Anualmente se realizan unos 600 registros en la región

La Comunidad de Madrid ha intensificado en las semanas previas a la Navidad su campaña de inspección de establecimientos dedicados a la venta de animales, así como de residencias, clínicas veterinarias o criaderos. La razón estriba en la mayor presencia de mascotas en estas instalaciones por el aumento de la demanda en estas fechas ante los regalos navideños, y es una de las múltiples acciones ejecutadas dentro del Plan de Protección y Bienestar Animal.

Desde el año 2008, el Gobierno regional ha multiplicado por seis el número de inspecciones hasta llegar a las casi 600 anuales. Las inspecciones en establecimientos de venta de animales al público suponen aproximadamente el 25% de todas las realizadas. En ellas, los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirige Borja Sarasola, vigilan especialmente las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encuentran los espacios destinados a albergar a los animales, en los que en ningún caso se pueden dar situaciones de hacinamiento. Los técnicos supervisan el estado de estas instalaciones, que deben estar limpias, así como las condiciones higiénicas de las propias mascotas.

Una de las cuestiones más importantes para los técnicos pasa por comprobar que no se aprecien síntomas de enfermedad en los animales. De hecho, es obligatorio que estos establecimientos dispongan de un servicio de atención veterinaria, bien directamente o bien concertado con alguna clínica.

En 2011 la Comunidad de Madrid interpuso 15 sanciones por la venta de animales enfermos, una de las infracciones más habituales detectadas por los técnicos regionales junto con la ausencia del certificado de registro, que generó otras 16 sanciones. Finalmente, la Comunidad de Madrid sancionó a otros tres establecimientos por presentar condiciones inadecuadas para el alojamiento de los animales, lo que arroja un balance de 34 sanciones a lo largo del año pasado.

Las infracciones sancionadas por la Comunidad de Madrid se dividen en leves, cuyas sanciones van desde los 30 a los 1.202 euros, y las graves, que llegan a los 2.404 euros. Entre las primeras se encuentra la venta de animales de compañía a menores o incapacitados sin autorización de sus tutores o el transporte de animales vulnerando los requisitos establecidos al efecto.

Las graves se refieren al mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario e inadecuadas para la práctica de los cuidados y atenciones precisas de acuerdo con sus necesidades etológicas, según especie y raza. También contempla como falta grave la esterilización, la práctica de mutilaciones y el sacrificio de animales sin control veterinario o en contra de las condiciones o requisitos establecidos por la ley, la no vacunación o realización de tratamientos obligatorios, la ausencia de licencias y permisos correspondientes para la actividad o suministrar a los animales alimentos que contengan sustancias que puedan causarles sufrimiento.

El Ejecutivo regional controla también aspectos administrativos, tales como que el establecimiento disponga de certificado de registro de la Comunidad de Madrid, que entregue los animales con la documentación veterinaria exigida o que disponga de licencia para tenencia y venta de perros potencialmente peligrosos, si es el caso.

Asimismo, se vigila que las instalaciones tengan la temperatura correcta que exige cada especie, que tengan zonas de cuarentena y aislamiento de animales enfermos, la correcta eliminación de residuos sólidos o que los materiales de suelos, paredes y techos sean los adecuados, por ejemplo. Las infracciones más frecuentes detectadas por los técnicos se refieren a la ausencia de certificado de registro, la venta de animales enfermos, condiciones inadecuadas, libro de registro no actualizado, falta de comunicación de partes de incidencias sanitarias, ausencia de zona de cuarentena o aislamiento y falta de comunicación de bajas.