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10
Oct
2017
Condenan a Aranjuez al pago de doce millones por el desarrollo de Cabezadas PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Aranjuez
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Foto cedida por Ayuntamiento de AranjuezSegún el Consistorio, el convenio con Isolux nunca llegó a ponerse en marcha

Las maniobras de los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González en la Comunidad de Madrid, siempre con la connivencia de María José Martínez y del PP de Aranjuez, han terminado por condenar al Ayuntamiento de Aranjuez por el desarrollo fallido de Las Cabezadas. El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Aranjuez a devolver a Isolux, empresa concesionaria del desarrollo del PAU de Las Cabezadas, un total de 12 millones de euros más intereses como consecuencia del incumplimiento del convenio firmado en 2006 por el consistorio ribereño y la propia empresa.

El primer teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo, David Estrada, ha anunciado que “el Ayuntamiento de Aranjuez agotará todos los cauces posibles para que sea la Comunidad de Madrid la que haga frente al daño que ha sufrido el Ayuntamiento de Aranjuez, y con él todos los ribereños, como consecuencia de los tejemanejes de Esperanza Aguirre e Ignacio González, con la ayuda inestimable y la connivencia de Salvador Victoria y María José Martínez”.

Aquel convenio, firmado en 2006 por el ex alcalde Jesús Dionisio, reconducía el convenio firmado por José María Cepeda (inhabilitado por los tribunales para cargo público) unos días antes de las elecciones de 2003, en las que perdió la alcaldía. Ese convenio inicial tan solo incluía como beneficio para el Ayuntamiento de Aranjuez el 10% de aprovechamiento urbanístico que marca la ley y los terrenos para la construcción del Canal de Remo, que estaban tasados en medio millón de euros.

El Gobierno del PSOE e IU salido de las urnas en mayo de 2003 denunció este convenio por ser lesivo para los intereses de Aranjuez, incrementando los beneficios para el Ayuntamiento de Aranjuez en el 10% del aprovechamiento urbanístico, los terrenos para el canal, 24 millones de euros como participación de los beneficios a obtener por la empresa, el coste de la sentencia de los Jesuitas (que databa de los gobiernos de Eduardo García) y el ahorro de 10 millones de euros por parte del Ayuntamiento, que quedaba eximido de urbanizar el 50% del sector.

“¿A dónde se iba la diferencia entre un convenio y otro?”, se ha preguntado Estrada, recordando que a la firma del convenio de 2006 el Ayuntamiento ingresó 8 millones de euros así como los 3,8 millones de la sentencia de los Jesuitas. Es aquí cuando la Comunidad de Madrid empieza a bloquear y a frenar el desarrollo de Las Cabezadas, contraviniendo su propia ley, que no es otra que el PGOU de 1996.

Es el propio Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón quien impuso en 1996 al Ayuntamiento de Aranjuez (gobernado también por el PP) la inclusión en el PGOU el desarrollo del PAU de Las Cabezadas, a pesar del interés agrícola del suelo, ya que no era una figura de protección definitiva. La modificación del PGOU que aborda el Ayuntamiento de Aranjuez cuenta con todos los informes favorables de los organismos competentes en el desarrollo, acuciados por la Comunidad de Madrid, que tenía muchas prisas por desarrollar el suelo para seguir dando pasos en el proyecto olímpico.

Sin embargo, meses después, aparecen unos nuevos terrenos en Getafe y la Comunidad de Madrid cambia sus propios criterios y es la Dirección General de Medio Ambiente la que se descuelga con el interés agrícola del suelo, contradiciendo a la propia Dirección General de Urbanismo y al PGOU, una ley que nace del seno de la propia Comunidad de Madrid.

“Es decir –ha explicado el concejal de Urbanismo– la Dirección General de Urbanismo dice que el interés agrícola existe hasta que se desarrolle el suelo y la de Medio Ambiente dice que, bajo esa figura de protección, no se puede desarrollar”.

Ante la imposibilidad de resolver una contradicción que tenía su origen en dos departamentos distintos de la Comunidad de Madrid, el Gobierno municipal se decidió a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la modificación del PGOU en el ámbito de Cabezadas por silencio administrativo, de forma que tuviera que ser la Comunidad de Madrid la que decidiera sobre el asunto.

“Aquí entró en juego otra persona que hoy está en entredicho por su labor en el Gobierno de Ignacio González, Salvador Victoria, que maniobró para parar esa publicación”, ha explicado esta mañana David Estrada.

Tal es así que, durante su gobierno (2011-2015), la ex alcaldesa hizo una evidente dejación de funciones al no defender en los tribunales defensa de los intereses legítimos de todos los ribereños ante una empresa que no cumplía con su contrato y ante la propia Comunidad de Madrid, que trabajaba con el único objetivo de frenar el desarrollo.

De hecho, en diciembre de 2013, el PSOE presenta una propuesta al pleno instando a la alcaldesa a reclamar a la Comunidad de Madrid y a la propia empresa los daños patrimoniales causados al Ayuntamiento de Aranjuez por la paralización del desarrollo de Las Cabezadas.

Sin embargo, y “una vez más –ha dicho Estrada– María José Martínez dio la espalda a los intereses de los ribereños y se puso de lado de la empresa y de sus mayores en la Comunidad de Madrid”.

Durante estos dos años de mandato, según Estrada, “el Gobierno municipal del PSOE ha intentado, con muchas dificultades, reconducir la nula estrategia judicial del gobierno anterior, consiguiendo incluso la publicación en el BOCM de la modificación del PGOU en Cabezadas, para defender los intereses de Aranjuez al entender que nuestro planeamiento estaba vigente”

El primer teniente de Alcalde ha asegurado que el Gobierno municipal trabaja desde ya en buscar fórmulas para afrontar el pago de esta sentencia y ha recordado que existen otros dos pleitos en relación a este asunto en los que “el Ayuntamiento de Aranjuez pelea porque sea la Comunidad de Madrid, la verdadera responsable de este despropósito, quien asuma los daños patrimoniales causados a este ayuntamiento”. “Lo que no vamos a hacer es lo que hizo el PP, dejar de hacer nuestro trabajo, que no es otro que defender los intereses legítimos de todos los ribereños”, ha dicho Estrada.

 

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