25
Oct
2018
El Pleno de la Asamblea pide anular los títulos obtenidos de forma fraudulenta Imprimir
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Foto cedida por Cs MadridPP y PSOE votaron en contra de la publicación de tesis doctorales y TFMs

“Tenemos que sacar a la Universidad pública del pozo en el que está metida por culpa de los viejos partidos”, así lo ha afirmado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, durante el Pleno monográfico de universidades donde ha propuesto “siete medidas para impulsar la transparencia y evitar los escándalos”, y ha pedido al resto de grupos “valentía para sacar adelante un Plan de reformas en los centros universitarios de la región”.

El líder de Cs Madrid ha recalcado la “utilidad” de un pleno monográfico sobre universidades y ha citado tres maneras diferentes de afrontarlo por parte de los grupos políticos: “aparentar que no ha pasado nada, decir que con este pleno estamos atacando a la universidad, o aportar soluciones”. “Desde Ciudadanos no pretendemos atacar a la universidad, sino a los sinvergüenzas que se han aprovechado de ella y a quienes les encubren”, ha añadido Aguado.

En este sentido, el portavoz de Cs en la Asamblea ha expuesto las propuestas del partido naranja para mejorar el funcionamiento de las universidades de la Comunidad: “la creación de un Consejo de Transparencia donde se puedan denunciar irregularidades de manera confidencial, que las tesis doctorales y trabajos sean públicos, medidas contra el plagio, financiación condicionada a resultados concretos y que los centros cuenten con unidades de control económico”.

“Queremos que las universidades madrileñas estén entre las mejores del mundo y que no volvamos a tener sobre la mesa un caso Cifuentes o un caso Montón. Una universidad transparente, de vanguardia, que suponga un prestigio intelectual y un ascensor social y que permita a los estudiantes llegar donde quieren”, ha defendido Aguado, a la vez que ha rechazado una universidad “basada en los pasteleos, los chanchullos y el amiguismo”.

El portavoz de Cs en Comunidad de Madrid ha recordado los escándalos educativos de los últimos siete meses y ha recurrido a noticias de la prensa internacional para criticar “la imagen nefasta que está proyectando la universidad pública a nivel internacional”, al tiempo que ha recordado que “hay miles de estudiantes y profesores que merecen respeto y merecen que se recupere la credibilidad perdida en el terreno educativo”.

Aguado también ha aprovechado su intervención para insistir en “la necesidad de contar con una Comisión de Investigación para conocer en detalle qué está ocurriendo en la Universidad madrileña y para exigir responsabilidades políticas”. En relación con esta Comisión, el líder de Cs Madrid ha pedido al PP que “deje de poner palos en las ruedas bloqueando su constitución.

La inversión de la Comunidad de Madrid en las universidades públicas -979 millones de euros en 2018- supone un 58 % de los ingresos de estos centros de educación superior y el 0,43% del PIB regional. Así lo ha subrayado el consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, en el pleno monográfico sobre universidades que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid.

Durante su intervención en la cámara legislativa madrileña, Van Grieken ha asegurado que “esta inversión ha revertido en la economía madrileña con un 2,05 % del PIB regional y un 2,14 % de las rentas salariales de la Comunidad”. Además, ha remarcado que los empleos totales generados en la Comunidad de Madrid por la actividad de las universidades públicas madrileñas supusieron el 2,12 % del empleo a tiempo completo en la región, además de la generación de 44 empleos por cada millón de euros invertidos.

En su comparecencia en el Asamblea, el consejero Van Grieken ha felicitado a todos los agentes que hacen posible que la “universidad madrileña funcione bien”, tanto en lo académico –porque está sometida a los sistemas de acreditación y evaluación que establece la normativa europea derivada de Bolonia- como en lo económico –ya que todas las universidades, sus organismos, entes y sociedades dependientes están sometidas a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid-.

El consejero de Educación e Investigación ha recordado que actualmente hay más de 290.000 alumnos en las universidades madrileñas, de los que más de una cuarta parte provienen de otras comunidades autónomas y otros 30.000 son estudiantes extranjeros, lo que representa casi el 10 % del total.

MEDIDAS SOCIALES EN BENEFICIO DE TODOS

El consejero de Educación e Investigación ha asegurado que puede hacer “un buen balance de legislatura” en cuanto al aspecto universitario, ya que se han puesto en marcha medidas sociales que han beneficiado a miles de estudiantes y a las propias universidades.

En primer lugar, ha destacado la bajada de los precios públicos de los estudios universitarios oficiales durante cuatro años consecutivos. Una reducción del 22,5 % en las tasas de grado y un 35 % en las de máster. “Es, sin duda, una medida que contribuye a favorecer la igualdad de oportunidades, especialmente en la educación superior”, ha afirmado.

A esto, ha añadido el aumento en la financiación nominativa de las Universidades Públicas, que se ha visto incrementada desde el curso 2015/16 con compensaciones equivalentes a las reducciones en las tasas de los estudiantes. La cuantía incrementada de las nominativas de las universidades por este concepto supera los 126 millones de euros. “Como ven, un gran esfuerzo presupuestario y no meras palabras”, ha señalado Van Grieken.

En tercer lugar, la política de becas con diferentes convocatorias por valor de casi 35 millones de euros, entre ellas la nueva convocatoria de becas socioeconómicas para aquellos alumnos con situación más desfavorable. Para el consejero “se garantiza así, junto con la bajada de tasas, que nadie que lo merezca, se quede sin la oportunidad de estudiar”.

Y finalmente, en cuarto lugar, las plantillas, ya que el Consejo de Gobierno aprobó a finales de agosto la convocatoria de 966 nuevas plazas de personal indefinido entre docentes, investigadores, y personal de administración y servicios para todas las universidades públicas madrileñas: 89 plazas en la Universidad de Alcalá, 93 en la Autónoma, 42 en la Carlos III, 420 en la Complutense, 176 en la Politécnica y 146 en la Rey Juan Carlos.

COMPROMISO DE UN PLAN DE FINANCIACIÓN

El consejero de Educación e Investigación ha reclamado un marco normativo para la universidad madrileña que minimice las incertidumbres y permita una planificación básica de actividades a través de un modelo de financiación estable. Sin embargo, ha reconocido que sería “aconsejable” que ese marco normativo fuera posterior a la nueva Ley Orgánica de Universidades que el Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades se ha propuesto elaborar.

Rafael van Grieken ha reiterado durante su discurso la necesidad de poner en marcha un Plan de Financiación “que permita una planificación rigurosa de la actividad de nuestras universidades públicas en función de la previsión de los recursos económicos, para así movernos en un marco previsible”. Y para ello el objetivo es conseguir –ha dicho- un incremento general entre el 18 % y el 20 % en la financiación hasta 2023 sobre la financiación de este año 2018.

Van Grieken ha recordado que con todas las universidades se establecería un contrato programa que garantizaría una adecuada programación financiera, incluyendo una parte variable en función de objetivos consensuados entre cada universidad y la administración. Tendrían una vigencia de cuatro años, si bien cada año podrían renovarse si hubiese presupuesto para su ampliación con acciones complementarias.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha logrado el apoyo a cinco de las propuestas presentadas en la Asamblea de Madrid, durante el Pleno Monográfico dedicado a la situación de la universidad pública madrileña celebrado hoy. Sin embargo, PP y PSOE se han aliado para impedir que las tesis y los Trabajos de Fin de Grado y Máster sean públicos. Además, el gobierno y el resto de grupos de la oposición han rechazado la transparencia y la rendición de cuentas al votar en contra de realizar auditorías para el control de las inversiones, gastos e ingresos.

La portavoz de Educación de la formación naranja en el parlamento madrileño, Mayte de la Iglesia, ha defendido las medidas que propone su grupo, que tienen el objetivo de “reformar en profundidad de la universidad pública madrileña para que sean premiados el mérito y capacidad de los profesionales universitarios”.

De la Iglesia ha pedido “la elaboración, aprobación e implementación de un Código Ético en cada una de las universidades públicas madrileñas” y ha propuesto que, respetando la autonomía universitaria, “se base en los principios de libertad, responsabilidad, respeto mutuo, igualdad y no discriminación, así como de servicio público y cumplimiento de la legalidad”.

Otra de las medidas que ha explicado la portavoz de Educación de Cs es “la creación de un Consejo de Transparencia e Integridad independiente, cuya función esencial sea velar por el cumplimiento de dicho Código Ético por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria”.

Asimismo, Ciudadanos ha propuesto diseñar una estrategia antiplagio “para recuperar el prestigio de la universidad” para lo que De la Iglesia ha exigido “perseguir con la máxima severidad las conductas irregulares de este tipo, a través de la prevención, la formación y la detección”.

Para evitar la endogamia en las universidades, Ciudadanos ha propuesto concentrar en periodos concretos del año y con las mayores garantías de difusión, la publicación de las convocatorias de las plazas del Personal Docente e Investigador, con el fin de reforzar la apertura y previsibilidad de los procesos de selección.

Por último, en relación a la financiación de las universidades, la diputada de la formación naranja se ha mostrado partidaria de “premiar el talento y la excelencia, vinculando financiación a resultados. Se trata de buscar indicadores medibles que tengan que ver con la empleabilidad, la transferencia de conocimiento, la valoración de los ranking internacionales o la calidad de la docencia”.

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado las siete propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular –el único grupo que ha sacado todas adelante- tras el debate monográfico sobre la situación de la Universidad madrileña con las que se persigue mejorar su funcionamiento.

Entre las medidas propuestas, destacan la petición al Gobierno central para que presente un Proyecto de Ley de Universidades nacional en consenso con toda la comunidad educativa universitaria, así como el establecimiento de una prueba única de acceso a la Universidad para todas las Comunidades Autónomas.

Otras de las medidas que ha defendido la portavoz de Educación del PP, Gádor Ongil, ha sido la aprobación de una medida que plantee el procedimiento para establecer las orientaciones en materia de titulaciones. En esta línea, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad para que se creen sellos de calidad en el Espacio Madrileño de Educación Superior.

El Grupo Popular también propone, desde el máximo respeto a la autonomía universitaria, que se dirija a las Universidades madrileñas a los efectos de establecer en su seno, un Consejo de Transparencia e Integridad, así como para que participen en los programas que incentiven la convocatoria de plazas con el objetivo de fomentar la incorporación de personal de excelencia.

Por otra parte, el PP reclama al Gobierno de la nación que promueva modificaciones normativas necesarias para suprimir las barreras administrativas  que frenan el crecimiento de la I+D+i en nuestra región.