Según la investigación, cobraban quince mil euros

El diario La Razón informaba sobre la detención de dos agentes de la Policía Nacional en la comisaría de Alcalá de Henares. Estos policías están implicados en un escándalo relacionado con la emisión de pasaportes fraudulentos. Los agentes arrestados eran responsables de tareas relacionadas con la informática y la emisión de tarjetas de identificación de extranjeros. Esta función les otorgaba acceso a la creación de documentos oficiales, lo que, en principio, les permitía operar sin levantar sospechas.

Tras su detención, los dos policías fueron puestos a disposición judicial. Como resultado de las acusaciones en su contra, se les ha decretado prisión provisional mientras se espera el juicio correspondiente. Esto indica la gravedad de las acusaciones y la necesidad de mantenerlos en custodia mientras se lleva a cabo la investigación. Según la información publicada, los agentes estaban involucrados en la creación de pasaportes sin cumplir con los requisitos legales ni obtener los permisos necesarios. Este tipo de actividad es un delito grave, ya que compromete la seguridad y la integridad de los documentos oficiales.

Se ha reportado que los detenidos cobraban aproximadamente 15.000 euros por cada pasaporte que emitían de manera ilegal. Este alto costo sugiere que estaban operando en un mercado clandestino, aprovechándose de la necesidad de documentos oficiales por parte de individuos que, de otro modo, no podrían obtenerlos legalmente.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha estado investigando esta situación durante varios meses. La investigación se inició tras recibir múltiples avisos sobre actividades sospechosas en la comisaría de Alcalá de Henares. Este tipo de vigilancia es crucial para mantener la integridad de las fuerzas del orden y prevenir la corrupción interna.

La investigación ha sido descrita como complicada, lo que indica que ha requerido un esfuerzo considerable para recopilar pruebas y confirmar las denuncias. La naturaleza de las actividades ilegales, junto con el acceso que los agentes tenían a sistemas informáticos y documentos oficiales, complicó aún más el proceso.