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06
May
2020
48 trabajadores de cárceles de Madrid dan positivo por coronavirus PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CCOO MadridLa cárcel más castigada es la de Estremera

Mientras que en el resto de la Administración General del Estado las empleadas y empleados públicos especialmente vulnerables están aislados en su domicilio, Instituciones Penitenciarias les tiene trabajando, exponiendo su vida y sin una protección específica, lo que constituye una discriminación arbitraria contra el derecho fundamental a la vida y salud del personal penitenciario.

El Ministerio de Sanidad en su guía de buenas prácticas en los centros de trabajo determina que las personas con síntomas compatibles con el COVID-19 y las personas trabajadoras vulnerables por patologías graves o mayores de 60 años, no acudan a sus puestos de trabajo. Frente a ello y contraviniendo las directrices de Sanidad, el Ministerio del Interior incumple estos criterios con el personal penitenciario.

La situación es todavía más grave ya que en la última Instrucción de Función Pública se establece expresamente que el personal vulnerable no se incorpore a su puesto de trabajo, cuestión que como se ha señalado sí ocurre en el ámbito de Instituciones Penitenciarias.

CCOO entiende que el Ministerio de Interior establece una excepción sobre el personal penitenciario que no es asumible y que pone en duda la voluntad política de este Ministerio de proteger a sus trabajadores y trabajadoras penitenciarios.

Por otro lado, la incidencia del coronavirus entre el personal penitenciario es superior a la de la población general con más de 308 casos confirmados (253 son trabajadores penitenciarios) y un millar de personas en investigación, para una plantilla de sólo 23.000 trabajadores.

En el caso de los Centros Penitenciarios de Madrid la incidencia del virus entre el personal penitenciario e internos es superior al del resto, con 48 casos confirmados y cerca de 300 trabajadoras y trabajadores en cuarentena, con 44 internos positivos, de los cuales 8 ya han recibido el alta hospitalaria y 2 continúan en el hospital. La prisión más castigada por el COVID-19 es la de Estremera.

Hasta este momento Instituciones Penitenciarias registra 6 fallecimientos a causa del coronavirus, 4 trabajadores penitenciarios y 2 internos, todas ellas han afectado a personas vulnerables, dentro del colectivo de riesgo señalado por el Ministerio de Sanidad, y se sigue sin tomar ninguna medida específica para proteger a este personal.

Asimismo, en Madrid es imposible acceder a los test diagnóstico de la infección. El protocolo firmado entre Institutos Penitenciarias y Muface para hacer pruebas PCR es muy restrictivo y no abarca a todo el personal penitenciario. Mientras que el Ministerio de Sanidad considera que las prisiones son prioritarias para utilizar test rápidos masivos, lo cierto es que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no ha repartido ninguno entre los centros penitenciarios madrileños, así que se desconoce el nivel de penetración real del virus en las prisiones ubicadas en el foco de la pandemia. Por otro lado, Instituciones Penitenciarias tampoco quiere comprar test rápidos.

Sin pruebas suficientes, la mayoría del personal se tiene que reincorporar al trabajo sin que se les haga una prueba que demuestre que no contagian. Tampoco existen equipos de protección individual suficientes para todas las personas, se reparte una mascarilla “higiénica” para 40 horas de duración cuando debería ser para 4 horas y se siguen negando medidas preventivas de bajo coste como tomar la temperatura a cualquier persona que acceda a las prisiones o la realización de test masivos para conocer el nivel de penetración del virus.

En estas condiciones, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, está obligando a trabajar al personal penitenciario, especialmente sensible ante el Covid-19, en contra de los criterios científicos de las autoridades sanitarias y de las Instrucción de la Secretaría General de Función Pública.

CCOO exige que, con carácter de urgencia, se proceda a proteger a todo el personal penitenciario vulnerable en Instituciones Penitenciarias ante el COVID 19, mediante aislamiento sanitario en su domicilio, como pasa en el resto de la Administración General del Estado, ya que lo primero es la vida y la salud, y las prisiones no pueden quedar excluidas de ese derecho.

 

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