Reforma la Ley del Suelo para cambiar la licencia por una declaración responsable

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un cambio normativo para lograr reducir al máximo la concesión de licencias urbanísticas en la región para permitir reactivar la economía ante los efectos del COVID-19. “Vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas excepto las estatales y las vamos a sustituir por declaraciones responsables. De esta manera, estas licencias que se otorgaban en 12 meses se pueden hacer de inmediato para que tanto los ayuntamientos como particulares no estén perdiendo el dinero ni el tiempo”, ha subrayado en una entrevista radiofónica.

La Comunidad de Madrid comenzará a tramitar la modificación de la Ley del Suelo que pretende liberalizar el sector eliminando la mayoría de licencias urbanísticas que hasta ahora eran obligatorias y sustituyéndolas por declaraciones responsables. El Gobierno regional trabaja ya en esta dirección para facilitar la actividad económica y atraer la inversión para que la reactivación económica sea una realidad lo antes posible.

Aunque esta medida se proyectaba contemplar en la nueva Ley de Urbanismo y Suelo en la que se está trabajando, la Comunidad de Madrid ha considerarlo tramitarla aparte e ir así eliminando trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la economía y en el mercado laboral, e ir avanzando en su recuperación.

Se trata de contar con normas eficientes y trámites simplificados y, en este sentido, se considera necesario poner el acento en aquellas reformas legislativas que mejoren la competitividad del tejido productivo. Así, se pondrán cauces para minimizar las dificultades por las que está atravesando el sector ante este escenario de crisis sanitaria.

Esta medida ayudará a impulsar todos aquellos proyectos, nacionales e internacionales, que posicionen, una vez más, a la Comunidad de Madrid como palanca de desarrollo, generación de riqueza y atracción de talento, teniendo en cuenta como pilares fundamentales la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

La aprobación de esta modificación legislativa animará a que las empresas extranjeras se ubiquen en la región ya que en España los plazos de obtención de licencias son muy superiores a la media de países de la Unión Europea. Esta medida tendrá un impacto muy positivo en el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid favoreciendo la creación de empleo y reduciendo los efectos derivados del contexto actual en el que nos encontramos.

El Gobierno regional ya modificó el régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas con respecto a las actividades de comercio minorista y determinados servicios, eliminando la exigencia de obtención de licencia municipal previa de apertura y de actividad, en un gran número de actividades comerciales, lo que redundó en la mejora del dinamismo comercial y económico de la región.

Al igual que se han arbitrado medidas en la actividad comercial, es necesario ahora reducir el gran número de licencias urbanísticas (de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas…) existentes en la actualidad que están generando un coste añadido tanto al particular, como a la empresa y al ayuntamiento que la tramita, debido al tiempo que tardan en ser otorgadas.

Según datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), la media de concesión de una licencia de obras en la región es de 12 meses. A los costes mencionados se le suman además el coste que supondría el freno al empleo ocasionado por dichos retrasos en el sector de la construcción, que crea más del 6% de la tasa de empleo actual en España.

La dilatación de plazos para la obtención de licencias penaliza la actividad empresarial, ya que no solo elevan el coste que soporta la propia empresa de forma innecesaria, sino que también ahuyenta la inversión.

En ese sentido, esta modificación ayudará a eliminar trámites innecesarios u obsoletos para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando el mecanismo de declaración responsable que garantizará que la actuación urbanística cumple con los requisitos exigidos por la ley tanto urbanísticos como medioambientales. Además, esta medida repercutirá en la eficiencia de las administraciones locales que interviene en este proceso lo que será un factor determinante del buen funcionamiento de las actividades productivas y por tanto, del crecimiento y del desarrollo económico de la región.

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares, por citar ejemplos concretos.

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

La modificación se tramitará por el procedimiento de lectura única, recogida en el reglamento de la Asamblea de Madrid, que permitirá que esta medida esté aprobada este verano con el objetivo de reactivar a la mayor celeridad la situación económica de la región.

La Comunidad de Madrid aprobó hace unas semanas el proyecto Madrid Nuevo Norte, en plena situación de pandemia, cumpliendo así con uno de nuestros compromisos estratégicos de la Legislatura, que tiene como objetivo seguir impulsando la economía de la región y de España.

Un objetivo que también comparte esta nueva modificación que impulsará el Gobierno regional y que será un exponente más que contribuirá a la cohesión económica, social y territorial de nuestra región.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, han presentado este martes de forma telemática un Plan de Choque de licencias y reactivación de la ciudad con el objetivo de ponerlo en marcha de forma inmediata para ayudar a paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria por la COVID-19.

Este plan contiene ocho medidas orientadas a reducir la burocracia y a agilizar los trámites urbanísticos para poder dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades actuales y devolver la actividad a la ciudad: equipo de inspectores de guardia, agilización de los informes de patrimonio, eliminación de la mesa de ascensores, licencias por fases, licencias provisionales, plan de choque para desatascar expedientes, unidad técnica de licencias BIM y la creación de un asistente virtual.

Algunas de estas medidas ya están en marcha, como por ejemplo la creación de un equipo de inspectores de guardia para salir a la calle y hacer comprobaciones in situ y conceder licencias de primera ocupación para más de 1.300 viviendas. Todas se irán implantando en las próximas semanas para que en el mes de junio estén funcionando en su conjunto. En una primera fase, se aplicarán en las licencias dependientes del Área de Desarrollo Urbano y de la Agencia de Actividades y, más adelante, se trabajará en colaboración con el Área de Coordinación Territorial.

“Estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes pero hemos sacado tiempo para reflexionar sobre el día después. Y este plan es fruto de ese trabajo. Son medidas que van a ofrecer una respuesta real y eficaz a las necesidades, con un cambio de los procesos que era fundamental”, ha indicado Begoña Villacís, a la vez que ha destacado que “el Ayuntamiento puede ser un importante agente facilitador de la actividad económica” y que “gracias a este plan, por primera vez, la administración va a ir al ritmo de la sociedad civil”.

El sector de la construcción representa el 10 % del PIB y, en concreto, la vicealcaldesa ha puesto el foco en el sector de la rehabilitación y reformas, “en el que trabajan unas 70.000 pymes y que está sufriendo muchas pérdidas, pero que se verá aliviado con estas medidas, que tendrán un gran impacto, ya que ganarán agilidad y eliminarán trámites innecesarios”.

Por su parte, el delegado Mariano Fuentes ha hecho hincapié en que con estas ocho medidas se podrán resolver de forma inmediata “unos 2.000 expedientes” y “en el medio plazo se desatascarán hasta 32.000”. Fuentes ha señalado que cuando estén todas funcionando, “el objetivo es reducir a un mes la generación de la licencia completa”, frente a los tres meses, como mínimo, que tardan ahora y algunas se alargan más allá de los seis meses.

Además, el delegado ha informado de que este plan “no supone coste económico alguno”, sino que será posible gracias a “una reestructuración del área y de los procesos de trabajo después de un exhaustivo estudio sobre los que funcionan y los que no están dando los resultados esperados”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la Comunidad de Madrid va a “reinventar y reforzar” sus políticas para agilizar la vuelta del empleo y “ayudar a muchas personas que en muy poco tiempo lo han perdido todo”. “Hay que conjugar la salud con la economía”, ha señalado la jefa del Gobierno regional, tras visitar el Banco de Alimentos Madrid-Delegación Sur Metropolitano, situado en Alcorcón.

Acompañada del consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez y del presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, Francisco García González, la presidenta ha agradecido la labor de los voluntarios de esta sede que han facilitado la distribución de alimentos en toda la zona sur, y que han dado “lo mejor de sí mismos para ayudar a personas de especial vulnerabilidad durante una crisis sobrevenida de manera inesperada”.

La presidenta madrileña ha recordado que se puede seguir colaborando a través de donaciones en la campaña Operación Kilo online y con colaboración logística para que el trabajo del Banco de Alimentos pueda seguir llegando a cada rincón de la región. “La Comunidad de Madrid les va a ayudar en esta situación tan complicada y vamos a reforzar todas nuestras políticas para que todos los ciudadanos tengan pronto un empleo, puedan decidir cómo conducir su vida y que no les falte ningún tipo de alimentos”, ha reiterado, para remarcar que el Ejecutivo que preside va a poner “todos los esfuerzos para no dejar nadie atrás y ayudar a las personas de situación de vulnerabilidad”.

El Banco de Alimentos cuenta con cuatro delegaciones, con la sede principal en San Fernando de Henares. El resto están distribuidas en Alcalá de Henares, Mercamadrid y Alcorcón. Cuentan con 425 voluntarios, en su mayoría, 405, mayores de 65 años que por motivo del confinamiento, y al tratarse de población de riesgo, han tenido que quedarse en casa, lo que les ha obligado a hacer una campaña para captar voluntarios jóvenes.

De este modo, durante estas semanas los mayores que acostumbran a realizar esta labor han sido suplidos, especialmente, por tres colectivos, jóvenes, afectados por Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) y universitarios. En el caso de la sede de Alcorcón hay 86 voluntarios trabajando.

Sólo en 2019 desde el Banco de Alimentos se distribuyeron 21 millones de kilos de alimentos entre 525 entidades beneficiarias, llegando a 165.000 personas atendidas. En esta ocasión, y con la evolución por la pandemia del COVID-19, se espera llegar a finales de año a las 190.000 personas atendidas.

Tras la visita al Banco de Alimentos, la presidenta madrileña ha visitado el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, donde ha guardado el minuto de silencio de mediodía que se celebra desde el pasado 30 de marzo, cuando el Gobierno regional decretó luto oficial por todas las víctimas del coronavirus. Como ocurre en la Real Casa de Correos, ha sonado un fragmento musical de Adagio for Strings de Samuel Barber y el himno nacional.