 Los sindicatos piden el cese del Consejero de Sanidad
Siete días después de presentarse la solicitud, y al no haberse opuesto ningún partido, la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid daba por aprobada la celebración de la Comisión de Investigación sobre la situación de las residencias, que, a partir de ahora, comenzará los trámites parlamentarios necesarios para su puesta en marcha.
Con esta aprobación terminan dos largas semanas de polémica que comenzaban cuando el propio consejero de Sanidad reconocía que “por error” se había enviado un “borrador” de protocolo a las residencias que establecía la no derivación a Hospitales de pacientes mayores de 80 años.
Desde el estallido de la tormenta ha pasado de todo: acusaciones entre los dos partidos que componen el gobierno, la aparición del polémico documento, la aparición de los correos en que Servicios Sociales se oponía a la decisión de Sanidad, el testimonio de las residencias diciendo que el protocolo sólo se aplicaba a los Hospitales públicos, siendo derivados sin problemas los usuarios de Hospitales privados, denuncias varias por la situación, peticiones de dimisión y cese del Consejero de Sanidad, la aparición de actas policiales en las que hasta cinco residencias pidieron ayuda a la Comunidad sin recibir respuesta, y, por último, en la mañana de ayer se hacía público que el Consejero de Servicios Sociales había pedido ayuda a Amnistía Internacional tras conocer la decisión del Consejero de Sanidad.
Y es que hasta la propia Comunidad de Madrid reconoce, en sus datos lo ocurrido en residencias. Así en la jornada del lunes emitían un comunicado en el que cifraban en el 25% el porcentaje de mayores que habían pasado por el Hospital, una cifra muy lejos del 60% que suponen esos mismos pacientes en las cifras de mortalidad.
Y en medio de la tormenta, los sindicatos volvían a pedir el cese del Consejero de Sanidad. Así, para CCOO de Madrid, lo que ha ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid y en concreto en las de gestión privada, convirtiéndose en una trampa mortal para miles de personas mayores y dependientes, debe obligar al Gobierno regional y a su presidenta, Díaz Ayuso, a responder ante la ciudadanía madrileña.
CCOO ya exigió públicamente el 20 de marzo, la intervención del Estado en lo que se preveía como una gran catástrofe humana y social. La falta de EPIs exponiendo a las plantillas, de por si estructuralmente muy mermadas, a situaciones de extrema inseguridad, la carencia de test, cuestión imprescindible para tomar decisiones sobre aislamiento de residentes y plantillas, la discrecionalidad en la aplicación de protocolos, la opacidad y la falta de medicalización efectiva de las residencias, han convertido a estos centros en un foco de contagio incontrolado provocando el fallecimiento de miles de personas en situaciones indignas de soledad.
Para el sindicato, las cerca de 6.000 personas fallecidas, las miles de familias destrozadas por la desinformación y el abandono y cientos de profesionales, mayoritariamente mujeres, expuestas al contagio y poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias, son cifras indecentes de una gestión irresponsable que debería sonrojar al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En opinión de CCOO, llueve sobre mojado. La situación de debilidad con la que las residencias de personas mayores afrontaban esta crisis, especialmente las de gestión privada y concertadas, anticipaba los peores y más graves pronósticos. Sobrecarga laboral, incumplimientos de ratios, pobreza salarial es el común denominador de una red asistencial pública gestionada por manos privadas en más del 70% de las plazas. En este sentido, el sindicato denuncia que la atención a las personas dependientes se ha convertido en una vergonzosa oportunidad de negocio y reclama una auditoría de todo el sector, exigiendo, por otra parte, responsabilidades a todo tipo de empresas y gestores de residencias. Ha primado el beneficio empresarial por encima del bienestar de las personas residentes y de la calidad del servicio, recalca el sindicato.
Así mismo, CCOO considera que la negación de la atención hospitalaria a las personas residentes es un claro atentado contra los derechos de estas personas y sus familias. Las personas mayores y dependientes, siendo las más vulnerables, han sido discriminadas y maltratadas en un comportamiento institucional reprobable y con posibles tintes de ilegalidad.
Por último, el sindicato hace un llamamiento a abrir, de forma inmediata, un proceso de negociación, social y política, bajo el amparo de la Asamblea de Madrid, para transformar el modelo de cuidados en la región. La calidad del empleo, la gestión pública, el control y la inspección, la proximidad y la suficiencia económica deben ser los ejes prioritarios para el blindaje de este servicio esencial, concluye CCOO. |
