Según el Fiscal, “omitieron de forma consciente sus obligaciones de vigilancia e inspección”

En medio del terremoto provocado por la imputación de los concejales de Somos, Alcalá vivía ayer el comienzo de otro escándalo de imprevisibles consecuencias, y es que la Fiscalía denunciaba a Marcelo Isoldi y Javier Fernández por la presunta comisión de un delito de prevaricación ambiental en la gestión de la estación de autobuses de la calle Brihuega, motivo por el que pide para ambos una pena de un año y nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público.

La historia de la polémica estación comenzaba en 1990, cuando se construía una oficina de despacho de billetes, sala de espera y cafetería en la calle complutense, un espacio que, de forma provisional, también actuaría como estación central de autobuses.

Pero lo que iba a ser provisional se prolongó en el tiempo, en concreto durante 25 años, hasta el cierre de la Estación en marzo de 2015, a pocas semanas de las elecciones municipales. Así se ponía fin a las críticas de los vecinos, pero la denuncia ya estaba interpuesta, y seguiría su camino judicial hasta la decisión de la Fiscalía, que pide también la apertura de juicio oral contra Isoldi y Fernández.

Tras el cierre de la Estación, el espacio ha seguido funcionando como Oficina de Gestión del Abono Transporte hasta que, justo la semana pasada, el Consorcio decidía cerrarla.

Volviendo a la denuncia, el Fiscal recuerda que los vecinos estuvieron quejándose de la situación de la Estación durante diez años, denunciando ante la Policía Local, el Ayuntamiento, el Consorcio de Transportes y el Defensor del Pueblo sin conseguir nada.

Y es que la situación de la polémica estación no estaba, precisamente, regularizada. Según el Fiscal, al actuar como estación provisional, nunca consiguió la licencia de actividad ni de funcionamiento, motivos por los que, considera el Fiscal, el gobierno complutense debería haber abierto una inspección.

Pero en lugar de ello, afirma, los por aquel entonces responsables de Medio Ambiente decían que la competencia era del Consorcio y de la Comunidad, por lo que no hicieron nada para parar la situación, probablemente, intuyendo lo que podría ocurrir si se cerraba la estación central sin que se hubiese construido otra.

Además el Fiscal explica que no se respetó en ningún momento la normativa de ruidos, ni se produjo la labor de vigilancia e inspección medioambiental que fija la Ley, por lo que pide la apertura de Juicio Oral y el traslado de las actuaciones al juzgado de instrucción número 4, el mismo que verá el juicio contra los concejales de Somos.

Además de la prisión y la inhabilitación, la Fiscalía pide indemnizar a los vecinos de la calle Brihuega por perjuicio moral y daños en sus viviendas.