Aprobado por unanimidad en el Pleno

En línea con la política de transparencia que se está llevando a cabo en la gestión del gobierno municipal, Aranjuez ha aprobado por unanimidad en el Pleno municipal celebrado en la mañana de este miércoles día 16 de diciembre, adherirse al Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid que fue aprobado por el Gobierno regional el pasado mes de septiembre y en el que deben figurar inscritos todos aquellos sujetos que quieran realizar aportaciones y participar directa o indirectamente en las políticas públicas de la Administración regional.

La Ley de Transparencia y Participación incluye dentro de su ámbito de aplicación a las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentran, los Ayuntamientos, organismos autónomos y empresas públicas, entre otros sujetos obligados.

El registro es de carácter obligatorio, público y gratuito para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación, y su funcionamiento debe respetar los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación.

En esta línea, el pasado mes de febrero, fue aprobada por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Aranjuez la adhesión a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana.

Nerea Gómez Barrasa ha indicado que “la transparencia en la gestión es una obligación de cualquier gobernante y se revela como uno de los principios esenciales para que nuestras instituciones y administraciones sean consideradas por los ciudadanos como propias, cercanas y abiertas a las demandas de los mismos”.

“Desde el Equipo de Gobierno municipal – ha explicado Nerea Gómez Barrasa– entendemos que el principio más importante que ha de regir la transparencia es el servicio al ciudadano y, precisamente por ello, la transparencia en la gestión de los asuntos públicos se ha revelado como un instrumento clave para conseguir que la actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente”.

“La transparencia es inherente al servicio público, porque es un derecho de los ciudadanos y no una condición accesoria de la que se pueda prescindir en función del coste necesario para ello, de los recursos que se tengan y, mucho menos, de la voluntad o el criterio de eficiencia en la gestión pública de quien ostenta la responsabilidad de ello”, ha concluido la Delegada de Transparencia.