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29
May
2017
CCOO pide que se suspendan las pruebas de nivel de Sexto de Primaria PDF Imprimir E-mail
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Para evitar que ocurra lo mismo que en las de Cuarto de ESO

CCOO ha presentado un recurso administrativo contra la Resolución firmada por las dos viceconsejeras el 8 de mayo. El sindicato ya denunció el pasado 26 de abril que se estaba evitando publicar dicha Resolución para eludir la contestación por parte de la comunidad educativa, pero, en cualquier caso, lo que no se ha publicado ni hecho públicas son las instrucciones concretas que afectan a los derechos del alumnado con dificultades de aprendizaje, pese a estar firmada por el Director General en la materia el 27 de abril de 2017, tal y como informan en un comunicado.

"CCOO señala que la aplicación de las reválidas de 4º de ESO del 19 de mayo, ha sido un fracaso, por los gravísimos fallos en la gestión y por la contestación y objeción a las mismas por parte de alumnado y familias. Los motivos en los que basamos el recurso y pedimos la nulidad total y suspensión de las pruebas son:

1. Ausencia de garantías en las comunicaciones y notificaciones a través de una índole de plataforma que no está previamente establecida ni regulada, ni cumple con la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Tampoco se tiene constancia alguna de que la empresa adjudicataria garantice su sujeción a la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Obligación a los centros que tienen la prueba interna, que son todos los de Madrid capital, de correr con los gastos de impresión y fotocopias de los exámenes, lo cual es especialmente grave para los centros públicos, pues la Consejería no les transfiere las cantidades para gastos de funcionamiento, lo que ocasiona que estén en números rojos. Mientras, a la empresa adjudicataria se le abonan más de 330.000 euros.

3. Obligación de realizar un trabajo extra al profesorado que obligatoriamente corregirá las pruebas o verá modificado su horario y funciones sin contraprestación económica.

4. Ausencia de negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, a pesar de que sus condiciones laborales (carga de trabajo, horarios...) se verán notablemente gravados por las pruebas.

5. Vulneración del principio de publicidad, de transparencia y de buen gobierno, pues al no haber publicado la resolución con el debido tiempo y ni siquiera haberlo hecho con relación a las instrucciones de 27 de abril se dificulta e imposibilita la información y derechos fundamentales como el de protesta o el de impugnación.

6. Vulneración de los derechos del alumnado con dificultades de aprendizaje al ampliar los tiempos de los exámenes al alumnado con dislexia, DEA o TDAH.

7. Obligación a las familias de cumplimentar el cuestionario de contexto y de recibir los resultados por vía telemática a través de la plataforma antes mencionada y, en caso de no ser posible, obligación a los centros de asumir el auxilio de dichas familias, con el probable colapso de funcionamiento de los que escolarizan.

8. Falta absoluta de rigor en los cuestionarios de contexto, más allá de su contenido, pues no se contemplan, por ejemplo, los diversos tipos de familias, por ejemplo, los numerosos casos en los que habría de facilitar dos cuestionarios por existir dos contextos de convivencia familiar", explica el sindicato.

 

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