 Según el Gobierno, Javier Bello rescindió el contrato firmado por Bartolo
"La Cadena SER Henares destapó hace unos días que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tener que indemnizar a la anterior interventora municipal con aproximadamente 300.000 euros por rescindir unilateralmente el contrato de alquiler de unos locales en el que se ubicaba la Concejalía de Educación", según explica el PSOE de la localidad en un comunicado.
"Según ha informado la Cadena SER, este local era propiedad de la anterior Interventora Municipal del Ayuntamiento. En 2012, el anterior alcalde del Partido Popular, Javier Bello, rescindió este contrato de manera unilateral. La propietaria, siempre según información relatada por la emisora, denunció al Ayuntamiento de Alcalá ante esa rescisión. Los tribunales han resuelto que el Consistorio, y por tanto, todos los alcalaínos y alcalaínas, tendrá que pagar en torno a 300.000 euros a la propietaria y por los gastos derivados de las costas judiciales", afirman.
El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Fernández Lara, ha manifestado “la indignación del Grupo Socialista ante esta información, que muestra una vez más la nefasta gestión del PP en Alcalá. No entendemos cómo la propia interventora alquila un local con un informe de la propia Intervención Municipal y con los pagos del propio órgano”.
El concejal socialista no ha puesto en duda la legalidad, pero sí ha manifestado que “desde nuestro punto de vista, todo esto puede entrar en la legalidad, pero desde luego no es adecuado en la gestión política de la Administración Pública”.
El PSOE no era el único que hablaba sobre el tema, ya que Somos Alcalá valoraba la noticia a través de comunicado: "Como ayer pudimos conocer, el Ayuntamiento de nuestra ciudad deberá pagar una indemnización de 300.000 euros a la ex-interventora municipal, fruto del periodo de gobernanza del PP en la ciudad. Según la sentencia judicial descrita por la Cadena SER, durante el periodo en que Bartolomé González “Bartolo” fue alcalde de Alcalá de Henares, instaló la Concejalía de Educación en un piso de la entonces interventora municipal. Para quien lo desconozca, el rol del interventor/a municipal en un Ayuntamiento es el del control económico-financiero del consistorio, informando sobre la legalidad de cada ingreso. Es decir, una situación poco menos que atípica y sospechosa que un Gobierno Municipal genere una relación mercantil de estas características con la persona que fiscalizaba el gasto del consistorio".
"Cuando el señor Bartolome Gonzalez abandonó el gobierno municipal, el alquiler de este piso fue supuestamente rescindido unilaterlamente y sin que la casera fuera avisada. Así, tras la demanda de la ex-interventora, el Ayuntamiento de Alcalá debera indemnizarla con 300.000 euros, lo cual saldra directamente del presupuesto municipal. En resumen, una gestión conjunta del señor Bartolo y el señor Bello, que ha supuesto otro agravio económico mas para las cuentas de la ciudad y que sufrirán los vecinos de Alcalá. Hoy además recibimos la noticia de que la Guardia Civil ha confirmado el cobro de 60.000 euros por parte de Bartolomé González de la trama Púnica, supuestamente por favorecer la firma de un contrato de 14 millones en Alcalá de Henares con Cofely. Es decir, la imputación del ex-alcalde parece inminente. El nombre de Bartolomé González ya es bien conocido en los medios de comunicación por su vinculación a Waiter Music, empresa perteneciente a la trama Púnica, y el amaño de concursos en Alcalá de Henares. Estas últimas noticias ayuda a entender mejor el endeudamiento de nuestra ciudad en el periodo que fue gobernada por el Partido Popular, hasta el punto que su pasada gestión sigue aún expoliando los recursos de sus vecinos/as. Una vez más, contratos temerarios y de dudosa condición ética firmados en el periodo de gobierno del PP en Alcalá de Henares, algunos de más de 20 años de duración como los de limpieza y suministro de agua, obligan a los vecinos/as de la ciudad a sufrir las decisiones del PP hasta cuando no están en el Gobierno, algo que también ha ocurrido en el Ayto. de Madrid", explican.
"Para mayor deshonra de nuestras instituciones públicas, el señor Bartolomé González es actualmente Diputado regional del PP en el equipo de Cristina Cifuentes. Por ello nos preguntamos, ¿es con este tipo de sujetos con los que Cristina Cifuentes está gobernando nuestra Comunidad Autónoma y pretende regenerar el PP? ¿Nos mercemos los madrileños que individuos con historiales de este tipo lleven las riendas de nuestra región? Desde Podemos Alcalá consideramos que el señor Bartolomé González ha hecho suficiente daño a Alcalá de Henares, como para que no sólo abandone la política local, sino para que deje la Asamblea de Madrid y se gane la vida fuera de la política, como hacen la gran mayoría de los ciudadanos de este país. Asimismo, esperamos que la justicia clarifique lo antes posibles los supuestos cobros de Bartolomé González de la trama Púnica, lo que de confirmarse deberá ir acompañado de su dimisión inmediata como Diputado Regional", concluyen. |
