibieron en 2019 más de 1,1 millones de euros.

Fuera de este mercado protegido, la Comunidad de Madrid también impulsa la incorporación de estos trabajadores en empresas ordinarias. La pasada semana se abrió la convocatoria de ayudas para la inserción laboral de personas con discapacidad severa en el mercado ordinario de trabajo, interrumpida en su día por la suspensión de plazos administrativos para la tramitación de procedimientos del sector público decretada por el Estado de alarma.

Este programa, dotado con 300.000 euros para este año, incentiva la contratación de personal de apoyo que ayude a desarrollar su labor a trabajadores cuya discapacidad plantea especiales dificultades de desarrollo profesional: personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%; con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 65%; y personas sordas y con discapacidad auditiva con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

Además, ya están en marcha las ayudas para fomentar la contratación estable de personas con discapacidad en empresas y enclaves laborales -–formados por trabajadores con discapacidad contratados por un Centro Especial de Empleo que se desplazan temporalmente a realizar su trabajo en una empresa ordinaria-. Tienen un presupuesto de 2 millones de euros y pueden alcanzar hasta 10.000 euros por cada contratación de una persona con discapacidad, tanto por la firma de contratos indefinidos como por la transformación en indefinidos de contratos temporales.

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