Según explican, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncia que España no respeta los derechos de la infancia

“Exigimos a los representantes políticos de la Asamblea de Madrid que respeten la decisión tomada democráticamente en esta Cámara -gracias a la iniciativa de 44 ayuntamientos- y asuman la responsabilidad de resolver sus diferencias en el único proceso legítimo que tenemos por delante: la negociación de las enmiendas”. Así de contundente se ha mostrado José Miguel Martín, del grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos por una escolarización inclusiva, durante su comparecencia en la Comisión de Educación e Investigación de la Asamblea madrileña.

Después de que el pasado 1 de marzo el pleno de la Asamblea de Madrid, en sesión ordinaria, votara a favor de la toma en consideración de la Proposición de Ley PROPL 17/17 RGEP 10978, de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid, hoy, diez meses después y tras la presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos políticos, PP y Cs mantienen bloqueada desde principios de octubre la tramitación de esta ley, con el gran perjuicio que esto supone para la educación en la Comunidad de Madrid. Es un claro intento de dilatar su aplicación hasta agotar la legislatura. Y lo que es más grave, se ha frenado un proceso democrático que viene gestándose desde hace tres años con el trabajo colaborativo de 233 entidades y 44 ayuntamientos madrileños, incluida la capital, con el fin último de acabar con los altos niveles de segregación escolar que se dan en las aulas de la Comunidad de Madrid.

El proceso democrático y transparente de diseño de esta ley, su amplio apoyo desde las corporaciones locales y entidades ciudadanas de la región, así como su apoyo por la mayoría de grupos políticos en la Asamblea de Madrid representan una oportunidad histórica para lograr acuerdos en el ámbito educativo. Por tanto, aun a sabiendas de que esta iniciativa legislativa no decaerá una vez finalizada la presente legislatura, sino que continuará su proceso una vez constituidas las nuevas Cortes en junio de 2019, en su comparecencia de hoy, Martín ha exigido “el desbloqueo inmediato de su tramitación” y ha urgido a “todos los grupos parlamentarios a trabajar de forma intensa y decidida por la adaptación de la legislación regional a los mandatos constitucionales y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En definitiva, a garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas de nuestra región”.

Desmontando mentiras

José Miguel Martín ha desmontado en su comparecencia las graves mentiras que sobre la ILA se vienen difundiendo desde el pasado mes de junio y que, en gran medida, han motivado el bloqueo del PP (que se abstuvo en la toma en consideración) y de Ciudadanos (que votó a favor de la misma). Martín recuerda que “el pasado mes de junio asistimos con incredulidad a la explosión de una campaña de intoxicación contra la ILA que se basaba en una premisa falsa: la ILA iba a cerrar los centros de educación especial”. Al respecto, ha matizado que “las entidades impulsoras de toda controversia pertenecen al sector de la educación especial concertada y sindicatos afines, por lo que es más que obvio que se trata de un conflicto entre el interés económico de algunos contra los derechos fundamentales de todos”.

En este sentido, ha negado que la ILA tenga como objetivo cerrar ningún centro. “El objetivo de esta proposición de ley es mejorar las condiciones de atención a la diversidad de los centros ordinarios y eso, puede restar clientela potencial a algunos centros concertados de educación especial”. Además, ha negado que la ILA ataque a las familias que escolarizan a sus hijos en la educación especial, “porque sabemos que en la mayoría de los casos la especial es la mejor opción, sencillamente porque es la única opción”. Ha desmentido que ésta sea una ley hecha desde posiciones partidistas ya que desde que naciera, en marzo de 2016, siempre ha seguido un cauce abierto y democrático de participación.

En contra de todas estas mentiras, la proposición de ley que PP y Ciudadanos mantienen bloqueada en la Asamblea de Madrid constituye el punto de partida hacia un sistema educativo inclusivo que no deja a ningún niño o niña atrás, al proponer medidas de urgencia para frenar la segregación educativa y garantizar el derecho a una educación equitativa. Es más, podría ser el primer paso que España necesita para cumplir con esas iniciativas legales que el Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU exige a nuestro país al denunciar que el sistema educativo español no respeta los derechos de la infancia y exige mejoras en las escuelas ordinarias con las que avanzar hacia una educación inclusiva de calidad.

Pilares de la ILA

Los pilares sobre los que se asienta esta proposición de ley son:

• El derecho de todas las personas a estudiar en sus entornos sociales.

• La planificación de una oferta educativa con criterios de equidad.

• El incremento de todos los perfiles de los equipos de orientación para poder abarcar todas las funciones que se requieren desde un enfoque inclusivo.

• El incremento ponderado de recursos para la inclusión según las necesidades propias de cada centro.

• La elaboración de planes de educación inclusiva y formación permanente del profesorado en el paradigma de la inclusión en todos los centros.