La Red de Agua Pública quiere un modelo “democrático y transparente”

La Comunidad de Madrid celebra este año el Día Mundial del Agua con el encuentro ‘Agua para todos’, un foro de debate organizado por Canal de Isabel II en el que se abordarán los retos del abastecimiento a toda la población y el concepto de las migraciones ambientales.

Este encuentro es el primero de una serie de eventos que organizará Canal de Isabel II, agrupados bajo el título ‘Voces del agua’, cuyo objetivo es constituir un punto de encuentro y debate sobre diferentes aspectos relacionados con la gestión del ciclo del agua, los objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular, etcétera.

El director general de Canal de Isabel II, Rafael Prieto, ha inaugurado hoy esta jornada en la Fundación Canal. Prieto ha recordado que “el agua es un elemento esencial en el desarrollo humano y social, en especial en los países en vías de desarrollo. Contribuye a cohesionar la igualdad de oportunidades y nos permite conocer mejor los problemas asociados a la falta de agua. Es una obligación para nuestra sociedad, dotada de capacidad y herramientas, contribuir a erradicar este tipo de desigualdades”, ha señalado.

La Comunidad de Madrid ha querido así que el primer foro ‘Voces del Agua’ coincidiese con la celebración del Día Mundial del Agua: una jornada instaurada por la ONU en 1992 y que cada 22 de marzo subraya la importancia de este recurso limitado y sus vinculaciones con el desarrollo humano y social.

En esta edición, el lema sobre el que gira el Día Mundial del Agua es ‘No dejar a nadie atrás’. Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible. Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible (ODS 6) consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030.

El encuentro, moderado por Francisco Cubillo, ha comenzado de la mano de Gonzalo Fanjul, director de Investigaciones de la Fundación porCausa. Fanjul ha abordado el marco legal de los llamados ‘refugiados climáticos’: personas que se ven obligadas a cambiar su residencia de manera provisional o permanente por las alteraciones repentinas en el medio ambiente. A continuación, y también sobre este tema, se ha proyectado el documental Climate change & migration – Living on the go. Según datos del Global Water Institute, antes de 2030 entre 24 y 700 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares por situaciones derivadas del déficit hídrico.

La mesa redonda ‘El reto de garantizar el abastecimiento de agua a toda la población’ ha contado con la participación de Belén Benito y Juan Sánchez, directores de Operaciones y de Innovación e Ingeniería, respectivamente, de Canal de Isabel II, y de Ángela García y Marta Suárez-Varela, miembros de Young Water Professionals, que han abordado desde distintos puntos de vista los retos del abastecimiento tanto en sociedades desarrolladas como en países en vías de desarrollo, la importancia de la educación en el cuidado del agua; la gobernanza y la resiliencia, entre otros temas.

La Red Agua Pública reafirma su compromiso con el derecho humano al agua y el saneamiento, su oposición a la privatización, apoyo a los procesos de remunicipalización y a un nuevo modelo de gestión público, democrático, transparente y sostenible del ciclo urbano del agua

El 22 de marzo de cada año, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora el día mundial del agua con el objetivo de llamar la atención sobre la problemática general del agua. Con este motivo, la Red Agua Pública (RAP) reafirma su compromiso con el derecho humano al agua y al saneamiento, entendido como un derecho a la provisión de estos servicios, que tiene que estar garantizado por las administraciones públicas competentes cumpliendo con sus obligaciones de respetarlo, protegerlo y cumplirlo. Aunque este derecho es, según el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, legalmente vinculante para los países signatarios del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entendemos que tiene que estar recogido en nuestro ordenamiento legislativo al más alto nivel y nos comprometemos a impulsar esta iniciativa en todos los ámbitos territoriales de forma que esté garantizada su implementación efectiva.

Denunciamos la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, que ha experimentado un incremento notable durante la última década como consecuencia de la crisis económica que ha afectado especialmente a las administraciones locales, y que ha llevado a muchos ayuntamientos a concesionar los servicios de agua para obtener recursos a través del llamado canon concesional. Sin embargo, la experiencia demuestra que la privatización, en un contexto de falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas, conduce al incremento del precio del agua sin que esto se traduzca en una mejora del servicio ni en una inversión adecuada en la renovación de las infraestructuras, al aumento de los impactos ambientales, a los cortes de agua por motivos socio-económicos, a la precarización de las condiciones laborales y a la desaparición de la participación en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, situando los servicios privatizados al margen de los mecanismos de control democráticos y propiciando la corrupción.

Frente a esta tendencia que fomenta la privatización y la mercantilización, son cada vez más los procesos de remunicipalización que consiguen revertirla recuperando la gestión pública, que la RAP reivindica que debe realizarse  sin ánimo de lucro, asumiendo los criterios definitorios del derecho humano al agua, respetando las competencias y autonomía municipal, manteniendo las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores y trabajadoras, y garantizando la participación activa, libre y significativa, la transparencia y la rendición de cuentas.

La lucha por el agua pública está indisolublemente unida con las reivindicaciones de recuperar y mantener el buen estado de conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, en la línea exigida por la Directiva Marco del Agua, adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequías e inundaciones y garantizar un uso sostenible del agua, con unas demandas adaptadas a los recursos realmente disponibles. De hecho, las presiones privatizadoras se manifiestan tanto en lo que se refiere a la mercantilización de los derechos de agua como a la privatización de los servicios de agua y saneamiento, e, incluso, de la gestión del regadío. En este sentido, mostramos nuestra frontal oposición a los intentos de rebajar el alcance y eficacia de la Directiva Marco del Agua durante el proceso de revisión que actualmente está realizando la Comisión Europea.

La remunicipalización requiere del firme compromiso político de los ayuntamientos, en tanto que titulares de los servicios del ciclo urbano del agua, pero también de la participación de la ciudadanía, en tanto que titular del derecho humano al agua. En este contexto, la RAP apoya los procesos de remunicipalización que se han concretado recientemente y los que actualmente están en marcha, entre los que cabe mencionar, por su importancia estratégica, el que se está desarrollando en el Área Metropolitana de Barcelona, en el que la ciudadanía tiene un especial protagonismo a través de Aigua és Vida y el Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica. Resaltamos también la lucha emprendida por la Red Agua Pública de Aragón (RAPA) en contra del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, que ha supuesto un proceso de movilización ciudadana masivo, la consolidación del movimiento en Andalucía a través de la colaboración cada vez más estrecha de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y la Marea Azul del Sur, la constitución de la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Publica en la Comunidad de Madrid y, especialmente, la formación de la Plataforma por el agua pública de Bizkaia, que se constituirá este 22 de marzo.