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25
Jul
2016
562 familias en manos de dos fondos buitre PDF Imprimir E-mail
Lente de Aumento - A Fondo
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Foto cedida por CAMGoldman Sachs y Blackstone se reparten las viviendas protegidas de Soto del Henares

Fue una de las noticias del verano de 2013 y sus efectos no dejaron de notarse en Torrejón. La Comunidad enajenaba un paquete de tres mil viviendas públicas propiedad del IVIMA que sacaba a concurso y que adjudicaba a Azora Gestión por un importe de 200 millones de euros. Eso sí, Azora duraría poco en la operación, pues a las pocas semanas constituiría una sociedad, Encasa Cibeles, encargada de gestionar toda la operación, sociedad participada por ELQ Investors, a su vez propiedad de Goldman Sachs Group.

Lógicamente el escándalo no se hizo esperar, y en octubre de ese mismo año los afectados en Torrejón, propietarios de una vivienda en régimen de alquiler con opción a compra en Soto del Henares, se reunían en Abogados de Atocha para celebrar una Asamblea. Y es que 224 viviendas del, por aquel entonces, “barrio fantasma” de Torrejón estaban en el paquete de la venta. Tras esta primera Asamblea, el Pleno de la localidad llevaba el asunto a la sesión de octubre a través de una moción de IU en la que, entre otras cosas, se ponía nombre y apellidos a las viviendas afectadas. Según el partido, corresponderían a los bloques de Carmen Laforet 7, 9, 15, 17, 19 y 21, todos ellos dentro del Plan Joven de la Comunidad de Madrid.

En la moción IU solicitaba que el Ayuntamiento de Torrejón, con Pedro Rollán a la cabeza, se pusiese del lado de los vecinos afectados “y defienda sus derechos ante la Comunidad de Madrid apoyando las iniciativas que decidan llevar a cabo”, además de solicitar que se estudiase la posibilidad de “revertir la concesión realizada al IVIMA por incumplimiento del objetivo de la misma”. La moción, que generaba un intenso debate, terminaba siendo rechazada por los votos (por aquel entonces 21) del PP y apoyada por los seis de la oposición.

En la valoración del Pleno José Fernández, portavoz de IU por aquel entonces, explicaba: “Clama al cielo la insensibilidad del PP en este asunto. Hay 32 promociones afectadas por esta venta a un fondo de inversión bastante sospechoso con capital de riesgo. Hay peligro de que tres mil familias puedan quedar en la calle. Se han vendido por 201 millones de euros, 67.000 euros por vivienda, cifra muy lejana de la que figura en su opción de compra, donde se fija un precio de 140.000 euros. El problema es que se está lapidando toda la vivienda de protección oficial, al igual que la sanidad y la educación. Nosotros nos hemos puesto al frente del problema en Torrejón, y nos hemos reunido con los afectados. Nos sorprende la actitud del Gobierno local, que ha dejado tirados a los vecinos de la localidad, alguno con dificultades para pagar el alquiler al IVIMA”.

En febrero de 2014 la situación subía de intensidad tras la decisión del PSM de presentar una querella criminal por la venta de las viviendas, querella por la que tuvo que declarar, en calidad de imputada, la, por aquel entonces, directora del IVIMA. La denuncia de los socialistas acusaba a Gomendio de “un delito de malversación y prevaricación continuada” por la venta de las viviendas 169 millones por debajo de su precio de tasación.

Por aquel entonces Fernández Gordillo, Diputado en la Asamblea de Madrid se reunió con los vecinos de Carmen Laforet para informarles sobre cómo estaba la situación y asesorarles sobre lo que podían hacer. Precisamente fruto de estas reuniones, los afectados presentarían una queja a la Defensora del Pueblo en el mes de marzo de ese año.

La situación daba un paso más en plena precampaña electoral de las Locales de 2015. En Enero de ese año la sociedad Selección de Inmuebles, y su filial Gesnova Gestión, propiedad de Bankia, vendían a ELQ Holdings otras 338 viviendas de alquiler joven con derecho a compra también en Soto del Henares, viviendas adjudicadas en 2007 y entregadas en 2009. En junio, y ya pasadas las elecciones, estas viviendas eran vendidas a otro fondo de inversión norteamericano, Blackstone, que no dudaba en crear otra sociedad, Fidere Patrimonio, y sacar las viviendas a bolsa en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ese mismo mes de junio.

Ahora, un año después, los vecinos acaban de conocer quienes son sus nuevos “arrendatarios” y cuales son las condiciones para mantener su vivienda una vez terminen los siete años del alquiler con opción a compra que prometía la Comunidad de Madrid.

 

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