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22
Jun
2017
La Asamblea reprueba al Consejero de Sanidad tras proponer “abanicos de papel” para luchar contra el calor en los colegios PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ciudadanos MadridCon los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos

Era, con mucha diferencia, el debate más polémico del Pleno celebrado ayer en la Asamblea de Madrid, y estuvo a la altura. La oposición en bloque aprobaba la reprobación del primer miembro del equipo de Gobierno de Cristina Cifuentes, en concreto el Consejero de Sanidad Sánchez Martos por sus polémicas palabras de la semana pasada en que aconsejaba a los niños luchar contra la ola de calor haciendo abanicos de papel”. La propuesta, presentada por Podemos, contaba con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, y tuvo el voto en contra de los populares.

El portavoz popular, Enrique Ossorio, ha señalado que el empeño de la oposición en reprobar al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, “ es elevar la anécdota a categoría, lo importante es la gestión, no los artificios, frases, anécdotas, sin ir al fondo de la labor que se está haciendo”. En este sentido, Ossorio ha recordado algunas de las medidas de mejora que se han llevado a cabo desde la Consejería de Sanidad, “que ha reforzado el personal de los hospitales, se van a reconvertir 5.000 plazas de  eventuales en interinos, se han abierto los quirófanos por las tardes gracias a los pactos de gestión, las listas de espera que eran muy criticadas hasta que se publicaron a  nivel nacional y se demostró que la situación en Madrid era mejor respecto al resto de comunidades autónomas”. “Se han integrado los seis hospitales que estaban fuera de la red sanitaria pública en el SERMAS, Madrid está por encima  en cuanto a calidad sanitaria entre las ciudades más desarrolladas de Europa, solo superada por Estocolmo, según la Unión Europa, y miles de pacientes vienes de otras CC.AA.; por algo será…!!”, ha añadido el portavoz del PP

“Quieren reprobar a un consejero por frases más o menos afortunadas, o como ha dicho el señor Gabilondo por hechos como el de ayer que hubo que cerrar un quirófano en el Gregorio Marañón porque se descubrió un plaga de insectos”, ha afirmado Ossorio. “Es una situación que resulta lamentable, pero desgraciadamente puede producir, (el consejero ha asegurado hoy que ya está solucionado y reabierto a pleno rendimiento), no es ajeno a otros territorios como en Andalucía donde se encontraron cucarachas en los quirófanos en un hospital de La  Línea de la Concepción hace unas semanas, en otro de Málaga tuvo que ser cerrada una habitación el año pasado por el mismo motivo y trasladados los pacientes, o una niña que estaba almorzando se encontró cucharas en la comida. Están elevando las anécdotas a un nivel de reprobación que nosotros no vamos a apoyar”, ha apostillado el portavoz.

Por otra parte, Enrique Ossorio ha explicado la negativa del Grupo Popular a las comparecencia de la diputada Isabel González, “ya que nos parece improcedente por el hecho que tenga familiares involucrados en la Operación Lezo”. “Desde la Revolución Francesa hemos avanzado mucho en la libertades individuales, la responsabilidad que tenemos las personas son a título individual, no por ser hermana de, mujer de, o marido de, y no pueden responder por presuntas responsabilidades de otras personas que están involucradas atendiendo a sus lazos familiares” ha puntualizado. “Esto no habla bien de los grupos que la proponen y tampoco de los que la secundan”, ha aseverado el portavoz popular. “En el caso de Gallardón –ha señalado Ossorio- es un motivo de forma, ya que por respeto a los comparecientes, se acordó que las solicitudes de comparecencias tenía que ser concretas, y se siguen se formulando de forma imprecisa, no especificaban nada los casos por los que querían que compareciese, ni el espacio temporal”.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha tomado en consideración la proposición de Ley de Ciudadanos para garantizar el carácter público del Canal de Isabel II. El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha defendido que “esta ley impedirá que la corrupción seque el Canal de Isabel II” y garantizará “que siga siendo de todos los madrileños”.

“Modificando esta Ley del Canal de Isabel II evitaremos que éste deje de perder agua y los madrileños, su dinero”, ha asegurado Zafra al tiempo que ha recordado que el principal objetivo que persigue esta nueva norma es que “el Canal siga siendo 100% público”. En este sentido, el portavoz adjunto de Cs ha detallado los tres objetivos que persigue esta norma y que pasan por “garantizar que el Canal de Isabel II sea 100% público, que cualquier operación accionarial sea aprobada por el Consejo de Gobierno y se informe a la Asamblea” y que “esté sujeta a la Ley de Transparencia nacional hasta que tengamos una autonómica para evitar que se repita el oscurantismo que ha habido hasta ahora”.

Para el portavoz adjunto de Cs el tiempo del “yo no sé nada, yo no vi nada y yo no estaba ahí, se ha terminado”y esto porque con la Ley que presenta Ciudadanos “el gobierno controle cada modificación, venta, creación o liquidación de cualquier tipo que se produzca en el Canal con las pertinentes explicaciones; algo lógico que hasta ahora no había ocurrido”.

Respeto a la toma en consideración que propone Ciudadanos para que el Canal de Isabel II conserve su carácter público, Ossorio avanzaba que “vamos a apoyar la propuesta de Ciudadanos para que siga siendo propiedad de la Comunidad e y de los ayuntamientos, pero también que se mantenga el modelo actual, con un ente que tiene  las competencias de derecho público y es el titular de las infraestructuras,  y una empresa gestora que es Canal Gestión, en la que están los ayuntamientos y participan de los dividendos, consideramos que es un modelo eficaz”.  “Con esta toma en consideración se cumple también una de las propuestas de resolución del debate monográfico sobre el Canal que se celebró hace unas semanas”, ha recordado Ossorio.

Por último, el portavoz del Grupo Popular se ha referido a las imputaciones de los concejales de Ahora Madrid, Celia Meyer y Carlos Sánchez Mato, “imputación que ha hecho un juez, no el PP que solo se limitó a denunciar este caso, como ha dejado caer la portavoz de Podemos (Lorena Ruiz-Huerta)”. “Es muy grave porque les imputa tres delitos (malversación de caudales, prevaricación y delito societario)  y creo que deberían asumir sus responsabilidades”, ha dicho Ossorio.

“Es aún más grave porque gastaron dinero para hacer unos informes externos  porque los que les hicieron los servicios del ayuntamiento, e incluso otro externo que encargaron, no les gustaron porque no vieron nada reprobable (en relación a los contratos firmados con el Open de Tenis de Madrid durante el mandato de Ana Botella), solo querían hacer daño al PP, manchar su honor, lo han hecho con una finalidad plenamente ideológica”, ha subrayado el portavoz parlamentario del PP.

“Tienen que aplicar el código ético de Podemos y Ahora Madrid que incluye como causas para dimitir los delitos de prevaricación y malversación, y si no lo hacen, será papel mojado”, ha sentenciado Ossorio. “La alcaldesa, Manuel Carmena, también tendría que asumir sus responsabilidades in vigilando, y sobre todo porque ella en unas declaraciones públicas dejó claro que tenían que dimitir los altos cargos, en referencia a otros partidos, si estaban investigados por estos delitos”, ha concluido el portavoz.

Además, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad la Proposición No de Ley impulsada por Ciudadanos (Cs) para mejorar la calidad de vida de los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Para la diputada regional de Cs encargada de defender esta Proposición No de Ley, Marta Marbán, es de vital importancia “impulsar programas de investigación, establecer protocolos de prioridad y eliminar trabas a los enfermos de ELA”.

Marbán ha explicado que la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es “una enfermedad crónica y neurodegenerativa progresiva, que se caracteriza por la muerte progresiva de las neuronas implicadas en el movimiento voluntario, produciendo debilidad, atrofia e incapacidad, desembocando en parálisis”, y ha lamentado que “se trate de una enfermedad todavía muy desconocida en la sociedad”.

La diputada regional de Cs ha insistido en la necesidad de “fomentar la relación entre los pacientes afectados de ELA y sus familiares”, así como “las asociaciones que los representan con los grupos de investigación”.Asimismo, Marbán ha recordado que hay que “eliminar trabas administrativas que se le presenta al paciente cuando cambia de comunidad por no existir una tarjeta sanitaria única”.

“Es necesario potenciar la formación de los facultativos, incluir en los programas líneas de atención a los cuidadores y familiares; así como agilizar y simplificar los trámites para la obtención del certificado de discapacidad para los enfermos de ELA y de acceso a plazas en centros sociosanitarios cuando la atención a domicilio ya no sea posible, algunos mueren antes de recibir el certificado de discapacidad”, ha defendido la diputada madrileña quien ha hecho hincapié en la importancia de dar a los enfermos “asistencia de fisioterapia, logopedia, psicología y terapia ocupacional, ajustada a las necesidades del paciente de ELA”, además de “que haya cuidadores que les asistan, que tengan material ortoprotésico que les permita comunicarse con los demás y vivir esos últimos años, con dignidad”.

“Una presidenta regional no puede tener como prioridad proteger a los suyos”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, durante la sesión de control en la que Aguado ha preguntado a Cristina Cifuentes por ‘la colaboración de su gobierno regional con la Justicia’.

Aguado ha explicado que hace un mes y medio la UCO tuvo que entrar en las dependencias de la Comunidad de Madrid para realizar siete registros sobre la Operación Púnica a petición del Juez Velasco por “la falta de colaboración del gobierno regional”. En este sentido, Aguado ha advertido a Cifuentes que “podrá torear a la Comisión de Investigación bloqueando comparecencias y peticiones de información, pero no puede torear a la Justicia”.

En el Pleno, el líder de Cs en Madrid se ha referido a un informe de 45 páginas fechado el 11 de mayo de 2017 de la Fiscalía Anticorrupción donde se explican las tres razones que motivan estos registros. Aguado ha señalado que la Fiscalía considera que todavía hay una cierta “autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en la CAM y orgánicas en el partido regional”.

Asimismo, el portavoz de Cs ha destacado que la Fiscalía reconoce “las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid” ya que se han encontrado “incoherencias y carencias en la documentación aportada”.

"Mientras ustedes dicen que colaboran con la Justicia, la Justicia dice de ustedes que la información que facilitan no es fiable y que su colaboración no es espontánea ni leal", ha afirmado Aguado y ha pedido a Cifuentes que se replantee sus prioridades ya que “un presidente regional no puede tener como prioridad proteger a los suyos, proteger a su partido, y poner palos en la rueda de la Justicia”.

“Dejen de ponerse de perfil y regulen las viviendas de uso turístico para que no sigan creciendo de manera descontrolada”. Así lo ha dicho el diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ricardo Megías, durante su pregunta de control al gobierno regional donde ha preguntado al Consejero de Presidencia, Ángel Garrido, por su ‘valoración de la actual problemática generada por la masificación de viviendas de uso turístico que viven los vecinos del centro de Madrid’. Megías ha criticado que desde el ejecutivo regional “no se está haciendo nada por acabar con la mala situación que están viviendo los vecinos del centro de la capital excusándose constantemente en la frase: estamos trabajando en ello”.

“Ustedes dijeron hace más de un año que iban a regular la actividad de las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid y, a día de hoy, seguimos a la espera”, ha lamentado el diputado de Cs quien ha recordado que “la falta de regulación es una realidad que nos afecta a todos”.

Megías ha señalado que el sector hotelero se está viendo afectado por “el aumento de la competencia desleal, donde no existen reglas de juego” además de los clientes d eestos establecimientos que “no ven garantizados sus derechos como consumidores”. “Afecta a las arcas públicas, a la seguridad, a la sostenibilidad y a la convivencia de unos vecinos que tienen exactamente los mismos derechos que usted y que yo, a vivir en paz y en armonía”, ha aseverado el diputado madrileño de Cs quien ha considerado que “no se trata de prohibir, sino de regular”.

“En Ciudadanos seguiremos impulsando la educación inclusiva como defensores que somos de la libertad, la igualdad y la diversidad”. Así lo ha asegurado el diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Tomás Marcos, durante su pregunta del control, al gobierno regional a quien ha preguntado acerca de ‘cómo valora el Gobierno Regional los datos actuales de los controles preferentes para alumnos con TEA en la Comunidad de Madrid’. Marcos ha criticado que “en el caso de alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el slogan ‘su educación la eliges tú’ es una frase vacía”.

“Las familias de alumnos con TEA se ven obligados a matricular a sus hijos en centros de educación especial, aun cuando no es la opción elegida por ellos”, ha lamentado el diputado regional de Cs para quien “el derecho a la educación inclusiva es un derecho fundamental de estos alumnos”.

“¿Dónde está la igualdad de oportunidades para los alumnos con TEA, cuando se les niega el derecho a elegir, o se les obliga a ser relegados a una modalidad educativa que no desean?”, ha cuestionado Marcos y ha recordado que al comenzar la legislatura, escuchamos al consejero de Educación hablar sobre “su apuesta por la educación inclusiva, algo que dos años después, sigue sin ser una realidad en la Comunidad de Madrid”.

El diputado de Cs en Madrid ha hecho hincapié en que hasta en dos ocasiones ha convocado Ciudadanos al Consejero de Educación para tratar el tema y el tiempo ha evidenciado que “nadie en el gobierno regional apuesta por algo en lo que no cree”.

“Señor Consejero, la Consejería de Educación tiene que impulsar la educación inclusiva de una vez todas”, ha recriminado Marcos quien ha añadido que “en Ciudadanos vamos a seguir defendiendo el derecho fundamental a la educación de los alumnos con TEA, una educación inclusiva de calidad".

La Comunidad de Madrid instalará desfibriladores en todas las sedes judiciales de la región, dentro del Plan de choque para las infraestructuras judiciales que impulsa el Gobierno de Cristina Cifuentes y que tiene la seguridad como uno de sus ejes principales. Así lo ha adelantado el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, en la que ha explicado que está prevista la publicación inminente, en el Boletín Oficial de la Unión Europea, del anuncio para la contratación de 127 desfibriladores semiautomáticos externos y la formación básica sobre el funcionamiento de los equipos, por importe de 273.050 euros.

“La seguridad es un elemento esencial en la toma de cualquier decisión y, en materia de Justicia, es un aspecto prioritario en el que trabajamos con especial interés”, ha señalado Garrido, que ha recordado la importancia de adoptar medidas de este tipo para mejorar la asistencia sanitaria y la primera respuesta asistencial ante una parada cardíaca que pueda producirse en una sede judicial, tanto entre los trabajadores como entre los ciudadanos que, en esos momentos, se encuentren en las dependencias judiciales.

En la actualidad, cuentan con desfibriladores las sedes judiciales con mayor afluencia de público: Plaza de Castilla, Capitán Haya, Santiago de Compostela, Princesa nº3, Julián Camarillo, Manuel Tovar y el Registro Civil Único. Con la medida anunciada hoy, todas las sedes judiciales pasarán a disponer, al menos, de un desfibrilador. El número de estos equipos se ampliará con un desfibrilador más por cada 500 usuarios que haya en la sede judicial, contando tanto trabajadores como público.

La medida está en línea con el decreto que ultima la Comunidad de Madrid para convertir a la región en la primera Comunidad Autónoma cardioprotegida, gracias a la instalación obligatoria de desfibriladores externos automatizados en espacios públicos.

Cuando entre en vigor este decreto, se instalarán desfibriladores en espacios como grandes establecimientos comerciales y minoristas, en aeropuertos y estaciones de autobuses, ferrocarril, Metro y autobús con elevada afluencia de personas. También en establecimientos públicos con un elevado aforo y en determinados edificios de las Administraciones Públicas de grandes poblaciones y con un número alto de usuarios.

También se instalarán desfibriladores en determinados complejos deportivos, en establecimientos hoteleros, centros educativos, centros de trabajo y polígonos industriales, así como en algunos servicios de emergencias no sanitarias que puedan realizar una primera intervención en caso de parada cardíaca, como Bomberos, Policía Local y Protección Civil.

En su intervención en la Asamblea, Garrido ha hecho balance de la puesta en marcha del Plan de choque para las infraestructuras judiciales, que este año 2017 tiene una dotación de 7,05 millones de euros. Así, ha explicado que la primera fase del Plan, centrada en actuaciones urgentes y con un presupuesto de 1,85 millones, se encuentra en fase de ejecución al 100%, con medidas terminadas o en desarrollo o listas para acometerse cuando cese la actividad judicial en verano.

Además, ya están listos los pliegos para la elaboración, redacción, implantación y formación relativa a los Planes de emergencia y autoprotección de las sedes, que se adjudicarán en los próximos días. En cuanto a la segunda fase del Plan de choque, Garrido ha subrayado que se han producido notables mejoras en lo relativo a la agrupación de sedes judiciales, con la agrupación de la Audiencia Provincial, en la calle Santiago de Compostela de Madrid, que se completará este mismo verano.

Además, el proyecto de creación de un núcleo penal en Madrid capital se encuentra en una fase bastante avanzada. Fuera de Madrid, la unificación de las sedes de Torrejón de Ardoz en un edificio judicial se ha fijado como prioritaria. En esta segunda fase, también se acometerán obras de mayor envergadura para la mejora de las sedes de Capitán Haya y Plaza de Castilla; se ampliará la sede de los juzgados de Aranjuez; se harán obras de adaptación de una nueva sede en Móstoles, para reubicar tres juzgados de este partido; y se suministrará material para la protección del formol en el Instituto Anatómico Forense.

 

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