21
Feb
2018
La escolarización inclusiva llega a la Comisión de Educación de la Asamblea Imprimir
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Foto cedida por ILA Escolarización InclusivaLa ILA está a la espera de incluirse en el Órden del Día del Pleno

La Comisión de Educación e Investigación de la Asamblea de Madrid ha acogido, a petición del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, la comparecencia de un representante del grupo promotor de la ​Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid​. En su exposición, José Miguel Martín ha explicado los aspectos fundamentales de la proposición de ley –en la que se lleva trabajando dos años con al apoyo de ​221 entidades y ​42 ayuntamientos madrileños​, incluida la capital- y ha desgranado la situación de la educación en la Comunidad de Madrid, región que se sitúa a la cabeza de Europa en segregación escolar por motivos socioeconómicos, como así se pone de manifiesto en los informes PISA 2012 y 2015.

“En la Comunidad de Madrid se está vulnerando sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva de muchos niños y niñas”, alega Martín, para quien esta iniciativa legislativa es la herramienta que frena la alarmante segregación escolar que se vive en Madrid y “que garantiza el ejercicio del derecho a la educación inclusiva de calidad a la que tienen derecho todos los niños y niñas y sus familias”.

Según el análisis de los datos de escolarización realizado en diez de las ciudades más grandes de la región, incluida la capital, en la Comunidad de Madrid se repite un patrón de segregación entre los distintos tipos de colegios sostenidos con fondos públicos: los centros públicos no bilingües están acogiendo aproximadamente el doble de porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que los públicos bilingües, y el triple que los centros concertados. A su vez, más del 20% del alumnado con diversidad funcional está segregado en centros especiales, por lo que se vulnera así su derecho a una educación inclusiva.

Si esta situación se extrapola al ámbito legal, se observa cómo la Comunidad de Madrid no cumple con la legalidad vigente. La educación inclusiva no es otra cosa que la formulación actual del Derecho a la Educación recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución. Es un derecho fundamental y, según su artículo 10, los derechos fundamentales deben ser interpretados según los convenios internacionales ratificados por España. De esta forma, según la Constitución Española y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no cabe entender el derecho a la educación en nuestro país si no es una educación inclusiva, donde todo el alumnado tiene derecho a asistir a centros ordinarios con los apoyos que necesiten, adaptándose de esta forma el sistema a las necesidades individuales del alumnado, y no como sucede en la actualidad, donde el sistema sigue un modelo de integración en el que es este alumnado el que tiene un problema y, por tanto, se tiene que adaptar al sistema, llegando muchas veces a la exclusión del mismo.

“Esta iniciativa legislativa pretende impulsar un sistema educativo en la Comunidad de Madrid que garantice la inclusión de todo el alumnado, favoreciendo la presencia de la diversidad en las aulas ordinarias, fomentando la plena participación y la convivencia respetuosa, y potenciando en cada persona el máximo desarrollo de todas las capacidades que componen su personalidad”, ha resumido Martín.

La Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos fue presentada en el Registro General de la Asamblea de Madrid el pasado 17 de octubre de 2017, por parte de la Comisión promotora de la proposición de ley compuesta por concejales de educación de distintos ayuntamientos madrileños y tras año y medio de duro trabajo del grupo promotor de la misma.

Una vez presentada en Registro, y tras la consiguiente subsanación de algunos errores en la entrega de la documentación requerida, el siguiente paso es que la Mesa de la Asamblea decida la aceptación de su tramitación en el Parlamento. Tanto PSOE, como Podemos y Ciudadanos ya han mostrado su apoyo a dicha tramitación.