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25
Mar
2020
Piden que la SAREB paralice los desahucios durante la crisis del coronavirus PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMFacua quiere que se apruebe una moratoria en los alquileres como la de la EMVS de Madrid

FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de la capital a que incluya la moratoria de pago a los alquileres de las viviendas en uso, cedidas o compradas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El Consistorio anunció el pasado viernes que tomaría esta medida en aquellas pertenecientes al parque de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS).

La asociación reclama al Gobierno de la capital que no se olvide para la aplicación de esta medida de los acuerdos firmados con Sareb para la cesión de hogares destinados a familias en riesgo de exclusión social. El parque de viviendas que cuenta actualmente el Sareb y otras entidades bancarias es bastante amplio y los usuarios que las habitan son inquilinos que se encuentran en situaciones precarias para afrontar los diferentes pagos.

FACUA Madrid recuerda que, además, muchos de ellos llevan años esperando a que se les conceda el alquiler social, algo que no ha impedido al Sareb continuar de forma paralela sus trámites judiciales para proceder al desahucio, dejando así a familias sin recursos ni viviendas.

Por otro lado, la asociación solicita que, en cuanto a las hipotecas, el Ayuntamiento paralice los desahucios señalados en los próximos meses, de tal forma que al menos, una vez finalizada la pandemia, los usuarios cuenten con un año para hacer frente a la difícil situación económica que van a tener tras la crisis por el coronavirus.

CCOO reclama que se amplíe el tiempo de moratoria en el pago de las hipotecas a los tres meses prorrogables y que se haga extensible a los alquileres (de vivienda habitual y de locales comerciales) y a los suministros básicos. Una vez finalizado el periodo de moratoria, debería establecerse un calendario de pago (al menos 24 meses) para el prorrateo de la cuantía de las mensualidades pospuestas por parte de los inquilinos.

Tal como reclama el sindicato, a la medida deberían poder acogerse todos aquellos hogares que vean recortados sus ingresos durante este periodo de crisis: cuando alguno de sus componentes pierda el trabajo (despido, finalización de contrato) o fuente de ingresos profesional (cese de actividad), sufra una reducción relevante de sus salarios, ingresos profesionales, prestaciones o subsidios (población desempleada).

Al mismo tiempo, es necesario que se establezcan mecanismos de liquidez a través del ICO para adelantar el importe del alquiler a aquellos propietarios particulares (personas físicas) afectados por la moratoria.

En el caso de viviendas en alquiler pertenecientes a empresas, sociedades o personas jurídicas, en los casos de vulnerabilidad económica del inquilino, la moratoria en el pago del alquiler se convertirá en supresión del pago de la renta durante un plazo de tres meses prorrogables mientras dure la actual situación de crisis, con la definición de vulnerabilidad económica recogida en el RDL 8/2020.

En paralelo a esta moratoria en el pago de hipotecas, alquileres y suministros básicos para la población afectada, debe establecerse una moratoria en los desahucios y cortes de suministros básicos de los hogares afectados por la reducción de ingresos durante un periodo inicial de tres meses (prorrogables).
CCOO propone también movilizar los alojamientos hosteleros disponibles (hoteles, hostales, viviendas turísticas) para alojar durante esta crisis al personal sanitario y otros servicios esenciales que afrontan duras y largas jornadas de trabajo y requieren de alojamientos cercanos a su puesto de trabajo.

Ante la emergencia de la crisis del coronavirus urge adoptar medidas extraordinarias para garantizar el derecho efectivo a la vivienda de la población. Y una vez superada esta emergencia será imprescindible seguir garantizando el derecho a una vivienda digna y asequible para amplias capas de la población. La Iniciativa Sindical por el Derecho a la vivienda, presentada recientemente por el sindicato, incorpora un conjunto valiente y coherente de medidas para garantizar el derecho a un alojamiento digno, priorizando el alquiler público y la limitación de los alquileres privados a la capacidad de pago de los hogares.

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación administrativa urgente para poner en marcha un decreto mediante el cual los inquilinos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) que se encuentren en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) puedan ver reducidas sus rentas mensuales de alquiler al mínimo, que es 46,56 euros.

Según ha detallado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, “los posibles beneficiarios de esta reducción serían alrededor de 75.000 personas viven en las más de 23.200 viviendas de la AVS que se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19”.

“Entendemos como tales a los trabajadores por cuenta ajena que han sido despedidos o se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como a los autónomos que han sufrido una caída en sus ingresos de al menos el 40 por ciento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo”, ha afirmado Pérez.

La reducción consistiría en que únicamente habrían de abonar la renta mínima, durante el periodo de alarma, sin perjuicio de que una vez finalizado este periodo puedan beneficiarse del régimen general de reducción de renta previsto en el Decreto 226/1998 y desarrollado por la Orden de 4 de febrero de 1999 si cumplen las condiciones previstas en la misma.

Estas rentas mínimas se calcularían mediante la aplicación de unos porcentajes de minoración que varían en función de dos factores: ingresos y número de miembros de la unidad familiar. Estos porcentajes (de un 5 a un 95 por ciento) establecen una renta mínima sobre la que no cabe reducción, y que para el año 2020 se sitúa en 46,56 euros al mes en vivienda y 4,54 euros mensuales por la plaza de garaje vinculada.

Esto supone la reducción de la renta al mínimo en vigor para aquellos inquilinos que se hayan visto afectados en los términos que ha recogido el Real Decreto Ley del Gobierno de la Nación para los que se pueden beneficiar de las medidas en créditos hipotecarios.

La AVS recauda mensualmente unos 4 millones de euros por los alquileres. La medida que va adoptar de manera urgente el Gobierno de la Comunidad de Madrid supondrá dejar de recaudar entre 200.000 y un millón de euros al mes que beneficiarán a damnificados por el COVID-19. La Agencia de Vivienda Social dejó de recaudar en 2019 un total de 13,7 millones por las reducciones de renta aplicadas.

El decreto prevé también la extensión de la ayuda a los inquilinos de la AVS en los locales comerciales estableciendo un periodo de carencia mientras dure el estado de alarma en el pago del alquiler. Esto afectaría a los autónomos con locales de negocio que vean reducidos sus ingresos como consecuencia de la crisis. Podrán acogerse en los mismos términos que prevé el Real Decreto Ley del Gobierno de la Nación para los casos de ser deudores hipotecarios de viviendas.

El consejero de Vivienda y Administración Local ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para que soliciten este tipo de ayudas las personas que realmente se hayan visto afectadas por la pandemia del coronavirus. De hecho, se ha establecido un régimen sancionador para todos los que en este estado de alarma intenten verse favorecidos de forma fraudulenta.

 

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