Recuerdan que la Comunidad sólo comprará 3.500

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado la compra de 3.500 tabletas, con sus respectivas tarjetas SIM, una medida que para CCOO llega muy tarde y no cubre las necesidades del alumnado madrileño, aunque constituye un buen punto de partida ya que cifra en alrededor de 100.000 las unidades que se necesitan.

Seis semanas después de la suspensión de las clases presenciales, el Ejecutivo regional ha decidido dotar a 3.500 alumnos/as, cuyas familias no cuentan con recursos económicos suficientes para el seguimiento de la enseñanza desde casa, de una tableta con conexión a internet. CCOO considera una buena noticia -aunque tardía e insuficiente- que el Gobierno regional haya tomado conciencia de las graves desigualdades sociales y educativas que sufre su alumnado, una brecha que ha potenciado la emergencia sanitaria, especialmente intensa en nuestra comunidad.

La precariedad de la enseñanza madrileña también se hace manifiesta a la luz de lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Como explica Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, “los datos de la última encuesta del Ministerio de Educación y FP sobre ordenadores en centros educativos (2017) revelan que casi la mitad de los equipos eran o bien portátiles (41%) o bien tabletas (7,5%). Sin embargo, esos mismos datos desvelan que en Madrid no solo hay menos ordenadores: el doble de alumnos por ordenador que en la media de España (7, en vez de 3,8), sino que además se pueden prestar menos, puesto que solo el 19,8% de los equipos son portátiles (las tabletas representan el 16,2% de ese porcentaje)”.

Por tanto, el Gobierno de Madrid debería hacer un mayor esfuerzo que las demás comunidades autónomas, deduce el sindicato, que además explica por qué el material es insuficiente.

“Ese esfuerzo está lejos de cubrirse con la compra de la partida anunciada, puesto que ni siquiera sumadas a las 1.000 tabletas recibidas del Ministerio de Educación y FP se acercan al número de 60.000 dispositivos que harían falta si se tienen en cuenta los datos oficiales que hemos recabado de los centros”, explica Galvín, que añade que “el número podría haberse ampliado a 100.000 al prolongarse enseñanza a distancia y agravarse la situación económica”.

Del número de alumnado total de nuestra región (algo más de un millón de alumnos y alumnas) debería extraerse, según CCOO, un censo exhaustivo que tuviera en cuenta las necesidades reales de soportes y de conectividad. Para ello “la Consejería debería realizar un informe intensivo para completar con éxito el camino iniciado, sin duda necesario pero de muy poco recorrido aún para un territorio tan vasto como yermo en muchos campos educativos y en términos de justicia social”.

El sindicato señala que el plan se ha elaborado sin consultar a profesorado y sindicatos y pide medidas extraordinarias para la Comunidad de Madrid, “zona 0” de la pandemia. CCOO manifiesta su perplejidad y su oposición a la propuesta de desescalada y de “nueva normalidad” para el sector educativo lanzada por el Gobierno estatal.

El sindicato pone de relieve la contradicción que supone, por una parte, dar por concluida la actividad educativa presencial para el curso escolar 2019-2020 y emplazar la actividad docente a septiembre, y al mismo tiempo impulsar la apertura de los centros educativos de todas las etapas y enseñanzas durante las próximas fases de desescalada con criterios que nada tienen que ver con lo educativo, sino fundamentalmente con la necesidad de una conciliación que asegure una vuelta tranquila al trabajo de las familias. “No se trata de que se abran los centros sin garantías para que los escolares tengan un lugar donde pasar el rato mientras sus progenitores trabajan. La escuela debe garantizar el derecho a la educación; no debe ser un instrumento para la conciliación”, afirma la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO, Isabel Galvín.

En este mismo sentido, CCOO lamenta que este plan de retorno y apertura de los centros educativos no se haya negociado con los auténticos expertos en esta materia, que son el profesorado y los representantes de los sindicatos del sector educativo. “Son ellos quienes deben marcar las pautas para un regreso a las aulas sin riesgos –afirma Galvín, No podemos olvidar que la Comunidad de Madrid sigue siendo la “zona 0” de una pandemia que está remitiendo pero que sigue activa. Reabrir los centros sin las garantías sanitarias podría desatar una intensificación del virus y un ascenso del número de afectados, tal y como ha ocurrido en otros países, como Alemania. Los colegios no deben ni pueden ser focos de repunte del covid-19”.

Asimismo, CCOO considera que se incurre de nuevo en una contradicción cuando se decreta la asistencia voluntaria de los y las estudiantes que están cursando 4º curso de la ESO, Formación Profesional o Educación especial sin haber tenido en cuenta los criterios académicos y organizativos que el profesorado sí ha tenido en cuenta durante todo el periodo de confinamiento para organizar ordenadamente el final del curso académico. “Queda en el aire –continúa Galvín- si la asistencia del profesorado y otros profesionales educativos a los centros también será voluntaria, y hay muchas lagunas en cuanto al modo en que se va a compatibilizar la enseñanza presencial con la telemática”.

En definitiva, CCOO exige al Gobierno respeto a los y las profesionales de la educación y rigor a la hora de la planificación de las medidas que definan la vuelta a las aulas. “Empleemos el sentido común, pongamos en marcha los trabajos para elaborar un plan de retorno con garantías sanitarias y académicas que cuente con el criterio de los expertos y tengamos en cuenta que la Comunidad de Madrid precisa medidas especiales debido al grave azote de la pandemia en la región, o la realidad educativa madrileña con una mayoría de aulas masificadas por las altas ratios si queremos que en nuestra comunidad se siga avanzando y podamos superar las distintas fases de desescalada que se han definido”, concluye Isabel Galvín.

El Ayuntamiento de Madrid ha entregado 37 tabletas donadas por la Fundación Iberdrola a niños de la Residencia Internado San Ildefonso (RISI). Estos dispositivos se han destinado a los menores que no contaban con medios electrónicos para que puedan participar a distancia en las actividades de sus centros educativos mientras dure el confinamiento y no se reanuden las clases presenciales. Las tabletas cuentan con tarjetas de datos que permitirán una conexión adecuada para acceder a los contenidos educativos.

La Residencia Internado San Ildefonso es un recurso del Ayuntamiento de Madrid que alberga a 60 menores de entre 6 y 14 años procedentes de familias con dificultades socioeconómicas durante los periodos coincidentes con el calendario escolar. Todos los niños de esta residencia reciben un seguimiento personalizado por parte del equipo de educadores con el fin de apoyarles en su desarrollo educativo.

Entre los objetivos de la RISI están establecer un marco de convivencia basado en la afectividad que proporcione a los menores un ambiente acogedor, de seguridad y respeto; ofrecer una formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia; desarrollar hábitos de salud, higiene y ejercicio físico y proporcionar a los menores el apoyo necesario para una adecuada evolución en el proceso académico.

Esta medida se enmarca dentro del Plan de Emergencia para Familias del Ayuntamiento de Madrid para la situación de confinamiento que incluye, entre otras medidas, el mantenimiento de los contratos de la gran mayoría de las escuelas infantiles municipales, que están prestando atención telemática a las familias; el programa Conecta Juventud de actividades de ocio saludable para adolescentes y jóvenes y el refuerzo de la atención a distancia ante el aumento de la conflictividad familiar y los trastornos entre los menores.

La Fundación Iberdrola señala que su misión es contribuir “a crear valor social de forma sostenible para las personas más vulnerables en las comunidades donde desarrolla sus actividades, teniendo como referente los principios éticos, el buen gobierno, la transparencia, la calidad, la innovación, el cuidado del medioambiente, la igualdad de oportunidades y el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible”.

En lo relativo a la acción social, la fundación afirma que “la educación y la formación son herramientas útiles que permiten superar situaciones de pobreza fomentando la inclusión social”. Todos sus proyectos tienen como destinatarios colectivos considerados muy vulnerables: infancia, juventud y mujeres. Otra línea de trabajo se orienta a mejorar la vida de las personas con discapacidad.