La sentencia considera que la Comunidad de Madrid dejó caducar el procedimiento administrativo al superar el plazo legal

El Tribunal Supremo ha anulado la decisión de la Comunidad de Madrid de rescindir el contrato para la construcción de un instituto público en el barrio de La Garena, en Alcalá de Henares, al considerar que el procedimiento administrativo utilizado para extinguirlo había caducado. La sentencia estima el recurso presentado por la empresa Rogasa Construcciones y Contratas contra la orden de la Consejería de Educación y Juventud que en 2020 decidió resolver el contrato alegando retrasos en la ejecución de las obras. El tribunal concluye que la Administración superó el plazo máximo para tramitar ese expediente.

El núcleo del litigio estaba en determinar qué plazo debía aplicarse cuando una comunidad autónoma inicia un procedimiento para resolver un contrato público sin haber fijado un límite específico en su normativa. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que el plazo era de ocho meses, el Supremo recuerda que el Tribunal Constitucional ya estableció en 2021 que ese límite no es una norma básica aplicable automáticamente a las comunidades autónomas.

Ante la ausencia de una regulación autonómica concreta, el alto tribunal determina que debe aplicarse el plazo general de tres meses previsto en la ley de procedimiento administrativo. En este caso, el expediente se inició el 8 de enero de 2020 y la resolución no se notificó hasta el 5 de agosto de ese mismo año, superando el límite legal incluso teniendo en cuenta las suspensiones derivadas del estado de alarma.

Por ello, el Supremo declara caducado el procedimiento y anula la orden que resolvía el contrato e incluía la incautación de la garantía a la empresa adjudicataria. Además, fija como doctrina que, si una comunidad autónoma no establece un plazo específico para estos procedimientos, el límite será de tres meses. El contrato original para construir el centro educativo fue adjudicado en 2019 a Rogasa, aunque posteriormente la obra fue asumida por otra empresa y el instituto no se completó hasta 2025, después de varios retrasos en el proyecto.

La sentencia también establece que la Administración autonómica deberá asumir las costas del proceso en primera instancia, con un máximo de 4.000 euros.