Según CCOO, afectará a 1.200 trabajadores

La Comunidad de Madrid toma esta medida para ahorrarse el pago de estos contratos y que asuma el coste de los ERTE el Estado, usando de manera “mezquina” las medidas del Gobierno para mantener el empleo. La orden de la Consejería de Educación va en contra del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable.

La Consejería de Educación y Juventud ha emitido una orden por la que suspende los contratos de limpieza de numerosos centros educativos de toda la Comunidad de Madrid, lo que llevará a las empresas a realizar ERTE a unos 1.200 trabajadores/as.

La orden de suspensión de los contratos es, a juicio de CCOO, contraria al decreto del Gobierno donde se regula el permiso retribuirle recuperable, ya que en dicho decreto se estipula, en la disposición adicional quinta, que “no será de aplicación para a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público” y, más adelante en el mismo decreto, se establece en el punto 18 que “no será de aplicación a los servicios de limpieza”.

Sin embargo, la Consejería de Educación y Juventud se basa en el decreto del Gobierno central para suspender los contratos de limpieza porque el personal deberá acogerse al permiso retribuido recuperable, lo que deja a los trabajadores/as en una situación de indefinición e indefensión, condenando a las empresas a realizar ERTE.

Para CCOO, esta medida de la Comunidad de Madrid es una utilización “mezquina y torticera de la situación de emergencia en la que nos encontramos para tratar de ahorrarse los costes de los contratos durante la situación de alerta, y cargar a las arcas el Estado el coste de los salarios de los trabajadores”.

Según Pedro J. Garijo, secretario general de Construcción y Servicios de CCOO de Madrid, “la Comunidad de Madrid utiliza de manera fraudulenta el decreto del Gobierno para suspender los contratos. Los servicios de limpieza quedan excluidos de la aplicación del decreto y están considerados servicios que deben prestarse. Sin embargo, prefiere ahorrarse el dinero de estos meses a costa de perjudicar a más de 1.000 trabajadores/as, dejarlos en la precariedad y cargar al Estado unas cantidades que ya tienen presupuestadas en las licitaciones y que no suponen ninguna carga para los ciudadanos, mientras que los ERTE sí”.

Pedro J. Garijo añade que “es una medida miserable por parte de la Comunidad de Madrid. Será que tienen la necesidad de ir buscando dinero de todos los sitios para pagar los 23 millones de euros de los aviones perdidos de la presidenta Ayuso y han empezado por quitarles los salarios a los trabajadores/as de limpieza”.