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06
May
2013
Arganda se suma al Fondo Social de Viviendas contra los desahucios PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Arganda del Rey
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Según datos del Ayuntamiento, la comisión antidesahucios está trabajando en 34 casos

El Ayuntamiento de Arganda del Rey no es ajeno a la situación en la que se encuentra un determinado número de familias de Arganda que, o bien ya han perdido su vivienda, o están inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria que puede llevar a que sean desahuciados.

En vista de esta situación y con el fin de aportar alguna solución a las familias que se encuentran en este proceso, en noviembre de 2012, el Alcalde de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez Sardinero, se reunió con algunos vecinos y vecinas que representaban a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en nuestra localidad. Estas personas transmitieron al primer edil argandeño su gran preocupación por el aumento de familias argandeñas que se hallaban en proceso de desahucio. Como fruto de esa reunión, Pablo Rodríguez Sardinero decidió comprometerse a crear un equipo de trabajo mixto, formado por técnicos municipales y representantes de la PAH, para que evaluasen las medidas a adoptar, tanto generales como concretas, con la finalidad de paliar y dar solución a esas familias vulnerables y en riesgo de perder su vivienda.

El compromiso del alcalde con los representantes de la PAH en Arganda se materializó en la constitución de la COMISION MUNICIPAL DE APOYO A LAS FAMILIAS EN PROCESO DE DESAHUCIO, de la que, como se ha dicho, forman parte los representantes de la Plataforma y técnicos de las Áreas Municipales de Servicios Sociales y de Empleo, por considerar que ambas son las áreas más idóneas para trabajar en la búsqueda de soluciones y recursos para quienes están afectados por un proceso de desahucio en Arganda del Rey. Desde el primer momento, el apoyo de profesionales del Derecho se entendió imprescindible, por lo que las dos Letradas adscritas al Servicio de Asesoramiento Jurídico, prestado desde los Servicios Sociales municipales, forman parte necesaria de la Comisión. Con ello, el Consistorio argandeño se convertía en uno de los pioneros en tomar medidas para paliar los efectos de tan lamentable situación provocada por el aumento de los desahucios.

Los objetivos de la Comisión presidida por Pablo Rodríguez Sardinero,  y de la que también forma parte el Concejal responsable del Área de Servicios Sociales, Luis Miguel Utrera, buscan que los afectados por un proceso de desahucio encuentren el apoyo jurídico necesario y básico en las negociaciones con las entidades financieras acreedoras, prestar a estar personas la atención integral tanto desde el área de Servicios Sociales como la que pueda prestar el área municipal de Empleo en la búsqueda de trabajo para quienes estén desempleados e incluso su formación, cuando así lo requiera cada caso concreto. En lo que se refiere a la mediación con las entidades financieras, el objetivo principal es conseguir la suspensión del desahucio en tanto se buscan soluciones alternativas, la revisión  de los préstamos hipotecarios suscritos, estudiar las posibilidades de quita y el control de los intereses.

Ahora bien, cuando no es viable ninguna de las alternativas planteadas en las negociaciones con la entidad bancaria, la última posibilidad con la que trabajan las Letradas de Servicios Sociales es la dación en pago, con la posibilidad de que la familia se mantenga en la vivienda, a cambio de un alquiler social. De los 34 casos con los que se trabaja desde la Comisión, hasta la fecha, en 10 se ha conseguido negociar con las entidades financieras la dación en pago, consiguiendo, en la mayor parte de los mismos, que la familia afectada se mantuviera en la vivienda con un alquiler social.

Cabe destacar que, recientemente, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, con el consenso de los miembros de la Comisión Municipal de Apoyo a Familias en Proceso de Desahucio, ha aprobado la adhesión al Convenio para la Creación de un Fondo Social de Viviendas, que suscribieron en enero de 2013 la Federación Española de Municipios y Provincias, el Gobierno central y las principales Asociaciones Bancarias y de Cajas de Ahorro. El citado Fondo Social de Viviendas se nutre de viviendas propiedad de los bancos que serán puestas en alquiler, con un precio de 150 a 400 euros, fijando la renta por alquiler de cada vivienda atendiendo a que la misma nunca supere el 30 % del total de la renta de la unidad familiar. Para ello, se tendrá en cuenta la valoración que de cada solicitud realicen los Servicios Sociales municipales.

 

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