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16
Mar
2017
La Unidad del Ictus del Hospital de Alcalá se pondrá en marcha antes de verano PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Sociedad Alcalá
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Foto cedida por CAMPSOE, Podemos y Ciudadanos aprueban la Ley de Protección al Denunciante de Corrupción

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Mónica Silvana González ha preguntado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con la presencia de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública y la concejala de Sanidad en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Diana Díaz del Pozo, cuándo se abrirá una unidad de ICTUS en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.

Esta es una reivindicación de suma importancia desde el punto de vista sanitario, social y personal de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En España, fallecen aproximadamente 40.000 personas al año como consecuencia de un ICTUS y un accidente cerebrovascular, en la Comunidad de Madrid alrededor de 14.000 personas se ven afectadas por esta enfermedad.

Los vecinos de Alcalá de Henares, Anchuelo, Camarma, Los Santos de la Humosa, Santorcaz, Meco, Pezuela, entre otros municipios, tardan hasta 40 minutos para llegar a un Hospital de la Comunidad de Madrid, tiempo crucial para prevenir las consecuencias de un ICTUS. Según la diputada regional socialista Mónica González, “estamos hablando de una enfermedad que requiere de un tratamiento especial. Tenemos como objetivo fundamental reducir la tasa de mortalidad relacionada con la misma. No podemos permitir que los ciudadanos vean acortada su vida por falta de recursos, circuitos y procedimientos adecuados para dar respuesta a esta patología”.

Por eso, el PSOE de Alcalá de Henares y el PSOE de Madrid, siguen firmes en reivindicar una unidad de ICTUS para el Hospital de nuestra ciudad. Aunque hay 9 unidades en toda la Comunidad de Madrid, a día de hoy no hay una unidad en todo el Corredor del Henares, a pesar de que la en el Hospital se reclama la apertura de dicha unidad en la tercera planta, la cual permanece cerrada.

Para Mónica González, “ya basta de esperar por la apertura de la unidad de Ictus: han pasado 9 años desde que se solicitó y sin embargo el gobierno regional hace caso omiso, mientras los ciudadanos y ciudadanas reclaman con urgencia que se cumpla con las exigencias. De no haber respuesta, habrá movilizaciones”

El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha anunciado en el Pleno de la Asamblea de Madrid la creación a principios de verano de una Unidad de ictus en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Esta unidad vendrá a sumarse a las otras nueve unidades de ictus implantadas en otros tantos hospitales de la red pública madrileña, que cuentan con neurólogo de guardia 24 horas al día todos los días de la semana.

De esta forma, el Hospital Príncipe de Asturias se incorpora al grupo de hospitales del Código Ictus, una red organizada para que cualquier paciente con ictus agudo, identificado por SUMMA 112 o SAMUR, sea transferido al centro más cercano con una unidad de este tipo. Este modelo de coordinación permite acelerar todos los procedimientos y evita perder un tiempo crucial para la recuperación del paciente.

Los otros nueve hospitales que ya integran esta red son los hospitales Fundación Alcorcón, Rey Juan Carlos, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón, La Princesa, La Paz, Puerta de Hierro Majadahonda y Ramón y Cajal.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcalá, Víctor Chacón, ha agradecido al consejero el “compromiso firme para la apertura de la Unidad de Ictus en el Hospital de Alcalá, una necesidad que compartíamos con entidades ciudadanas y cuya demanda fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales”. Chacón ha asistido al Pleno en la Asamblea junto con el concejal y presidente en funciones del PP complutense, Marcelo Isoldi, quien ha destacado “la apuesta del gobierno de Cristina Cifuentes por la sanidad pública de calidad, que se manifiesta en acciones como ésta de la apertura de la unidad de ictus en nuestro hospital”. El Príncipe de Asturias de Alcalá es el centro hospitalario de referencia para una población cercana a 300.000 personas de doce municipios.

La nueva Unidad de Ictus del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá vendrá a sumarse a las otras nueve unidades de ictus implantadas en otros tantos hospitales de la red pública madrileña, que cuentan con neurólogo de guardia 24 horas al día todos los días de la semana. Los otros nueve hospitales que ya integran esta red son los hospitales Fundación Alcorcón, Rey Juan Carlos, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón, La Princesa, La Paz, Puerta de Hierro Majadahonda y Ramón y Cajal.

Además de este asunto, el Pleno de la Asamblea habló, y mucho de corrupción. “Usted comparte el mismo manual de instrucciones que la señora Cifuentes para acabar con la corrupción”. Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, al preguntar a la presidenta regional sobre el registro de la UCO en la Consejería de Sanidad. Aguado ha reiterado que “lleva 30 años escuchando las mismas respuestas sobre corrupción política por parte del Partido Popular”.

El líder de Cs en Madrid ha explicado los tres tipos de respuestas que se encuentran en este manual. “La primera es 'no me consta', la misma que usaba la señora Aguirre, a pesar de ser la máxima responsable de su partido y años atrás la número tres del PP de Madrid” ha asegurado Aguado. A continuación ha explicado la segunda respuesta tipo que suele utilizar el PP y que pasa por 'garantizar la máxima colaboración con la justicia’, y en este sentido ha incidido en que “la máxima colaboración con la justicia es incompatible con romper a martillazos los discos duros o querer cerrar por la puerta de atrás la Comisión de Corrupción”

Y por último, el portavoz de Cs en la Asamblea ha explicado el tercer tipo de respuesta: decir que 'el caso de corrupción está judicializado' a lo que Aguado ha manifestado que para el PP, el hecho de que un caso "esté judicializado es como si hubieran llegado a la casilla de casa en el parchís. Ya están salvados de dar explicaciones". Por ello, Aguado le ha recomendado a Cifuentes que queme ese “manual de instrucciones que comparte con la señora Aguirre y saque una nueva edición en la que ponga 'nos comprometemos a aprobar las leyes que hagan falta para acabar con la corrupción política'”.

En este sentido, el líder de Cs en Madrid le ha pedido a Cifuentes que “vote a favor de la toma en consideración de la Ley de Protección al Denunciante que Ciudadanos trae hoy a esta cámara y diga si está a favor de los que denuncian la corrupción o de los que la amparan”.

“La trama Gurtel no se ha descubierto gracias a la señora Aguirre, sino gracias a unos valientes funcionarios que a pesar de esta desamparados han denunciado y han destapado estas tramas de corrupción” ha asegurado Aguado y ha concluido su intervención afirmando que “no le pido que tire del carro de la regeneración democrática porque se a que partido pertenece, pero si le pido que no ponga palos en la rueda porque vamos a acabar con la corrupción política en la Comunidad de Madrid, con o sin su apoyo”.

Ciudadanos (Cs) ha logrado sacar adelante la toma en consideración de la Proposición de Ley de Protección Integral de los Funcionarios Denunciantes de Corrupción en la Comunidad de Madrid. La diputada de Ciudadanos (Cs), Dolores González Pastor, ha explicado que uno de los objetivos fundamentales de esta norma pasa por “poner punto y final a la corrupción política que ha asolado la Comunidad de Madrid”.

“Se trata de la primera iniciativa de Ley, una ley más protectora y fiscalizadora, enfocada de verdad a la prevención de la corrupción”, ha aseverado González Pastor quien ha explicado que “en Ciudadanos queremos proteger a los valientes. Personas que en muchas ocasiones han podido observar irregularidades o posibles casos de corrupción y no se han atrevido a denunciar”.

La diputada de Cs en la Asamblea de Madrid ha explicado que con esta ley “queremos crear la figura del Defensor del denunciante de corrupción que sería una figura independiente, que se elegiría por 3/5 de la cámara regional y que además sería completamente independiente al gobierno regional”. González Pastor ha criticado al gobierno central por estar “arrastrando los pies en este tema”, fruto de lo cual ha añadido la diputada de Cs, “las comunidades autónomas nos hemos puesto las pilas para empezar a aprobar leyes que vayan enfocadas a proteger a los funcionarios que detecten un presunto caso de corrupción”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado que “veo difícil que se pueda tramitar la Proposición de Ley de Ciudadanos sobre protección de los funcionarios frente a los casos en los que denuncien hechos de corrupción, tal y como la propone Ciudadanos”. Según ha recordado el portavoz popular, “es la tercera vez que viene al Pleno esta iniciativa, primero fue como Propuesta de Resolución en el último Debate del Estado de la Región y fue la única de las siete que presentaron que no se aprobó; posteriormente lo plantearon como una PNL y tampoco obtuvo el respaldo de la Cámara y nosotros nos seguimos oponiendo porque un funcionario tiene muchos medios para poder actuar en una situación como esta”.

Ossorio ha explicado que “el ordenamiento jurídico español es muy garantista en esta materia, los funcionarios tenemos derecho a que no nos cambien de nuestro puesto de trabajo, tenemos la posibilidad de acudir a los servicios jurídicos para denunciarlo, un funcionario tiene mucha protección respecto a una persona que trabaja en la empresa privada”. “ Podemos ir a la vía administrativa –ha añadido Ossorio-, estamos protegidos por la legislación disciplinaria que establece como una falta muy grave el posible acoso que se pudiese sufrir por un tema de corrupción, se puede ir la vía contencioso-administrativa, a la vía penal, a la vía constitucional, tienen a su disposición la vía sindical porque las juntas de personal son competentes para vigilar este tipo de actuaciones, o acudir al Defensor del Pueblo”.

“No hay que crear órganos ante algo sobre lo que no existe alarma social, ni entre los funcionarios, no nos ha llegado ninguna denuncia de ese tipo, supone más gasto público crear órganos y puestos, sin mucho sentido”, ha apostillado Enrique Ossorio.

Por lo que respecta al informe que ha emitido la Dirección General de Función Pública del Estado sobre esta iniciativa, el portavoz del PP ha afirmado que “lo que se ha comprobado es que es inconstitucional en su parte más importante, no son unos hilillos precisamente, como ha señalado Ciudadanos, el marco de protección para el funcionario  que han diseñado es contrario a la normativa básica del Estado“. “El artículo 30 de la Proposición de Ley, dice el informe, es contrario al orden constitucional de competencias y por tanto va contra la línea de flotación de la propuesta de Ciudadanos”, ha aseverado Ossorio. “Si lo que pretenden es crear unos puestos como el defensor del funcionario, con una secretaria general y un gabinete técnico, entonces el objetivo sería otro, que no sé si es ese”, se ha preguntado el portavoz popular.

Ossorio ha indicado que “los reparos que hace este informe que ya se registró en la Asamblea hace unos días son básicamente dos: Ciudadanos plantea que un funcionario que viva una situación de acoso, se le pueda trasladar provisionalmente a otro puesto con derecho de reserva de plaza durante dos años en el puesto anterior, y eso el Estado considera que es incompatible con la normativa básica”; y en segundo lugar, la norma de Ciudadanos crea una situación administrativa nueva como es la excedencia por tiempo determinado con derecho de retribución, y esas competencias están reservadas al Estado”.  “Es decir, que el funcionario podría dejar de trabajar, irse a su casa y seguir cobrando  y percibiendo sus derechos por un tiempo determinado, que tampoco se especifica, y esto es inconstitucional según dice el Estado porque esta situación no está prevista”, ha explicado el portavoz del PP.

“No creo que se apruebe la toma en consideración de esta Proposición de Ley, nosotros  votaremos en contra, y con los reparos importantes de constitucionalidad que contiene, no en pequeños detalles, sino en la esencia de la Ley, espero que el resto de grupos también voten en contra”, ha zanjado Ossorio.

Pocas horas después de la firma del nuevo Pacto sobre la Cañada, el portavoz del PP explicaba las propuestas. Enrique Ossorio, ha reconocido el esfuerzo realizado por todos los actores implicados (Gobierno Regional, Ayuntamientos, asociaciones de vecinos, entidades sociales, etc…) para conseguir un gran acuerdo “que integre socialmente a la población de la Cañada Real Galiana”.

“Estamos ante un problema que no se ha podido solucionar durante décadas, y es muy satisfactorio comprobar que gracias al empeño del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la figura del Comisionado que se creó a tal efecto, se haya conseguido un pacto unánime que hará que todos los agentes implicados remaremos en la misma dirección en beneficio de La Cañada”, ha subrayado Enrique Ossorio durante su intervención hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

El portavoz popular ha destacado que “este acuerdo pone de relieve la especial sensibilidad social que tiene este Gobierno con los más desfavorecidos, como ha venido demostrando desde el inicio de la Legislatura, y su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos adoptados”.

En este sentido, ha recordado las medidas puesta en marcha en la Cañada durante estos dos años como son el Plan de Choque de Infraestructuras, “que supuso actuaciones en la mejora de los viales, suministros de luz y agua, transporte público, correos, etc…); y un plan de choque social con medidas en materia de educación, fomento de empleo, integración , igualdad, etc…”.

En cuando al compromiso de los acuerdos, Ossorio ha apuntado que la solución definitiva de la situación de la Cañada Real estaba recogido en el punto 285 del programa electoral con el que se presentó Cristina Cifuentes en mayo de 2015, supone lograr también el acuerdo marco previsto en la Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana; y también el acuerdo unánime alcanzado en esta Cámara el 18 de febrero de 2016.

Por otra parte, Ossorio ha destacado la figura del Comisionado, José Antonio Martínez Páramo, “sin cuya aportación no estaríamos en la situación actual, ya que la complejidad del problema hacía necesaria una estructura permanente, aunque recudida, que actuase como coordinador y e interlocutor”.

Por último, el portavoz parlamentario del Partido Popular se ha congratulado que con este acuerdo se haya alcanzado una solución definitiva para los sectores 1 y 6, que supone el 60% del territorio de La Cañada, con lo que se evitará el tráfico y el consumo de drogas; y una solución consensuada para los sectores 2 y 5”.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha señalado que “nos comprometimos a buscar una solución para la Cañada Real y con el pacto, por unanimidad, lo hemos cumplido, han sido siete meses de negociaciones para alanzar un pacto histórico por su complejidad”. “Este acuerdo nos va a permitir integrar y dignificar las condiciones de vida de las personas de La Cañada”, ha concluido Cifuentes.

"Están ustedes malgastando el dinero destinado a la Oficina de Rodajes". Así se lo ha dicho la diputada de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid, Esther Ruíz, al Consejero de Presidencia durante la sesión de control al gobierno. Ruiz se ha interesado por saber cómo valora el gobierno la Oficina de Rodajes Film Madrid de la Comunidad de Madrid, ya que “los 300.000 euros de la Oficina de Rodajes que impulsó Ciudadanos en los presupuestos de 2016 y, con los que también contarán este año, no estaban pensados para otorgar subvenciones, sino para difundir la imagen e Madrid, promocionar a los técnicos y atraer rodajes de calidad”.

“Nos preocupa el desorden que la Comunidad de Madrid está teniendo con este organismo”, ha señalado Ruiz quien ha puesto de manifiesto “la mala planificación tanto en la gestión como en la coordinación con el Ayuntamiento de Ahora Madrid que ha creado otra oficina de rodajes independiente, pero inactiva hasta el momento, y al margen de la Comunidad”.

La diputada madrileña ha hecho hincapié en la necesidad de “conocer en qué se están gastando el presupuesto de la Oficina de Rodajes y que proyectos tienen en marcha para desarrollar en 2017”, y ha recordado a Garrido que “el pasado lunes usted dijo en la comisión de presupuestos que habían ‘ayudado’ a gestionar 38 proyectos, entre largos, cortos, documentales, publicidad; y sinceramente no me parece una cifra de la que presumir”. La portavoz de Cultura de Cs ha instado al consejero a que “empiece a tomarse en serio su política cultural para considerar, de una vez por todas, la Cultura en grande”.

 

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